Libertad de asociación
El 23 de mayo, organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil condenaron rotundamente los ataques sistemáticos y la persecución judicial que padece el editor de Wikipedia y defensor de los derechos humanos Óscar Costero. Los ataques se produjeron en el marco de una campaña de difamación contra él y contra el también editor de Wikipedia Santiago De Viana en 2019, después de que CANTV, el principal proveedor de telecomunicaciones de Venezuela, bloqueara el acceso a la versión en español de la enciclopedia durante una semana. La policía detuvo e interrogó a ambos el 17 de octubre de 2022, mientras renovaban sus pasaportes. Los agentes informaron a Costero que lo estaban investigando; sin embargo, nadie se lo había comunicado hasta entonces. Costero se ha enfrentado a campañas de difamación, detenciones arbitrarias y a violaciones de garantías procesales y de su derecho a la libertad de expresión.
1/ Soy editor de #Wikipedia desde 2005 y desde hace años me dedico a enseñar sobre cómo editar en la plataforma. Comienzo hilo de cómo el Ministerio Público en #Venezuela empezó una persecución penal en mi contra desde el año pasado. https://t.co/cy8HmJiABn
— Oscar Costero (@oscar_costero) March 24, 2023
Reunión pacífica
El 22 de junio, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social informó que en mayo se llevaron a cabo 602 actos de protesta. Según la organización, los manifestantes reclamaban salarios y pensiones dignas. El Estado sigue ignorando estas reivindicaciones de la ciudadanía y ha intensificado los ataques sistemáticos contra quienes exigen mejores condiciones de trabajo. Además, el Gobierno de Nicolás Maduro aplica una política represiva a quienes protestan. Dirigentes sindicales y sociales han padecido amenazas y persecución judicial, y han sido criminalizados por exigir y defender sus derechos laborales mediante boicots y paros.
Libertad de expresión
El 5 de julio, en un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el alto comisionado para los derechos humanos de la organización condenó nuevamente las violaciones del derecho a la libertad de expresión en Venezuela. El autor del informe asegura que Venezuela debe tomar medidas para prevenir, mitigar y sancionar todo ataque, intimidación y criminalización de disidentes, y asegurar la participación significativa, inclusiva y viable de todas las partes interesadas para garantizar la protección y el pleno disfrute del espacio cívico. Durante la presentación del documento, Marysabel Rodríguez, defensora de los derechos humanos, explicó que la incertidumbre regulatoria que reina sobre los medios de comunicación es un mecanismo de control que ha conducido al cierre de ochenta y una emisoras en 2022 y de por lo menos cinco en lo que va de 2023. A esto se suman la cancelación de programas informativos y de opinión por presiones gubernamentales, los apagones que limitan el funcionamiento de medios y los bloqueos de medios digitales. El alto comisionado también documentó el bloqueo de cuarenta y cuatro páginas web, de cinco servicios digitales en línea, de tres servicios de privacidad y de los recursos en línea de tres organizaciones de la sociedad civil. Los proveedores de Internet privados y estatales bloquearon el acceso a estos sitios sin que mediaran órdenes ni notificaciones oficiales.
En junio de 2023, Espacio Público señaló que el Gobierno venezolano vulneró de forma sistemática el derecho a la libertad de expresión en dieciséis casos y perpetró cuarenta y dos tipos de violaciones, principalmente intimidaciones y amenazas. En concreto, de esas cuarenta y dos violaciones de la libertad de expresión, veinte fueron actos de intimidación, ocho de amenazas, seis de acoso judicial, cinco de censura, dos de acoso verbal y uno de agresión. En junio se contabilizaron veintiocho víctimas, la mayoría fueron particulares (once) y periodistas (diez). También fueron detenidos once ciudadanos por ejercer su derecho a la libertad de expresión.