Las muertes bajo custodia y las desapariciones forzadas aumenta la preocupación por la represión sistemática

Libertad de asociación

Miembros de la oposición son víctimas de desapariciones forzadas y pierden la vida bajo custodia

El 19 de agosto de 2025, la policía detuvo arbitrariamente a Carlos Cárdenas Zepeda en su domicilio, en Managua. Cárdenas trabajaba para la Conferencia Episcopal de Nicaragua como asesor jurídico y estaba en el punto de mira por su presunto papel político. Los miembros de su familia no recibieron información sobre su paradero durante doce días. Finalmente, el 30 de agosto, las autoridades los citaron para que acudieran a identificar su cuerpo.

Días antes se había producido un caso similar. El 18 de julio de 2025, Mauricio Alonso Petri fue detenido arbitrariamente en Jinotepe. Tras 38 días de desaparición forzada, se informó a su familia que había muerto. Las autoridades obligaron a su familia a reconocer el cuerpo y a enterrarlo inmediatamente bajo una fuerte presencia policial. En ambos casos, las familias explicaron que se les negó información sobre el estado de salud de los detenidos o las causas de la muerte, y que las intimidaron para impedir que organizaran funerales públicos o ceremonias religiosas.

Las organizaciones de derechos humanos han relacionado estas muertes bajo custodia con el uso creciente, por parte del Gobierno, de las desapariciones forzadas como herramienta contra la oposición política. Desde el aniversario de la Revolución Sandinista a mediados de julio de 2025, las fuerzas de seguridad han llevado a cabo numerosas redadas y han detenido arbitrariamente al menos a 33 personas, incluidas familias enteras. Las autoridades se han negado a revelar el paradero o el estado de salud de las personas detenidas, entre las que se encuentra una niña de doce años. Desde 2019, al menos seis personas han fallecido bajo custodia estatal en Nicaragua.

El 26 de septiembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las muertes de Cárdenas y Petri, dos personas de avanzada edad detenidas arbitrariamente por sus opiniones políticas. La organización instó a las autoridades a que garantizaran la vida y la integridad de todas las personas detenidas, liberaran a las personas presas políticas y pusieran fin a la represión. También advirtió que estos incidentes demuestran que existe un patrón de detenciones arbitrarias, desapariciones de corta duración y violaciones de las garantías procesales, como restricciones al acceso a una defensa legal y la ocultación de expedientes. La CIDH también subrayó que persisten condiciones de detención ―ampliamente documentadas por la organización― que podrían ser calificadas como actos de tortura y que afectan especialmente a personas de avanzada edad y a grupos en situación de vulnerabilidad.

Hasta el 30 de agosto de 2025, el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua había registrado la detención de 73 personas por motivos políticos (14 mujeres y 59 hombres), de las cuales 33 han sido declaradas desaparecidas.

Miembros de la oposición son víctimas de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas

El 17 de mayo de 2025, efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (DOEP), junto con otros agentes, detuvieron de forma arbitraria a Aníbal Martín Rivas Reed en su domicilio sin presentar una orden de captura. Durante el registro de la vivienda, la policía incautó pasaportes, permisos de conducir y otros documentos personales de Rivas Reed.

Según la información remitida a la CIDH, la detención se produjo durante un fin de semana en el que se llevaron a cabo operaciones policiales coordinadas en el norte de Nicaragua, durante las cuales se detuvo a al menos a catorce personas, entre ellas exmilitares, exalcaldes y concejales de partidos de la oposición disueltos por el Estado. Al parecer, Rivas Reed estaba en el punto de mira, ya que las autoridades lo habían calificado de opositor político y «traidor».

El 18 de mayo de 2025, al día siguiente de haber sido detenido, miembros de su familia acudieron a la comisaría de Matagalpa para informarse sobre su paradero. Una vez allí, los agentes les informaron que había sido trasladado a Managua. Al día siguiente, su familia lo buscó en tres centros de detención —la Comisaría del Distrito III, la Dirección de Auxilio Judicial (El Chipote) y el Sistema Penitenciario Nacional (La Modelo)—; sin embargo, las autoridades le aseguraron que no se encontraba en las instalaciones. Las autoridades tampoco aceptaron que su familia le dejara medicamentos para sus problemas de salud, dado que padece artritis degenerativa, depresión clínica e insomnio crónico, para los que debe tomar clonazepam a diario.

La CIDH otorgó medidas cautelares a Rivas Reed el 24 de junio de 2025, ya que considera que se enfrenta a una situación grave y urgente, y que sus derechos a la vida y a la integridad personal corren un peligro inminente. La CIDH señaló que su familia desconoce su situación jurídica y dónde se halla detenido, y tampoco ha podido comunicarse con él ni informarse sobre su estado de salud o sobre si tiene acceso a atención médica. Destacó que la falta de información oficial y de contacto con el beneficiario agravaba el riesgo de que sufra daños irreparables. Asimismo, subrayó que su caso se enmarca en el contexto de una serie de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias contra presuntos miembros de la oposición política en Nicaragua.

Por otro lado, el 17 de julio de 2025, agentes de la DOEP detuvieron arbitrariamente y sin órdenes de detención a cinco miembros de la familia Palacios Vargas en Jinotepe (Carazo). Se trata de Rudy Antonio Palacios Vargas, Jessica María Palacios Vargas, Pedro José López Calero, Olga María Lara Rojas y Armando José Bermúdez Mojica. Los agentes, algunos de ellos enmascarados y armados, allanaron sus domicilios y se incautaron de computadoras y teléfonos. Testigos relataron que Pedro López fue agredido cuando lo detuvieron.

Según la información remitida a la CIDH, las detenciones fueron un acto de represalia por la presunta oposición de la familia al Gobierno. Las cinco personas detenidas son miembros de una familia cristiana evangélica de Jinotepe, donde Rudy Palacios Vargas ejerce de pastor en la iglesia La Roca. Familiares de las personas detenidas declararon que la familia había estado bajo vigilancia policial continua desde que regresaron del exilio y que las visitas de los agentes habían pasado de ser mensuales a convertirse, a principios de 2025, en inspecciones semanales, una situación que puede considerarse como un arresto domiciliario de facto.

La detención se produjo durante una operación policial coordinada en Jinotepe, en la que fueron detenidas al menos ocho figuras de la oposición. Un amigo de la familia detenido durante la misma operación apareció muerto el 25 de agosto de 2025, tras 38 días desaparecido (ver más arriba). Familiares de las cinco personas detenidas declararon que desconocían su paradero. Agentes de policía de Jinotepe, Managua y Granada negaron tenerlas en su poder y sus nombres tampoco figuraban en la base de datos judicial nacional Nicarao.

El 27 de julio de 2025, medios locales informaron que las personas detenidas se encontraban recluidas en el Sistema Penitenciario Nacional de Granada y que habían sido acusadas de traición a la patria y conspiración para menoscabar la integridad nacional. Sin embargo, al día siguiente, cuando miembros de su familia acudieron al centro, les informaron que no se encontraban allí, por lo que no pudieron conocer su situación judicial ni su paradero.

El 16 de septiembre de 2025, la CIDH otorgó medidas cautelares a las cinco personas detenidas, ya que consideró que se enfrentaban a un riesgo grave e inminente de sufrir daños irreparables en sus derechos a la vida y a la integridad personal. La Comisión señaló que su familia no pudo comunicarse con ellas, acceder a los procesos judiciales ni a sus representantes legales, y que tampoco se le indicó dónde se hallaban ni en qué condiciones. A pesar de las solicitudes reiteradas, el Estado no proporcionó ninguna información a la CIDH ni a las familias.

Activistas en el exilio y sus familias son víctimas de la represión transnacional

En septiembre de 2025, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) publicó un informe en el que documentó una práctica deliberada y creciente del Gobierno para silenciar y castigar a personas opositoras, reales o imaginarias, y a sus familias. Según el GHREN, desde 2018, la represión estatal ha escalado, pasando de la persecución interna de las voces críticas a la represión transnacional sistemática.

Estas son algunas de sus principales conclusiones:

• Privación arbitraria de la nacionalidad. Desde febrero de 2023, las autoridades han despojado arbitrariamente de nacionalidad a al menos 452 personas nicaragüenses, a las que han declarado “traidores a la patria”. Entre las víctimas figuran dirigentes políticos, profesionales del periodismo, personas defensoras de los derechos humanos y miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas. Esta medida, aplicada con carácter retroactivo, al margen de las garantías procesales, ha convertido a muchas de ellas en apátridas y las ha privado de protección legal.
• Prohibición de entrada a su país de origen. Entre junio de 2018 y agosto de 2025, el Gobierno ha prohibido volver a Nicaragua a al menos 318 personas con ciudadanía nicaragüense, entre ellas familiares de disidentes en el exilio. Suelen ser las compañías aéreas o las autoridades fronterizas quienes informan oralmente a las víctimas, que se quedan entonces bloqueadas en el extranjero, separadas de sus familias y en un limbo legal.
• Denegación de expedición o renovación de pasaportes, y borrado de registros civiles. Los consulados deniegan o retrasan sistemáticamente la renovación de los pasaportes de las personas opositoras y de sus familiares, por lo que muchas de ellas se convierten en apátridas de facto. En la mayoría de los casos que se han documentado, las víctimas se encontraban en Costa Rica, México, España y Estados Unidos; no obstante, no se han podido determinar las cifras exactas debido a la escasez de denuncias. Las autoridades también suprimen o alteran los registros civiles, incluidos los certificados de nacimiento y matrimonio, y revocan títulos académicos o profesionales. En la práctica, esto equivale a borrar a estas personas de los registros públicos y despojarlas de su identidad y cualificaciones.
• Confiscación de bienes y expropiación. Cientos de viviendas, negocios, pensiones y cuentas bancarias pertenecientes a presuntas personas opositoras han sido confiscados, a menudo sin una base legal.
• Vigilancia, amenazas y acoso. Una vasta red de inteligencia en la que participan el ejército, la policía y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) vigila e intimida a las personas de nacionalidad nicaragüense en el exilio. Las víctimas se enfrentan a una vigilancia constante, campañas de difamación en internet, actos de piratería informática y amenazas de muerte, lo que suscita miedo entre toda la diáspora, que acaba aislándose y autocensurándose. Personas de origen nicaragüense denunciaron que desconocidos las fotografiaron, siguieron, acosaron, abordaron y amenazaron en el extranjero, sobre todo en los países vecinos de Costa Rica y Honduras, pero también en Bélgica, Guatemala, España y Estados Unidos.
• Violencia física. Miembros de la disidencia en el exilio han sido agredidos y asesinados en el extranjero, entre ellos Roberto Samcam, asesinado en Costa Rica en junio de 2025.
• Abuso de los mecanismos de cooperación internacional. El Gobierno ha usado de forma indebida las notificaciones de Interpol, ha difundido alertas falsas sobre documentos de viaje y ha instrumentalizado las normativas sobre el blanqueo de capitales para limitar los movimientos y el acceso al sistema bancario de los miembros de la oposición en el extranjero.
• Castigo indirecto a las familias. Las familias de las personas disidentes exiliadas son víctimas de vigilancia policial, acoso, detenciones arbitrarias y confiscación de bienes. Las autoridades también han alterado los registros de nacimiento de sus hijos e hijas y restringido su derecho a viajar, transformando así los lazos familiares en armas para infundir miedo y acallar a las voces críticas.

Libertad de expresión

Amenazan de muerte a un periodista en el exilio

El 23 de junio de 2025, los medios de comunicación informaron que altos cargos habrían presuntamente amenazado de muerte al periodista Luis Galeano, director del programa digital Café con Voz. Según varias fuentes, las amenazas se produjeron en medio de una creciente ola de actos de intimidación tras el asesinato, a principios de ese mes en Costa Rica, de un líder de la oposición que había colaborado habitualmente en el programa de Galeano, quién es conocido por informar sobre casos de corrupción. Galeano vive exiliado en Estados Unidos desde 2019, después de que las autoridades emitieran una orden de arresto contra él y que la policía allanara el canal de noticias donde trabajaba anteriormente y detuviera a dos de sus ejecutivos en 2018.

Expulsan del país a un periodista de Costa Rica

El 5 de septiembre de 2025, las autoridades detuvieron y expulsaron al periodista costarricense Adrián Quirós Araya cuando viajaba para cubrir un partido de fútbol entre las selecciones nacionales de Costa Rica y Nicaragua. Según los medios de comunicación, lo detuvieron mientras llevaba a cabo trámites fronterizos, le confiscaron el pasaporte y lo interrogaron. Posteriormente, le informaron que iba a ser expulsado por una publicación que había hecho en las redes sociales hacía más de diez años, en la que criticaba al presidente Daniel Ortega. Los agentes de inmigración le habrían mostrado dicha publicación durante el interrogatorio.

Un legislador sandinista lanza ataques misóginos contra mujeres periodistas

En agosto de 2025, el diputado Moisés Absalón Pastora, antiguo miembro del Partido Liberal y ahora alineado con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), atacó públicamente a medios de comunicación y profesionales del periodismo independientes, utilizando un lenguaje sexista y degradante.

Durante su editorial televisado en el Canal 6, Pastora profirió insultos misóginos contra las periodistas Jennifer Ortiz, de Nicaragua Investiga, y Lucía Pineda Ubau, de 100 % Noticias, a quienes llamó “sucias”, “tóxicas” y “terroristas”. También arremetió contra la CNN, el New York Times, El País y Caracol Radio y otros medios de comunicación nacionales e internacionales, a los que acusó de “desinformar” sobre Nicaragua.

Juristas consultados por 100 % Noticias argumentaron que las declaraciones de Pastora podrían infringir la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779), que penaliza las expresiones que atenten contra la dignidad de las mujeres, así como las disposiciones del Código Penal contra la difamación y las calumnias.

Tanto Ortiz como Pineda condenaron públicamente los comentarios del diputado y aseguraron que formaban parte de una campaña más amplia de acoso por razones de género y de incitación al odio con el fin de desacreditar a las mujeres en los medios de comunicación. Ortiz señaló que Pastora solo insultó y atacó por su físico a periodistas mujeres, pero no a sus homólogos masculinos.

Pineda fue detenida arbitrariamente en 2018 junto con el periodista Miguel Mora durante el allanamiento y la confiscación de las oficinas de 100 % Noticias por parte de la policía y grupos paramilitares. La periodista denunció que dichos ataques formaban parte de una campaña sistemática del régimen para intimidar a la prensa independiente.

Acosan a youtubers y creadores de contenidos digitales

El 21 de mayo de 2025, el bloguero de viajes sudafricano Kurt Caz, que cuenta con más de 3,85 millones de suscriptores, fue retenido e interrogado durante cuatro horas por la policía mientras grababa en el parque Central de Managua, la avenida Bolívar y el mercado Oriental. Posteriormente, Caz declaró que un agente que lo vio grabando podría haber alertado a la policía. También comentó que, tras el interrogatorio, no se sintió seguro en su hotel, ya que tenía la impresión de que lo vigilaban constantemente.

Otros creadores extranjeros de contenidos digitales han sufrido actos de intimidación similares. En abril de 2025, en la frontera sur de Nicaragua, agentes fronterizos acosaron y retuvieron durante seis horas al youtuber peruano Andy Tirado (Gravedad 11) antes de dejarlo entrar en el país. Revisaron los contenidos que había publicado en internet y le pidieron que les facilitara su itinerario de viaje completo. En septiembre de 2024 se le negó la entrada a Henry Alexander Guillón, otro creador peruano. Un presunto funcionario de migración lo interrogó por WhatsApp y luego le dijo que tenía prohibido viajar a Nicaragua.

Según la Sociedad Interamericana de Prensa, en 2025, el acoso a youtubers internacionales y creadores de contenidos digitales se volvió cada vez más patente y sistemático, reflejo de la actitud de las autoridades, que perciben a estas voces independientes como una amenaza para su control sobre la información.

Ciberataque contra un medio de comunicación independiente

El 10 de julio de 2025, el medio digital independiente Nicaragua Actual denunció haber sido víctima de un ciberataque que le impidió acceder a sus cuentas de correo electrónico y a su canal de YouTube, que cuenta con más de 100 000 suscriptores. Creada en 2019 en respuesta a la censura gubernamental, la plataforma utiliza principalmente YouTube —su único canal— para publicar noticias sobre Nicaragua.

Nicaragua Actual aseguró que se trataba de un ataque deliberado para restringir la cobertura periodística independiente y el acceso a información fidedigna sobre acontecimientos nacionales.

Continúan los cierres y las reestructuraciones de medios de comunicación independientes

El 30 de junio de 2025, Radio Centro 870 AM, una emisora de Chontales con más de tres décadas en activo, dejó de emitir en frecuencia AM. Posteriormente, la emisora anunció que seguiría emitiendo en plataformas digitales y en FM. Pese a esto, las noticias sobre un cambio en la propiedad de la emisora y la cancelación de programas históricos suscitaron preocupación por una posible injerencia editorial y la pérdida de independencia bajo la nueva dirección.

Según organizaciones defensoras de la libertad de prensa, desde 2018, al menos 53 medios de comunicación y 24 programas informativos o de opinión han sido clausurados por la fuerza. Desde que Daniel Ortega volvió al poder en 2007, se han clausurado un total de 61 medios de comunicación, muchos de los cuales han visto cómo el Estado confiscaba sus activos.

La FLED alerta sobre el avance del exilio y la expansión de los desiertos informativos en Nicaragua

En su tercer informe trimestral de 2025, publicado a principios de octubre de ese mismo año, la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) informó que, entre julio y septiembre de 2025, once profesionales del periodismo y de los medios de comunicación se habían visto obligados a abandonar el país, elevando así a trescientos cuatro el total de profesionales exiliados desde 2018. La FLED señaló que “el exilio dejó de ser refugio y se ha convertido en un espacio marcado por la inseguridad y la desprotección”, debido a la reducción drástica de los programas internacionales para reubicar y apoyar a los profesionales del periodismo.

Durante dicho periodo, la organización también registró treinta y una agresiones y violaciones contra profesionales del periodismo y medios de comunicación, lo que confirma la existencia de “un entorno de represión estructural”, donde “la censura, la estigmatización y el hostigamiento digital se han vuelto políticas de Estado”. Entre sus principales hallazgos, la organización destacó la constatación de que la precariedad económica ha sido utilizada como un mecanismo de coacción. Según fuentes, operadores políticos y agentes policiales han llegado a ofrecer “empleo” o “protección” a profesionales del periodismo desempleados a cambio de que se convirtieran en informantes. Presuntamente, quienes se negaran se expondrían a amenazas de encarcelamiento, despojo de bienes o vigilancia permanente.

La FLED advirtió, además, que el 65 % del territorio nacional se ha convertido en un “desierto informativo”, ya que once departamentos carecen actualmente de medios de comunicación independientes. La organización atribuyó esta situación al desmantelamiento sistemático de la prensa mediante el acoso, la intimidación, las confiscaciones, el encarcelamiento y el exilio forzoso, que han llegado a acabar casi por completo con la información independiente.

En el informe, la FLED también denuncia la desaparición forzada de los periodistas Leo Catalino Cárcamo, Elsberth D'Anda y Fabiola Tercero, cuyos casos siguen sin resolverse. Destacó que han pasado más de catorce meses desde la desaparición de Tercero y que las autoridades no han dado ninguna respuesta oficial, agravando así el sufrimiento de sus familias y perpetuando la impunidad.

En el espacio digital, la FLED documentó ciberataques incesantes, pirateos de cuentas y campañas de odio, especialmente dirigidas contra mujeres periodistas.