Continúan los ataques salvajes contra mujeres, periodistas y personas defensoras de derechos

Reunión pacífica

A finales de abril de 2022, miles de personas se manifestaron en múltiples ciudades para exigir justicia por el asesinato de la estudiante de dieciocho años Debanhi Escobar en Nuevo León y por los asesinatos y desapariciones de otras mujeres y niñas en todo el país. El 24 de abril de 2022, manifestantes marcharon por las calles de Ciudad de México, desde el Bosque de Chapultepec hasta el Ángel de la Independencia, portando pancartas en las que se podía leer "24 000 desaparecidas" y "México es una fosa común", mientras que otros protestaron cerca del Monumento a la Revolución. Escobar desapareció el 9 de abril de 2022 tras bajarse de un taxi cuyo conductor la habría acosado. Su cuerpo sin vida fue hallado el 21 de abril de 2022 en la cisterna de un motel. La violencia de género sigue siendo un motivo de gran preocupación, las medidas para proteger a mujeres y niñas se consideran inadecuadas y las investigaciones de los casos de violencia doméstica, violaciones y feminicidios a menudo no producen resultados. México registró 3 716 asesinatos de mujeres en 2021, de los cuales 969 fueron investigados como casos de feminicidio.

En abril de 2022, militantes y grupos ecologistas protestaron contra el polémico proyecto del Tren Maya en la Península de Yucatán. Aseguraron que el proyecto carece de los estudios medioambientales apropiados y que, de no modificar los planes de manera significativa, la vía perjudicará a la selva y a la enorme red de cuevas que hay bajo ella. El 18 de abril de 2022, un juez suspendió temporalmente la construcción de la línea de tren. El 25 de abril de 2022 se había previsto una reunión entre el Gobierno y los militantes que hacen campaña contra el proyecto, pero finalmente fue cancelada con poca antelación. En su lugar, se organizó una protesta frente al Palacio Nacional bajo el lema "¡no es progreso, es ecocidio!". En Cancún se desarrollaron manifestaciones similares el 22 de abril de 2022 con motivo del Día de la Tierra. Cabe destacar que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha estigmatizado públicamente a los militantes y famosos que hacen campaña contra el Tren Maya.

El 11 de abril de 2022, camioneros mexicanos bloquearon el tráfico en uno de los principales cruces fronterizos entre México y el estado de Texas para protestar contra la decisión de Greg Abbott, gobernador de ese estado, de obligar a los policías estatales a inspeccionar los vehículos comerciales que se dirigen hacia el norte. El puente que conecta Reynosa y Pharr es el cruce comercial más concurrido del Valle del Río Grande y por él transita la mayor parte de los productos con destino a los Estados Unidos. Los principales grupos comerciales consideran que esas inspecciones fronterizas son innecesarias y arguyen que la nueva medida está causando retrasos importantes en ese puesto fronterizo.

El 5 de abril de 2022, los habitantes de la comunidad indígena de Arantepacua se manifestaron en Morelia para conmemorar el quinto aniversario de un operativo policial que provocó una masacre dentro de la comunidad y que se saldó con la muerte de cuatro personas, entre ellas, un niño. Muchos de los que asistieron al acto de protesta eran miembros del pueblo indígena purépecha a los que se unieron miembros del sindicato de maestros CNTE. Marcharon hacia la sede de la Fiscalía General del Estado para exigir que las autoridades federales tomen el control de la investigación y aparten a las autoridades de Michoacán, ya que la policía estatal ha sido acusada de estar implicada en la masacre. Durante la protesta multitudinaria, algunos manifestantes destrozaron el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública y dañaron las motocicletas de la policía.

A lo largo de marzo y abril de 2022, grupos de migrantes siguieron protestando por los retrasos prolongados en la gestión de las solicitudes de asilo y para reivindicar mejores condiciones de vida. El 1 de abril de 2022, unos quinientos migrantes participaron en una marcha reivindicativa en Tapachula, en la frontera sur de México, que concluyó con enfrentamientos con la Guardia Nacional y agentes de inmigración. Según los medios de comunicación, los manifestantes usaron una cruz de madera como ariete para romper las líneas de la Guardia Nacional. Los agentes, algunos de los cuales portaban escudos antidisturbios, porras y espráis de pimienta, agredieron a algunos manifestantes y detuvieron a otros.

En marzo y abril de 2022 también se celebraron en Ciudad de México numerosas manifestaciones en solidaridad con el pueblo ucraniano. El 6 de marzo de 2022, en un acto que congregó a unas cuatrocientas personas, numerosos participantes enarbolaron banderas ucranianas y relataron experiencias de amigos y familiares afectados por la guerra. El 10 de abril de 2022, varias decenas de personas marcharon desde el monumento al Ángel de la Independencia hasta la embajada rusa, donde algunas se tumbaron en el suelo en representación de las víctimas de la guerra. Los manifestantes cantaron el himno ucraniano y permanecieron frente a la embajada durante varias horas y desde allí donde lanzaron proclamas a favor del fin de las hostilidades.

Expresión

Asesinatos de periodistas

El 5 de mayo de 2022 fueron hallados los restos mortales de Luis Enrique Ramírez, periodista veterano y columnista de El Debate, en el borde de una carretera en Culiacán, Sinaloa. Miembros de las fuerzas de seguridad encontraron el cuerpo sin vida envuelto en plástico dentro de una bolsa negra. Varios periodistas y asociaciones de prensa expresaron su consternación por el asesinato, exigieron justicia para Ramírez y pidieron a las autoridades que investiguen si el asesinato está relacionado con su labor periodística.

Por otro lado, a finales de marzo de 2022, el grupo de la sociedad civil Article 19 advirtió que las autoridades no habían investigado de manera apropiada el asesinato de Jorge Luis Camero Zazueta, periodista y director del medio de comunicación digital El Informativo. Camero fue asesinado a tiros en Sonora el 24 de febrero de 2022. Las autoridades declararon que se trata de un crimen relacionado con el narcotráfico y que han abierto una investigación en ese sentido. Article 19 rechazó esa tesis y aseguró que las autoridades habían incumplido el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.

Violencia contra periodistas

El 8 de abril de 2022, tres personas habrían intentado penetrar en el domicilio de Ana Dora Cabrera, directora de Media Octupus, en San Luis Potosí. Según la periodista, los asaltantes huyeron despavoridos después de que ella hiciera sonar una alarma vecinal. También explicó que ya había recibido amenazas en varias ocasiones por denunciar la implicación de funcionarios locales en casos de violencia sexual.

El 1 de abril de 2022, Ernesto Ledesma, director de Rompevento TV, y Violeta Núñez, profesora de la UAM, recibieron amenazas telefónicas poco después de que publicaran un reportaje sobre los yacimientos de litio en México. De acuerdo con Rompevento TV, las llamadas se hicieron desde un hotel cercano a las oficinas del medio de comunicación y al lugar donde se presentó el informe.

Funcionarios del Estado acosaron, amenazaron y victimizaron a varios periodistas durante el periodo que se analiza en el informe. Un asesor del alcalde de San Miguel de Allende acosó a Ana Luz Solís Frías, directora de Noticias San Miguel, por haber denunciado un presunto caso de corrupción relacionado con una instalación local de gestión del agua. El asesor insultó e hizo varios comentarios estigmatizantes contra la periodista en redes sociales. El 30 de marzo de 2022, en Zacatecas, el gobernador hizo comentarios despectivos sobre los medios de comunicación en general durante una conferencia de prensa, a quienes acusó de promover el crimen y "difundir el terror". El 24 de marzo de 2022, un diputado estatal y otro miembro del partido Redes Sociales Progresistas (RSP) amenazaron a un periodista de Ciudadanos Observando después de que publicara una noticia sobre ellos.

En un nuevo informe titulado "Negación", Article 19 afirma que la violencia contra los periodistas se disparó y alcanzó niveles sin precedentes durante los tres primeros años del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese periodo se reportaron alrededor de 2 000 ataques contra periodistas, entre ellos, 25 asesinatos. Esta cifra supone un aumento del 85 % en comparación con su predecesor Enrique Peña Nieto. El grupo desveló que en 2021 se consolidó la tendencia a la negación y la invisibilización de las problemáticas relacionadas con los derechos humanos desde el discurso público. Esta negación, argumentaron, se traduce en desinformación oficial, la estigmatización pública de la prensa, sesgos políticos en la asignación de la publicidad institucional, el debilitamiento del sistema de transparencia, la violencia contra la prensa y otras prácticas.

Procesos judiciales

El 27 de abril de 2022, un fiscal de renombre reveló que se estaba investigando a un periodista y a un militante acusados de filtrar audios de conversaciones privadas entre el fiscal general de la República y un fiscal. Al parecer, en uno de esos audios se puede escuchar al fiscal general mientras conversa sobre una posible intromisión en una causa penal. Según Germán Castillo, jefe de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la Fiscalía General de la República, varias personas, entre ellas un periodista y un militante, están siendo investigadas por un presunto caso de escuchas telefónicas ilegales. Castillo hizo públicas las identidades de dos personas investigadas, afirmando que fueron las primeras en publicar información sobre la conversación filtrada.

El 11 de abril de 2022 en Yucatán, autoridades judiciales locales ordenaron a seis medios de comunicación que retiraran artículos sobre un presunto caso de corrupción en el que estaría implicada una funcionaria local. En una carta procedente de la Fiscalía se amenazó a medios de comunicación locales con la imposición de sanciones y multas en caso de no acatar la orden.

La protección jurídica de los pueblos indígenas puede afectar a la libertad de expresión

En enero de 2022 se aprobó la Ley Federal para la Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Afromexicanas, una nueva normativa sobre la propiedad intelectual que prohíbe el uso no autorizado del patrimonio cultural indígena. La legislación autoriza a determinadas comunidades a presentar demandas contra otra parte si esta usa o imita elementos artísticos o símbolos tradicionales. Además, las infracciones pueden acarrear penas de diez años de prisión por producción o venta ilegal de creaciones indígenas.

No obstante, desde su aprobación, la ley ha planteado dudas sobre su aplicación. En declaraciones a los medios de comunicación, un abogado especializado en propiedad intelectual explicó que "es un aspecto que hay que abordar; sin embargo todavía hay dudas sobre si esta es la manera más eficaz. Los creadores tienen que gozar de libertad para expresarse y trabajar, contar con un nivel básico de seguridad jurídica y que se los proteja". Los críticos también alegaron que la ley no define qué se considera creación cultural ni quién dispone de la autoridad para otorgar permisos dentro de una comunidad indígena. Se espera que el Gobierno aclare la normativa. Cabe señalar que México cuenta con 68 pueblos indígenas distintos que representan más del 15 % de la población del país.

Asociación

El 11 de abril de 2022 fue asaltado por segunda vez en dos semanas el domicilio de los defensores de los derechos humanos Miryam Vargas Teutle y Carlos Flores Solí. Ambos son miembros del grupo ecologista y defensa del derecho a la tierra FPDATMPT y Vargas también trabaja como locutor en la Radio Comunitaria Cholollan. Los allanamientos se produjeron en la comunidad de Santa María Zacatepec en el municipio de Juan C. Bonilla, Puebla.

La primera vez, el 5 de abril de 2022, los asaltantes penetraron en la vivienda cuando los defensores estaban ausentes. La verja y el candado de la puerta fueron hallados rotos y había señales de que habían cortado un árbol del jardín. Durante el allanamiento, los desconocidos dejaron un cuchillo sobre una cama, robaron algunos documentos y sustrajeron fotos familiares. También robaron un televisor, un microondas y una impresora, pero dejaron otros objetos de valor que estaban a la vista.

El 11 de abril de 2022 se produjo el segundo allanamiento. «Por la mañana nos percatamos de que nos habían robado las bombas de agua y de que se llevaron la protección de madera que habíamos instalado y el cuchillo que dejaron en la casa durante el primer allanamiento. También quitaron algunos vidrios de la ventana», relató Vargas en declaraciones a Article 19. También explicó que a pesar de haber denunciado el robo a la policía, no la informaron de ninguna labor de seguimiento. Además, el cuchillo abandonado, que podría considerarse como una amenaza de muerte y que era una prueba clave, desapareció.

Niegan la entrada al país y deportan a una defensora de los derechos humanos de las personas trans

El 1 de mayo de 2022, se negó la entrada a la presidenta de la Asociación Brasileña de Travestis y Transexuales (ANTRA) Keila Simpson a su llegada al aeropuerto de Ciudad de México y, a continuación, fue deportada a Brasil. Había volado a Ciudad de México para asistir al Foro Social Mundial en calidad de ponente y formaba parte de una delegación de veinte miembros de la Asociación Brasileña de ONG ABONG. Fue la única a la que se le negó la entrada. ABONG y ANTRA afirmaron que Simpson contaba con todos los documentos necesarios para viajar, los mismos que se facilitaron a los demás miembros de la delegación, y que la decisión de negarle la entrada al país estuvo motivada por la transfobia. Un militante mexicano solicitó una medida cautelar al Consejo Nacional de Derechos Humanos mexicano para que se revisara el caso, pero, según ANTRA, no hubo tiempo suficiente para obtener una respuesta antes de que Simpson fuera deportada.

Avances en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa

En marzo de 2022, un grupo de expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que el Gobierno mexicano había falseado desde el principio las investigaciones sobre la desaparición de 43 estudiantes en 2014. Según el informe del grupo, las fuerzas armadas de México sabían que aquellos estudiantes de magisterio habían sido secuestrados por delincuentes y más tarde ocultaron pruebas que podrían haber ayudado a localizarlos. Los fiscales y personal militar alteraron las escenas del crimen y los registros. Posteriormente, los investigadores trataron de resolver rápidamente el caso mediante allanamientos ilegales y detenciones y torturas a presuntos sospechosos.