Nicaragua: criminalización, difamación y acoso de personas defensoras de los DD. HH

La represión de las manifestaciones del mes de noviembre de 2019 suscitó gran preocupación en Nicaragua. El 14 de noviembre de 2019, nueve madres de activistas de la oposición encarcelados iniciaron una huelga de hambre en el interior de la iglesia de San Miguel de Masaya para exigir la liberación de 130 personas que habrían sido detenidas en el marco de las manifestaciones. Según informaciones publicadas en los medios, la policía y grupos progubernamentales bloquearon rápidamente los accesos al edificio y cortaron el suministro de agua y la electricidad. Durante los días siguientes impidieron el acceso a la iglesia a toda persona que pudiera entregarles ayuda humanitaria, incluida la insulina para el sacerdote que es diabético.

El 18 de noviembre de 2019 otro grupo de manifestantes inició una huelga de hambre en la catedral de Managua. Decenas de partidarios del gobierno irrumpieron en la catedral y supuestamente habrían agredido a los manifestantes, al sacerdote y a una monja. Desde entonces, los periódicos han señalado que las fuerzas de seguridad han asediado varias iglesias para así evitar que sean escenario de nuevos actos de protesta. Los manifestantes de la iglesia de San Miguel fueron evacuados por la Cruz Roja Nicaragüense tras nueve días de asedio.

El 18 de noviembre de 2019, dieciseis activistas de la oposición nicaragüense fueron acusados de transportar armas; trece de los cuales habían sido detenidos en Masaya cuando intentaban entregar agua y medicinas a los huelguistas de la iglesia de San Miguel. Estas acusaciones conllevan una pena mínima de cinco años de prisión y se basan en un informe policial en el que se afirma que las autoridades confiscaron armas de fuego, una escopeta y varios cócteles mólotov a los activistas. La policía nicaragüense declaró que los activistas detenidos también eran sospechosos de planificar ataques terroristas. "Nos preocupa mucho que estas acusaciones, al parecer inventadas, puedan constituir un nuevo intento destinado a silenciar la disidencia", afirmó Rupert Colville, portavoz en Ginebra del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Entre mediados de agosto de 2019 y 19 de noviembre de 2019 se produjeron otros sucesos en el país, tal y como detallamos a continuación.

Asociación

El 29 de agosto de 2019, la abogada y defensora de los derechos humanos María Oviedo fue declarada culpable de "obstrucción de funciones" y condenada a una pena de treinta días de prisión. Dicha pena fue suspendida, pero el 19 de septiembre de 2019 se le notificó la suspensión del ejercicio de la abogacía durante seis meses. Su proceso de criminalización comenzó cuando fue detenida durante más de cincuenta horas por un enfrentamiento con un agente de policía a finales de junio de 2019. Según informaciones publicadas en la prensa, Oviedo acompañaba a un expreso político a la delegación policial de Masaya cuando se produjo un altercado en el transcurso del cual un agente la empujó y la agredió. El agente de policía afirma que Oviedo le dio una bofetada en la cara.

Maribel del Socorro Rodríguez, expresa política, denunció que ella y su familia han sido objeto de reiterados actos de acoso en Managua y Masaya. Rodríguez fue detenida en diciembre de 2018 por su participación en las manifestaciones antigubernamentales de Masaya y fue puesta en libertad en abril de 2019, pero desde entonces los ataques y la persecución contra ella y su familia no han cesado. El 22 de septiembre de 2019, su marido habría sido detenido de forma arbitraria y posteriormente liberado en medio de una carretera. El 26 de septiembre de 2019, Rodríguez recibió una citación judicial para que acudiera a la delegación de policía local. Según las activistas de la OSC IM-Defensoras, alguien la siguió en un automóvil al salir de la delegación y tanto su casa como la de la familia de su esposo permanecen bajo asedio.

Organizaciones internacionales alertan sobre la situación en Nicaragua

El 28 de octubre de 2019 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicó su boletín sobre Nicaragua. Dicho documento abarca un período comprendido entre agosto y septiembre de 2019 que suscitó gran preocupación debido el continuo acoso de las personas defensoras de los derechos humanos. Según este informe, las personas defensoras de los derechos humanos puestas en libertad en virtud de la Ley de Amnistía suelen ser objeto de acoso y persecución, en especial aquellas que desempeñaron un papel importante dentro de los grupos de oposición o de las manifestaciones. En algunas ocasiones sus abogados también han sido perseguidos. El 20 de septiembre de 2019, durante el análisis del resultado de la Exámen Periódico Universal de Nicaragua, el Estado aceptó 135 recomendaciones, rechazó veinticuatro y consideró que cien "no eran pertinentes porque carecían de fundamentos y distorsionaban la realidad".

CIVICUS y su socio, la Federación Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local, presentaron una propuesta conjunta sobre Nicaragua durante este ciclo de Examen Periódico Universal.

El 19 de noviembre de 2019, la Comisión de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos sobre Nicaragua publicó un informe en el que señalaba que el país está atravesando una "situación de gran gravedad en materia de derechos humanos" que exige una atención urgente. El informe afirma que se ha producido una alteración inconstitucional del régimen constitucional que perjudica gravemente el orden democrático en Nicaragua. Esta conclusión se basó en las quejas y testimonios que registró dicha comisión durante "todas sus reuniones con grupos políticos nicaragüenses y representantes de la sociedad civil, sindicatos, campesinos, periodistas y empresarios". Entre sus conclusiones, la Comisión de la OEA afirma:

"La falta de libertades en el país se ha vuelto apremiante y ha creado una situación extrema en lo que respecta a las libertades civiles y políticas que deberán restaurarse para poder así restablecer el estado de derecho en el país."

Reunión pacífica

El 23 de octubre de 2019, miembros del grupo feminista Colectivo de Mujeres de Matagalpa fueron acosados mientras organizaban una intervención artística para denunciar los más de cincuenta feminicidos cometidos durante este año en el país. Las participantes llevaban a cabo una acción de protesta artística en las inmediaciones de las oficinas de Radio Vos cuando llegó un grupo de policías armados y procedió a restringir su derecho a reunirse pacíficamente. Este colectivo también fue blanco de una campaña de difamación en Internet que difundió mensajes en las redes sociales en los que se les acusaba de terrorismo y de conspirar contra el gobierno. 

El 26 de octubre de 2019, a pesar de un fuerte despliegue policial temprano por la mañana, decenas de manifestantes se reunieron en Managua y Tipitapa para protestar contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Los manifestantes exigieron la liberación de los presos políticos restantes — unos 139 según los grupos opositores organizadores de la manifestación — y exigieron la dimisión de Ortega. Según la Deutsche Welle, cientos de policías antidisturbios rodearon a los manifestantes, en su mayoría madres, esposas y familiares de las víctimas de la crisis.

En la ciudad de Tipitapa, los familiares de los detenidos exigieron que los presos fueran sometidos a evaluaciones médicas, ya que algunos de ellos padecen enfermedades crónicas. Carlos Pavón, padre del manifestante asesinado Richard Pavón, declaró que dos patrullas con dieciocho policías se apostaron frente a su casa desde por la mañana el día de la marcha. A principios de año, familiares de dos víctimas de Tipitapa denunciaron haber sido objeto de intimidación por parte de la policía durante una actividad en memoria de dos jóvenes asesinados. Según el diario local La Prensa, un grupo de unos diez agentes armados se presentó y siguió a las familias cuando decoraban los monumentos del barrio en memoria de dos víctimas, un acto que dio lugar a una pequeña manifestación espontánea en la que se exigió justicia.

Expresión

El 27 de septiembre de 2019, el periódico El Nuevo Diario de Nicaragua anunció que tras casi cuarenta años de existencia suspenderá su publicación debido a las adversas circunstancias económicas, técnicas y logísticas a las que se ha venido enfrentando. Tal y como indicamos anteriormente en el CIVICUS Monitor, desde el mes de agosto se ha señalado la retención de los materiales utilizados para imprimir los periódicos, como el papel y la tinta. Según CNN, otros dos periódicos también han suspendido su publicación. El 27 de septiembre de 2019, la Asociación Interamericana de Prensa (SIP) publicó un comunicado en el que lamentaba la suspensión de El Nuevo Diario y afirmaba que con el cese de su publicación se apaga una nueva voz, producto de la política represiva del régimen de Daniel Ortega para castigar a la prensa. 

El 30 de octubre de 2019, el periodista de Canal 12, Armando Amaya, se fracturó el brazo mientras cubría una manifestación en el centro comercial Metrocentro en Managua. Amaya se fracturó el brazo tras ser empujado al suelo por un agente de policía. La policía tiró al suelo el teléfono de Wilmer Benavidez de Nicaragua Actual mientras grababa un enfrentamiento entre algunos manifestantes y la policía. Ambos periodistas formalizaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dicho órgano condenó esas agresiones.