Ataques contra organizaciones de derechos humanos y miembros del aparato judicial guatemaltecos

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Continúa la criminalización de los miembros del aparato judicial

El 19 de octubre de 2022, la Fiscalía allanó el domicilio de Leily Santizo, exfiscal de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La redada se llevó en cumplimiento de una orden de captura contra Santizo por la presunta obstrucción de procesos penales. Sin embargo, ella no se encontraba en la vivienda en ese momento. El 25 de octubre de 2022, Santizo se presentó por voluntad propia ante los juzgados, a pesar de que sus abogados habían denunciado irregularidades en la causa penal contra ella.

La investigación contra Santizo se fundamenta en una conversación telefónica con el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos. La Fiscalía alega que tanto Santizo como Sandoval accedieron a principios de 2022 a información confidencial sobre una causa penal contra Sandoval. En el marco de esa investigación, se dictó una cuarta orden de captura contra Sandoval. La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) expresó su preocupación por estos nuevos actos de criminalización contra ambos miembros del aparato judicial.

También destacó que el fiscal general acusa a Sandoval de haber tenido un acceso privilegiado a informaciones sobre un procedimiento reservado, a pesar de que como acusado tenía derecho a conocer esas informaciones. La OMCT también señaló la criminalización que aún hoy sigue padeciendo la exfiscal Virginia Laparra, quien permanece detenida desde febrero de 2022. La OMCT subrayó:

“Estos actos se producen en un contexto de deliberada erosión y debilitamiento del Estado de derecho en Guatemala, que tiene por objetivo la creación de un clima de miedo, así como la cooptación del sistema judicial para garantizar la impunidad de las redes criminales que operan en el país”.

Asimismo, a principios de noviembre de 2022, el magistrado Miguel Ángel Gálvez anunció su dimisión y abandonó el país debido a la persecución y el hostigamiento que ha padecido. Días antes, el grupo de la sociedad civil Alianza por las Reformas había publicado un comunicado en el que advertía de la campaña de desprestigio contra Gálvez y denunciaba que no se habían dado las condiciones necesarias para que pudiera defenderse de “denuncias espurias y maliciosas”.

En mayo de 2022, Gálvez ordenó que nueve oficiales retirados del ejército y la policía fueran juzgados por varios cargos, entre ellos, la detención ilegal, las torturas, el homicidio y la desaparición forzada de más de 195 personas entre 1983 y 1985 durante el régimen militar de Óscar Humberto Mejía Víctores. Tras esa decisión, recibió amenazas, fue acosado y actualmente se enfrenta a una querella criminal presentada por la organización de extrema derecha Fundación contra el Terrorismo. En septiembre de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a Gálvez debido a las amenazas que se ciernen sobre su vida y su integridad.

Tras el anuncio de su exilio, una coalición de organizaciones de la sociedad civil difundió un comunicado en el que aseguró que la dimisión de Gálvez era “una vergüenza para el sistema judicial guatemalteco. Lejos de proteger a quienes defienden el Estado de derecho, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha servido de escudo para a corrupción y la impunidad”.

Amenazan a una organización defensora de los derechos humanos

La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala(UDEFEGUA) ha sufrido una oleada de ataques y amenazas digitales. Durante más de veinte años, UDEFEGUA ha defendido el derecho a defender derechos y ha documentado ataques contra comunidades y personas defensoras de los derechos humanos en Guatemala. La organización internacional Global Witness expresó su preocupación por la situación y afirmó que UDEFEGUA parece ser objeto de una campaña de desprestigio en Internet que habría sido llevada a cabo mediante cuentas anónimas gestionadas por bots, que acusan a la organización de perpetrar delitos penales y deslegitiman su labor en defensa de los derechos humanos. Es más, a algunos de sus integrantes, incluidas figuras destacadas de la organización, los han amenazado con agredirlos.

El 26 de octubre de 2022, siete organizaciones de la sociedad civil publicaron un comunicado en el que manifestaron su apoyo a UDEFEGUA, cuya labor ha sido objeto de ataques y amenazas constantes. También subrayaron que se ha producido una escalada y una multiplicación de los ataques debido al trabajo de UDEFEGUA en defensa de fiscales y jueces, y de otras personas que han sido perseguidas por su labor contra la corrupción. Otros grupos expresaron su solidaridad con UDEFEGUA y condenaron los ataques contra la organización.

Guatemala incumple sus compromisos internacionales

El 8 de noviembre de 2022, UDEFEGUA denunció que el Gobierno de Alejandro Giammattei no ha acatado la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de elaborar una política pública de protección para las personas defensoras de los derechos humanos. En abril de 2022, el Gobierno informó a la Corte que estaba trabajando en ella; no obstante, cuando UDEFEGUA solicitó información a la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) sobre los avances en la materia, se le comunicó que dicha tarea no había sido asignada a ningún funcionario. También le habría comunicado que el Copadeh es una institución temporal que no asume los compromisos adquiridos por gobiernos anteriores.

Expresión

El 17 de octubre de 2022, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) publicó un comunicado en el que alertó de que la Fiscalía de Delitos contra Periodistas había desestimado sin explicación alguna una denuncia presentada por el periodista Robinson Ortega, de Relax TV, tras su detención arbitraria mientras cubría una protesta en Escuintla, en junio de 2022. Semanas más tarde, algunos medios de comunicación informaron de que Ortega se enfrentaba a un proceso penal por esos hechos.

Como ya señalamos desde el CIVICUS Monitor, agentes de policía lo agredieron y dañaron su equipo, y tuvo que recibir atención médica por las lesiones que sufrió. Ortega presentó una denuncia contra uno de los agentes que lo agredió. El día de los hechos, Ortega fue detenido junto a varios manifestantes, pero quedó en libertad después de que un juez local desestimara los cargos contra él. Sin embargo, los fiscales apelaron contra la desestimación. En noviembre de 2022, la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Escuintla decidió ligar a proceso a Ortega en la causa contra cinco personas acusadas de agredir a agentes de policía durante la protesta.

La APG denunció la criminalización de Ortega y aseguró que la agresión policial que sufrió y la criminalización que padece actualmente han deteriorado su salud. Ortega temería represalias por haber denunciado la actuación de la policía. La APG advirtió que los periodistas guatemaltecos están “totalmente desprotegidos y a la merced” de un sistema judicial injusto. También expresó su preocupación por la pérdida de espacios democráticos y los ataques de las autoridades a la libertad de expresión, y previno que incluso la Fiscalía de Delitos contra Periodistas podría usarse contra los reporteros.

Otros sucesos

El 18 de noviembre de 2022, el diario elPeriódico anunció que el cese de su edición impresa a partir del 1 de diciembre para centrarse en su estrategia digital. Aclaró que la decisión se tomó para garantizar su continuidad, ya que “los ataques, la persecución contra nuestros directores, editores, periodistas y los bloqueos económicos que afectan a nuestros clientes, se han multiplicado”. Según su comunicado, algunos de sus empleados también se vieron obligados a abandonar el país en las últimas semanas a causa del contexto actual.

Por otro lado, el 26 de octubre de 2022, dos policías que detuvieron de forma arbitraria y agredieron al periodista Sonny Figueroa en septiembre de 2022 fueron condenados a penas de cuatro años y nueve meses de prisión por abuso de autoridad. La agresión se produjo cuando Figueroa se acercó al Palacio Nacional de la Cultura para pedir ayuda tras un robo. Al parecer, en lugar de ayudarle, ambos agentes lo acusaron de montar un escándalo en la vía pública, lo interrogaron cuando se identificó como periodista, lo golpearon y lo detuvieron. Figueroa relató que los agentes hicieron comentarios irrespetuosos y reiterados contra los periodistas en general. La APG y la Comisión para la Libertad de Prensa expresaron su satisfacción por la decisión judicial y afirmaron que dicha sentencia debe sentar un precedente para la responsabilización de las fuerzas de seguridad y los agentes de policía por los abusos de autoridad contra los periodistas.

Reunión pacífica

El 25 de octubre de 2022, Lesther Castellanos, exjuez y relator contra la tortura, hizo unas declaraciones en las que acusó a quienes se manifestaron a favor de la exfiscal Virginia Laparra de hacer “apología del delito”, una infracción tipificada en el Código Penal guatemalteco. Castellanos había solicitado la apertura de una proceso judicial contra Laparra. Sus declaraciones se produjeron tras una audiencia de esa causa durante la cual manifestantes se congregaron frente al juzgado para denunciar su criminalización. A principios de octubre, Castellanos también había acusado al medio digital Agencia Ocote de obstrucción a la justicia por una entrevista que el medio hizo a Laparra a principios de 2022.

El 14 de noviembre de 2022, transportistas bloquearon dos pasos fronterizos y varias carreteras nacionales en signo de protesta por la subida del precio de los combustibles y del coste de la vida. Exigieron que se limitaran el precio de los carburantes, los productos de la canasta básica, los medicamentos y otros bienes de primera necesidad. Los bloqueos continuaron durante varios días. Durante la semana del 21 de noviembre de 2022, el Gobierno se reunió con representantes sindicales para discutir sus reivindicaciones y propuestas.

El 25 de noviembre de 2022, unas quinientas mujeres participaron en una marcha contra los feminicidios y la violencia de género convocada por la Coordinadora 25 de noviembre en Ciudad de Guatemala. Las manifestantes exigieron al Gobierno medidas contra el aumento de la violencia contra las niñas, los feminicidios y la persecución política de las operadoras de justicia. Según el Observatorio de la Mujer del Ministerio Público, 469 mujeres fueron víctimas de femicidios durante 2022.