El Senado aprueba un controvertido proyecto de ley que endurece el control sobre las OSC

Libertad de asociación

El proyecto de ley sobre organizaciones sin ánimo de lucro suscita preocupación

El 8 de julio de 2024, el Senado paraguayo aprobó el proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro. La norma podría restringir la labor de las OSC, ya que endurece los requisitos para la presentación de informes y para la inscripción oficial de estos grupos. El proyecto fue presentado el 20 de diciembre de 2023, principalmente por senadores del Partido Colorado, la formación política del Gobierno.

Entre otras disposiciones, el texto obliga a todas las organizaciones sin fines de lucro a inscribirse en un registro nacional gestionado por el Ministerio de Economía y Hacienda (art. 4) y a presentar informes detallados sobre el uso de fondos públicos y privados (capítulo III). Entre otras sanciones, la ley prevé multas cuantiosas y la suspensión permanente de las actividades de las organizaciones (capítulo IV).

El proyecto de ley busca llenar un aparente vacío jurídico mediante la introducción de nuevas disposiciones para las OSC que reciben fondos públicos o privados, tanto dentro del país como desde el extranjero. Sin embargo, juristas afirman que la Ley 5189/13 y la Ley 6446/19 ya regulaban el uso de recursos públicos por parte de las OSC y preveían la creación de registros administrativos para garantizar la transparencia financiera. De igual manera, ambas leyes ya garantizaban el acceso público a la información y obligaban a las OSC que gestionen recursos públicos a presentar informes detallados.

Los especialistas consideran que la ley establece sanciones excesivas de cientos de miles de dólares que podrían ser calificadas como confiscatorias y, por lo tanto, contrarias a la Constitución, ya que la carta magna proscribe las multas desproporcionadas. El proyecto de ley también viola el principio de legalidad, dado que no define claramente las infracciones o incumplimientos concretos que darían lugar a la imposición de sanciones. Además, erosiona la seguridad jurídica y las garantías procesales, puesto que no precisa aspectos normativos fundamentales que tendrán que ser definidos posteriormente mediante reglamentos ejecutivos.

El 19 de julio, tres relatoras especiales de la ONU enviaron una carta al Gobierno paraguayo en la que expresaron su preocupación por el proyecto de ley. Destacaron que la inscripción obligatoria, la intensificación del control financiero y la severidad de las sanciones podrían incumplir las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado paraguayo en virtud de los tratados de derechos humanos. Las relatoras hicieron hincapié en las posibles repercusiones que podría tener sobre la libertad de asociación y de expresión, e instaron al Gobierno a revisar el proyecto de ley para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidad pidió a las instituciones paraguayas que garantizaran que el proyecto de ley protege la capacidad de las OSC para buscar recursos y a utilizarlos libremente para promover los derechos humanos.

Decenas de OSC presentes en Paraguay publicaron un comunicado conjunto en el que expresaron su profunda preocupación por el proyecto de ley y alertaron sobre su potencial para socavar el derecho a la libertad de asociación y para obstaculizar las actividades de la sociedad civil. También subrayaron la importancia de su labor para la democracia y el bienestar social. El 31 de julio, más de treinta organizaciones defensoras de los derechos humanos instaron al Gobierno a organizar consultas públicas y a garantizar que la iniciativa legislativa se ajuste a las normas internacionales en materia de derechos humanos.

Amnistía Internacional asegura que el proyecto de ley somete a las OSC a un control estatal arbitrario y abusivo, pero no les permite defenderse: “Con una redacción preocupantemente vaga y ambigua, el proyecto de ley podría dar margen a una interpretación expansiva que permitiría a las autoridades incorporar fondos privados de las organizaciones al presupuesto general de la nación. En la práctica, esto implicaría la confiscación de los bienes y recursos de las organizaciones de la sociedad civil, de sus miembros y donantes, violaría la Constitución paraguaya y representaría una violación al derecho internacional de los derechos humanos, que garantiza la posibilidad de que toda persona, individual o colectivamente, solicite, reciba y utilice recursos con el objetivo de promover y proteger los derechos humanos”.

La proposición de ley fue aprobada durante una sesión extraordinaria y ha sido enviada a la Cámara de Diputados para su revisión.

Libertad de expresión

Difaman y agreden a profesionales del periodismo

El 9 de abril, manifestantes que expresaban su apoyo al intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto agredieron al periodista Carlos Bottino mientras cubría el acto. Bottino, que trabaja para el diario La Jornada y 247 del Alto Paraná, explicó que los hechos se produjeron durante una entrevista, cuando el alcalde se mostró molesto por las preguntas que le estaba haciendo y reaccionó de forma agresiva. A continuación, los partidarios de Prieto redujeron y agredieron a Bottino. El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) pidió a las autoridades que exigieran cuentas a los agresores.

El 23 de abril, el diputado Yamil Esgaib habría reaccionado de forma violenta a las preguntas de las periodistas Rocío Pereira de Telefuturo y Fiona Aquino de ABC Color sobre el empleo de su hija en la embajada de Paraguay en el Reino Unido. En respuesta, el SPP pidió que fuera sancionado por sus reiterados comentarios misóginos.

El 26 de junio, un agente municipal agredió al periodista Fernando Riquelme cuando informaba en directo sobre la presunta malversación de fondos por parte de la Intendencia. El funcionario lo agarró del brazo e intentó arrebatarle el teléfono para impedir que siguiera informando. El SPP pidió al intendente Óscar Rodríguez y al presidente de la Junta Municipal César Escobar que investigaran el incidente y exigieran responsabilidades al funcionario.

El 8 de julio, durante un debate sobre el proyecto de ley sobre entidades sin ánimo de lucro (ver Libertad de asociación), la senadora Lizzarella Valiente formuló acusaciones contra los medios de comunicación, en particular contra la periodista Mabel Rehnfeldt de ABC Color. Valiente acusó a Rehnfeldt de formar parte de organizaciones internacionales que perseguirían “fines oscuros”.

Informes destacan la erosión de la libertad de prensa

En su informe de 2024, la CODEHUPY puso de manifiesto su profunda preocupación por el estado de la libertad de prensa en Paraguay, donde documentó veinte agresiones a profesionales del periodismo entre marzo de 2023 y marzo de 2024. El 54% de las víctimas eran hombres y el 46% mujeres, y la mayoría trabaja en radio o televisión.

En el informe, la organización también destacó varias formas de violencia a las que se enfrentan las mujeres periodistas, como las amenazas, las agresiones físicas, el acoso sexual, el ciberacoso, el acoso judicial, la violencia psicológica y simbólica, o la violencia en el lugar de trabajo. Estos actos suelen ir acompañados de la destrucción de equipos y de la obstrucción de la labor periodística. Los hombres periodistas también son objeto de agresiones físicas, acoso judicial y amenazas de muerte.

Otra tendencia alarmante es el creciente acoso judicial a los profesionales del periodismo y el uso preocupante, y cada vez mayor, de la criminalización para impedirles desarrollar su labor. Tanto el Estado como las empresas emplean estas tácticas para atacar a profesionales de periodismo que informan sobre cuestiones cruciales, como la corrupción, las protestas y las violaciones de los derechos humanos. Las autoridades abren causas judiciales con el fin de intimidar a los miembros de la prensa, lo que genera un clima de miedo que provoca que la prensa se autocensure, socavando así la libertad de expresión y el derecho a la información, ambos garantizados por el derecho internacional en materia de los derechos humanos.

En su informe de mitad de año, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señaló que las amenazas judiciales a profesionales del periodismo no solo provienen de la instrumentalización de la Ley N.º 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres Contra Toda Forma de Violencia (ver última actualización de CIVICUS Monitor). También destacó los casos del diario ABC Color y del periódico Última Hora, cuyos profesionales publicaron informaciones sobre la gestión del expresidente Horacio Cartes en octubre de 2023. La fiscal Daniela Benítez y los fiscales Aldo Cantero y Rodrigo Estigarribia pidieron conocer la identidad de los autores, ya que los artículos no estaban firmados. La petición fue interpretada como una táctica intimidatoria y suscitó preocupación por su impacto en la libertad de expresión.

Por ejemplo, el 4 de julio de 2024, un juez de Guairá denegó el sobreseimiento provisional de una causa contra la periodista Mabel Portillo, a pesar de que el Ministerio Público no halló pruebas suficientes para llevar el caso a juicio. La decisión abre la puerta al posible enjuiciamiento de la acusada y suscita preocupación por la libertad de expresión. Como ya informamos, a Portillo se la acusa de incitar a la violencia durante una protesta. El SPP criticó la decisión y aseguró que se trata de un caso de acoso judicial para silenciar a la prensa.

Asimismo, el periodista de radio Fredy Chamorro se enfrenta a cargos por difamación e injurias presentados por la doctora Claudia Vega, directora del Hospital Distrital Tomás Romero Pereira. En febrero de 2024, dos jueces ya prohibieron a Chamorro que informara sobre el caso durante sesenta días en virtud de Ley N.º 5777/16, después de que hubiera criticado la falta de insumos médicos en dicho establecimiento. El 22 de junio de 2024, ambas partes comparecieron ante un tribunal y ratificaron que no deseaban conciliarse, por lo que la causa pasaría a juicio oral. Chamorro había cuestionado la gestión del hospital a raíz de su paso por el establecimiento cunado tuvo dengue. La fecha del juicio se fijará próximamente.

Victoria judicial para las mujeres periodistas: absuelven a Angie Prieto en una causa por difamación

El 9 de abril de 2024, la periodista Angie Prieto fue absuelta de un delito de injurias denunciado por Albavisión, su antiguo empleador, después de que ella hubiera criticado la gestión de casos de acoso sexual por parte de la empresa y de que hubiera mostrado su apoyo al movimiento #YoTeCreo. El tribunal no encontró pruebas que vincularan a Prieto con las declaraciones difamatorias que le imputaban.

Su caso pone en evidencia la lucha constante por la libertad de prensa y la protección de las mujeres periodistas en Paraguay, donde seis de cada diez trabajadoras de los medios de comunicación son acosadas, a menudo por sus superiores. La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) celebraron el fallo; sin embargo, tanto ellas como la SPP permanecen en alerta por el creciente uso de la justicia para intimidar a los profesionales de los medios de comunicación. Las autoridades deben impedir estas prácticas, que amenazan la libertad de prensa y el derecho a la información.

Audiencia pública sobre el proyecto de ley de protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos

El 31 de mayo se celebró una audiencia pública sobre el proyecto de ley de protección de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, presidida por la senadora Esperanza Martínez. El proyecto de ley, fruto de un proceso colaborativo en el que participaron la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el CEDOHUPY y la sociedad civil, propone la creación del “Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas defensoras de los Derechos Humanos” (MPPD). La nueva entidad garantizaría la seguridad y la protección de periodistas y de personas defensoras de los derechos humanos, y funcionaría como un órgano independiente dentro del Estado, al margen de influencias políticas externas.

En la audiencia intervinieron Jan Jarab, del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Paula Rojo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Bia Barbosa, de Reporteros Sin Fronteras, entre otros representantes de organizaciones internacionales.

Acusan al Estado paraguayo de vulnerar los derechos humanos en una causa por difamación contra el difunto periodista Aldo Zuccolillo

El 2 de julio de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Caso N.º 12.686-Aldo Zuccolillo Moscarda, sobre la responsabilidad internacional del Estado paraguayo por violaciones del derecho a la libertad de expresión, del principio de legalidad y de las garantías judiciales. El caso también aborda cuestiones de interés público de gran importancia que brindan a la Corte la oportunidad de sentar jurisprudencia sobre la libertad de expresión y sobre las demandas estratégicas contra la participación pública, conocidas como SLAPP.

Zuccolillo falleció en 2018, fue un destacado periodista y fundó el popular diario ABC Color. El 24 de diciembre de 1998, el senador Juan Carlos Galaverna presentó una querella por difamación contra Zuccolillo y ABC Color en la que alegó que el periódico había publicado quince artículos difamatorios contra él. Ambos fueron acusados de difamación, calumnias e injurias.

El 30 de abril de 2001, el Juzgado Penal de Liquidación y Sentencia N.º 7 de Asunción condenó a Zuccolillo a una multa de 360 días, la máxima sanción no privativa de libertad prevista por la legislación paraguaya para un delito de difamación. Zuccolillo recurrió la decisión y, el 11 de febrero de 2002, la Sala Primera del Tribunal de Apelación de lo Penal recalificó el delito como difamación agravada, lo que aumentó la cuantía de la multa debido a la gran influencia de ABC Color en la opinión pública. El senador Galaverna emprendió nuevas acciones legales y presentó un recurso de casación en el que solicitó una pena privativa de libertad para Zuccolillo y la publicación de la sentencia. También presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.

La CIDH pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenara al Estado paraguayo a reparar integralmente las violaciones de los derechos humanos de las que fue víctima Zuccolillo; esto incluye ofrecer una compensación tanto material como inmaterial a su viuda e hijas. La CIDH también instó a Paraguay a adecuar su normativa penal a la Convención Americana de Derechos Humanos, despenalizando los delitos de difamación, injurias y calumnias cuando la persona ofendida sea funcionaria pública o se dedique a asuntos de interés público.

Reunión pacífica

Estalla una oleada de protestas estudiantiles multitudinarias en defensa de la gratuidad de la enseñanza superior

El 16 de abril de 2024, miles de estudiantes universitarios se movilizaron en todo el país contra la recién aprobada ley “hambre cero”, que modifica la estructura de financiación de la enseñanza superior. La ley elimina subvenciones clave para la educación, la investigación académica y las becas, entre ellas el programa “arancel cero”, que garantizaba el acceso gratuito a la enseñanza superior a 60.000 estudiantes. “Exigimos que se garanticen todos los proyectos que se están desfinanciando, incluida la matrícula gratuita”, reivindicó María Victoria Méndez, estudiante de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

A pesar de que el presidente Santiago Peña afirmó que seguirá apoyando el dispositivo “arancel cero”, los estudiantes exigieron un marco jurídico y financiero claro que garantice su perennidad. Arguyeron que la ley compromete otros programas educativos, lo que genera preocupación en cuanto a la igualdad y el acceso a la educación.

Según datos de la ONG ACLED, el número de protestas estudiantiles aumentó en un 74% con respecto a las manifestaciones de marzo de 2024.

Marcha infantil contra la violencia sexual

El 2 de junio de 2024, niños y adolescentes salieron a las calles de Asunción para reclamar una mayor protección contra la violencia sexual e instar al Gobierno a tomar medidas frente al creciente número de casos. La manifestación fue convocada por grupos defensores de los derechos humanos, con motivo del Día Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes, para concienciar sobre los abusos sexuales a menores y promover medidas de prevención, de protección y de transparencia más sólidas.

Según datos de la Dirección de Estadística de la Corte Suprema de Justicia, entre 2019 y 2023, 886 personas fueron condenadas por abuso sexual de menores. En total, se iniciaron 4029 causas, con lo que la tasa de condenas de estos casos fue del 22%. Estas cifras suscitan preocupación en cuanto la eficacia del sistema judicial para tratar los casos de abusos sexuales a menores.