El Salvador: aumentan los riesgos para las personas defensoras de los DD. HH. durante el régimen de excepción

El 14 de septiembre de 2022, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la sexta prórroga del régimen de excepción en vigor. Pronto se cumplirán siete meses desde puesta en marcha de esta medida, decretada tras una ola de violencia de las pandillas a finales de marzo de 2022. Según los datos oficiales, más de 50 000 personas han sido detenidas desde entonces. Amnistía Internacional afirmó que las autoridades han desmantelado la independencia judicial y han perpetrado actos de tortura, así como miles de detenciones arbitrarias y violaciones de las garantías procesales. La organización informó de la muerte de por lo menos 73 personas mientras permanecían detenidas.

En paralelo, el 15 de septiembre de 2022, Día de la Independencia de El Salvador, el presidente Nayib Bukele anunció que buscará ser reelegido en 2024. Tal y como informamos en el CIVICUS Monitor, el camino para su reelección quedó despejado en 2021, tras la publicación de una resolución de Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que estableció que los presidentes pueden ejercer dos mandatos consecutivos. Los críticos expresaron su preocupación por el estado de la democracia y recordaron que la Constitución prohíbe las reelecciones consecutivas.

Asociación

Los riesgos para las personas defensoras de los derechos humanos (PDDH) en El Salvador siguieron aumentando entre julio y principios de septiembre de 2022 como consecuencia de la prolongación del estado de excepción.

Frontline Defenders informó que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron al defensor indígena Alfredo Zetino Santos y a su hijo Alexander Zetino el 17 de julio de 2022, cuando se encontraban en su domicilio en San Ramón, departamento de Sonsonate. Durante la detención, las autoridades hicieron comentarios racistas sobre pelo largo del defensor. Cinco horas más tarde, las autoridades liberaron a Zetino debido a la presión social de la comunidad, pero no llegaron a notificarle formalmente los motivos de su detención. La organización internacional también hizo saber que cinco hijos de Zetino Santos fueron detenidos de forma arbitraria durante el régimen de excepción.

Frontline Defenders también destacó la detención arbitraria de dos defensoras de los derechos humanos en abril y mayo de 2022, y expresó su profunda preocupación por el riesgo que corren las PDDH, los periodistas y sus familias.

Asimismo, el 31 de agosto de 2022, organizaciones salvadoreñas de la sociedad civil desvelaron que habían registrado 3 186 denuncias por abusos de poder en el marco del régimen de excepción, la mayoría por detenciones arbitrarias. Gran parte de estos abusos fueron perpetrados por agentes de la PNC. Este seguimiento lo llevó a cabo una coalición de grupos de la sociedad civil formada por Cristosal, Amate, la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y el Servicio Social Pasionista (SSPAS).

Informe sobre El Salvador

El 6 de septiembre de 2022, las organizaciones de la sociedad civil que conforman la coalición Mesa por el Derecho a Defender Derechos presentaron su informe titulado Defendiendo derechos humanos en contextos de crisis: análisis de casos de agresiones contra personas defensoras y periodistas, 2021-2022. Para esta investigación, la coalición recopiló datos que van desde enero de 2021 hasta abril de 2022 que demostraron el contexto adverso en el que se desenvuelven las PDDH y los periodistas salvadoreños. Registró 246 agresiones, de estas, 106 fueron contra mujeres y 64 contra grupos u organizaciones.

Tres de cada cuatro casos documentados fueron por violaciones de la libertad de expresión y de prensa mediante actos de vigilancia, estigmatización, intimidación y acoso, entre otros. Según dichas agrupaciones, en 2021, en la mayoría de las campañas de desprestigio contra las PDDH y los periodistas se los acusó de actuar movidos por motivos espurios o por intereses políticos ocultos. En 2022, bajo el régimen de excepción, la situación se agudizó y con frecuencia fueron acusados de estar asociados con grupos criminales.

Sentencia positiva

El 13 de septiembre de 2022, un tribunal de Ahuachapán decretó el sobreseimiento provisional de la causa contra siete personas defensoras del agua de la hacienda La Labor. El juez consideró que las pruebas presentadas eran insuficientes para llevar a juicio a los acusados; no obstante, concedió a la fiscalía un año para presentar nuevas pruebas y reabrir la causa judicial. Tal y como informamos en el Monitor CIVICUS, los siete habían sido acusados de "ocupación violenta" de unos terrenos de la inmobiliaria Fénix S.A. de C.V. en los que la empresa está construyendo viviendas de lujo en la zona. Las acusaciones contra los defensores se produjeron después de que las comunidades de la hacienda La Labor denunciaran que la empresa estaba extrayendo agua sin los permisos correspondientes, afectando al suministro de agua de más de 20 000 familias.

Reunión pacífica

El 15 de septiembre de 2022, grupos de la oposición marcharon por las calles de San Salvador para protestar contra el Gobierno. Entre ellos había veteranos de guerra, sindicatos de trabajadores y familiares de personas detenidas durante el régimen de excepción Exigieron que se respeten los derechos civiles y políticos, y condenaron la decisión del presidente Bukele de presentarse a la reelección. Muchos portaban pancartas con fotografías de familiares detenidos durante el régimen de excepción, para quienes pidieron su liberación. Formaciones feministas también se sumaron a la protesta para reivindicar el respeto de los derechos sexuales y reproductivos. Ese mismo día, miles de personas asistieron al desfile oficial del Día de la Independencia en la capital, que contó con la participación de las fuerzas armadas.

Expresión

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró 52 ataques contra la prensa en el primer semestre de 2022. En la mayoría de los casos, la autoría de estas violaciones recayó sobre las instituciones gubernamentales, a diferencia de los años anteriores, cuando los grupos criminales y las fuerzas de seguridad fueron los principales responsables.

Asimismo, a principios de septiembre de 2022, un legislador de Nuevas Ideas, el partido del Gobierno, estigmatizó en redes sociales al fotoperiodista Jonathan Funes de El Diario de Hoy. El diputado Christian Guevara citó la cobertura que hizo Funes de unas cárcavas en un barrio de San Salvador, alegando que el reportero gráfico se había beneficiado de las ayudas del Ministerio de Obras Públicas, pero que no había informado sobre ello. La APES comentó el suceso, recordando a los funcionarios públicos que tanto los periodistas como los ciudadanos tienen derecho a acceder a los servicios públicos, independientemente de su trabajo y de la línea editorial del medio de comunicación para el que trabajan, y que recibirlos no debe influir en su trabajo.