Cuba: continúan los juicios de manifestantes; la reforma del código penal proponen más restricciones

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En enero de 2022, el Tribunal Supremo de Cuba propuso un proyecto de ley que modifica varios artículos del Código Penal en el marco de una amplia reforma que se debatirá en abril de 2022. El artículo 143 de la reforma suscitó la preocupación de grupos de derechos humanos, quienes destacaron que el proyecto emplea un lenguaje ambiguo con el fin de criminalizar a cualquier individuo u organización que "apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional". Las infracciones podrían dar lugar a penas que van hasta los diez años de prisión.

Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), esas disposiciones imprecisas podrían usarse para silenciar a periodistas independientes y medios de comunicación que dependen de la financiación extranjera para su funcionamiento. En declaraciones al CPJ, Laritza Diversent del grupo de la sociedad civil cubana Cubalex explicó:

"La figura es demasiado amplia y ambigua. Los términos no se definen y esto se hace a propósito, para que se pueda aplicar a cualquiera en cualquier circunstancia. Los periodistas independientes y los defensores de los derechos humanos, la mayoría de los cuales dependen del apoyo extranjero como única fuente de financiamiento, son los más expuestos."

Cubalex también señaló que el artículo 268 de la reforma aumenta las penas por "instigación a delinquir" y establece sanciones para los casos en los que los delitos se lleven a cabo en redes sociales. Según el grupo, estas normas podrían usarse para criminalizar aún más las protestas, la desobediencia civil y la libertad de expresión. Por ejemplo, estas disposiciones podrían emplearse para criminalizar las campañas contra leyes restrictivas en redes sociales.

Hostigamiento a las personas defensoras de los derechos humanos

Tal y como informó CIVICUS Monitor, tres militantes de YoSíTeCreo y Alas Tensas que defendían los derechos de los presos políticos y sus familias fueron detenidas durante varias horas en enero de 2022. Camila Rodríguez, una de las militantes, aseguró que agentes de la seguridad del Estado había seguido acosándola y vigilándola. Según Rodríguez, los agentes que aseguraron el cumplimiento de su arresto domiciliario durante casi dos semanas en marzo de 2022 le impidieron salir a la calle, incluso para acudir a una cita médica.

Informe sobre presos políticos

El 29 de marzo de 2022, el grupo de la sociedad civil Prisoners Defenders publicó un informe en el que denunció que más de un centenar de presos políticos cubanos han sufrido torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. En el informe elaborado para el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, la organización documentó quince tipos de tortura y de malos tratos recurrentes entre los presos políticos, entre ellos, las humillaciones, las amenazas a los detenidos y a sus familias, las agresiones físicas y la privación de atención médica. Al parecer, la situación se agravó tras las protestas de 2021, cuando cientos de personas fueron detenidas por su participación en las manifestaciones.

Reunión pacífica

El 16 de marzo de 2022, las autoridades cubanas anunciaron que habían condenado a 128 personas que participaron en las protestas antigubernamentales de julio de 2021. En un comunicado, la Corte Suprema sostuvo que los condenados habían "intentado subvertir el orden constitucional, de forma violenta". De los enjuiciados, 127 fueron condenados a penas que van de 6 y 30 años de prisión por diversos delitos relacionados con las protestas, como "vandalismo" y "sedición". Según informaciones publicadas en la prensa, solo uno de los acusados fue absuelto y otro fue condenado a trabajos correccionales sin internamiento.

A la luz de estos juicios multitudinarios, una coalición de la sociedad civil lanzó una campaña a favor de un proyecto de ley de amnistía para los detenidos por su participación en las manifestaciones. La formación también pidió la "despenalización del disenso". La campaña busca recoger diez mil firmas en Cuba con el objetivo presionar a las autoridades para que liberen a los presos políticos. Esta iniciativa está liderada por el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, una coalición de treinta organizaciones cubanas e internacionales.

Protesta frente a la embajada de Panamá

El 9 de marzo de 2022, más de cuatrocientas personas, muchas de ellas con pasaportes y billetes de avión, se concentraron frente a la embajada de Panamá en La Habana para protestar contra un nuevo requisito que acababa de entrar en vigor: desde ese día, todo ciudadano cubano que haga escala en el aeropuerto de Ciudad de Panamá tendrá que disponer de un visado de tránsito. La medida pretende obstaculizar el viaje de los emigrantes que esperan transitar por la nación centroamericana rumbo a Estados Unidos en un momento en que la isla vive una oleada migratoria. Desde detrás de un cordón policial, la multitud coreaba: "¡Queremos respuestas, queremos respuestas!". Las autoridades panameñas habían anunciado la medida el 9 de marzo por la mañana y horas después aclararon que la nueva norma no entraría en vigor hasta dentro de cuatro días.

Expresión

El 31 de marzo de 2022, la Procuraduría General de la República pidió que se condenara a seis años de prisión al periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, quien se encuentra en prisión provisional desde junio de 2021. Según el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), Valle fue encausado por los presuntos delitos de "propaganda enemiga" y "resistencia". Tal y como informamos en el CIVICUS Monitor, la víspera de su detención, Valle publicó un video en el que informó del lanzamiento de octavillas a favor de la democracia desde un edificio de La Habana. Según la coalición Voces del Sur, la salud del periodista se deterioró en la cárcel y tuvo que ser trasladado a un hospital.

Informe sobre Cuba

El 29 de marzo de 2022, Amnistía Internacional publicó su informe anual sobre el periodo 2021-2022. En su análisis, la organización afirma que en 2021 las autoridades cubanas "intensificaron su maquinaria de control de la libertad de expresión y de reunión con medidas de vigilancia física de militantes de los derechos humanos, artistas y periodistas —a quienes además sometieron a arrestos domiciliarios, detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso y, en algunos casos, malos tratos—, al tiempo que interrumpían el servicio de Internet". Amnistía Internacional también destacó la detención de más de setecientas personas que participaron en las manifestaciones que, en muchos casos, fueron acusadas de delitos que históricamente se han usado para silenciar la disidencia y que a menudo no se ajustan al derecho y las normas internacionales en materia de derechos humanos. Entre esos delitos, destacan los de "desordenes públicos, resistencia, desacato, incitación a delinquir y daños".