La tercera toma de Lima se saldó con la detención de manifestantes

Desde diciembre de 2022, Perú se halla inmerso en una crisis política y de derechos humanos. La presidenta Dina Boluarte lleva siete meses al frente del país y, según las encuestas, el 80% de la población desaprueba su gestión. Boluarte se presentó y fue elegida como integrante de una candidatura progresista; sin embargo, desde que asumió la presidencia, se ha aliado con las fuerzas de la derecha peruana.

Al principio de su mandato, Boluarte propuso adelantar las elecciones a 2024. No obstante, en junio afirmó que esa propuesta ya no estaba sobre la mesa y que agotaría el mandato para el que fue elegida vicepresidenta junto a Pedro Castillo, el cual concluirá el 28 de julio de 2026.

A la crisis institucional se le sumaron dos terremotos en junio y la erupción del volcán Ubinas, que condujo a la declaración del estado de emergencia. Además, el país sufre el peor brote de dengue de su historia.

Libertad de asociación

Archivan el proyecto de ley que amenazaba la vida de pueblos indígenas en situación de aislamiento

El 23 de junio de 2023, la Comisión de Descentralización del Congreso de la República descartó el proyecto de Ley 3518/2022-CR, que pretendía modificar la Ley 28736 (Ley PIACI), aprobada en 2006 para proteger a los pueblos indígenas en situación de aislamiento y de contacto inicial (PIACI), los cuales se consideran como los grupos más vulnerabilizados del país.

Estos pueblos indígenas viven apartados del resto del mundo de forma voluntaria en respuesta a los sucesos traumáticos que han sufrido históricamente. Se calcula que 7500 indígenas viven en situación de aislamiento en por lo menos 20 asentamientos. Para los pueblos indígenas, el Estado peruano ha creado siete reservas, territorios donde no puede desarrollarse actividad alguna y donde no se permite la entrada a personas ajenas a la comunidad.

El polémico proyecto de ley fue promovido por el congresista fujimorista Jorge Morante y proponía despojar al Ministerio de Cultura (Mincul) de sus competencias y transferirlas a los gobiernos regionales, así como la supresión de algunas reservas indígenas que tardaron años en ser reconocidas.

Una multitud de formaciones nacionales e internacionales rechazaron la iniciativa legislativa que pretendía modificar la legislación vigente. Las embajadas de Canadá, Alemania y Reino Unido enviaron una carta a la presidenta de la Comisión de Descentralización del Congreso en la que expresaron su preocupación. En la misiva, afirmaban que el proyecto de ley podría ser perjudicial para el medioambiente y para los pueblos indígenas que habitan en esos territorios. También aseguraban que “existe el riesgo de que los cambios propuestos generen consecuencias graves como la invasión de personas externas del territorio y la sobreexposición a actividades extractivas – con los problemas asociados a esto, como la deforestación (y un impacto negativo en los ecosistemas), las migraciones forzadas, el aumento de los conflictos entre grupos indígenas y los riesgos para la salud de las poblaciones indígenas no contactadas”.

La activista Greta Thunberg y el actor Mark Ruffalo también se pronunciaron al respecto.

Organizaciones advierten sobre el intento de reconstitución de la Mesa Regional de PIACI en Loreto

La Mesa Regional de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) del departamento de Loreto fue creada en 2018 para proteger a esas comunidades. Sin embargo, debido a hechos recientes, hoy corre el riesgo de ser usada contra esas poblaciones.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y su delegación regional de Loreto, la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), alertaron de que las autoridades de ese departamento, que cuestionan la existencia de las reservas para los PIACI, han iniciado un proceso para reactivar y reconstituir la mesa sin las organizaciones indígenas. El objetivo sería poner dicho espacio bajo el control de las autoridades locales dispuestas a concluir acuerdos que antepongan potenciales intereses económicos en la región a la vida de los PIACI.

La AIDESEP representa a 2439 comunidades nativas organizadas en 109 federaciones y 9 organizaciones regionales.

Como hecho positivo, cabe destacar que la Sala Civil de la Corte de Loreto confirmó la sentencia pronunciada en primera instancia, la cual declaró fundada la solicitud de amparo interpuesta por la ORPIO para impedir que se otorguen concesiones forestales dentro de las reservas indígenas Yavarí Tapiche, Yavarí Mirim, Napo Tigre y Sierra del Divisor Occidental, actualmente en proceso de creación. La solicitud de amparo fue presentada por la ORPIO, con la asesoría técnica y legal de SERVINDI, la Environmental Investigation Agency (EIA), Forest Peoples Programme (FPP), Rainforest Foundation Norway (RFN), Rainforest Foundation y el Instituto de Defensa Legal (IDL), contra las acciones irregulares de la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre (GERFOR) y del Gobierno Regional de Loreto (GOREL).

Reunión pacífica

Tercera toma de Lima

Las ansias de poder de Dina Boluarte, el uso interesado de las leyes en el Congreso y la impunidad por las muertes durante protestas pasadas han reavivado el descontento popular en todo el país.

El 19 de julio, se acabaron los cinco meses de calma que siguieron al estallido sociopolítico de diciembre de 2022. Sindicatos, organizaciones sociales y líderes políticos convocaron la Tercera Toma de Lima para exigir la dimisión de Boluarte y la clausura inmediata del Congreso.

Según el Ministerio del Interior, 21000 personas salieron a protestar a las calles de Lima, rompieron un cerco policial en el centro histórico y llegaron hasta los exteriores del Congreso, cuyo cierre reclaman desde principios de año, así como la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. La tercera Toma de Lima se saldó con seis personas detenidas y ocho personas heridas, de las cuales cuatro eran civiles y cuatro policías.

En junio, Boluarte criticó duramente el anuncio de nuevas protestas sociales contra su Gobierno. Según informaciones publicadas en la prensa, el Gobierno ordenó el despliegue de más de 8000 policías en varios puntos de la capital el 19 de julio. Nuevas movilizaciones fueron convocadas para el 28 de julio, Día de la Independencia del Perú.

El 14 de julio, las autoridades peruanas prorrogaron durante treinta días el estado de emergencia, en previsión de nuevas protestas el 19 y el 28 de julio. El estado de emergencia se aplicó en las principales carreteras del sur del país. La decisión fue adoptada por el Consejo de Ministros, que se comprometió a respetar el derecho a manifestarse. El ejecutivo hizo hincapié en que la medida no afectaría a las personas ni a la propiedad pública ni privada.

Un medio de comunicación informó que el primer ministro Alberto Otárola declaró: “La protesta social no debe afectar a los bienes públicos ni a las personas. Este Gobierno salvaguardará la integridad de quienes marchan y de los millones de peruanos que no lo harán y que quieren trabajar para celebrar la Patria”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que Perú cometió “graves violaciones de los derechos humanos” durante las protestas por la destitución del presidente Pedro Castillo

Más de sesenta personas perecieron en los enfrentamientos entre la policía, el ejército y los manifestantes en el marco de las protestas por la destitución del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, uno de los episodios más violentos de las dos últimas décadas. El mayor número de víctimas se registró en las poblaciones andinas de Ayacucho y Puno.

En un informe, la CIDH analizó los hechos ocurridos entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023. La investigación exhaustiva de la organización confirmó que la mayoría de las muertes y las heridas fueron provocadas por el “uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”.

En el documento, la Comisión señaló que la respuesta de las fuerzas del Estado no fue uniforme en todo el territorio nacional y que se produjeron episodios graves de uso excesivo de la fuerza en ciertos casos. En efecto, de las informaciones recabadas en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se desprende que la respuesta del Estado se caracterizó por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Así lo confirman diversos factores como el alto número de personas fallecidas o heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluidos perdigones; al igual que la localización de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando en las protestas o que simplemente se encontraban en las inmediaciones de los puntos de conflicto. En el informe, la organización asegura que los hechos “podrían calificarse como una masacre” y que los homicidios perpetrados por agentes del Estado también “podrían constituir [casos de] ejecuciones extrajudiciales”.

La presidenta Dina Boluarte rechazó el informe de la CIDH, defendió a las fuerzas militares y policiales, y afirmó que se respetaron “los estándares internacionales” durante las protestas.

Human Rights Watch (HRW) también publicó un informe en el que condenó la reacción de las autoridades peruanas a las protestas contra el Gobierno en diciembre de 2022. Tras revisar los informes de autopsias y de balística, así como historiales médicos, HRW descubrió que la mayoría de las muertes de manifestantes y de transeúntes fueron consecuencia de heridas de bala. En declaraciones a Al Jazeera, César Muñoz, director asociado para las Américas de HRW, precisó: “Hemos hallado pruebas concluyentes de que la policía y el ejército de Perú hicieron un uso desproporcionado, indiscriminado y brutal de la fuerza contra manifestantes y transeúntes”.

Fallo de la Corte Suprema criminaliza las protestas pacíficas

El 17 de abril de 2023, la Sala Penal de la Corte Suprema dictó la sentencia de casación 1464-2021/Apurímac, la cual anuló e invalidó un recurso de casación interpuesto por cuatro personas condenadas en 2019, en referencia a un delito contra la seguridad ciudadana por haber bloqueado una carretera que conduce a la mina Las Bambas. En esa sentencia, la Corte Suprema resolvió que el derecho a protestar no está reconocido en la Constitución Política del Perú “ni en ninguna otra norma” y que las marchas ciudadanas pacíficas pueden ser consideradas como un delito penal.

El fallo judicial firmado por los magistrados César San Martín Castro, Manuel Luján Túpez, Paloma Altabás Kajatt, Iván Sequeiros Vargas y Walter Cotrina Miñano establece que las agresiones físicas, los daños a la propiedad pública o privada, la obstrucción de servicios básicos, los cortes de vías o la destrucción de documentos judiciales no pueden ser considerados como manifestaciones pacíficas, puesto que se trata de delitos comunes. También establece que los paros y las huelgas de hambre son las únicas vías para expresar disconformidad y resistencia a las autoridades. Siguiendo este razonamiento, los magistrados añaden: “[…] cualquier rebalse de estos baremos pacíficos se torna en un acto ilegal de lucha o de fuerza y, si acaso reúne los demás elementos típicos, se torna en un acto ilícito de reproche penal”.

El fallo fue muy criticado, no sólo por ser incompatible con las normas internacionales en materia de derechos humanos, sino también por enviar un mensaje peligroso al aparato judicial, a las fuerzas de seguridad y a la población que se prepara para retomar las protestas. La OSC Instituto de Defensa Legal (IDL) formuló nueve críticas a la sentencia de la Corte Suprema sobre la presunta carencia de fundamento del derecho a protestar, el desconocimiento del carácter disruptivo de la protesta social, la presunta inconstitucionalidad del ejercicio de todo derecho cuando restringe otros derechos y la ausencia de distinción entre protestas pacíficas y violentas, entre otras cuestiones.

Tras este fallo polémico, el poder judicial publicó un comunicado el 17 de mayo en el que aseguró que garantizaría el derecho de protesta: “el poder judicial garantiza y respeta el derecho irrestricto de la ciudadanía a la libertad de expresión y de reunión, así como el derecho a tener opiniones contrarias y a poder expresarlas de forma colectiva y pública”.

Libertad de expresión

Proyecto de ley amenaza la libertad de expresión

El 16 de marzo de 2023, la Comisión de Justicia del Congreso de Perú aprobó el Proyecto de Ley N.º 2862/2022-CR, el cual modifica los artículos 131 y 132 del Código Integral Penal y aumenta las penas para los delitos de calumnia y difamación “por la utilización indebida de medios de comunicación social, redes sociales o sitios web”. A continuación, se enviará al Congreso para que sea aprobado por el pleno.

El artículo 131 del actual Código Penal establece que el delito de calumnia está penando con entre 90 y 120 días de multa (en función del salario de la persona procesada). Tras la modificación, a esta pena se le añadirá una reparación civil en favor de la persona querellante.

Para el delito de difamación, el artículo 132 fija una pena de uno a dos años de prisión y de 90 a 120 días de multa. Hasta ahora se consideraba como actos de difamación los hechos o acciones que susceptibles de perjudicar el honor o la reputación de una persona. A esta definición se le añadirá el concepto de daños a la "intimidad personal".

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú, el Consejo de la Prensa Peruana y el Instituto Prensa y Sociedad enviaron una carta al presidente del Congreso para comunicarle su preocupación por el proyecto de ley.

En la misiva, las organizaciones señalaron que el proyecto de ley aumenta las penas por difamación, supone una amenaza grave para la libertad de expresión y va a contracorriente de las recomendaciones y de las normas interamericanas. Además, la mayoría de los países democráticos de las Américas no prevén sanciones penales para los delitos de difamación, como indica el propio proyecto de ley. Las organizaciones también argumentan que esas medidas son particularmente preocupantes en un país donde alrededor de ciento cincuenta periodistas han sido llevados ante los tribunales en los últimos cinco años debido a su labor.

Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió la retirada del proyecto de ley, el cual calificó de “peligroso retroceso para la libertad de prensa y la libertad de expresión en el espacio digital”. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP Carlos Jornet citó el artículo 3 de la Declaración de Salta: “Los gobiernos no deben inhibir con regulaciones las expresiones de interés público en el espacio digital, tampoco imponer sanciones agravadas por el hecho que sean manifestadas en dicho espacio. Asimismo, los gobiernos no deben penalizar la crítica, la información o la protesta en contra de los funcionarios públicos sobre asuntos de interés público o contra personas que voluntariamente se exponen al escrutinio de la sociedad”.

Dos casos de acoso del grupo extremista La Resistencia

El 5 de mayo de 2023, el grupo ultraderechista La Resistencia se presentó en las oficinas del medio de investigación IDL-Reporteros y profirió insultos, lanzó arengas y arrojó bolsas de basura contra las instalaciones. El medio había programado una actividad para presentar dos manuales de periodismo que había promocionado en sus redes sociales. Sin embargo, debido a las amenazas de boicot del evento, decidieron organizarlo de forma virtual.

Por otro lado, el 27 de junio de 2023, miembros del grupo extremista La Resistencia se presentaron en el domicilio de la periodista Rosa María Palacios. La acosaron, la insultaron por su labor e hicieron comentarios despectivos sobre su físico y su cuerpo.

En lo que va de año, es la segunda vez que el grupo radical se da cita frente a la vivienda de Palacios para gritar insultos durante horas, perturbando la tranquilidad de los vecinos, bajo la mirada de la policía municipal, que se limitó a observar lo que ocurría sin intervenir, al igual que en otras ocasiones.

Partidarios de la ex primera ministra agreden a periodistas

El 20 de junio de 2023, personas del entorno de Betsy Chávez, ex primera ministra de Pedro Castillo, agredieron a los periodistas César Cano Ramos de Canal N, Javier Rumiche Gómez de RPP, Liz Ferrer Rivera de La República y Silvio Alvis Porroa de Exitosa, todos corresponsales de medios nacionales en Tacna, en el sur del país.

Los periodistas cubrían la detención de Betsy Chávez, una medida judicial ordenada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, la cual le impuso dieciocho meses de prisión preventiva en el marco de una investigación por presuntos delitos de rebelión y conspiración.

La policía impide la cobertura de la comparecencia de la presidenta

El 6 de junio de 2023, un contingente policial valló la calle donde se encuentra la sede de la Fiscalía de la Nación para impedir que la prensa cubriera de cerca la llegada de la presidenta Dina Boluarte, quien fue citada a declarar en el marco de las investigaciones contra su Gobierno por las muertes durante las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023.

La policía desalojó a periodistas de varios medios de comunicación. La reportera de Latina TV Stefanie Medina logró sortear el cordón policial, pero la seguridad del Estado le prohibió seguir grabando, pese a que lo hacía desde la vía pública. Otros reporteros que cubrían las diligencias de la fiscalía siguieron la misma suerte.