Bolivia: criminalización de los defensores del medioambiente y ataques contra periodistas

La organización de la sociedad civil Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) publicó un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país entre los meses de abril y junio de 2021. Según la organización, cuarenta y una personas se enfrentan a procesos judiciales "irregulares e infundados" relacionados con la destitución del expresidente Evo Morales en 2019. El CEDIB también destacó el uso de los medios de comunicación estatales para la difusión de información errónea sobre la pandemia y para justificar los procesos penales contra los líderes de la oposición.

Además, la organización registró violaciones de los derechos de las personas defensoras del medioambiente y de los derechos humanos mediante campañas de desprestigio, criminalización y estigmatización. Por ejemplo en mayo de 2021, cuando ocho defensores del medioambiente fueron acusados de avasallamiento y de pertenencia a una asociación delictiva en Roboré, Santa Cruz; todos ellos serán enjuiciados por la vía penal. Los defensores denunciaron presuntas irregularidades en el reparto de tierras en la región que habrían favorecido a partidarios del Gobierno. Por otro lado, el director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas estigmatizo a los guardaparques que denunciaron una supuesta negligencia del Estado en la protección de dichas áreas.

Reunión pacífica

La #Fiscalía cita a dos periodistas de radio Yungas y FM Bolivia a declarar por el conflicto de los productores de coca de los Yungas de #LaPaz, en Coriptada el 3 de julio, además, requiere material periodístico “con la finalidad de contar con mayores elementos de prueba”. pic.twitter.com/CGYI5pxVGw

— Informe Exclusivo (@Informexclusivo) July 12, 2021

El 5 de julio de 2021, la Fiscalía solicitó a las emisoras Yungas y FM Bolivia la entrega de una lista de las entrevistas que habían hecho, así como de fotografías y copias de su cobertura periodística de un conflicto en Coripata, departamento de La Paz. Este requerimiento se produjo en el marco de una investigación sobre la muerte de un agente de policía durante los enfrentamientos con los cocaleros de la región. La policía citó a declarar a dos periodistas y a los directores de las emisoras, si bien dichas citaciones fueron suspendidas más tarde. El 15 de julio de 2021, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Bolivia expresó su rechazo a las actuaciones de los fiscales y recordó que la confidencialidad de las fuentes es un derecho protegido por el marco internacional de los derechos humanos y constituye una garantía fundamental para proteger el trabajo de la prensa y para salvaguardar el derecho de la sociedad a recibir información de interés público.

Miembros de un equipo de prensa del periódico Los Tiempos fueron víctimas de una emboscada, amenazas y agresiones el 28 de julio de 2021, cerca de Cochabamba. Un periodista, un fotógrafo y un conductor se encontraban una zona rural del municipio de Arbieto para informar sobre la ocupación de tierras en la finca La Angostura cuando fueron rodeados por el grupo de agresores. Esos últimos despojaron a los periodistas de sus equipos, borraron las imágenes de una cámara y tomaron fotos de sus documentos de identidad. El equipo también sufrió agresiones físicas y fue objeto de amenazas. Los agresores liberaron a las tres víctimas después de haberlas retenido durante casi una hora.

Ese mismo día, Adrián Quelca, ministro de Educación de Bolivia, insultó a un periodista de Página Siete durante una rueda de prensa. Quelca acusó al periodista de haber mentido y de no haber ofrecido a los funcionarios públicos la posibilidad de replicar a las noticias sobre presuntas irregularidades en los exámenes para acceder a altos cargos dentro del sistema educativo. Funcionarios públicos habrían agredido e insultado al periodista después de la rueda de prensa.

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