En febrero de 2023, los legisladores salvadoreños prorrogaron el estado de excepción, lo que supone que la suspensión de algunos derechos fundamentales habrá durado como mínimo un año. Como informamos desde el CIVICUS Monitor, a finales de marzo de 2022, se adoptaron medidas excepcionales para refrenar la violencia de las pandillas.
En enero de 2023, organizaciones de derechos humanos publicaron informaciones procedentes de una filtración de bases de datos en la que se apreciaban indicios de violaciones masivas de las garantías procesales, de hacinamiento extremo en centros penitenciarios y de muertes bajo custodia durante el estado de excepción. “[La filtración de] esta base de datos permite corroborar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción”, expresó Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch.
Asociación
11 marzo: Dos meses sin nuestros líderes comunitarios
— ADES Santa Marta (@ades_sm) March 11, 2023
Desde hace dos meses, no están con nosotros y nosotras: no tenemos su presencia, sus palabras, su empeño decidido y su trabajo incansable. pic.twitter.com/DIhPkzfdhF
El 11 de enero de 2023, las autoridades detuvieron a cinco personas defensoras del medioambiente de la Asociación ADES Santa Marta, una formación que promueve el desarrollo de la comunidad de Santa Marta, municipio de Victoria, Cabañas. La Fiscalía General acusó a los defensores de estar implicados en un homicidio perpetrado hace treinta años durante el conflicto armado salvadoreño. Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega fueron detenidos cuando se hallaban en la oficina de la organización en Guacotecti. También fueron acusados de un delito de agrupación ilícita.
ADES Santa Marta y estos defensores del medioambiente han desempeñado un papel importante en la resistencia a la expansión de las actividades mineras y en la protección de las fuentes de agua en El Salvador. El 20 de enero, 250 organizaciones de la sociedad civil pidieron al Gobierno que retirara los cargos contra los defensores y firmaron que, en lugar de investigar las violaciones de los derechos humanos perpetradas por los militares durante la guerra civil, el Gobierno volvió a victimizar a la comunidad de Santa Marta, fundada por personas que fueron desplazadas durante el conflicto armado. Las organizaciones destacaron que los defensores del medioambiente habían adoptado una postura crítica hacia el Gobierno de Bukele y que su detención se produjo en el marco de unas medidas que, presuntamente, habrían emprendido las autoridades para revocar la prohibición histórica que proscribió la minería de metales en suelo salvadoreño.
Tras las detenciones, miembros de ADES Santa Marta y simpatizantes organizaron protestas para pedir la liberación de los defensores.
Expresión
El Salvador: FIP exige investigar #amenaza a la #radio #YSUCA | https://t.co/rjrMMyycjr
— Radioactividades (@ractividades) February 15, 2023
El 7 de febrero de 2023, Radio YSUCA recibió una llamada anónima de unos individuos que amenazaron con atacar las oficinas de la emisora. La radio desveló que ya había recibido amenazas y mensajes insultantes anteriormente, sobre todo desde perfiles falsos en redes sociales en el marco de una campaña de difamación. La Federación Internacional de Periodistas condenó las amenazas y pidió a las autoridades que investigaran de forma urgente esos actos intimidatorios.
Por otro lado, en febrero de 2023, los medios de comunicación El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica y Diario El Mundo publicaron informaciones sobre la estimación presupuestaria del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el voto desde el extranjero durante las elecciones generales de 2024. El 17 de febrero de 2023, Dora Martínez, presidenta del TSE, reprendió públicamente a los medios que informaron sobre este asunto y acusó a ciertos miembros de la prensa de difundir información sesgada. En Twitter, Martínez aseguró que las autoridades deben investigar la procedencia de una información que “no ha sido oficializada”. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) recordó a los funcionarios públicos que no tienen derecho a investigar las fuentes periodísticas ni a ejercer censura alguna por la publicación de información de interés público.
INFORME SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
En febrero de 2023, Article 19 publicó su informe trimestral sobre la libertad de expresión en Centroamérica y Cuba. Según la organización, en El Salvador, el estilo personal del presidente ha generado un “caudillismo” mediático y mercantil, es decir, la comunicación estatal se ha ido identificando progresivamente con la figura del líder del Gobierno, con el fin de concentrar los poderes del Estado, de limitar los contrapoderes institucionales y de señalar a toda voz crítica como aliada del enemigo interno personificado en la figura de las pandillas.
Article 19 también destacó los datos de APES, según los cuales, se produjeron 125 ataques contra la libertad de prensa en 2022. Los ciberataques y la vigilancia digital fueron algunas de las violaciones más frecuentes, y el 42 % de los casos documentados se dieron en redes sociales.