Tal y como informó el CIVICUS Monitor, a finales de abril de 2021, el proyecto de ley para la reforma tributaria provocó manifestaciones antigubernamentales en toda Colombia. Miles de personas se unieron al paro nacional contra el proyecto de ley y la movilización dio lugar a manifestaciones generalizadas y duraderas en defensa de múltiples reivindicaciones. Las manifestaciones que se desarrollaron en varias ciudades del país estuvieron marcadas por una fuerte represión policial. En algunos casos, dichas movilizaciones también se tornaron violentas.
Según Human Rights Watch, hasta principios de junio habían fallecido por lo menos sesenta y ocho personas durante los actos de protesta. Más de mil personas resultaron heridas o detenidas, y cientos fueron dadas por desaparecidas. También se señalaron varios ataques contra edificios públicos, como comisarías y oficinas gubernamentales.
La organización de derechos humanos Temblores documentó 4 687 casos de actos violentos (sin incluir los de desaparición) perpetrados por la fuerza pública entre el 28 de abril y el 26 de junio de 2021. Entre las violaciones que se produjeron durante las manifestaciones, la organización identificó decenas de casos de violencia sexual y de lesiones oculares, así como a más de doscientas víctimas de disparos.
El 15 de junio de 2021, casi cincuenta días después del inicio de las movilizaciones, el Comité Nacional del Paro anunció la suspensión temporal de las manifestaciones multitudinarias. Sin embargo, los líderes del movimiento afirmaron que la movilización continuará mediante la organización de otros eventos para establecer un diálogo social y comenzar la redacción de proyectos de ley que tengan en cuenta sus demandas. A pesar de esta suspensión, en la práctica, otros grupos de protesta y movimientos sociales promovieron y continuaron con las manifestaciones en numerosas ciudades, si bien fueron de menor envergadura que las anteriores.
El Comité programó nuevas manifestaciones para el 20 de julio de 2021, Día de la Independencia de Colombia. En respuesta a este anuncio, algunos órganos de gobierno locales promulgaron medidas restrictivas, como toques de queda. En el Valle del Cauca, por ejemplo, la gobernadora impuso un toque de queda y restringió la entrada de vehículos y personas al departamento del 16 y al 22 de julio de 2021. Cabe recordar que Cali, la capital del departamento, fue el epicentro del paro.
El toque de queda en el Valle del Cauca trastocó la organización de una reunión de la Asamblea Nacional Popular (ANP), un foro creado después del mes de abril para reunir a aquellos grupos sociales que consideraban que el Comité Nacional del Paro no representaba sus reivindicaciones. En un comunicado, la ANP señaló que las personas que viajaron hasta Cali para asistir a una reunión de la organización, que se celebraría del 17 al 20 de julio de 2021, sufrieron actos de intimidación y acoso, y fueron detenidas.
A pesar de las restricciones, el 20 de julio de 2021, miles de personas participaron en marchas y actividades pacíficas en todo el país en el marco del paro. Si bien las movilizaciones fueron pacíficas en su mayoría, Temblores documentó ciento veintiocho denuncias por violencia policial. Ese mismo día el Gobierno presentó un nuevo proyecto de ley tributaria que eliminará algunos de los aspectos más controvertidos de la anterior reforma fiscal.
Las manifestaciones antigubernamentales continuaron en julio y agosto de 2021. El 26 de agosto de 2021, por ejemplo, los manifestantes salieron a las calles de las principales ciudades del país para condenar la inacción del Gobierno frente a los crecientes casos de violencia, masacres y asesinatos de defensores de derechos.
Informes sobre la represión de las manifestaciones
Acá les presentamos nuestras infografías con las cifras actualizadas sobre violencia policial en estos 60 días de paro nacional👇 pic.twitter.com/1hCFupq1I3
— Temblores ONG 🐘 (@TembloresOng) June 29, 2021
El 1 de julio de 2021, la ONG Temblores, Indepaz y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Universidad de los Andes presentaron un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las violaciones sistemáticas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos durante esta oleada de manifestaciones.
El 7 de julio de 2021, la CIDH publicó sus observaciones y recomendaciones tras una visita de trabajo a Colombia a principios de junio de 2021. Durante la visita, la organización escuchó a más de quinientas personas y recogió trescientos dos testimonios individuales y colectivos. Estas organizaciones llamaron al diálogo para superar el conflicto social e insistieron en la necesidad de proteger a los periodistas y a las misiones médicas, de abrir investigaciones con la debida diligencia y de aplicar un enfoque integral que ofrezca reparación a las víctimas y que castigue a los responsables de las violaciones de los derechos humanos. El día de la publicación del informe, la CIDH anunció la instauración de un Mecanismo Especial de Seguimiento en materia de Derechos Humanos en Colombia.
El 30 de julio de 2021, Amnistía Internacional publicó Cali: en el epicentro de la represión, un informe que describe la represión policial, el paramilitarismo, las detenciones ilegales y la tortura de manifestantes pacíficos durante el paro nacional. Amnistía Internacional llevó a cabo una verificación digital exhaustiva de material audiovisual que confirmó que los agentes antidisturbios del ESMAD hicieron un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. También documentaron actos de paramilitarismo urbano a manos de civiles armados que acompañaban a las fuerzas del orden.
Cali concentró las denuncias más graves de represión violenta de manifestantes jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad y de grupos civiles armados. Cali se encuentra entre los territorios más perjudicados por el conflicto armado colombiano; varios grupos armados han proliferado y siguen activos en la zona, mientras que el número de personas desplazadas y asesinadas se cuentan por miles. Según Amnistía Internacional, la represión que se llevó a cabo en Cali fue un buen ejemplo de la respuesta nacional del Gobierno a las manifestaciones. La organización precisó:
"Los hechos documentados no fueron aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón de accionar violento por parte de las autoridades colombianas, quienes han respondido a la protesta con estigmatización, criminalización, represión policial ilegal y militarización."
Marchas del Orgullo LGBTQI+
El 4 de julio de 2021, miles de personas participaron en las marchas del Orgullo LGBTQI+ en Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades colombianas. Durante las manifestaciones se rindió homenaje a la militante Laura Weinstein, exdirectora de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo Trans (GAAY), quien falleció en febrero de 2021. A lo largo de las celebraciones del Orgullo, los manifestantes también protestaron contra la violencia que sufren las personas y comunidades LGBTQI+ en Colombia y pidieron a las autoridades que garanticen sus derechos.
Asociación
Continúan los asesinatos de personas defensoras de derechos
𝗥𝗶𝗲𝘀𝗴𝗼 𝗮 𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗹𝗶𝗱𝗲𝗿𝗲𝘀𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮
- 174 lideresas y defensoras de DDHH han sido asesinadas desde la firma del acuerdo de paz
- 123 durante el gobierno de @IvanDuque
- 19 en el 2021Cauca, Antioquia y Nariño los más afectados pic.twitter.com/hNVLeNJuu2
— 🇮 🇳 🇩 🇪 🇵 🇦 🇿 (@Indepaz) September 7, 2021
Entre el 1 de mayo y el 1 de septiembre de 2021, la organización de derechos humanos Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) documentó el asesinato de cincuenta y ocho líderes sociales y personasdefensores de los derechos humanos en Colombia. Indepaz también publicó datos sobre el asesinato de mujeres líderes sociales en septiembre de 2021. Su labor de seguimiento reveló que 174 mujeres líderes y defensoras de los derechos humanos han sido asesinadas en el país desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016. De estos asesinatos, 123 fueron perpetrados durante el Gobierno de Iván Duque. Solo en 2021 han sido asesinadas diecinueve líderes y defensoras de los derechos humanos.
Los casos que se documentaron en mayo de 2021 incluyen el asesinato de militantes que dirigían las movilizaciones del paro nacional en sus departamentos, como el líder campesino Cristian Torres y el defensor de los derechos humanos Juan David García. En ese mismo mes asesinaron al líder juvenil indígena de 18 años Geovanny Cabezas Cruz en Jamundí y a la profesora y líder en materia de derechos laborales Beatriz Moreno Mosquera en Buenaventura, ambos en el Valle del Cauca. Cecilia Valderrama, defensora de los derechos humanos y miembro de la organización de defensa de los derechos de las mujeres Asmues, fue hallada muerta en Chaparral, Tolima. Su cuerpo mostraba signos que indicaban que había sufrido un agresión sexual.
Entre junio y julio de 2021 hubo más asesinatos y más de treinta líderes sociales y personas defensoras fueron asesinadas durante esos meses. Entre ellos hay defensores de los derechos de pueblos indígenas y autoridades tradicionales de diversas comunidades y territorios, como Munchique, Media Naranja, Embera Dobidá, Tacueyó y Totumal. También fue asesinado el militante social Danilo Galindo y su hijo, así como líder afrocolombiano Gustavo Solís Ramos. Entre los líderes culturales asesinados también figura Harold Angulo Vencé, conocido como el rapero Junior Jein, alias el Cabaio, cuya música abordaba la represión estatal y policial, y José William Mayoral Castillo, líder cultural y social de Putumayo.
En agosto de 2021 también fueron asesinados Miguel Muchavisoy, autoridad tradicional de la comunidad kamentsá de Cabildo Biya; Félix Tomás Batta Jiménez, defensor de los derechos humanos que trabajaba estrechamente con las víctimas del conflicto; y Carlos Freddy Londoño Bautista, profesor y sindicalista. El sindicato de profesores FECODE publicó un comunicado en el que exigió justicia para Londoño Bautista y advirtió de las amenazas sistemáticas de las que son objeto los dirigentes y miembros del sindicato.
Muchas de las víctimas de estos cuatro meses eran campesinos o líderes comunitarios comprometidos con el desarrollo local en múltiples departamentos, como Cauca, Antioquia, Cesar, Córdoba, Huila, Norte de Santander, Quindió, Magdalena y Bolívar. En algunos casos, estos asesinatos fueron perpetrados durante masacres brutales en las que los líderes fueron asesinados junto a miembros de sus familias, como en el caso de Luis Castrillón.
Expresión
Asesinan a un comunicador indígena en Cali
#ComunicaONIC| Desde @ONIC_Colombia lamentamos profundamente la partida de Beatriz Cano, mujer indígena y comunicadora del Tejido de Comunicación para la Verdad y la Vida de la Çxhab Wala Kiwe – @ACIN_Cauca.
Durante su vida estuvo dedicada al trabajo comunitario. (Hilo 🧶). pic.twitter.com/G0rl288KBS
— Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC (@ONIC_Colombia) June 7, 2021
El 4 de junio de 2021, un grupo armado agredió a la comunicadora y líder indígena Beatriz Cano mientras recorría el municipio de Santander de Quilichao. Falleció tres días después en una clínica de Cali. En el mismo vehículo también viajaba su hija de cinco años; César Galarza, su pareja; y Floresmino Tróchez, miembro de la comunidad. Todos resultaron gravemente heridos y tuvieron que ser hospitalizados. Eran miembros de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte (ACIN). El ataque sería una represalia por la cobertura de Cano de las manifestaciones en Cali y su actividad militante a favor de la paz.
Amenazan a periodistas por su labor
El 8 de junio de 2021, atacantes no identificados dispararon contra la vivienda del periodista Pincen Mora. Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), un grupo de ocho hombres no identificados a bordo de motocicletas se detuvieron frente la casa y oficina de Mora en Medellín, y le exigieron que saliera a hablar con ellos. Cuando se negó, abrieron fuego contra el inmueble. Mora, su esposa y su hija se hallaban en el interior, pero no resultaron heridas. La familia se mudó después del ataque, pero al volver para recoger sus pertenencias se encontró con que la casa había sido desvalijada. Los atracadores se llevaron objetos personales y el equipo que Mora usaba para desarrollar su trabajo de editor de la página de Facebook Extrema Noticia, un medio de comunicación local e independiente. En declaraciones al CPJ, el periodista relató que hace poco había informado sobre una presunta actividad delictiva en la venta de propiedades en su barrio.
En otro caso, en agosto de 2021 Amnistía Internacional informó que la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz recibió información confidencial y fidedigna sobre un plan para asesinar al periodista José Alberto Tejada. Tejada dirige el medio de comunicación caleño Canal 2 y ha denunciado crímenes penados por el derecho internacional y violaciones de los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad en Cali durante el paro nacional.
Según Amnistía Internacional, desde el inicio de las manifestaciones en abril de 2021, Tejada ha vivido más de catorce sucesos relacionados con su seguridad; de hecho, hombres no identificados lo estuvieron vigilando y recibió amenazas de muerte, entre otros. El 20 de julio de 2021, las fuerzas de seguridad dispararon al periodista y su equipo con armas subletales mientras cubrían las manifestaciones. Funcionarios públicos de alto rango también lo han acusado públicamente de difundir noticias falsas para incitar a la violencia en Cali.
El 28 de agosto de 2021, mediante la Resolución 29/2021, la CIDH otorgó medidas cautelares a Tejada y a Jhonatan Buitrago, cámara de Canal 2. La organización afirmó que ambos reporteros habían recibido amenazas y sufrido actos de acoso y violencia por su cobertura de las manifestaciones.
Agresiones contra periodistas durante las manifestaciones
Policías y ciudadanos repitieron patrones de agresiones contra periodistas, alimentaron la estigmatización y obstruyeron la circulación de la información. Estas son las cifras de agresiones que documentamos entre el 28 de abril y el 19 de julio.
Lean más➡️ https://t.co/roJRIG6wYy pic.twitter.com/M71OTdQQQ0— FLIP (@FLIP_org) August 9, 2021
El 5 de junio de 2021, el fotoperiodista francés Charles Gros-Shelton fue víctima de una agresión mientras cubría actos de protesta en Cali. Al parecer, un agente del ESMAD le disparó un bote de gas lacrimógeno y le dio en la cara. Gros-Shelton trabaja como corresponsal internacional para varios medios de comunicación y llevaba un casco que le identificaba como prensa.
El 23 de junio de 2021, varios manifestantes rompieron las ventanas de la sede de RCN Radio en Bogotá y pintaron insultos en las paredes.
El 29 de junio de 2021, agentes de policía agredieron a la reportera Katy Sánchez y a la pasante Alexandra Molina de la emisora independiente RCN Radio cuando cubrían las manifestaciones antigubernamentales en Bogotá. El CPJ señaló que Sánchez y Molina habían grabado a miembros del ESMAD mientras golpeaban, pateaban y detenían a un adolescente cuando las agredieron. Sánchez relató que un agente la empujó con su escudo y la tiró al suelo, le dio una patada en la espalda y la golpeó con su porra, lo cual le provocó un fuerte esguince en el tobillo izquierdo y le dejó las rodillas ensangrentadas. Al día siguiente, el comandante de la Policía de Bogotá grabó un video en el que afirmó que los agentes implicados en las agresiones a las periodistas y al menor habían sido suspendidos.
El 28 de julio de 2021 fue agredido Andrés Cardona, reportero y fotógrafo de medios de comunicación internacionales. Carmona resultó gravemente herido cuando agentes del ESMAD le dispararon un bote de gas lacrimógeno mientras cubría una manifestación en el distrito de Usme, Bogotá. Cardona llevaba un carné de prensa, un chaleco y un casco que lo identificaban como periodista. El reportero ya había sufrido otras heridas en junio de 2021 después de que un policía uniformado lo golpeara en la cabeza con su arma y tuviera que recibir atención médica.
Por otra parte, entre el 28 de abril y el 19 de julio de 2021, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) documentó trescientos casos de agresiones a periodistas durante las manifestaciones. Estos sucesos afectaron a un total de 342 comunicadores. Los ataques que se dieron con mayor frecuencia fueron las agresiones físicas y las amenazas. En el 60 % de los casos los autores pertenecían a las fuerzas de seguridad. La FLIP destacó que este año se ha producido el mayor auge de actos violentos contra la prensa durante las manifestaciones de la última década.
La FLIP, la Asociación Internacional de Prensa de Colombia (APIC) y Reporteros sin Fronteras (RSF) publicaron una alerta sobre la falta de protección del Estado colombiano a los reporteros que cubren las manifestaciones. Las organizaciones se lamentaron:
"En particular, es inexplicable que frente a los desmedidos niveles de violencia, sin precedentes, no actúe para detener los abusos de la fuerza contra la prensa en estos escenarios."
Censura y obstrucción del trabajo periodístico
El 4 de agosto de 2021, la FLIP denunció que las fuerzas de seguridad intimidaron y censuraron a los periodistas que cubren noticias sobre los desplazados de Antioquia. Según la prensa, en julio de 2021 grupos armados ilegales amenazaron e intimidaron a moradores de Ituango y alrededores, lo que condujo al desplazamiento forzoso de 4 000 personas. A principios de agosto, las autoridades locales organizaron el regreso de los desplazados con el apoyo de las fuerzas armadas. De acuerdo a la información que recibió la FLIP, miembros de las fuerzas armadas estaban obstruyendo la cobertura periodística de la crisis, sin ninguna explicación clara sobre los motivos que impedían a la prensa tomar fotografías o grabar videos. Además, la organización afirmó que los desplazados temen hablar con la prensa.
Disidentes de las FARC coaccionaron y secuestraron a un periodista
El periodista Josué Nieves fue quien grabó la segunda prueba de supervivencia del Coronel Pedro Pérez, secuestrado por disidencias de las FARC. Hoy narra en @LaNocheNTN24 cómo un hombre armado llegó hasta su vivienda para "pedirle un favor" y que llevara la cámara➡️ pic.twitter.com/6OJScRDSa0
— La Noche NTN24 (@LaNocheNTN24) September 8, 2021
El 5 de septiembre de 2021, disidentes de las FARC secuestraron al periodista Josué Nieves, director del medio digital N Noticias Saravena, en Arauca. Según la FLIP, un grupo armado lo sacó de su domicilio y le hizo atravesar la frontera para adentrarse en territorio venezolano. Allí le hicieron presenciar la grabación de una "prueba de vida" del coronel del ejército Pedro Pérez Arciniegas, a quien el grupo tiene secuestrado desde abril de 2021. Dicha grabación buscaba contradecir al ejército, quien días antes había afirmado que el grupo había asesinado a Arciniegas. Finalmente Josué Nieves publicó el vídeo en su medio de comunicación por temor a las represalias.
Según la FLIP, esta no era la primera vez que Nieves era blanco de disidentes de las FARC. La organización advirtió de que estas publicaciones bajo presión no deben usarse para incriminar al periodista o al medio de comunicación. La FLIP pidió a las autoridades que tomaran medidas para proteger a Nieves y a otros periodistas en Arauca. La organización añadió: "Forzar a los comunicadores a difundir misivas de las partes en conflicto es inadmisible y genera un riesgo de ser objeto de represalias de quien se ve afectado por la publicación, en este caso el Ejército por haber sido desmentido. Este hecho pone sobre la mesa una práctica recurrente en los conflictos armados."
20 de julio, día nacional de #Colombia. Decenas de marchas se movilizan en las ciudades. Llegan a Bogotá la Minga Indígena y las 'Primeras líneas'. El Comité del Paro Nacional entregará al Congreso 10 proyectos de ley salidos del Pliego de Emergencia. pic.twitter.com/eN5eI1lkPU
— Fotomovimiento (@Fotomovimiento) July 20, 2021
Reunión pacífica
Manifestaciones y abusos continuos
