Persiste la represión de OSC a pesar del escrutinio internacional de la CIDH y la ONU

CONTEXTO

LA COMUNIDAD INTERNACIONAL CRITICA EL HISTORIAL DE NICARAGUA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

El 9 de noviembre de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe en el que detalló las estrategias represivas empleadas por el Gobierno nicaragüense para asegurarse el control total del espacio cívico. La CIDH concluyó que Nicaragua carece de condiciones propicias para que la sociedad civil participe libremente y con seguridad en actividades sociales y políticas. En resumen, “el espacio cívico y democrático se encuentra cerrado”.

La CIDH dio cuenta de “patrones de criminalización de personas identificadas como opositoras al Gobierno y de privación arbitraria de la nacionalidad, la prohibición de protestas y manifestaciones sociales, así como las medidas adoptadas para debilitar a la sociedad civil a través de la desarticulación de movimientos sociales y de medios de comunicación, la persecución selectiva de toda persona que cuestiona al Gobierno en cualquier ámbito de participación cívica y social, incluyendo el religioso, del cierre masivo de organizaciones y el destierro o expulsión forzada”.

También instó al Estado nicaragüense a cesar todo acto de represión y persecución contra las personas consideradas como opositores políticos, así como a adoptar las medidas necesarias para superar la crisis de derechos humanos mediante el restablecimiento de las instituciones democráticas, el Estado de derecho y las libertades fundamentales.

Asimismo, el 24 de noviembre de 2023, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) publicó el informe A/HRC/52/63 con sus conclusiones sobre las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas en el país desde abril de 2018, entre ellas “las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, las torturas y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, la privación arbitraria de la nacionalidad y las violaciones del derecho a permanecer en el propio país”.

El Grupo asegura que estas violaciones de los derechos humanos “dirigidas contra personas opositoras, reales o percibidas, generó un clima persecutorio basado en la supresión del disenso en todas las esferas de la vida social y política”. En consecuencia, miles de personas defensoras de los derechos humanos, profesionales del periodismo, líderes estudiantiles, personalidades religiosas, artistas y destacadas figuras de la oposición política nacional y regional se han visto forzadas a abandonar el país. Actualmente, casi todas las OSC operan desde el extranjero y las que permanecen en Nicaragua se han visto obligadas a autocensurarse.

Además, algunas de las violaciones de los derechos humanos tuvieron un claro componente de género y produjeron impactos diferenciados en hombres, mujeres y personas LGBTQI+. También se constataron ataques dirigidos específicamente contra determinados grupos de mujeres por ser feministas, lideresas o defensoras de los derechos humanos. Además, el cierre de organizaciones de mujeres a raíz de campañas de difamación selectivas ha supuesto un importante revés para el progreso de los derechos de la mujer en Nicaragua.

Por último, el 9 de octubre de 2023, a la luz de la crisis política que vive el país, el Consejo de la Unión Europea prorrogó por un año más, hasta el 15 de octubre de 2024, las medidas restrictivas que había impuesto a Nicaragua. Estas medidas, que entraron en vigor en octubre de 2019, se aplican a 21 personas y 3 entidades, e incluyen la inmovilización de bienes y prohibiciones de viajes. La Unión Europea reiteró su compromiso con la defensa de la democracia, del Estado de Derecho y de los derechos humanos en Nicaragua. También llamó a una resolución pacífica de la crisis mediante un verdadero diálogo entre el Gobierno y la oposición. El régimen de sanciones ha sido prorrogado en varias ocasiones, la última en octubre de 2022.

CRIMINALIZAN A LÍDERES INDÍGENAS MISKITO

El domingo 1 de octubre de 2023, la Policía Nacional detuvo de forma arbitraria en Managua a la dirigente indígena miskito Nancy Elizabeth Henríquez James. El arresto se produjo dos días después de la detención arbitraria de Brooklyn Rivera Bryan. Nancy iba acompañada de su nieto de tres años y su sobrina, quienes también permanecieron detenidos durante nueve horas en un distrito policial. Sus familiares fueron puestos en libertad, pero ella siguió detenida. Las autoridades policiales no comunicaron los motivos de su detención ni su paradero. La CIDH señaló que los familiares de Henríquez James solo fueron autorizados a visitarla de forma extraoficial el 17 de octubre y el 1 y 22 de noviembre de 2023 en la Cárcel de Mujeres La Esperanza, donde se encuentra detenida.

Desde abril de 2023, Henríquez James, presidenta de YATAMA (Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka, “Hijos de la Madre Tierra Unidos”), ha ejercido de suplente legal de Rivera Bryan, quien se desempeñaba como diputado regional en Asamblea de Nicaragua. En abril de 2023, Rivera Bryan asistió a la sesión 22 del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas en Nueva York, EE. UU., donde denunció la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua. Sin embargo, a su regreso ese mismo mes, se le denegó la entrada al país. Pocos días después, ingresó en el país de forma clandestina y permaneció en la Mosquitia, en la región autónoma de Costa Caribe Norte, bajo la vigilancia constante de la Policía Nacional, la cual estuvo al tanto de todos sus movimientos hasta su detención el 29 de septiembre de 2023. Desde entonces, las autoridades no han facilitado información sobre su paradero ni sobre su situación.

El 19 de diciembre de 2023, la CIDH informó que ambos dirigentes de YATAMA habían sido sometidos a malos tratos durante su detención. Los dos permanecen detenidos en condiciones deplorables, con un acceso insuficiente a cuidados médicos y artículos de higiene personal. Según la CIDH, Henríquez James se encuentra detenido en condiciones inhumanas y sin la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas.

La organización destacó que miembros de la familia de Henríquez James se encuentran bajo amenazas desde su detención y que algunos de ellos fueron informados de órdenes de captura en su contra, lo que los obligó a exiliarse. En este aspecto, mencionó el caso del nieto de Henríquez James, ya que ella ejercía su cuidado y crianza porque su madre se encuentra actualmente en el exilio. En cuanto a Rivera Bryan, no se ha informado sobre el estado del proceso judicial contra él. De hecho, no cuenta con representación legal, una situación preocupante en un país donde profesionales de la abogacía temen emprender acciones legales por miedo a las represalias del Gobierno.

La CIDH también afirmó que tanto Rivera Bryan como Henríquez James fueron privados arbitraria e ilegalmente de su escaño, ya que no se siguieron los procedimientos establecidos por la ley. Asimismo, indicó que no se llevó a cabo ningún procedimiento legal para destituirlos de sus cargos de diputados regionales ni para despojarlos de su inmunidad parlamentaria como exige la normativa interna.

Según informaciones publicadas por la prensa, a mediados de diciembre de 2023, en un juicio sin las debidas garantías procesales, Henríquez James fue condenada a ocho años de prisión por propagación de noticias falsas y traición a la patria.

En respuesta a una solicitud de la CIDH de medidas cautelares a favor de Rivera Bryan y de Henríquez James, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó la liberación de ambos líderes indígenas el 22 de diciembre de 2023 y el 1 de febrero de 2024. En ambas resoluciones, la Corte subrayó que los dos han sido acosados y perseguidos por su postura crítica hacia el Gobierno nicaragüense con el objetivo de excluirlos del espacio político. Estas detenciones pueden interpretarse como una forma de represalia contra los movimientos indígenas que cuestionan las acciones del Gobierno que buscan acallar las voces disidentes. Cuando se redactó este reporte, ambos dirigentes de YATAMA gozaban de medidas cautelares otorgadas por la Corte IDH.

No se trata de casos aislados. Tal y como informó el Grupo de Expertos, existe un patrón de arrestos violentos sin orden judicial, de detenciones en régimen de incomunicación y de juicios sin las debidas garantías procesales.

CANCELAN LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE UN PARTIDO INDÍGENA DE LA OPOSICIÓN

Tras la detención arbitraria de dos miembros de la dirigencia de YATAMA (ver más arriba), el 5 de octubre de 2023, el Consejo Supremo Electoral (CSE) canceló la personalidad jurídica del partido indígena YATAMA, alegando que la formación había llevado a cabo “actos que menoscaban la integridad nacional de Nicaragua”. Por consiguiente, el partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), liderado por Daniel Ortega, no encontrará ninguna oposición en las elecciones regionales de marzo de 2024.

En su resolución, la CIDH señaló que el CSE sostiene que la representación de YATAMA violó la Ley n.º 1055 sobre la Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Ia Soberanía y la Autodeterminación para la Paz. En particular, el CSE asegura que Brooklyn Rivera Bryan y Nancy Elizabeth Henríquez James “han estado manifestando públicamente un discurso que tergiversa y falsea la realidad del país”. En 2021, la CIDH condenó el uso de la Ley n.º 1055 y de la Ley n.º 1040 sobre la Regulación de Agentes Extranjeros —promulgadas en 2020— por parte del Gobierno con el fin de cancelar la personalidad jurídica de los partidos de oposición e impedir que candidaturas de la oposición concurran a las elecciones: “Dichas normas restringen arbitrariamente la competencia electoral, el ejercicio de los derechos políticos y de otros derechos como la libertad de expresión y de asociación”.

En un contexto marcado por la infrarrepresentación de las comunidades indígenas y afrodescendientes en la Asamblea Nacional, YATAMA, una formación cuyas bases pertenecen al pueblo miskito (la mayor comunidad indígena del país), es la principal organización política indígena de Nicaragua. Desde el año 2000, la comunidad miskita ha impugnado la legislación electoral para lograr que sus representantes sean elegidos y que desde sus cargos defiendan los intereses de las comunidades indígenas. En 2005, la Corte IDH estableció que, en conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, YATAMA tiene el derecho a participar en política en representación de las comunidades indígenas y que para ello requiere de derechos más específicos, como: (i) medidas y procedimientos especiales que protejan y garanticen su participación efectiva; y (ii) derecho a participar en la política nacional siguiendo las tradiciones de los pueblos indígenas.

LA CIDH CONCEDE MEDIDAS CAUTELARES A PRESAS Y PRESOS POLÍTICOS

A finales de diciembre de 2023, la CIDH otorgó medidas de protección urgentes a diez presas y presos políticos y a sus familiares. En cada una de sus resoluciones, la CIDH describió crecientes riesgos para todas las personas beneficiarias, entre ellos presuntos malos tratos en el sistema penitenciario, amenazas contra ellas y sus familias, y falta de cuidados médicos adecuados. Estas medidas urgentes buscan proteger y garantizar su vida e integridad. La Corte también pidió al Estado nicaragüense que respetase los derechos de las presas y los presos políticos, que se abstuviese de tomar represalias y que los liberase de inmediato.

Las personas beneficiarias de estas medidas fueron Freddy Antonio Quezada, Kevin Emilio Castillo Prado, Víctor Jobelni Ticay Ruiz, Sergio Catarino Castiblanco Hernández, Jacqueline de Jesús Rodríguez Herrera, J.E.C.W., Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, Anielka Lucía García Zapata, Melba Damaris Hernández y Abdul Montoya Vivas y su familia.

PERSECUCIÓN JUDICIAL CONTRA LA PLANTILLA DE CÁRITAS

Las medidas represivas del Gobierno contra la Iglesia católica han tenido un amplio impacto y no solo han afectado a la organización, sino también a las congregaciones, al personal y las personas consideradas como colaboradoras.

El 24 de diciembre de 2023, Julio Sevilla, Julio Berríos, Bladimir Pallés, María Verónica Herrera Galeano, Freydell Andino y Mariví Andino, exmiembros del personal de la organización benéfica católica Cáritas, de la diócesis de Estelí, fueron condenados a seis años de prisión por un presunto delito de lavado de dinero. La sentencia fue pronunciada tras la clausura de Cáritas por las autoridades en marzo de 2023.

Libertad de expresión

DETENCIONES MASIVAS DE SACERDOTES CATÓLICOS

Human Rights Watch reveló que la represión contra la Iglesia católica ha ido en aumento desde 2018, cuando líderes católicos criticaron la violencia ejercida contra manifestantes. Entre el 20 y el 30 de diciembre de 2023, trece sacerdotes y dos seminaristas fueron detenidos de forma arbitraria, entre ellos Carlos Avilés, Silvio Fonseca, Miguel Mántica y Pablo Villafranca. Estas detenciones se sumaron a la condena del obispo Rolando Álvarez, un destacado preso político detenido en 2022 por sus críticas al Gobierno, quien fue sentenciado en 2023 a 26 años de prisión por un presunto delito de traición.

“Las detenciones de los sacerdotes obstaculizan el ejercicio de la fe de manera libre y sin temor en Nicaragua. La libertad de culto y de pensamiento son pilares fundamentales de una sociedad plural y democrática. Su protección es esencial para fomentar sociedades inclusivas y respetuosas. La detención de estos catorce religiosos se suma a la condena política contra el obispo de Matagalpa Rolando Álvarez y monseñor Isidoro Mora, titular de la diócesis de Siuna”, denunció la Unidad de Defensa Legal (UDJ).

El 4 de enero de 2024, la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) también condenó las detenciones: “La USCIRF expresa su indignación por la decisión del Gobierno nicaragüense de continuar con su brutal represión contra miembros de la Iglesia católica por haber denunciado las violaciones de la libertad religiosa y de los derechos humanos que se producen en el país”, declaró Frederick A. Davie, vicepresidente de la USCIRF.

El 14 de enero de 2024, diecisiete sacerdotes y seminaristas fueron expulsados del país y enviados al Vaticano, algunos a los pocos días de su detención y sin que se hubieran presentado cargos contra ellos de forma oficial.

INFORME SOBRE LA LIBERTAD DE PRENSA

El 10 de enero de 2024, la red para la defensa de la libertad de expresión Voces del Sur publicó su informe anual sobre la libertad de prensa en Nicaragua. En el informe, la organización destaca la escalada de desalojos, confiscaciones y vigilancia a familiares de periodistas independientes a lo largo de 2023.

Hasta finales de ese año, Voces del Sur había documentado 33 casos de agresiones físicas, 22 de campañas de difamación y 3 de detenciones arbitrarias. Estos hechos afectaron a por lo menos 64 profesionales del periodismo y 36 se vieron obligados a exiliarse.

Si bien el número de incidentes disminuyó significativamente con respecto a 2022, en el informe se destaca la persistencia de las agresiones, el acoso, la intimidación y la criminalización del periodismo independiente mediante nuevos métodos. Incluso exprofesionales del periodismo o profesionales ya jubilados son objeto de estas tácticas.