Aumentan los disturbios a medida que el programa del Gobierno erosiona las libertades fundamentales

Contexto

El desmantelamiento del Ministerio de la Mujer y el recorte del presupuesto para la sanidad suscita rechazo

Como ya informamos, una oleada de protestas recorrió el país tras la declaración del estado de emergencia económica por parte del nuevo Gobierno, que con el pretexto de llevar a cabo una profunda desregulación de los servicios públicos, ha debilitado significativamente las instituciones dedicadas a proteger los derechos humanos. Entre las entidades afectadas figura el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que fue convertido en una subsecretaría y transferido al Ministerio de Justicia en diciembre de 2023, y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, clausurado en febrero de 2024. El Gobierno también anunció que planea transferir el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas al Ministerio de Justicia, lo que podría acabar con su autonomía y reducir su presupuesto.

Además, los comentarios antifeministas del presidente Javier Milei han avivado la oposición a las iniciativas contra la violencia de género, a pesar de los 322 feminicidios registrados en 2023; una cifra récord que suponen un aumento del 33% con respecto a 2022, cuando se registraron 242. El apoyo presidencial a políticas regresivas pone en peligro a las mujeres y socava los avances conseguidos por el movimiento feminista argentino en materia de igualdad de género en los últimos años.

El 8 de febrero de 2024, legisladores de Libertad Avanza presentaron en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para eliminar el derecho al aborto. Activistas feministas han denunciado que si bien Milei aún no ha tomado medidas para abolir el acceso al aborto, sus recortes en sanidad pública están reduciendo la disponibilidad de las píldoras abortivas.

Por otra parte, a pesar del inmenso recorte de gastos, los precios no han cesado de aumentar y ya acumulan una subida del 254,2% con respecto al año anterior.

El polémico “megadecreto” pasa a la Cámara de Diputados tras ser rechazado en el Senado

Como ya hemos informado, el Poder judicial argentino ha bloqueado la aplicación de reformas laborales y sindicales. Estas medidas figuraban en el extenso DNU 70/2023, presentado el 21 de diciembre de 2023, y buscaban desregular la economía y limitar las huelgas; sin embargo, su aprobación se topó con importantes obstáculos legales, entre ellos una sentencia que declaró inconstitucionales algunas disposiciones del DNU.

El 14 de marzo de 2024, tres meses después de ser presentado, el Senado rechazó el “megadecreto” por 25 votos a favor y 42 en contra, evidenciando así la debilidad relativa del presidente en el Congreso. Este revés compromete el futuro de las reformas económicas de Javier Milei y suscita importantes inquietudes en materia de derechos humanos. A pesar de esto, el “megadecreto” sólo podrá ser descartado definitivamente si también es rechazado por la Cámara de Diputados.

Reunión pacífica

Reprimen a las personas manifestantes que se oponen al polémico paquete de reformas

Entre el 31 de enero y el 2 de febrero, se produjeron fuertes enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad —Policía Federal, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional— en las inmediaciones del Congreso, mientras la Cámara de Diputados debatía el proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, una ley ómnibus que abarca desde la política económica hasta la privatización de entidades estatales. La intervención de las fuerzas de seguridad, que emplearon gases lacrimógenos, balas de goma y cañones de agua para dispersar a manifestantes, se saldó con 31 detenciones arbitrarias y por lo menos 285 personas heridas por balas de goma o gases lacrimógenos. Según informes oficiales, siete policías resultaron heridos durante los enfrentamientos.

El 1 de febrero, durante una protesta, el abogado defensor de los derechos humanos Matías Aufieri resultó gravemente herido en un ojo por una bala de goma. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) informó que entre las personas heridas había más de treinta profesionales del periodismo y de la fotografía (ver Libertad de expresión).

El recientemente aprobado protocolo “antipiquetes” autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver las manifestaciones públicas que obstruyan el tráfico. Sin embargo, las fuerzas de seguridad emplearon la fuerza de manera abusiva, a pesar de que las personas manifestantes no bloquearon el tráfico en modo alguno entre el 31 de enero y el 2 de febrero. Organizaciones argentinas de derechos humanos señalaron el uso abusivo e ilegal de cuantiosas armas menos letales la tarde del 31 de enero.

En concreto, agentes de la Policía Federal rociaron a las personas manifestantes con químicos irritantes y las golpearon con tonfas. Los testimonios de los profesionales sanitarios sugieren que el irritante químico provocó lesiones más graves que las que suelen causar este tipo de armas, entre ellas quemaduras y dolores intensos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifestaron su preocupación por las múltiples denuncias de organizaciones de la sociedad civil sobre el uso desproporcionado de la fuerza contra las personas manifestantes. Instaron al Gobierno argentino a respetar el derecho a la libertad de expresión, de prensa y de reunión pacífica, y a garantizar que las manifestaciones sean seguras para todas las personas que participen en ellas:

“La CIDH reitera que las protestas y las manifestaciones pacíficas son elementos esenciales en las sociedades democráticas y que el Estado debe respetar, proteger, facilitar y garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. En contextos de protestas, el uso de la fuerza es un recurso último y excepcional, que debe limitarse a circunstancias en las que se acredite su legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. El actuar de las fuerzas civiles y policiales para garantizar la seguridad de las personas y el orden público debe estar orientado, con estricta observación, al respeto de los derechos humanos y los estándares interamericanos, según los protocolos existentes para tales fines”.

El 6 de febrero, el Senado rechazó el proyecto de ley y lo devolvió a la comisión legislativa para que lo someta a trámite nuevamente.

La ciudadanía sale a protestar en el aniversario del golpe de Estado de 1976

El 24 de marzo de 2024, miles de manifestantes se concentraron en Buenos Aires en conmemoración del 48 aniversario del golpe de Estado de 1976. Portaban pancartas en las que se podía leer “30.000 razones para defender la patria”, en referencia a las 30.000 personas que se estima que fueron asesinadas o desaparecidas durante la “guerra sucia” de la Junta contra presuntos disidentes políticos, especialmente de izquierdas, entre 1976 y 1983.

Mientras la manifestación recorría las calles de la capital, el presidente Javier Milei publicó un video polémico en el que pedía justicia para las víctimas de las guerrillas izquierdistas y no para quienes sufrieron la represión de la Junta. Especialistas en materia de derechos humanos explicaron que la publicación de ese video forma parte de la estrategia revisionista de Javier Milei, que busca reescribir la memoria histórica del país equiparando la violencia de las guerrillas con el terrorismo de Estado para justificar así la represión brutal de la dictadura.

Se intensifican las protestas masivas contra las medidas de austeridad

En marzo y abril de 2024, se desarrollaron múltiples protestas a lo largo de todo el país, algunas de las cuales fueron disueltas de forma violenta por las fuerzas de seguridad. A continuación detallamos algunas de las más relevantes de esos meses:

El 18 de marzo, miles de personas salieron a protestar por toda Argentina. Bloquearon más de quinientas carreteras para denunciar los recortes drásticos de subsidios y de servicios sociales impuestos por el presidente Javier Milei para hacer frente a la aguda crisis económica que azota al país. Las protestas fueron organizadas por sindicatos y movimientos sociales cuando se cumplieron los primeros cien días de gobierno de Javier Milei. Las personas manifestantes expresaron su preocupación por la situación de cuarenta mil comedores populares que se están quedando sin víveres para alimentar a familias en apuros debido a la suspensión gubernamental del envío de suministros a la espera de una auditoría. La inflación también ha forzado el cierre de comedores. Las fuerzas de seguridad usaron gas pimienta para dispersar a manifestantes que se encontraban en las inmediaciones del puente Pueyrredón, en la provincia de Buenos Aires. También detuvieron a una decena de personas y varias resultaron heridas, entre ellas miembros de los medios de comunicación (ver Libertad de expresión).

El funcionariado salió a las calles el 2 de abril para protestar contra los despidos en el sector público. Las manifestaciones se desarrollaron frente a edificios públicos en toda Buenos Aires y estuvieron acompañadas de una importante presencia policial. En aplicación del protocolo “antipiquetes”, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich ordenó el despliegue de cientos de policías en los alrededores de ministerios e instituciones públicas para controlar las manifestaciones.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) instó a las personas trabajadoras despedidas a defender sus puestos de trabajo, en respuesta al anuncio de la supresión de unos 11.000 empleos públicos por parte del Gobierno y de la revisión de 70.000 contratos en un plazo de tres meses. Desde diciembre de 2023 se han suprimido 9.253 puestos en la administración pública nacional.

Las tensiones entre las fuerzas de seguridad y manifestantes antigubernamentales se exacerbaron el 10 de abril. En Buenos Aires, más de 4.000 miembros de movimientos populares salieron a las calles a reclamar el abastecimiento de comedores sociales y de puestos de mercados, y a mostrar su oposición a la reducción del número de personas beneficiarias del programa Potenciar Trabajo. La policía empleó cañones de agua, gases lacrimógenos y balas de goma para disolver la manifestación que bloqueaba la avenida 9 de Julio, una de las principales arterias de la capital. La intervención se saldó con once detenciones y seis personas heridas.

El 23 de abril, cientos de personas cargadas de libros salieron a protestar en las principales ciudades del país en defensa de la educación pública y gratuita. Las manifestaciones se llevaron a cabo en el marco de la marcha universitaria federal. El presidente anunció que, pese al aumento ininterrumpido de la inflación, el presupuesto para las universidades públicas sería el mismo que el de 2023, lo que en la práctica entrañaría una reducción del 80% de la financiación. Anteriormente, Milei ya había criticado las universidades públicas, tachándolas de “semilleros de socialismo y adoctrinamiento”.

En la protesta participaron sindicatos, universidades públicas y privadas, y partidos de la oposición de todo el espectro político. La policía contabilizó 100.000 manifestantes en la marcha de Buenos Aires, mientras que la Universidad de Buenos Aires (UBA) estimó la participación en 500.000 personas. También hubo marchas universitarias en Córdoba, Rosario, Mar del Plata y en ciudades de catorce provincias.

Durante la marcha se leyó una manifiesto que rezaba: “La educación es un derecho humano fundamental porque reduce la desigualdad. Las y los estudiantes trabajan y cuidan de sus familias. Las becas son fundamentales. Las becas Progresar y Manuel Belgrano sufrieron recortes. Las universidades carecen de presupuesto para sostener becas propias. Un país que no invierte en educación renuncia a su soberanía”.

Libertad de expresión

Hieren a miembros de la prensa mientras cubrían una protesta

Entre el 31 de enero y el 2 de febrero de 2024, mientras se debatía en el Congreso el proyecto de ley ómnibus (ver Reunión pacífica), las fuerzas de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires hirieron a por lo menos 35 periodistas, cámaras y profesionales de la fotografía, según datos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN). A pesar de que se los podía identificar claramente como miembros de la prensa, las fuerzas de seguridad les dispararon con balas de goma y los rociaron con un nuevo tipo de gas que les provocó quemaduras.

Alfredo Luna, un reportero gráfico con una larga trayectoria empleado por la Agencia Nacional de Noticias Télam, relató que vivió una situación angustiosa el 1 de febrero de 2024, mientras cubría una protesta pacífica frente al Congreso. Las fuerzas de seguridad lo atacaron a él y a otros miembros de la prensa, a pesar de que se los podía identificar fácilmente como periodistas gracias a los chalecos distintivos de prensa que portaban. Le dispararon en un muslo con una bala de goma y lo rociaron con un gas lacrimógeno que hizo que le escocieran los ojos y la piel durante horas. Luna explicó que la represión policial se produjo en dos tiempos: en un primer momento, efectivos de la gendarmería avanzaron con escudos y lo rociaron con una sustancia que lo cegó por unos instantes; luego, agentes de policías abordo de motocicletas lo rodearon y dispararon balas de goma directamente a él y a grupo reducido de profesionales de la fotografía.

La redactora del noticiario del canal Televisión Pública y miembro del SiPreBa Lorena Tapia fue víctima de una agresión similar y sufrió heridas por balas de goma en la espalda, la cintura y los glúteos. Aseguró haber vivido una situación dramática y haber visto llorar a personas de su entorno profesional. También explicó que agentes de policía abordo de motocicletas suelen dar vueltas alrededor de periodistas para amedrentarlos, entre otras tácticas intimidatorias.

La gravedad de la situación llevó al SiPreBA, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) a solicitar medidas cautelares a la CIDH al día siguiente.

Agustín Lecchi, secretario general del SiPreBA, aseguró: “Parece que tenemos que explicarle a la ministra Patricia Bullrich que las y los trabajadores de prensa no somos blancos móviles. Las y los periodistas, camarógrafos y fotógrafos estaban ahí para cubrir una noticia, que era la movilización al Congreso en el marco del tratamiento de una ley. Estaban haciendo su trabajo, que muchas veces termina después de la movilización, según definan las diferentes empresas para las que trabajan”.

El 8 de febrero, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión instaron al Gobierno argentino a que “garantice la seguridad de todas las personas, especialmente de las personas manifestantes, periodistas y trabajadores de la prensa, asegurando que quienes deseen protestar pacíficamente puedan hacerlo y que periodistas puedan realizar su labor informativa sin temor a represalias o violencia de parte de autoridades o particulares. Además, en la aplicación de protocolos de actuación, debe considerarse la instrucción a las fuerzas de seguridad sobre el respeto a los medios de comunicación”.

Durante la protesta del 18 de marzo, las fuerzas de seguridad agredieron físicamente al cronista Carlos Ferrara, de la cadena de televisión bonaerense Canal 9 y a su equipo técnico. La manifestación se saldó con detenciones y varias personas heridas (ver Reunión pacífica). Ferrara recibió varios golpes, sufrió una lesión ocular a causa del gas pimienta con el que lo rociaron y tuvo que ser llevado a un hospital donde le administraron oxígeno y lo sedaron. Las fuerzas de seguridad también atacaron a Leo Godoy, del canal argentino de noticias por cable A24, y a su equipo técnico mientras emitían en directo. Rodrigo Abd, fotoperiodista de Associated Press (AP), también sufrió molestias provocadas por gases irritantes.

Ataques a la libertad de prensa

El Gobierno del presidente Javier Milei ha manifestado su hostilidad hacia la prensa y la labor periodística por medio de ataques verbales, actos de intimidación y amenazas judiciales. En diciembre de 2023, Reporteros Sin Fronteras advirtió de que “las violentas contiendas verbales contra cualquier periodista crítico constituyen ya una señal de alarma para el respeto y la garantía del derecho a la información en el país”.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) denunció que el presidente y sus ministros protagonizaron cuatro de cada diez agresiones a la prensa durante los tres primeros meses del nuevo Gobierno. Entre el 19 de marzo y el 18 de abril, la organización documentó 17 violaciones de la libertad de prensa, de las cuales el 53% fueron perpetradas por Javier Milei, quien a menudo emplea un lenguaje estigmatizador para referirse a los profesionales de la prensa, a quienes tacha de “corruptos”, “mentirosos” o “extorsionadores”, al tiempo que disuade a miembros del Gobierno de conceder entrevistas.

El 17 de marzo, el presidente citó en X una columna de opinión de Jorge Fontevecchia titulada “¿Pichetto presidente?”, publicada el 15 de marzo en el Diario Perfil, acompañada de un comentario: “Esto es lo que pasa cuando estás con síndrome de abstinencia de pauta y, en tu incompetencia, estás al borde de la quiebra… Obviamente, te ponés en modo golpista para tratar de volver a vivir de la guita del Estado”. Este reproche refleja su hostilidad persistente hacia la prensa, especialmente hacia los medios de comunicación que se han mostrado críticos con su gobierno.

El 21 de marzo, el periodista de CNN en Español Nacho Girón tuiteó sobre los crecientes rumores procedentes de la Casa Rosada —sede de la Presidencia— que sugerían que los autores de crímenes contra la humanidad de avanzada edad podrían cumplir sus condenas en régimen de prisión domiciliaria. Otros profesionales del periodismo también se hicieron eco de esta información. En respuesta, Javier Milei atacó a Girón en X, a quien espetó: “Venía[s] operando fuerte con esta gran mentira… espero que cuando los hechos dejen en claro tu mentira pidas perdón por tus mentiras operadas...” (sic). Tras esto, la cuenta del periodista recibió una avalancha de comentarios agresivos. Girón aseguró que se sentía muy apenado por el ataque del presidente, que era la primera vez que alguien desmentían una información suya y que sus fuentes eran fiables.

Organizaciones de defensa de la libertad de prensa han denunciado un rápido aumento de las amenazas contra mujeres periodistas desde la elección de Javier Milei. El 9 de enero, durante una conferencia de prensa, el presidente criticó públicamente a Silvia Mercado, una periodista con una larga trayectoria como cronista en la Casa Rosada. Mercado defendió su labor y a sus fuentes, y expresó su decepción por las reprimendas públicas del presidente. Con todo, Javier Milei, se negó a dar marcha atrás e intensificó sus acusaciones, afirmando que Mercado se aferraba a falsedades y que ponía en peligro el trabajo del vocero presidencial.

El 10 de abril, el presidente acusó a la periodista María Laura Santillán de informar de manera parcial o con segundas intenciones, insinuando que podría estar sirviendo a los intereses de un grupo político. Además, el mandatario hizo comentarios misóginos que suscitaron preocupación, ya que podría tratarse de un caso de discriminación de género. En X, el presidente retuiteó una publicación de la cuenta @stanleybostero que decía: “ARCHIVO | Así operaban en el programa de Maria Laura Santillán, a apenas 3 días de las elecciones, diciendo que con Milei la devaluación no tenía límites y que el dólar iba a estar lo más alto posible. ¿Pedirán disculpas por haberle mentido a la gente?”.

La publicación iba acompañada de un video del periodista Rubén Rabanal en el programa de Santillán, emitido por LN+ el 19 de octubre de 2023, en el que explicaba por qué, a su parecer, el precio del dólar aumentaría si el entonces candidato libertario ganaba las elecciones. El jefe del Estado volvió a citar la publicación y añadió: “JAMÁS OLVIDAR… Lo bueno de la era moderna es que el archivo es instantáneo y al alcance de la mano para todos… Es muy fácil ver quién es quién en el mundo de los operetas… Además, no nos olvidemos de su relación con…”.

Cierre fulminante de Télam tras ochenta años de servicios

El 4 de marzo, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que Télam, la agencia de noticias estatal fundada en 1945, suspendería sus actividades durante siete días y acusó a la entidad de ser un instrumento de propaganda del partido de la oposición. En su día, Télam fue la mayor agencia de noticias estatal de América Latina y la segunda más importante en lengua castellana.

El mismo día, los profesionales del periodismo que acudieron a las oficinas de Télam en el centro de Buenos Aires se encontraron con que la policía había vallado la entrada y no pudieron acceder al edificio. Los miembros del personal de la entidad recibieron un correo electrónico en el que se les notificó la suspensión remunerada de su labor durante siete días. La medida afectaría a los setecientos sesenta periodistas de la agencia y al resto del personal. La decisión suscitó protestas entre los miembros de la plantilla, que la condenaron y calificaron de “ataque a la democracia y la libertad de expresión”.

Desde entonces, más de setecientos trabajadores de Télam se han movilizado en defensa de la agencia y para impedir su cierre. “Es un ataque a la libertad de expresión inédito en Argentina. En las últimas décadas, no hemos visto nada igual”, aseguró Tomás Eliaschev, delegado sindical de Télam.

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) exigieron que “se dé marcha atrás de forma inmediata en esta decisión unilateral que atenta contra dos pilares fundamentales de cualquier sistema democrático: el derecho a la información y la libertad de expresión”.

Un exgobernador denuncia a un periodista

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su profunda preocupación por la denuncia por difamación presentada por el dirigente peronista y exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri contra el periodista de investigación Daniel Enz en abril de 2024. Urribarri, quien fue condenado a ocho años de prisión e inhabilitado permanentemente para el ejercicio de cargos públicos por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, presentó la demanda mediante su abogado Fernando Burlando.

En la denuncia, Urribarri sostiene que Enz cometió delitos federales en el marco de su labor periodística en la revista de investigación Análisis, donde publicó informaciones procedentes de fuentes oficiales del Poder Judicial de Entre Ríos que fueron cruciales para su condena. En el documento, el exgobernador también pidió acceder a los registros telefónicos de Enz, incluidas todas las llamadas entrantes y salientes. Burlando afirmó, sin pruebas, que Urribarri era objeto de una conspiración judicial y política orquestada por “operadores judiciales”, entre ellos fiscales, jueces, la intendenta de Paraná y el periodista Daniel Enz.

La ADEPA condenó la actuación y aseguró que se trata de un ataque injustificado a Enz por ejercer su labor periodística. También advirtió que las acusaciones formuladas por Urribarri socavan las bases mismas del periodismo de investigación y los principios consagrados en la Constitución argentina. Enz, quien cuenta con una larga experiencia profesional y ha dirigido la revista Análisis durante 34 años, cree que la demanda es un intento desesperado de Urribarri para retrasar su ingreso en prisión y confía en que la causa acabe siendo desestimada.

Detenciones por publicaciones sobre la vida privada de un exgobernador de Jujuy

Nahuel Morandini, ingeniero y profesor universitario, fue detenido por las autoridades de Jujuy el 4 de enero de 2024, en el marco de la instrucción de una causa penal iniciada tras la denuncia de Tulia Snopek, esposa del exgobernador de Jujuy Gerardo Morales. Amnistía Internacional explicó que la apertura del proceso judicial estuvo motivada por una publicación de Morandini, en X, en la que hizo alusión a una supuesta infidelidad de Snopek. Posteriormente, el serígrafo autónomo de 42 años Roque Villegas también fue detenido por publicar informaciones al respecto en Facebook.

A ambos se los acusa de daños psicológicos, con la agravante de violencia de género, y de “supresión de identidad” de una menor —la hija de dos años y medio de Gerardo Morales—, a pesar de la falta de intención y de pruebas que fundamenten la denuncia. De ser declarados culpables, podrían ser condenados a penas de hasta ocho años de prisión.

También se dictó una orden de detención contra Lucía González por un comentario en un grupo de WhatsApp sobre el mismo tema. Si bien la orden fue anulada recientemente a petición del Ministerio Público, la investigación contra ella continúa y podría ser condenada a entre dos y seis años de prisión. También se la acusa de daños psicológicos.

El 26 de febrero de 2024, la Fiscalía solicitó que a Morandini y Villegas se les aplicara el régimen de prisión domiciliaria. A pesar de que las partes demandantes se opusieron a la petición, esa misma tarde fueron puestos en libertad con una orden de alejamiento.

El 1 de marzo, Jan Jarab, representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó su preocupación por el uso de la prisión preventiva, que parece injustificable en este caso, así como por los relatos de malos tratos durante y después de la detención de los acusados. También hizo hincapié en la prohibición categórica de la tortura en virtud del derecho internacional en materia de derechos humanos. Si bien se congratuló de la puesta en libertad de Morandini y Villegas, Jarab también destacó que la apertura de una causa penal contra ambos no se ajusta a las normas internacionales e insistió en que el derecho penal debe usarse siempre como último recurso. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también subrayó la importancia de la independencia de la Justicia para garantizar que las decisiones judiciales se fundamenten en hechos y pruebas, y sean conformes a la ley.

Morandini y Villegas denunciaron tratos inhumanos y degradantes durante sus primeros días de detención en el penal de Villa Gorriti, en San Salvador de Jujuy. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura denunció los hechos ante el Ministerio Fiscal. El 4 de abril de 2024, la Fiscalía de Jujuy imputó a Julio Arnaldo Vaca, jefe del Servicio Penitenciario de la provincia, y a veintidós miembros de esa fuerza por maltratar, vejar y humillar a Morandini y Villegas durante los cincuenta y tres días que permanecieron en prisión.

Condenan al influencer Emmanuel Danann por acoso sistemático a la periodista Marina Abiuso

El 11 de abril de 2024, el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas n.º 21 de Buenos Aires condenó al influencer Manuel Jorge Gorostiaga, conocido como Emmanuel Danann, por hostigar en redes sociales y de forma sistemática a la periodista Marina Abiuso. Danann le había enviado mensajes despectivos e intimidatorios, en especial sobre su cobertura periodística del caso de Lucio Dupuy, un menor asesinado en La Pampa, el cual tuvo una gran repercusión mediática. También la amenazó con matarla y violarla. Estas acciones se desarrollaron en el marco de una campaña para silenciar a Abiuso, editora de género del canal de noticias TN y una destacada defensora de la igualdad de género.

Danann fue condenado a cuarenta horas de tareas comunitarias y tendrá que participar en un taller sobre la violencia de género. También se le ha prohibido mencionar o ponerse en contacto con Abiuso por cualquier medio.

Amnistía Internacional Argentina se felicitó por el fallo y aprovechó la oportunidad para destacar la violencia que padecen los profesionales del periodismo que informan sobre cuestiones de género y diversidad. También destacó que Danann ya había sido condenado por discriminar a una mujer trans. La organización Women Press Freedom celebró la sentencia y espera que contribuya a acabar con el acoso y la discriminación en línea, dejando en claro que no se tolerarán estos comportamientos y que los autores tendrán que rendir cuentas por ellos.

Libertad de asociación

Agreden a una activista en Buenos Aires

El 5 de marzo de 2024, dos sujetos armados no identificados irrumpieron en el domicilio de Sabrina Bölke, miembro de la organización HIJOS (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) y la golpearon, la agredieron sexualmente y la amenazaron de muerte. Una vez los hechos consumados, los agresores pintaron en una pared las siglas “VLLC”, por “Viva la libertad, carajo”, un conocido eslogan de Javier Milei.

HIJOS sostiene que el ataque obedece a razones políticas y está motivado por su activismo a favor de los derechos humanos. HIJOS fue fundada en 1995 para representar a los hijos de las personas asesinadas, desaparecidas o encarceladas por la dictadura militar entre 1976 y 1983.

Organizaciones internacionales denuncian medidas represivas y amenazas al medioambiente a raíz de la reforma constitucional de Jujuy

En un informe publicado el 17 de abril de 2024, nueve organizaciones con una amplia trayectoria en la defensa del medioambiente y de los derechos humanos expresaron su preocupación por el reciente proceso de reforma constitucional en Jujuy. Se trata de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Observatorio Ciudadano, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Brot für die Welt, Human Rights Law Centre (HRLC), Center for the Study of Law, Dejusticia, Movement Law Lab y Global Network of Movement Lawyers.

Las organizaciones subrayaron que durante el proceso para la adopción de la Constitución provincial no se consultó a los once pueblos indígenas de Jujuy, en violación de las normas internacionales en materia de derechos humanos y medioambientales. En el informe, las organizaciones destacan que la nueva Constitución de Jujuy autoriza el desarrollo de actividades productivas en tierras públicas, allanando así el camino para proyectos extractivos en territorios ancestrales indígenas, sin que se garantice la consulta previa, libre e informada a las comunidades.

Según los datos del censo, la provincia de Jujuy, situada en el noroeste de Argentina, en la frontera con Bolivia, tiene uno de los porcentajes más elevados de población indígena del país. El 20 de junio de 2023, la Convención Constituyente de la provincia de Jujuy modificó 193 de los 212 artículos de su Constitución tras casi un mes de deliberaciones. Como ya informamos, la reforma constitucional desencadenó protestas que fueron objeto de una fuerte represión. Las OSC de Jujuy criticaron la exclusión de la ciudadanía y de los pueblos indígenas del proceso constituyente. También condenaron las disposiciones de la nueva Constitución, ya que restringen fuertemente el derecho a la protesta y menoscaban los derechos de los pueblos indígenas sobre sus fuentes de agua y territorios ancestrales.

En el informe también figuran los testimonios de víctimas de la represión policial que sufrieron detenciones arbitrarias y graves lesiones físicas debido al uso excesivo e injustificado de la fuerza. Las organizaciones también documentaron casos de manifestantes que actualmente se enfrentan a causas penales arbitrarias y excesivas por haber promovido y participado en manifestaciones pacíficas contra la reforma constitucional.