Enfrentamientos con las fuerzas de seguridad: cientos de personas manifestantes heridas y decenas de detenciones

Contexto

Promulgación de la polémica ley ómnibus en medio de protestas en todo el país

El 8 de julio de 2024, el Presidente de la Nación publicó oficialmente la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley Ómnibus o Ley de Bases), tras una serie de vastas protestas que comenzaron en diciembre de 2023. Esta Ley, que tardó más de seis meses en aprobarse debido a la minoría del Gobierno en el Congreso, entró en vigor después de su aprobación definitiva a finales de junio. Ahora, cada ministerio debe promulgar la regulación necesaria para la aplicación de los 238 artículos de la ley y de los 105 artículos del paquete fiscal que la acompaña.

El proyecto original contenía más de 660 artículos, pero el Gobierno los redujo a la mitad para lograr que lo aprobase el Congreso. A pesar de estas modificaciones, la aprobación del paquete se encontró con varios obstáculos en la Cámara de Diputados en febrero de 2024 y tuvieron que hacerse cambios adicionales. La Cámara de Diputados aprobó la versión revisada del proyecto el 30 de abril y el Senado validó una versión modificada el 12 de junio, la cual fue a continuación devuelta a la Cámara de Diputados para una revisión final.

Estas reformas legislativas, que el Gobierno considera esenciales para solventar la grave crisis económica que vive el país, marcada por una inflación anual de casi el 300%, han suscitado gran controversia. La Ley Ómnibus busca desregular varios sectores, privatizar empresas públicas estratégicas, atraer inversión extranjera, reducir el gasto público y erosionar los derechos laborales. Estas medidas han sido aprobadas en un momento en el que más de la mitad de población vive en la pobreza.

La criminalización de las protestas y los ataques a la prensa hacen que aumente la preocupación por los derechos humanos

El 18 de junio, Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, expresó su preocupación por las medidas que ha adoptado Argentina recientemente y que amenazan los derechos humanos mediante los recortes en servicios esenciales y el cierre de instituciones que defienden los derechos de las mujeres. Türk instó a las autoridades a priorizar los derechos humanos para fomentar así la inclusión social y la defensa de las libertades fundamentales:

“En Argentina, las medidas propuestas y aprobadas recientemente amenazan la protección de los derechos humanos. Entre ellas figura la reducción del gasto público que afecta especialmente a los grupos más marginados, el cierre de instituciones estatales dedicadas a fomentar los derechos de las mujeres y el acceso a la justicia, y la publicación de una circular del Ministerio de Asuntos Exteriores que ordena suspender la participación en el extranjero en cualquier evento relacionado con la Agenda 2030. También exhortó a las autoridades argentinas a que coloquen los derechos humanos en el centro de la formulación de políticas, a fin de consolidar una sociedad más cohesionada e integradora. Esto entraña, además, el pleno respeto del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica”.

El 11 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró una audiencia sobre las protestas sociales y la libertad de expresión en Argentina. Las organizaciones de la sociedad civil trasladaron su profunda preocupación por la creciente represión de las protestas en el país. Destacaron varios casos de violencia policial, la criminalización de la disidencia y la promulgación de la Resolución 943/2023, que impone importantes restricciones a las protestas. Las organizaciones arguyeron que el Gobierno pretende reprimir las manifestaciones públicas mediante el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias y el empleo de un lenguaje estigmatizante contra quienes se manifiesten.

El Gobierno argentino defendió la Resolución 943/2023, argumentando que era necesaria para mantener el orden público y prevenir la violencia, especialmente en el marco de la intensificación creciente de las protestas. También sostuvo que la norma aborda dichas problemáticas, al tiempo que garantiza el funcionamiento ininterrumpido de las instituciones democráticas.

A pesar de esto, los miembros de la CIDH plantearon serias dudas sobre el planteamiento del Gobierno. Hicieron hincapié en que la fuerza sólo debe emplearse como último recurso y respetando los principios de necesidad y proporcionalidad, en conformidad con las normas internacionales en materia de derechos humanos. También criticaron el discurso del Gobierno, que en su opinión estigmatiza injustamente a las personas manifestantes, a quienes califica de violentas o incluso de terroristas.

Asimismo, subrayaron la necesidad imperiosa de un diálogo entre el Gobierno y la sociedad civil para tratar los agravios y evitar nuevos conflictos. La representación de la CIDH cuestionó la justificación para la aprobación de la Resolución 943/2023, a la vez que manifestó su preocupación por la posibilidad de que pudiera socavar el derecho de reunión pacífica, fundamental para los procesos democráticos. También ofreció su asistencia técnica y se comprometió a seguir de cerca evolución de la situación.

El mismo día, tres redes regionales defensoras de la libertad de prensa condenaron la represión de la libertad de expresión y de reunión en Argentina bajo el actual Gobierno, destacando el cierre drástico del espacio cívico. En un comunicado, las organizaciones señalaron que el enfoque del Gobierno argentino para el mantenimiento del orden público, en particular mediante la Resolución 943/2023, criminaliza los cortes de calles durante las protestas y autoriza a la policía a dispersar a manifestantes sin control judicial, lo que ha dado lugar a cientos de denuncias por detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza.

Entre enero y junio de 2024 se registraron ochenta detenciones arbitrarias y varias personas heridas, entre ellas periodistas. El cierre de la agencia de noticias Télam y los intentos para restablecer el registro obligatorio de periodistas atentan contra la libertad de prensa y limitan el acceso de la ciudadanía a la información. En el documento, las formaciones también afirmaron que la persecución y estigmatización gubernamental de las voces críticas y de las organizaciones de la sociedad civil ha creado un entorno hostil para la libertad de expresión.

Reunión pacífica

Choque entre policía y manifestantes durante el debate de la Ley Ómnibus

El 12 de junio, mientras que en el Senado daba inicio el debate que precedería al voto crucial de la Ley Ómnibus (ver Contexto), miles de manifestantes se congregaron pacíficamente en las inmediaciones del Congreso para exigir al Legislativo que la rechazara. El ambiente festivo previo en el centro de Buenos Aires, donde manifestantes tocaban trompetas, hacían un asado y coreaban cánticos, cambió súbitamente cuando manifestantes se enfrentaron a policías antidisturbios. Los altercados se saldaron con una veintena de policías heridos. Asimismo, las fuerzas de seguridad emplearon cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a las personas manifestantes que habían arrojado piedras y cócteles molotov frente al Congreso. Como resultado, al menos 200 personas fueron heridas, entre ellas tres miembros de los medios de comunicación (ver Libertad de expresión). Durante la protesta, las fuerzas de seguridad detuvieron a 35 personas que ahora se enfrentan a cargos de intimidación pública (art. 211 del Código Penal), incitación pública a la violencia colectiva (art. 212), intento de deposición de los poderes públicos y modificación del orden constitucional (art. 226), desobediencia a la autoridad (art. 237 y 239) y perturbación de las sesiones legislativas (art. 241), entre otros. El Ministro de Seguridad y el Presidente calificaron públicamente la protesta de intento de “golpe de Estado” y tacharon de “terroristas” a las personas detenidas.

Un juzgado federal puso en libertad a 28 de las personas detenidas por falta de pruebas. Cinco permanecían en prisión preventiva cuando se redactó esta actualización. La jueza federal encargada del caso criticó a la policía, señalando que los expedientes eran “deficientes” e “incompletos” y que las fuerzas de seguridad carecen de la formación adecuada.

Amnistía Internacional criticó la dura respuesta policial a las protestas en el marco del nuevo protocolo para el mantenimiento del orden público: “La operación se caracterizó por el uso ilegítimo de armas menos letales —sustancias químicas irritantes, porras de empuñadura lateral, balas de goma o cañones de agua, que causaron lesiones injustificadas a manifestantes—, detenciones arbitrarias y ataques contra el personal de los medios de comunicación. También incluyó la presencia de numerosos camiones con cañones de agua y fuerzas motorizadas y de infantería, que cortaron el paso en los alrededores del Congreso de la Nación. En la zona, también se vieron policías sin uniforme y miembros de la Prefectura Naval que portaban armas de fuego”.

El 4 de julio, la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH condenaron el uso desproporcionado de la fuerza pública contra manifestantes. Señalaron que “en contextos de protestas y conflictividad social, las autoridades deben procurar difundir información fidedigna, y abstenerse de estigmatizar a las personas manifestantes y de acusarlas de acciones ilegales como una forma de suprimir el disenso. Las calificaciones genéricas de “terroristas” hacia los manifestantes y las acusaciones sobre supuestos planes de “golpe de Estado” pueden tener un impacto negativo en el debate público y la resolución pacífica de los conflictos sociales. Además, pueden activar o exacerbar actos de discriminación, hostilidad, intolerancia o violencia”.

Las organizaciones de la sociedad civil han documentado más de 600 personas heridas en el marco de las protestas sociales desde diciembre 2023.

Protestas contra las reformas económicas

Entre enero y julio de 2024 estallaron protestas por todo el país en respuesta a las medidas de austeridad y a la presunta indiferencia del Gobierno por los problemas de la población empobrecida. Durante este periodo se registraron 845 manifestaciones. Estas protestas reflejan el creciente descontento con la política del Gobierno. Esta agitación social ha suscitado importantes preocupaciones en materia de derechos humanos.

A continuación detallamos algunas de las numerosas protestas que se desarrollaron en el país entre mayo y julio de 2024:

El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, miles de personas salieron a las calles de la capital para defender sus derechos laborales y denunciar lo que ellas califican de políticas de “ajuste brutal” del Gobierno actual. La Confederación General del Trabajo (CGT), uno de los principales sindicatos del país, encabezó una movilización masiva en Buenos Aires junto con otros sindicatos nacionales bajo el lema “La patria no se vende”. La marcha discurrió por el centro de la ciudad y culminó en el monumento del Canto al Trabajo. Mediante la movilización, las personas manifestantes también querían expresar su oposición a los recortes presupuestarios del Gobierno y a las reformas legislativas que se han propuesto.

En Buenos Aires hubo manifestaciones el 7 y el 8 de mayo. Los movimientos sociales se concentraron frente a la Quinta Olivos, el palacio presidencial, y las personas jubiladas frente al Congreso Nacional. Ambos grupos expresaron su preocupación por las reformas económicas y los recortes presupuestarios propuestos por el presidente Javier Milei.

El 9 de mayo, los sindicatos organizaron una segunda huelga general contra las medidas de austeridad y las reformas propuestas por el presidente. El paro de 24 horas provocó importantes perturbaciones: los supermercados, los bancos, el transporte público, las plantas de molienda de granos y los aeropuertos suspendieron sus actividades. También ocasionó la cancelación de vuelos, el cierre de puertos, la reducción al mínimo de las actividades en escuelas y universidades, y la disminución del volumen de operaciones bursátiles debido al cierre bancario. El Gobierno condenó la huelga, asegurando que era injustificada y que perjudicaba principalmente a quienes deseaban trabajar. La CGT celebró el impacto de la huelga en sus redes sociales. En respuesta, el presidente Javier Milei publicó una foto suya con una camiseta en la que se podía leer “Yo no paro”, en un claro desafío a los sindicatos.

El 26 de mayo se cumplió el décimo día consecutivo de protestas en Misiones, en el nordeste del país. En las movilizaciones participaron miembros de la policía, el profesorado, agentes del sector público y el personal médico y de enfermería de la provincia, quienes reclamaron mejoras salariales y mostraron su oposición a las reformas económicas del Gobierno. El 24 de mayo, una protesta de docentes que exigían subidas de salario frente a la sede de la Legislatura de Misiones se intensificó cuando personas manifestantes derribaron las vallas que rodeaban el edificio. La policía hizo uso de la fuerza y empleó porras y gases lacrimógenos para disolver la manifestación. Las protestas se han ido intensificando, dando lugar a manifestaciones y provocando importantes perturbaciones en el tráfico vial, entre otras. Por ejemplo, el 21 de mayo, miembros del profesorado bloquearon la ruta 12 a la altura del puente de Garupá, una de las principales vías de acceso a Posadas.

El 5 de junio, organizaciones sociales de Buenos Aires y de otras ciudades se manifestaron para exigir la distribución inmediata de víveres a los comedores sociales que asisten a familias empobrecidas. Las manifestaciones fueron provocadas por la revelación de que grandes cantidades de alimentos, incluida leche en polvo a punto de caducar, habían sido almacenadas en depósitos gubernamentales en lugar de ser distribuidas. Las personas manifestantes, encabezadas por la Coordinadora por el Cambio Social y Polo Obrero, criticaron la mala gestión del Gobierno y pidieron medidas urgentes para combatir el hambre, especialmente la que padece la niñez. El escándalo se produjo en un contexto marcado por el aumento de las tensiones sobre la gestión de las políticas sociales en medio de graves dificultades económicas y dio lugar a la apertura de procesos judiciales. Posteriormente, un juez federal ordenó al Gobierno que pusiera en marcha un plan de distribución cuanto antes.

Protesta en defensa de la independencia judicial

El 6 de mayo, más de un centenar de personas se concentraron frente a La Corte Suprema para mostrar su oposición a la designación del juez Ariel Lijo como candidato a la Corte Suprema por parte del presidente Javier Milei. Las personas manifestantes afirmaron que temen que el nombramiento de Lijo comprometa la independencia judicial debido a la posible influencia política en su candidatura, en particular la del Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.

La nominación de Lijo suscitó preocupación, ya que, entre otros procesos judiciales, se encargó de un caso no resuelto relacionado con la empresa familiar del expresidente Mauricio Macri. Activistas y juristas aseguraron que el nombramiento de Lijo podría perpetuar un “pacto de impunidad” que protege al funcionariado corrupto de la acción judicial y erosiona la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Instaron a nombrar jueces independientes y honorables, advirtiendo que la falta de integridad en el Poder Judicial podría socavar el Estado de Derecho y la gobernanza democrática.

Protesta por la agresión mortal a mujeres lesbianas en Buenos Aires

El 13 de mayo, más de doscientas personas se manifestaron en Buenos Aires para exigir justicia por el incendio mortal intencionado contra la vivienda de cuatro mujeres lesbianas. Las personas manifestantes marcharon desde Plaza Colombia hasta al lugar de la tragedia. Condenaron el suceso, que calificaron de “lesbicidio”, e instaron al Gobierno a redoblar sus esfuerzos contra la violencia homófoba.

El 6 de mayo, un individuo arrojó un cóctel molotov contra la vivienda de cuatro mujeres lesbianas en Buenos Aires; tres perdieron la vida y la cuarta sufrió heridas graves. El ataque también obligó a evacuar a una treintena de personas, siete de las cuales tuvieron que ser trasladadas a un hospital para recibir asistencia médica por quemaduras. Justo Fernando Barrientos, de 67 años, habría golpeado a las mujeres y las habría arrinconado en el interior del domicilio para impedir que pudieran escapar. A continuación, huyó a la azotea, donde intentó suicidarse; sin embargo, no lo logró y fue detenido posteriormente, si bien las autoridades aún no han revelado el móvil del agresor.

Testigos de los hechos creen que el ataque estaría motivado por los prejuicios de Barrientos hacia la orientación sexual de las víctimas. A pesar de que las mujeres ya habían alertado de la situación, no se les proporcionó una protección efectiva. Cabe destacar que las condiciones de vida precarias de las cuatro aumentaron su vulnerabilidad a los actos de violencia selectiva. En el informe de la Defensoría LGBT de Buenos Aires de 2023, la entidad subrayó que el discurso discriminatorio de figuras políticas ha generado un clima de segregación y que ha hecho que aumente la violencia contra colectivos marginados. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos ya han advertido de la intensificación de los riesgos para la comunidad LGBT.

La plantilla de Télam pone fin a 128 días de huelga tras el cierre gubernamental

Como ya informamos, en marzo, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció la suspensión temporal de la agencia de noticias Télam, el bloqueo de las plataformas de la agencia y la clausura de sus oficinas; si bien no despidió formalmente al personal. La medida dio lugar a 128 días de protestas continuas que recibieron un amplio apoyo de sindicatos, organizaciones culturales y grupos ciudadanos. En solidaridad con las personas huelguistas, se organizaron concentraciones y actos culturales, y se creó el portal Somos Télam.

El 10 de julio, la plantilla de Télam fue autorizada a retomar su labor después de que el Gobierno anunciara oficialmente la conversión de Télam en una agencia publicitaria estatal.

Libertad de expresión

Agreden a miembros de los medios de comunicación cuando cubrían una protesta

Tres personas trabajadoras de los medios de comunicación sufrieron heridas producto del uso desproporcionado de gas pimienta y balas de goma por las fuerzas de seguridad durante la protesta del 12 de junio (ver Reunión pacífica). Al fotoperiodista Mariano Dalaison le dispararon en la cara con una bala de goma, concretamente entre los ojos. Organizaciones de la sociedad civil han documentado múltiples casos de lesiones oculares durante operaciones policiales recientes debidas al uso excesivo de estas armas. Por su parte, Rocío Bao de Infonews y Mario Sadras de Radio Gráfica, fueron rociados con gas pimienta.

Suspenden temporalmente las páginas webs y las redes sociales de medios de comunicación públicos

El 21 de mayo, Diego Martín Chaher, interventor de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, ordenó la suspensión temporal de las páginas web y de las redes sociales de medios públicos vinculados a la Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Según un comunicado oficial, la suspensión busca mejorar la producción y difusión de contenidos tras un proceso de reorganización interna. La medida, que forma parte de un proceso de reestructuración organizativa, afecta a Televisión Pública, Radio Nacional y Canal Encuentro.

El 2 de febrero de 2024, el presidente Javier Milei ordenó la intervención de las empresas estatales de medios de comunicación para optimizar su gestión y nombró a un interventor y a un interventor adjunto.

Abren una causa penal contra periodistas por sus comentarios sobre el escándalo de las reservas de víveres

El 3 de junio de 2024, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona presentó una denuncia contra los periodistas Darío Villarruel y Nancy Pazos, a quienes acusa de “instigación a cometer delitos” por sus comentarios sobre las cinco mil toneladas de alimentos almacenadas en depósitos gubernamentales. El ministerio de Justicia no tomo parte en la denuncia, que fue presentada por Cúneo a título personal.

El caso de Pazos fue asignado al juez Ariel Lijo, candidato a la Corte Suprema, y el de Villarruel al juez Sebastián Ramos. Ambos periodistas criticaron la medida, que calificaron de atentado contra la libertad de expresión, y advirtieron que podría intimidar a otros profesionales de los medios.

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) condenó la persecución judicial de los profesionales de periodismo, ya que da lugar a la censura y la intimidación, especialmente cuando se intenta hacer pasar su labor por una infracción penal. También destacó el creciente número de agresiones a la prensa en el país por parte de las autoridades y expresó su apoyo a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa en la defensa de los derechos de las personas trabajadoras: “Esta acción es un cercenamiento de la libertad de prensa que resulta inaceptable en una sociedad democrática, además de una violación flagrante del derecho al trabajo por parte de lxs colegas denunciados Nancy Pazos y Darío Villarruel”.

FOPEA denuncia una falsa filtración de WhatsApp en plena campaña de ciberacoso

El 27 de junio, un usuario de X cercano al Gobierno de Javier Milei habría filtrado una supuesta conversación de WhatsApp entre miembros de la comisión directiva del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que debatían si la organización debía o no solidarizarse con Mariano Pérez, un yutúber partidario de Milei, acreditado como periodista en la Casa Rosada.

A raíz de la filtración de los presuntos mensajes de WhatsApp que involucran a la comisión directiva de FOPEA, usuarios de X, entre ellos el Presidente argentino, difundieron capturas de pantalla y lanzaron ataques con la etiqueta #FOPEAComplice. Paula Moreno, presidenta de la organización, aseguró que se trataba de campaña de acoso premeditada que cobró fuerza con rapidez. Inmediatamente, FOPEA negó la autenticidad de las capturas de pantalla, afirmando que la conversación nunca tuvo lugar y que la filtración era una acción deliberada para desacreditar a la organización, probablemente en respuesta a una advertencia previa de la organización sobre la propuesta para la inscripción obligatoria de los profesionales del periodismo.

Centralización de los medios: radios regionales obligadas a emitir la programación de Buenos Aires

El 5 de julio, el director de Radio Nacional Héctor Cavallero suspendió las emisiones y la publicación de contenidos en redes sociales de la cadena de televisión estatal TV Pública y de cuarenta y nueve emisoras regionales de Radio Nacional, asegurando que la decisión era necesaria para “revisar criterios”. Esta medida a favor de la centralización de los medios de comunicación obliga a las emisoras locales a reducir considerablemente o a suprimir la totalidad de los contenidos de producción propia, y a adaptar sus emisiones en función de la parrilla de programas de LRA1 Buenos Aires.

La Defensoría del Público precisó que cuarenta y nueve emisoras de Radio Nacional han sido obligadas a retransmitir la señal de LRA1 Buenos Aires. La medida priva a la audiencia de informaciones locales y regionales, especialmente durante las mañanas, una franja horaria clave que ahora ocupará un programa de entretenimiento.

Las organizaciones de los medios de comunicación condenaron la decisión. En un comunicado publicado el 8 de julio, la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo (REDCOM) expresó: “En defensa de la comunicación federal y la soberanía informativa, REDCOM se solidariza con las trabajadoras y los trabajadores, así como con la ciudadanía que sufre el apagón informativo y el vaciamiento de los medios públicos. En un país con medios cada vez más concentrados y centralizados en la Ciudad de Buenos Aires, la defensa de los medios públicos y el derecho a la información de toda la sociedad es indispensable para poder dar voces y mostrar lo que los medios concentrados censuran”.

Un tribunal anula la prohibición que impide transmitir los testimonios de un juicio por crímenes de lesa humanidad

En una decisión histórica, 5 de julio de 2024, la Cámara de Casación de Argentina abrió la puerta a la difusión de juicios por crímenes de contra la humanidad a raíz de un caso judicializado en Rosario. El tribunal anuló el fallo del Tribunal Oral Federal N.º 2 de Rosario, que impidió que el medio comunitario La Retaguardia pudiera transmitir varios testimonios en la causa Saint Amant IV —aún en curso— sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el norte de Buenos Aires durante la última dictadura.

También subrayó que el carácter público de los juicios debe garantizar la transparencia y ordenó al tribunal federal que dictara una nueva resolución conforme a este principio. Se espera que la decisión, que se ajusta a las normas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siente un importante precedente jurídico para casos futuros, garantizando el acceso público a procesos judiciales de gran relevancia en materia de derechos humanos.

Libertad de asociación

La nueva Ley Ómnibus aviva la preocupación por los derechos de los pueblos indígenas en plena expansión de la minería del litio

La expansión de la extracción de litio en las Salinas Grandes, un ecosistema ubicado en el centro del triángulo del litio, en la frontera con Chile y Bolivia, ha suscitado graves preocupaciones en materia de derechos humanos, especialmente entre las comunidades indígenas.

La degradación medioambiental causada por la extracción de litio, en particular el agotamiento y la contaminación de las fuentes de agua, amenaza los medios de subsistencia de los pueblos indígenas, que dependen de sus tierras para su sustento y para llevar a cabo sus prácticas culturales. “El agua alimenta el aire, el suelo, los pastos para los animales, los alimentos que comemos”, explicó Clemente Flores, líder comunitario de 59 años. The Guardian señaló que estas comunidades llevan años sufriendo violaciones de su derecho a una “consulta libre, previa e informada” debido a las tácticas divisorias e incentivos económicos que emplean las empresas mineras para socavar su autonomía.

Como ya informamos, en junio de 2023, el Gobierno de Jujuy aprobó, sin participación ni consulta pública, modificaciones constitucionales de gran alcance que restringen el derecho de reunión pacífica y alteran los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Las medidas del Gobierno provincial dejan entrever una tendencia creciente a priorizar los intereses comerciales.

La Ley Ómnibus aprobada recientemente también reforma la Ley de Medioambiente N.º. 27.007, que regula el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Especialistas han sugerido que estas modificaciones legislativas van dirigidas a provincias como Jujuy. Consideran que la ley acelera la desposesión en curso en esos territorios y debilita la resistencia de las comunidades locales, especialmente en el caso de Jujuy y la extracción de litio. También les preocupa la posible erosión de legislación sobre la protección del agua en Mendoza y Chubut.

Esta situación, unida al aumento de demanda mundial de litio impulsada por la transición energética, suscita importantes cuestiones éticas sobre las repercusiones que tendrá para las comunidades vulnerables, ya que Argentina podría convertirse en el epicentro de un cambio significativo en el suministro de litio.