Asociación
.@Oacnudh_GT expresa su preocupación por el allanamiento a las oficinas de Asociación Somos Jóvenes Diversos en Acción, y hace un llamado a las autoridades a investigar prontamente este hecho e identificar a las personas responsables. #ProtecciónDDHH #LibresEIguales pic.twitter.com/lXmnq9Ijdi
— OACNUDH Guatemala (@Oacnudh_GT) December 20, 2019
El 18 de diciembre de 2019 fueron registradas las oficinas de la asociación de jóvenes LGBTI Somos Jóvenes Diversos en Acción (SOMOS) en la ciudad de Guatemala. Personas desconocidas irrumpieron en sus oficinas durante la noche y se llevaron bienes y documentos pertenecientes a la asociación. La operación se produjo horas antes de la presentación de un proyecto de ley para agravar las sanciones por discriminación basada en la orientación sexual y en la identidad de género. Esta propuesta legislativa fue presentada por la diputada Karina Paz junto con SOMOS y otras organizaciones de la sociedad civil. La asociación condenó el crimen y solicitó que las autoridades pertinentes realicen una investigación inmediata con el fin de llevar a los responsables ante la justicia. SOMOS también hizo un llamamiento al Ministerio de Gobierno para que garantizara la seguridad de su personal. La oficina guatemalteca del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó su preocupación por este ataque e instó a que se realizara una investigación.
Criminalizan a un defensor de los DD. HH.
Palas Luin envió un mensaje al finalizar la audiencia en el juzgado de Mayor Riesgo en la ciudad capital, este 3 de enero recuperó su libertad. Fue criminalizado por la empresa española Ecoener Hidralia Energía en 2012. #LibertadPalasLuin pic.twitter.com/vyG2SjQw0R
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) January 3, 2020
El 21 de diciembre de 2019 la policía nacional guatemalteca detuvo al periodista y defensor indígena de los derechos humanos Francisco Lucas Pedro por acusaciones de terrorismo, secuestro e incendio provocado. Lucas, también conocido por su nombre maya Q'anjob'al como Palas Luin, es corresponsal del medio local Prensa Comunitaria. Participó en una campaña contra la construcción de una presa en el río Q'am B'alam y la causa penal abierta en su contra se basó en una denuncia presentada en 2012 por la compañía que planificó el proyecto. La orden de detención contra Lucas Pedro de diciembre de 2019 supuestamente se referiría a acusaciones que se retiraron en 2016. Lucas Pedro permaneció recluido en el departamento de Huehuetenango durante trece días hasta que una orden judicial declaró el sobreseimiento de su caso por falta de elementos probatorios.
Durante esos días Prensa Comunitaria denunció la naturaleza política de esta detención y las irregularidades del proceso. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Guatemala expresó su preocupación por este caso y la líder indígena y ganadora del Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, también se pronunció a favor de la liberación del defensor de los derechos humanos.
2019, un año especialmente violento para las personas defensoras de los DD. HH. en Guatemala
La organización de la sociedad civil Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (UDEFEGUA) publicó un informe sobre las agresiones contra las personas defensoras de los derechos humanos en Guatemala. Este informe cubre un periodo que va del 1 de enero al 15 de diciembre de 2019. Durante estas fechas se documentaron 462 agresiones, quince asesinatos y cinco intentos de asesinato. La organización destacó que el 2019 fue el cuarto año más violento para las personas defensoras de los derechos humanos desde que la UDEFEGUA empezara a documentar dichas agresiones hace diecinueve años. Resulta alarmante que los agentes estatales fueran responsables de casi el 70 % de los ataques registrados. El análisis de UDEFEGUA subraya que la criminalización del trabajo de personas defensoras ha sido alentada por cargos públicos. Durante este período se documentaron 312 casos de criminalización: la mayoría de estos casos implicaban actos de difamación (253 sucesos documentados), pero también incluyeron casos de denuncias judiciales sin fundamento, detenciones ilegales y detenciones arbitrarias.
Reunión pacífica
El 14 de enero de 2020 Alejandro Giammattei asumió el cargo de presidente de Guatemala. El mismo día, el expresidente Jimmy Morales y el exvicepresidente Jafeth Cabrera fueron investidos como miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen) del Sistema de Integración Centroamericana. Sus críticos percibieron esta acción como una maniobra para mantener la inmunidad parlamentaria de Morales y de Cabrera con el fin de eludir investigaciones sobre corrupción durante sus mandatos. Varias organizaciones de la sociedad civil hicieron campaña para la detención de Morales y sesenta OSC anunciaron la celebración de manifestaciones el día de la toma de posesión. Debido a las manifestaciones la ceremonia de juramento de Morales tuvo que trasladarse de la sede del Parlacen en la ciudad de Guatemala a un hotel. Ya en el hotel la policía intervino para dispersar a los manifestantes y permitir que Morales y Cabrera ingresen al edificio. Según informaciones publicadas en los medios, los agentes de policía utilizaron gas pimienta contra los manifestantes. Durante los enfrentamientos fueron detenidos seis estudiantes que se manifestaban, los cuales fueron puestos en libertad el 15 de enero de 2020. El nuevo gobierno emitió un comunicado anunciando que se realizaría una investigación y que la policía antidisturbios había actuado por orden de autoridades nombradas por el gobierno anterior, ya que los nuevos funcionarios aún no habían asumido sus funciones.
Expresión
El 8 de enero de 2020, el expresidente Jimmy Morales increpó a un periodista del periódico La Hora cuando este le preguntó sobre el posible envío de ciudadanos mexicanos a Guatemala como parte del Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA) firmado con los Estados Unidos. Morales dijo al periodista: "si es tan machito, pregúntele a Estados Unidos". Acto seguido, Morales pasó a cuestionar la financiación y los intereses del periódico.
El 18 de enero de 2020, el reportero Fredy Chaperón de Knal 4 Quiché fue agredido mientras cubría una noticia relacionada con un incendio en una fábrica de fuegos artificiales en Chichicastenango, departamento de Quiché. Según informaciones publicadas en los medios, tres familiares de personas que sufrieron quemaduras durante el suceso habrían acusado a Chaperón de explotar el dolor de las víctimas para su propio lucro. El periodista recibió varios golpes y tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir asistencia médica. Las fuerzas de seguridad se encontraban presentes durante los hechos y supuestamente no habrían hecho nada para detener la agresión. Según un comunicado de la Asociación de Periodistas de Guatemala, esas mismas personas también amenazaron a otros periodistas que se hallaban allí cubriendo la noticia.
Informes sobre una situación preocupante para la libertad de expresión
El 2019 culminará como el año en que más agresiones contra la prensa ocurrieron durante el gobierno de Jimmy Morales administración marcada por su intransigencia hacia los comentarios negativos, críticas e investigaciones de los medios de comunicación, periodistas y comunicadores pic.twitter.com/rp1LpNrJwL
— Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) (@APG_1947) November 29, 2019
En noviembre de 2019, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) publicó el informe titulado "Cuatro años de retrocesos: un asedio constante contra la prensa". La publicación describe el 2019 como el año con el mayor número de agresiones contra periodistas de toda la presidencia de Jimmy Morales. La organización destacó varios ataques contra la libertad de expresión perpetrados entre el 2016 y el 2019. También enfatizó que el gobierno de Morales estuvo marcado por su actitud agresiva hacia la prensa y que su mandato terminó con importantes retrocesos para la libertad de expresión en Guatemala. Según el análisis de la APG, Morales trató de deslegitimar a la prensa y en varias ocasiones incluso utilizó las fuerzas de seguridad para intimidar al gremio. Los miembros del Congreso y del poder judicial también estuvieron involucrados en la restricción de la libertad de la prensa.
Asimismo, según las cifras publicadas por la Fiscalía de Guatemala el 5 de diciembre de 2019, entre enero y octubre de 2019 se documentaron 65 denuncias por delitos contra periodistas en el país. La Unidad de Delitos contra Periodistas documentó trece tipos de delitos distintos entre los que se incluyen amenazas, abuso de autoridad, coerción, lesiones leves, robo, detención ilegal, disparos con armas de fuego y agresiones sexuales. De estos casos, 24, es decir, el 37%, incluyeron amenazas. El 6 de diciembre de 2019 se creó la Fiscalía de Delitos contra Periodistas.