Revisión de la ley Mordaza y acoso judicial y en Internet a periodistas

Contexto

A finales de enero de 2022 comenzó a bajar el número de casos de COVID-19 correspondientes a la sexta ola. Aunque la tasa de hospitalización fue menor que en las olas anteriores, la presión sobre el sistema sanitario español es considerable y, a 24 de enero de 2022, el 24 % de las camas de UCI disponibles estaban ocupadas por pacientes con COVID-19.

Reunión pacífica

Revisión de la ley mordaza

El 15 de febrero de 2022, el Congreso reanudó los debates sobre la polémica Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana también conocida como ley mordaza. Esta legislación fue aprobada en 2015, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, y ha recibido críticas de periodistas, expertos de la ONU y grupos de derechos humanos por restringir la libertad de reunión de forma injustificada. A pesar de que el PSOE lleva prometiendo que derogaría la ley desde que llegó al poder en 2018, en noviembre de 2021, el Gobierno de coalición finalmente anunció que la reformaría. Ione Belarra, líder de Podemos, socio minoritario de coalición de Gobierno, afirmó que dicha ley es «el mayor golpe a las libertades civiles y políticas» desde la vuelta a la democracia. En su estado actual, la reforma eliminará o modificará algunas de las disposiciones más polémicas de la legislación, como la imposición de multas de hasta 600 euros por la convocatoria de manifestaciones espontáneas o la captura y publicación no autorizada de imágenes o vídeos de la policía por parte de particulares.

Poco después de que se anunciara de la reforma, decenas de miles de agentes de policía y sus partidarios, entre los que se encuentran partidos de derechas como el Partido Popular (PP), Vox y Ciudadanos, salieron a las calles. Los miembros de la policía se oponen a la reforma porque, según ellos, limitará su capacidad para lidiar con delincuentes violentos de manera eficaz. A pesar de que el año pasado el Tribunal Constitucional español declaró inconstitucional la disposición de la ley actual que prohíbe la grabación no autorizada de la policía, los agentes insisten en que es necesaria para su protección. Además, las autoridades siguen usando esa restricción para multar a periodistas y medios de comunicación, como ocurrió en enero de 2022, cuando multaron con 601 euros a la fotoperiodista Mireia Comas y le ordenaron borrar una foto que había tomado de un control policial cerca de Barcelona.

Por el contrario, las organizaciones de la sociedad civil consideran que la reforma no va lo suficientemente lejos. Desde la plataforma No Somos Delito, una amplia coalición de más de cien asociaciones y movimientos sociales, denuncian que se mantienen intactos los elementos más lesivos de la ley de protección de la seguridad ciudadana. En concreto, la reforma no aborda las expulsiones de inmigrantes y refugiados desde territorio español. Además, no prohíbe las practicas policiales con sesgos racistas, ni cuestiona la presunción de veracidad de los agentes de policía, lo cual les permite actuar con relativa impunidad. El proyecto de reforma tampoco aborda el derecho a la libertad de información. Pese a que la disposición ha sufrido una modificación leve, se seguirá sancionando el acto de tomar fotos o grabar vídeos de agentes que estén de servicio en los casos que «entrañen cierto peligro», una consideración que se deja a criterio de la policía.

Patricia Goicoechea, directora de Rights International Spain, precisó:

«Es una buena noticia que se haya reactivado el proceso de reforma de la ley mordaza. Sin embargo, las enmiendas propuestas por la mayoría de los grupos parlamentarios no abordan algunos de los aspectos más restrictivos, por ejemplo, la amplísima figura del «organizador» de una manifestación y las responsabilidades que conlleva o las sanciones que acarrea el uso no autorizado de imágenes de agentes policiales en acto de servicio, que deberían ser eliminadas de la ley».

En una carta publicada el 11 de febrero de 2022, la comisaria para los derechos humanos del Consejo de Europa Dunja Milatovic también expresó su descontento con la reforma propuesta y formuló una petición al Parlamento español:

«[…] garantizar que la revisión de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015 se utilice como una oportunidad para ajustarla plenamente a las normas europeas e internacionales en materia de derechos humanos, en particular en lo que respecta a las disposiciones que afectan a los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, al derecho a solicitar asilo y a la prohibición de las devoluciones».

En ocasiones anteriores, las reuniones para reformar la ley de seguridad ciudadana se habían pospuesto debido a la pandemia de COVID-19. A pesar de que el Congreso reanudó los debates en febrero de 2022, es poco probable que el nuevo texto se apruebe antes de la primavera, como se había previsto en un principio. El Gobierno de coalición tendrá que hilar muy fino en las próximas semanas, ya que la reforma ha desencadenado la furia de la derecha y la izquierda la considera insuficiente. Izquierda Republicana de Cataluña (ERC, por sus siglas en catalán), el grupo más numeroso de los potenciales respaldos del Ejecutivo, está negociando con el Gobierno la imposición de un mayor control sobre las prácticas policiales. Entre otras cosas, el ERC defiende la prohibición del uso de balas de goma y el endurecimiento de las penas en los casos de faltas profesionales. Mientras tanto, los partidos minoritarios amenazan con retirar su apoyo si el Gobierno no pone fin a las «identificaciones policiales arbitrarias», las cuales pueden dar lugar a controles policiales con sesgo racistas y expulsiones en caliente. En cuanto a este último punto, el Gobierno anunció que tiene previsto abordarlo en una futura reforma sobre la inmigración. Aun así, Podemos parece más abierto a trabajar con el ala progresista del Gobierno en estos temas, sobre todo cuando ve que los partidos de extrema derecha PP, Vox y Ciudadanos votarán sin duda en contra de la reforma.

Libertad de expresión

Acoso a periodistas

A lo largo de los últimos meses, Mapping Media Freedom ha registrado varios casos de acoso judicial y en Internet a periodistas españoles:

• El 4 de febrero de 2022, la empresa energética Iberdrola presentó una Demanda Estratégica contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) contra Titania, editora del periódico El Confidencial, por su cobertura de las presuntas relaciones entre la empresa y un comisario de policía jubilado, condenado e implicado en un escándalo nacional de espionaje y chantaje a sindicatos, militantes, jueces y empresarios destacados durante más de veinte años. El International Press Institute y otros grupos de prensa condenaron la demanda y afirmaron que se trata de «un intento de represalia para silenciar al periódico y limitar su cobertura» de un asunto de interés público.
• El 19 de enero de 2022, la fotoperiodista Mireia Comas fue multada con 601 euros por desobediencia a la autoridad por negarse a borrar una foto de un control policial que había tomado hace siete meses.
• El 19 de noviembre de 2021, el periodista Xavier Rius Sant recibió amenazas de muerte por Twitter después de que comentara las actividades de la agrupación juvenil nacionalista Bastión Frontal en el programa de televisión Equipo de Investigación. Como periodista, Sant es especialista en la cobertura de movimientos de extrema derecha.
• El 19 de noviembre de 2021, numerosas páginas web de medios de comunicación fueron blanco de piratas informáticos, entre ellos El Salto, La Marea, Arainfo y Kaos en la Red. El ataque duró varios días y provocó caídas repetidas de las páginas web de medios relativamente progresistas y de izquierda.

• El 16 de noviembre de 2021, la titular del Juzgado de Instrucción N.º 2 de Madrid solicitó la apertura de una causa penal contra cuatro periodistas a los que ahora se acusa de un delito de falso testimonio ante un tribunal en detrimento de un agente de policía, después de que denunciaran una agresión policial contra ellos durante una manifestación en abril de 2021.
• El 2 de noviembre de 2021, la periodista deportiva María Tikas recibió una serie de mensajes misóginos y sexistas en redes sociales después de que tuiteara comentarios elogiosos hacia un joven futbolista del Barcelona. Según Tikas, es habitual que a las reporteras les lleguen este tipo de comentarios. «Nos dicen que si hacemos periodismo es porque habremos accedido a algún tipo de propuesta sexual. Nos pasa a todas…», relató.
• El 5 de octubre de 2021, un juez ordenó Ignacio Escolar, redactor en jefe de elDiario.es, que revelara la fuente que había filtrado la información sobre la localización de bienes presuntamente robados en la antigua residencia de lujo de la familia Franco. Escolar se negó a acatar la orden. En una declaración escrita, afirmó que la medida viola la confidencialidad de las fuentes periodísticas.
• El 14 de octubre de 2021, el fotoperiodista de El País Albert García fue acusado de resistencia a la autoridad. Fue detenido por una presunta agresión a un policía en 2019 mientras cubría las manifestaciones independentistas catalanas en la plaza Urquinaona de Barcelona. En los años sucesivos, los cargos se adaptaron y modificaron en repetidas ocasiones. La policía afirma que García empujó y agredió a un agente en el lugar de los hechos, un extremo que García rechaza. Finalmente fue absuelto el 2 de noviembre de 2021 por falta de pruebas.