Perú se sume en una nueva crisis tras la destitución de su presidente

Acosado por la inestabilidad política y las acusaciones de corrupción, el 7 de diciembre de 2022, el presidente Pedro Castillo anunció por televisión la disolución del Congreso, dictó una serie de medidas de emergencia y afirmó que gobernaría por decreto hasta la celebración de nuevas elecciones. El Congreso, bajo el control de la oposición, estuvo a menudo en conflicto con el presidente durante los primeros quince meses de su mandato e intentó destituirlo varias veces desde el inicio de su presidencia. El anuncio de Castillo se produjo justo antes de que los legisladores votaran una moción de destitución.

Sin embargo, su medida encontró escasos apoyos, incluso entre sus aliados. Miembros de su gabinete dimitieron, funcionarios de alto rango condenaron rápidamente sus decisiones y pocas horas después fue destituido por el Congreso. A continuación, fue detenido por un presunto delito de “rebelión” en virtud del artículo 346 del Código Penal por “quebrantar del orden constitucional”. Su vicepresidenta Dina Boluarte juró el cargo el mismo día, convirtiéndose así en la sexta persona en ocupar la presidencia en menos de cinco años.

Estos cambios súbitos agravaron la prolongada crisis institucional peruana y desencadenaron manifestaciones de los partidarios de Castillo, quienes consideraron su destitución y detención como un golpe de Estado perpetrado por las élites políticas. Muchos pidieron la disolución del Congreso, la convocatoria de elecciones y la redacción de una nueva Constitución, así como la liberación de Castillo. Las fuerzas del orden reprimieron las protestas con una fuerza brutal y desproporcionada, en especial las encabezadas por manifestantes indígenas y campesinos. Las manifestaciones se extendieron rápidamente por todo el país.

Frente a la presión popular, en diciembre de 2022, la presidenta Boluarte instó a los legisladores a aprobar una propuesta para adelantar a abril de 2024 las elecciones generales que debían celebrarse en 2026. A pesar de que la medida se aprobó en una primera ronda de votaciones, las protestas continuaron. A principios de 2023, los legisladores rechazaron nuevas propuestas del Gobierno de Boluarte para la celebración de elecciones a finales ese mismo año. Mientras tanto, las protestas se sucedían y los disturbios se saldaban con decenas de muertos y miles de heridos.

Reunión pacífica

La destitución de Pedro Castillo desencadenó protestas de sus partidarios que se extendieron de forma gradual por todo el país. Amnistía Internacional denunció que el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes estaba agravando la crisis. También afirmó que había verificado imágenes en las que se ve a agentes de policía disparar bombas lacrimógenas a corta distancia y directamente a los manifestantes en la Plaza San Martín de Lima. Entre los primeros manifestantes que perdieron la vida figura un joven de quince años y otro de dieciocho, quienes perecieron el 11 de diciembre de 2022 durante los enfrentamientos que se produjeron en Andahuaylas, donde un grupo intentó tomar el aeropuerto de la ciudad. Las protestas se propagaron sobre todo por las zonas rurales, donde Castillo tiene sus bases de apoyo más sólidas.

Desde entonces, las protestas se han extendido en el marco de una escalada de violencia que ha dejado decenas de muertos y miles de heridos. A mediados de diciembre de 2022, la presidenta Boluarte declaró el estado de emergencia mediante un decreto que suspendió la libertad de reunión pacífica y autorizó el despliegue de las fuerzas armadas para apoyar a la policía en las labores de mantenimiento del orden.

Entre el 8 de diciembre de 2022 y el 27 de enero de 2023, por lo menos 57 personas, entre ellas 6 menores, perecieron en el marco de los disturbios. Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), por lo menos 46 de ellos fueron ejecutados de forma extrajudicial durante la represión de las protestas. En algunos casos, las fuerzas de seguridad utilizaron armas prohibidas, como los fusiles de asalto AKM. Tan solo el 9 de enero de 2023, dieciocho personas perdieron la vida en Juliaca, Puno.

Hasta el 27 de enero, la Defensoría del Pueblo había contabilizado 1 658 heridos durante las protestas. La CNDDHH registró múltiples violaciones, como detenciones arbitrarias, uso desproporcionado de gases lacrimógenos, obstrucción de la labor periodística, agresiones sexuales y malos tratos a las personas detenidas. Según el monitoreo de Amnistía Internacional, las fuerzas armadas y la policía han disparado armas letales de forma ilegítima y han empleado armas menos letales de forma indiscriminada contra la población, especialmente contra personas indígenas y campesinos. También se denunciaron actos violentos por parte de manifestantes, como incendios provocados, vandalismo y agresiones a periodistas.

Durante las semanas de protestas, los cortes de carreteras en algunas regiones obstruyeron el paso de las ambulancias, lo que también contribuyó al aumento del número de víctimas mortales. El 19 de enero de 2023, la Defensoría del Pueblo informó que había documentado manifestaciones en 20 provincias y más de 120 puntos de bloqueo en 44 carreteras.

En enero de 2023, el Gobierno prolongó el estado de emergencia hasta mediados de febrero en varios departamentos. El 21 de enero de 2023, la policía hizo una redada en el campus de la Universidad de San Marcos con el fin de desalojar y detener a miembros de organizaciones sociales que se habían desplazado hasta Lima para participar en manifestaciones contra el Gobierno. La operación se saldó con 193 detenidos, entre ellos niños y personas de avanzada edad, estudiantes, indígenas y cuatro periodistas.

También en enero de 2023, el Ministerio Público informó que había abierto una investigación contra la presidenta Dina Boluarte y algunos de los principales ministros de su gabinete por la represión violenta de las manifestaciones. Human Rights Watch destacó que la presidenta no había hecho un llamamiento inequívoco a las fuerzas de seguridad para que respeten el derecho a la protesta y, en ocasiones, había realizado declaraciones en las que vinculó las manifestaciones con el terrorismo. Miembros del Gobierno han culpado a los manifestantes de “crear el caos” o los han relacionado con presuntos “agitadores extranjeros”.

Amnistía Internacional alertó de que el discurso estigmatizador de las autoridades busca deslegitimar las reivindicaciones de los manifestantes y justificar las violaciones de sus derechos humanos. También advirtió que las autoridades han atacado constantemente a los medios de comunicación independientes e internacionales. El 7 de febrero de 2023, el Ministerio del Interior anunció que se estaba redefiniendo el delito de “apología del terrorismo” para incluir el uso de las redes sociales, una acusación que, según los críticos, podría usarse para criminalizar aún más a los manifestantes.

En febrero de 2023, los manifestantes siguieron echándose a las calles y exigieron a menudo la dimisión de Boluarte y justicia para quienes fallecieron en el contexto de la agitación política. El 11 de febrero de 2023, los medios de comunicación informaron que setenta personas habían perdido la vida durante las protestas desde el inicio de la crisis en diciembre de 2022. Organizaciones internacionales y grupos de la sociedad civil pidieron a las autoridades peruanas que entablaran un diálogo político y garantizaran la realización de investigaciones independientes y transparentes sobre las violaciones de derechos humanos.

Asociación

El 27 de octubre de 2022, las organizaciones que participan en la campaña Defensoras y Defensores del Perú publicaron una declaración en la que pidieron la intervención del Gobierno para proteger la vida de las personas defensoras del medioambiente de la cuenca del río Cenepa. Tal y como ya informamos desde el CIVICUS Monitor, personas vinculadas a la minería ilegal en Amazonas han perpetrado múltiples ataques contra la Organización para el Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), una formación indígena cuyos líderes se han opuesto a la minería. Los grupos aseguraron que, pese a las alertas previas, las autoridades no impidieron un ataque violento que tuvo lugar el 26 de octubre. También afirmaron que los miembros de Odecofroc seguían recibiendo amenazas.

Asimismo, en noviembre de 2022, grupos de la sociedad civil hicieron campaña para que se aprobara un aumento del presupuesto destinado al mecanismo de protección de las personas defensoras de los derechos humanos. Un reportaje del medio de comunicación Convoca.pe puso al descubierto la importante falta de medios del mecanicismo para responder a las solicitudes de ayuda. Según su investigación, el mecanismo solo respondió a cuatro de las diecinueve solicitudes de auxilio urgente que enviaron los defensores del medioambiente entre abril de 2020 y agosto de 2022. En la mayoría de los casos, las resoluciones sobre las solicitudes se dictaron más de un año después de que hubieran sido presentadas. Los expertos señalaron que, desde su creación, el mecanismo de protección ha sufrido cambios constantes de gestores y funcionarios, y que carece de un presupuesto apropiado para aplicar las estrategias de protección. El 30 de noviembre de 2022, el Congreso aprobó un presupuesto de 45 000 PEN (unos 11 000 USD) para el mecanismo, muy por debajo de la cantidad necesaria para mejorar su funcionamiento.

El 5 de diciembre de 2022, el defensor del medioambiente Vilca Ampichi fue asesinado en Yuyapichis, provincia de Puerto Inca, departamento de Huánuco. Ampichi era uno de los líderes de la comunidad de San Juan de Pachitea y trabajaba como técnico de enfermería en el sistema sanitario provincial. Según el portal Servindi, Ampichi recibió numerosos disparos en una carretera de acceso a su comunidad.

Los grupos de derechos humanos en el punto de mira durante la crisis política

Las organizaciones de derechos humanos que han monitoreado y denunciado la represión de las protestas y otros abusos autoritarios en el marco de la crisis actual han sufrido acoso y ataques por parte de grupos extremistas vinculados a la extrema derecha. El 17 de enero de 2023, miembros del grupo extremista La Resistencia se reunieron frente a las oficinas de la CNDDHH, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y el Instituto de Defensa Legal (IDL) en Lima. Desplegaron pancartas y vociferaron expresiones difamatorias y de odio contra las organizaciones y sus dirigentes.

El 21 de enero de 2023, miembros de La Pestilencia vandalizaron las oficinas de IDL y de su portal de investigación IDL-Reporteros, y arrojaron bolsas con basura en la entrada y el aparcamiento de la formación. Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, también fue objeto de una campaña de difamación en redes sociales perpetrada por grupos extremistas, quienes difundieron mensajes que incitaban a que se cometieran actos violentos contra él. Algunas de esas publicaciones incluían la dirección de su domicilio, lo que hizo temer posibles atentados.

Expresión

Decenas de periodistas han denunciado agresiones en el marco de la crisis actual. Hasta el 3 de febrero de 2023, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) había registrado 94 casos de agresiones a periodistas y de ataques contra los medios de comunicación. La mayoría fueron perpetrados por policías y militares.

Estos son algunos de casos registrados desde el inicio de la crisis:

• El 10 de diciembre de 2022, un grupo de partidarios del expresidente Castillo agredió a reporteros y camarógrafos de diferentes medios de comunicación que informaban desde las afueras de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, donde Castillo se encontraba bajo custodia policial.
• El 12 de diciembre fueron vandalizadas las oficinas de América TV, Panamericana Televisión y Canal N de Lima. Los manifestantes también volcaron una furgoneta perteneciente al medio Exitosa Noticias. Durante esa semana se produjeron varios ataques contra las oficinas de otros medios de comunicación.
• El 4 de enero de 2023, agentes de la policía nacional agredieron al fotoperiodista Walter Hupiu mientras tomaba imágenes de la detención de manifestantes en el centro de Lima. Los agentes lo habrían tirado al suelo y se habrían burlado de él cuando intentó identificarse como prensa.
• El 7 de enero de 2023, agentes de policía amenazaron y agredieron al fotoperiodista de EFE Aldair Mejía por grabar una detención en Juliaca. Uno de los agentes le advirtió: “Si vuelves a hacer eso, te vuelo la cabeza”. Posteriormente, las fuerzas de seguridad le dispararon con perdigones que le provocaron una fractura ósea en una pierna.
• Ese mismo día, agentes de policía de Juliaca empujaron a los periodistas José Yupanqui de Exitosa Noticias y Reynaldo Coila de radio Juliaca la Decana mientras cubrían los enfrentamientos entre manifestantes y la policía.
• El 10 de enero, Max Lanza, locutor de La Decana Radio Juliaca, alertó en redes sociales de que el equipo de prensa de la radio había sido amenazado por su cobertura de las protestas contra el Gobierno.
• También el 10 de enero, un agente de policía interrumpió la transmisión en directo de un reportero e intentó romper su equipo. Néstor Larico de Nueva TV Nacional estaba grabando en las inmediaciones de una protesta en Cusco. Durante el incidente, el agente rompió el trípode de la cámara de Larico.
• El 19 de enero, varios manifestantes agredieron a la reportera de Canal N Lourdes Paucar y al cámara Willy Nueva en el centro de Lima, donde se desarrollaba una marcha multitudinaria. Los golpearon con palos y tubos, les lanzaron objetos y piedras e intentaron arrebatarles sus equipos. Ese mismo día se produjeron varios ataques similares.
• El 21 de enero, Patricia Condori, miembro de la Red de Periodistas de Juliaca, fue detenida mientras cubría una intervención policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
• El 23 de enero, los fotoperiodistas Sebastián Castañeda de Reuters y Ernesto Benavides de AFP sufrieron heridas por perdigones mientras cubrían una protesta en Lima.
• El 24 de enero, el fotoperiodista de Wayka Juan Zapata fue alcanzado en un brazo por un perdigón mientras cubría los enfrentamientos durante una protesta en Lima. En esa misma manifestación, un perdigón impactó en la cámara de la fotoperiodista Guadalupe Pardo, por lo que no pudo continuar con su labor.
• El 27 de enero, el corresponsal de Latina TV en Puerto Maldonado Manuel Calloquispe aseguró haber recibido amenazas de muerte por informar sobre las protestas violentas en la región de Madre de Dios.
• El 28 de enero, agentes de policía agredieron a los periodistas de Wayka Kevin Huamaní y Valía Aguirre mientras grababan la detención de un manifestante. Los funcionarios también rompieron el equipo de los periodistas. Ese mismo día, el fotoperiodista independiente Marlon Flores resultó herido de gravedad cuando alguien le lanzó un objeto contundente a la cabeza que le rompió el casco.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó los ataques contra la prensa en Perú e instó a las autoridades a investigar y procesar a los responsables de la violencia. La formación internacional destacó que en 2022 Perú descendió del séptimo al undécimo puesto en el Índice de Chapultepec, un barómetro sobre el estado de la libertad de expresión en la región elaborado por la SIP. El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) también condenó los ataques a la prensa, pero enfatizó que la organización reconoce el derecho a la protesta siempre y cuando se ejerza de forma pacífica.

Otros casos de acoso y agresiones a periodistas

El 18 de octubre de 2022, el periodista Roberto Ramírez de Latina TV fue agredido por partidarios del Gobierno cuando cubría un acto del entonces presidente Pedro Castillo con licenciados de las Fuerzas Armadas. Los agresores lo rodearon, insultaron y golpearon en la cara.

El 1 de noviembre de 2022, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) informó que Daniel Neyra Escalante, director de una dependencia sanitaria regional, había presentado una querella contra la periodista Analí Andrade Pareja, directora del portal de noticias en redes sociales Fuerza Informativa Apurímac y corresponsal de Radio Programas del Perú. La periodista había revelado presuntos delitos de corrupción bien documentados que involucran a Escalante. Andrade explicó que el funcionario la había acosado durante meses.

El 7 de noviembre de 2022, Aníbal Torres —entonces presidente del Consejo de Ministros— insultó a la periodista Sol Carreño, presentadora del programa dominical Cuarto Poder de América TV. A raíz de un informe sobre una obra inacabada, Torres insinuó que Carreño “actuó de mala fe” y profirió insultos sexistas relacionados con su vida privada.

Por otro lado, el 5 de enero de 2023, los periodistas Luis Agustín Angulo Díaz de la radio La Ribereña y Pablo Torres Putpaña fueron embestidos por una camioneta blanca que los habría seguido mientras informaban desde San Pablo, provincia de Bellavista. Según la ANP, los testigos relataron que el ataque con el vehículo parecía deliberado, por lo que la organización aseguró que se trataba de un intento de asesinato. Angulo fue hospitalizado con heridas graves. La sección local de la ANP afirmó que los periodistas critican a menudo la gestión municipal de Bellavista y que por esa razón debería considerarse esa línea de investigación.