Ordenan la detención del alcalde de Maracaná tras un desalojo masivo; una protesta pone de manifiesto las tensiones por el derecho a la tierra

Contexto

La comunidad indígena karapá denuncia ataques por parte de civiles armados

La comunidad indígena karapá del pueblo ava guaraní se enfrenta a una escalada constante de ataques y actos de intimidación en Ypejhú (Canindeyú) por intentar proteger sus territorios ancestrales frente a la expansión de la agroindustria.

Tras los desalojos forzosos que se produjeron a principios de 2025, a comienzos de mayo del mismo año, la comunidad denunció que personas armados, vestidas con uniformes similares a los de las fuerzas del orden, habían sometido a sus miembros, e incluso a menores y personas enfermas o de la tercera edad, a amenazas, actos de acoso y restricciones arbitrarias de movimiento. Se han documentado casos de incendios de viviendas, robos de ganado y enseres personales, así como de ataques armados y de uso de drones equipados con armas de fuego que han creado un clima de miedo e inseguridad constante.

El informe “Con la soja al cuello 2024” destaca que la criminalización de las organizaciones indígenas paraguayas durante las dos últimas décadas ha facilitado la transferencia de tierras a grandes terratenientes y la agroindustria para su integración en los mercados internacionales.

La sociedad civil advierte que el plan del Gobierno para suprimir los Ministerios de la Mujer y la Infancia supone “un grave retroceso”

En abril de 2025, el bloque oficialista del Senado formado por el Partido Colorado, junto con miembros de otros partidos, presentó un proyecto de ley para fusionar el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) y la Secretaría Nacional de la Juventud, y crear así el Ministerio de la Familia. El anuncio de la iniciativa legislativa corrió a cargo del legislador Gustavo Leite, quien invocó el artículo 49 de la Constitución, que establece que la familia es el fundamento de la sociedad. Quienes defienden el proyecto aseguran que permitirá reducir costes, centralizar políticas y cumplir promesas electorales.

Las organizaciones de la sociedad civil, por su parte, criticaron la iniciativa. Durante una audiencia celebrada el 22 de mayo, organizaciones de la sociedad civil advirtieron que el desmantelamiento de dichas instituciones supondría un grave retroceso para los derechos humanos, ya que pondría en riesgo décadas de avances en materia de igualdad de género, protección de la infancia y participación de la juventud. Pidieron a la Cámara que rechazara la medida e insistieron en que los derechos no se fusionan, sino que se garantizan y se defienden.

“No es una decisión administrativa, es un acto político que compromete los derechos de las mujeres, la infancia y la juventud”, recalcó la Coordinación de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) en un comunicado.

Libertad de asociación

El alcalde de Maracaná es objeto de acciones judiciales tras el desalojo de cientos de personas del asentamiento de San Miguel

El 3 de junio de 2025, las fuerzas de seguridad expulsaron de forma violenta y desplazaron a alrededor de 250 familias que vivían en el asentamiento de San Miguel, en Maracaná (Canindeyú), desde hace nueve años. La fiscal Inés Estigarribia ordenó la detención del alcalde de Maracaná, José Cantero, en el marco de una investigación por un presunto delito de ocupación ilegal de invasión de inmueble durante la operación. El Ministerio Público alegó que el regidor había promovido directa o indirectamente la ocupación del lugar y emitió una orden de detención contra él. Cantero negó las acusaciones, sostuvo que el proceso judicial en su contra obedecía a motivaciones políticas y anunció que comparecería voluntariamente ante la Fiscalía.

El 11 de junio de 2025 acudió a la sede del Ministerio Público y ese mismo día por la noche el juez penal de garantías le concedió una medida de libertad ambulatoria. Durante la jornada, un grupo de personas manifestantes se había congregado frente a la Fiscalía para expresar su apoyo al intendente. Cantero declaró que asistió al desalojo a petición del personal del Ministerio del Interior para que acompañase a funcionarios de la Codeni.

OSC miembros del Sistema de la Unión Europea para un Entorno Favorable para la Sociedad Civil (EU SEE) ―un consorcio formado por organizaciones internacionales de la sociedad civil y miembros de la red de 86 países― aseguraron que, si bien los desalojos forzosos han asolado las zonas rurales de Paraguay durante mucho tiempo, la decisión de criminalizar a una autoridad electa simplemente por supervisar las acciones del Estado pone de manifiesto el poder creciente de la Fiscalía.

“Las acusaciones formuladas contra la autoridad municipal por su presencia en la zona contribuyen a la criminalización creciente de las reivindicaciones sociales y las manifestaciones cívicas. Este tipo de represión tiene un impacto negativo en la relación entre la sociedad civil y los representantes políticos y supone una amenaza para los canales de diálogo y acompañamiento”, aseguraron las OSC.

La causa penal contra el alcalde de Maracaná por un desalojo masivo, junto con la reciente audiencia pública en el Congreso sobre el derecho a la tierra, han vuelto a poner de relieve la crisis agraria irresoluta a la que se enfrenta el país.

Diez días después, el 19 de junio, el Congreso Nacional acogió la audiencia pública “El derecho humano a la tierra: problemas y soluciones”, convocada por la senadora Yolanda Paredes. El acto reunió a autoridades, organizaciones sociales, comunidades campesinas e indígenas y personas defensoras de los derechos humanos. La red CODEHUPY denunció los desalojos forzosos y solicitó que se paralizaran de inmediato. Asimismo, pidió que se revisaran las políticas estatales en materia de tenencia de tierras y vivienda, y que se creara un fuero agrario medioambiental. Durante la audiencia, varias personas tomaron la palabra y explicaron cómo la concentración de tierras, la inseguridad en la tenencia de terrenos y los desalojos violentos han generado ciclos recurrentes de conflictos y desplazamientos.

Reunión pacífica

La comunidad campesina de Canindeyú protesta contra la violencia armada vinculada al conflicto por tierras

El 15 de mayo de 2025, en Canindeyú, la comunidad campesina del asentamiento 15 de Agosto se movilizó contra la violencia de los grupos armados que presuntamente defienden a los grandes productores de soja. Dos días antes, civiles armados habrían disparado con munición real desde un rancho vecino en dirección al camino por el que se accede a la comunidad, mientras varios niños iban camino a la escuela.

El asentamiento acoge a 65 familias que se dedican a la agricultura para el autoconsumo y la obtención de ingresos. La comunidad comenzó su lucha por el derecho a la tierra en agosto de 2024, cuando las familias denunciaron que terratenientes se habían apropiado ilegalmente de terrenos públicos que habían pertenecido a la empresa La Industrial Paraguaya y que posteriormente arrendaron a agroempresarios dedicados al cultivo de soja.

Este caso se enmarca dentro de un patrón de desalojos forzosos en la región. En enero de 2025, los asentamientos Edilson Mercado y 15 de Agosto, ambos en el distrito de Yasy Cañy, fueron objeto de desalojos violentos. Las personas que allí residen denunciaron la destrucción de viviendas y cultivos, la quema de pertenencias, el robo de ganado, la contaminación de fuentes de agua y la retirada de transformadores eléctricos. Numerosos miembros de la comunidad fueron procesados y encarcelados a raíz de estos operativos.

Una manifestación paraliza un allanamiento y reafirma los derechos de las comunidades indígenas

El 9 de junio de 2025, liderazgos indígenas y varias organizaciones de la sociedad civil se movilizaron en la comunidad indígena de Hugua Po'i (Caaguazú) contra una operación de allanamiento y desalojo prevista por la Fiscalía. La presión de la protesta llevó a las autoridades a suspender la medida, que había sido autorizada en el marco de una investigación por presuntos delitos contra el medioambiente. Miembros de la comunidad advirtieron que, a pesar de las medidas legales de protección, estas intervenciones suelen acabar en desalojos forzosos.

La comunidad indígena mbya Hugua Po’i, ubicada en el distrito de Raúl Arsenio Oviedo, está compuesta por unas setenta familias y ocupa alrededor de mil hectáreas de territorios ancestrales del pueblo mbya guaraní. Ha sufrido amenazas reiteradas y al menos dos desalojos forzosos en los últimos años. Según informes, la presión por la propiedad de esas tierras se intensificó después de que la empresa agroganadera Dos Palmas, propiedad de menonitas, intentara apropiarse del territorio para el cultivo a gran escala de soja y maíz transgénicos.

Representantes de la CODEHUPY destacaron que el fiscal que se ocupa del caso no había dialogado con la comunidad y recordaron que varios dictámenes judiciales prohíben los desalojos en Hugua Po’i. Miembros de la comunidad celebraron la suspensión, que consideraron como una victoria en la defensa de los derechos territoriales de las comunidades indígenas.

Cierran el INDI tras una protesta de los pueblos indígenas en Asunción

En julio de 2025, ochocientas personas de distintas comunidades indígenas acamparon durante varios días frente a la sede del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) en Asunción para exigir una mejora de los servicios y la destitución de su presidente. El Gobierno reaccionó de manera inesperada, anunciando el cierre de la sede capitalina de la institución a partir del 16 de julio. Aseguró que esta medida se enmarcaba en el plan de descentralización ordenado por el presidente Santiago Peña, el cual prevé la apertura de dos oficinas regionales en el Chaco y una en Caaguazú. Miembros del Gobierno argumentaron que la medida acercaría la institución a las comunidades.

Sin embargo, las organizaciones indígenas rechazaron la medida, asegurando que se trataba de una decisión unilateral, y advirtieron que socavaba la participación. La plataforma ANIVID exigió la reapertura inmediata de la oficina de Asunción y que se respetara la Ley 904/81 que regula el INDI. La articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay (MIPY) sostuvo que la medida buscaba “invisibilizarlas y silenciarlas”, mientras que la Mesa de Articulación Indígena de Paraguay (MAIPY) y la CONAMURI denunciaron que no se había realizado una consulta previa y que la decisión desterraba la representación indígena del centro político del país.

Creado en 1981, el INDI es una de las instituciones estatales más débiles de Paraguay y cuenta con uno de los presupuestos más reducidos. El cierre de su oficina central se produce tras una serie de desalojos forzosos de comunidades indígenas y la omisión de los pueblos indígenas en el informe anual del presidente Santiago Peña ante el Congreso.

El profesorado se moviliza por mejores condiciones laborales

El 30 de mayo de 2025, miembros de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay-Sindicato Nacional (OTEP-SN) se congregaron frente al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en Asunción para denunciar la sobrecarga burocrática a la que se enfrenta el personal docente y rechazar la precariedad laboral impuesta al sector por el MEC.

La representación sindical también criticó programas gubernamentales como “Hambre Cero” o la resolución 376, ya que, a su juicio, estas iniciativas no aportan soluciones a los problemas estructurales del sistema educativo. Las personas manifestantes exigieron que se respetaran sus derechos laborales, se dignificara la labor docente y se aumentara el número de profesionales en las escuelas. La OTEP-SN recalcó que una mejora de las condiciones de trabajo del profesorado era esencial para reforzar la educación pública y garantizar una enseñanza de calidad para el alumnado.

Manifestación contra el alcalde y concejalías en la capital

El 21 de junio de 2025, una docena de vecinos se manifestaron en la plaza O'Leary contra el alcalde de Asunción, Oscar Nenecho Rodríguez, y varias concejalías. Se quejaron del mal estado en el que se encuentra la ciudad y exigieron la destitución del alcalde y sanciones para las concejalías.

Las personas manifestantes también criticaron la presunta violación de ordenanzas municipales sobre la protección de espacios verdes como el Jardín Botánico, el parque Pavetti y la avenida Quinta. Algunas de ellas incluso afirmaron que Nenecho debería estar preso en la cárcel de Tacumbú por su gestión.

El personal auxiliar sanitario exige mejoras y rechaza la terciarización en el IPS

El 25 de junio de 2025, miembros del personal auxiliar sanitario de todo el país se congregaron en Asunción con motivo de la manifestación La Gran Marea Blanca. Las personas manifestantes reclamaron mejores condiciones de trabajo, ajustes salariales y más inversión en el sistema sanitario público. La manifestación partió del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y estuvo acompañada de actos frente a la sede del Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Economía.

La movilización contó con el respaldo de sindicatos de hospitales públicos de referencia, entre ellos el Hospital Nacional de Itauguá, el Hospital de Clínicas, Villa Elisa, Capiatá, el Instituto Nacional del Cáncer (INCAN) y el Instituto de Medicina Tropical. Organizaciones sanitarias nacionales e internacionales también se solidarizaron con las personas manifestantes.

Entre sus principales reivindicaciones figuraban la regularización del personal en situación contractual, la equiparación de las condiciones laborales entre el personal fijo y el temporal, y el suministro de medicamentos y material biomédico a los hospitales públicos.

Los liderazgos sindicales también rechazaron las iniciativas de externalización en el sector sanitario, advirtiendo que socavan la planificación y la sostenibilidad. La jornada concluyó frente al Ministerio de Economía, donde representantes de sindicatos de enfermería se reunieron con la Viceministra de Capital Humano.

La comunidad LGBTQI+ sale a las calles por la falta de garantías estatales para sus derechos

El 28 de junio de 2025, miles de personas LGBTQI+ y aliadas recorrieron Asunción para reclamar justicia, dignidad e igualdad. Los colectivos organizadores criticaron la ausencia de políticas públicas para proteger a las personas LGBTQI+ contra la discriminación y la violencia. Señalaron que, a pesar de haberlas solicitado en reiteradas ocasiones, el Estado no ha sacado adelante leyes sobre matrimonio igualitario o la identidad de género, ni medidas integrales contra la discriminación. Las personas manifestantes también hicieron hincapié en la vulnerabilidad de las comunidades trans, que siguen estando excluidas del sistema educativo, del mercado laboral y de la atención sanitaria.

Libertad de expresión

Agreden a profesionales del periodismo durante una manifestación del personal municipal

El 9 de junio de 2025, miembros del funcionariado municipal que protestaban frente a la sede de la Municipalidad de Asunción agredieron física y verbalmente a profesionales del periodismo que cubrían la manifestación. Las personas manifestantes, que se habían congregado frente al despacho del alcalde Óscar Nenecho Rodríguez, reclamaban el pago de salarios atrasados. Tras una reunión entre el jefe de gabinete, Nelson Mora, y representantes del personal municipal, algunas personas manifestantes cargaron contra los medios de comunicación, a quienes acusaron de ser responsables de la situación, y agredieron a varios profesionales del periodismo que se encontraban en el lugar.

El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) condenó las agresiones y expresó su solidaridad con los miembros de la prensa afectados. También subrayó que el personal de los medios de comunicación no es responsable de las líneas editoriales ni de las prácticas empresariales de quienes solicitan sus servicios. Exigió que se respetara a la prensa e instó a las autoridades a que impidieran y sancionaran la violencia contra los profesionales del periodismo.

Amenazan a una periodista durante una operación policial en Asunción

El 25 de junio de 2025, vecinos del barrio Chacarita amenazaron verbalmente a una periodista del diario ABC Color que cubría un despliegue policial junto a otros profesionales de la información. Si bien no se documentaron agresiones físicas, la intimidación que sufrió la periodista buscaba obstaculizar su labor y la puso en peligro.

La operación, dirigida por el Departamento contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional, con el apoyo de unidades especiales, se saldó con nueve detenciones. Según las autoridades, las bandas implicadas reclutan a adolescentes y suelen participar en enfrentamientos armados.

Un periodista recibe amenazas de muerte

El 18 de junio de 2025, el periodista César Candia, propietario del modesto portal informativo Noticias al Día, recibió un mensaje por WhatsApp en el que le advirtieron que dejara de informar sobre un terrateniente menonita de Caaguazú y una disputa por tierras en Yasy Cañy. Candia ha denunciado la inacción de la Fiscalía de Curuguaty, que ha ignorado más de treinta denuncias presentadas contra un terrateniente menonita.

El mensaje anónimo decía: “Cesar, sos un periodista inútil. Dejá de publicar sobre el señor Heinrich Friesen Hildebrand, el señor Carlos Alfonzo y más amigos por el caso del terreno en Yasy Cañy. Si seguís publicando, te vamos a meter una bala a vos. Es nuestra última advertencia […] Atente o vas a recibir lo que te merecés”.

La Sociedad Paraguaya de Comunicadores condenó las amenazas y las calificó de grave ataque contra la libertad de expresión. También exigió la apertura urgente de investigaciones, medidas de protección para Candia y garantías para que los profesionales del periodismo puedan desempeñar su labor con seguridad.

Un funcionario de prisiones acosa a un periodista durante un reportaje

El 18 de mayo de 2025, el periodista Cristian Bianciotto, director de OviedoPress, acudió a la Penitenciaría Regional de Mujeres de Coronel Oviedo con el fin de cubrir una jornada cultural y solidaria organizada por la Red de Voluntarios (RDV). Tras someterse a los controles de seguridad pertinentes, las autoridades del penal lo autorizaron a ingresar en el centro y a usar su teléfono como herramienta de trabajo. Mientras informaba sobre el acto, un comandante de la prisión lo abordó de forma violenta e intentó arrebatarle el teléfono. “Yo sé por qué tengo que quitarte tu teléfono”, le espetó el funcionario. La situación fue tan tensa que otras personas presentes tuvieron que intervenir.

Acto seguido, Bianciotto pidió explicaciones a las autoridades penitenciarias y, si bien la directora general de Recintos Penitenciarios de Mujeres aseguró que se informaría sobre el incidente, la directora de la penitenciaría no respondió a los mensajes del periodista. Medios de comunicación aseguraron que el enfrentamiento puso de manifiesto la falta de salvaguardias institucionales para evitar que el funcionariado de prisiones intimide a los profesionales del periodismo.

Un juez prohíbe informar sobre un caso por robo de ganado que implica a un concejal

El 26 de junio de 2025, un juez de Curuguaty dictó una medida cautelar que prohíbe a los periodistas César Candia y Alberto Núñez informar sobre el proceso judicial en el que está involucrado el concejal municipal Julio Vera, acusado de un presunto delito de abigeato. La orden les impide publicar información sobre el caso, pese a que los hechos divulgados provienen de documentos oficiales contenidos en el expediente judicial.

El abogado defensor Ezequiel Santagada aseguró que la sentencia constituía un acto de censura, ya que carecía de argumentación jurídica, y que el denunciante alegó haber sufrido únicamente daños al honor, sin que concurrieran los supuestos constitutivos de real malicia, delito que se aplica a los casos de difusión deliberada de falsedades. Asimismo, advirtió que se habían violado disposiciones constitucionales que salvaguardan la libertad de expresión, el derecho a la defensa y las garantías procesales. Añadió que también se habían producido vicios de procedimiento. Por ejemplo, se convocó una audiencia un sábado, tan solo 48 horas después de que se emitiera la orden, a pesar de que la ley establece un plazo mínimo de tres días para que las personas acusadas puedan preparar su defensa.

Las organizaciones de la sociedad civil advirtieron que este caso es un ejemplo del acoso judicial sistemático al que están siendo sometidos los medios de comunicación. Este proceso judicial se suma a otros anteriores, como la denuncia del empresario Christian Chena contra la periodista Gisele Mousques o la demanda contra la periodista Mabel Portillo por informar sobre presuntos actos de corrupción en Guairá.

Otros sucesos

La lentitud de los tribunales en los casos relacionados con los pueblos indígenas y las propuestas punitivas para la justicia de menores suscitan preocupación

El 18 de junio de 2025, la organización Tierraviva denunció ante la fiscal adjunta Nancy Salomón la inacción de la Fiscalía en los casos presentados por comunidades indígenas del Chaco, entre ellos la invasión de tierras ancestrales pertenecientes a la comunidad Payseyamexyempa'a del pueblo enxet, paralizado desde octubre de 2024, a pesar de que se han presentado pruebas convincentes, según la organización. Otras cuatro investigaciones también se encuentran en punto muerto. Tierraviva acusó a las autoridades de revictimizar a los pueblos indígenas y de negarles justicia, y pidió que se depuraran responsabilidades dentro de la Fiscalía.

Dos días después, el 20 de junio, la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) expresó públicamente su rechazo a un proyecto de ley que pretende endurecer las penas para los adolescentes que infrinjan la ley. La CDIA criticó la iniciativa y aseguró que es una respuesta reactiva e ineficaz a la violencia, y advirtió que los enfoques punitivos no harían sino agravar los problemas actuales del sistema penitenciario. En su lugar, propuso una verdadera alternativa basada en la prevención, la inclusión y la justicia restaurativa. La organización también hizo hincapié en la necesidad de invertir en salud mental, educación sexual integral, entornos protectores y políticas eficaces para hacer frente al microtráfico estupefacientes.

Las comunidades indígenas padecen la inacción constante de la Fiscalía a la hora de defender sus derechos territoriales, mientras que la adolescencia corre el riesgo de verse expuesta a penas más severas en un sistema judicial ya de por sí frágil.