Contexto
En 2023, el Gobierno de Díaz-Canel fue muy criticado por el aumento de las restricciones al espacio cívico. Las detenciones arbitrarias y las condiciones de detención de las y los presos políticos también suscitaron preocupación. En su informe anual, Human Rights Watch señaló que para finales de 2023 había un millar de presas y presos políticos en Cuba, los cuales se enfrentarían a importantes dificultades en materia derechos humanos. También destacó la preocupación por el respeto de las garantías procesales, ya que, según ciertas fuentes, algunos procesos judiciales no habrían sido tramitados por tribunales imparciales e independientes.
Además, el Gobierno no ha permitido que las organizaciones de los derechos humanos accedan a las prisiones para evaluar las condiciones de vida y se han reportado casos de presos recluidos en régimen de incomunicación. Por otro lado, en 2023 también aumentó el control gubernamental en internet y las redes sociales. En mayo de ese año, la Asamblea Nacional aprobó una ley sobre la difusión de contenidos en medios digitales, que algunos grupos de la sociedad civil creen que podría usarse para limitar las críticas.
La organización cubana de derechos humanos Cubalex denunció que el aumento de las medidas represivas está creando un entorno marcado por las limitaciones sistemáticas de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Según el informe, estas prácticas, junto con el uso del sistema legal y judicial para la gestión de la disidencia, han contribuido a crear un clima de miedo y a que aumente la autocensura.
En el año 2023 Cubalex ha identificado patrones relacionados con derechos humanos. Estos abarcan la represión sistemática contra activistas, opositores políticos y defensores de derechos humanos, así como la censura y el control de la información. pic.twitter.com/20M5DnCWiT
— Cubalex (@CubalexDDHH) December 31, 2023
Libertad de expresión
Las autoridades detienen arbitrariamente en La Habana a Óscar Elías Biscet, colaborador de Radio Martí
El 9 de enero de 2024, las autoridades detuvieron de forma arbitraria al periodista de Radio Martí Óscar Elías Biscet cuando salía de su domicilio en la capital. Biscet, que pasó casi una década privado de libertad, ha sido detenido varias veces y ha sufrido actos repetidos de acoso por parte de las autoridades. Sylvia Rosabal, directora de la Oficina de Transmisiones a Cuba, condenó la detención de Biscet y pidió su liberación inmediata. También sostuvo que la medida busca acallar a quienes defienden los derechos humanos en la isla.
Periodistas en el punto de mira del nuevo Código Penal
La represión contra quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión continúa. La sociedad civil ha condenado el uso del nuevo Código Penal para acallar las voces disidentes, en especial las de los profesionales del periodismo. Entre enero de 2022 y noviembre de 2023, Luis Ángel Cuza Alfonso, periodista de CubaNet y expreso político, enfrentó actos repetidos de acoso, entre ellos diez detenciones arbitrarias, operativos de vigilancia, citaciones y amenazas. El 7 de noviembre de 2023 fue condenado a un año y seis meses de prisión.
El 10 de enero de 2024, medios de comunicación y organizaciones nacionales e internacionales firmaron una petición para la liberación inmediata de Cuza. En el documento, instaron al Gobierno a dejar de perseguir a quienes expresen su desacuerdo o defiendan los derechos humanos en redes sociales y en otras plataformas.
Críticas en redes sociales desembocan en actos de intimidación por parte de las autoridades
Organizaciones de la sociedad civil han denunciado que expresar opiniones divergentes sobre la crisis económica y social que vive el país en redes sociales puede acarrear graves consecuencias. Las autoridades han citado, visitado y acusado a personas de presuntas violaciones del marco legal, en particular del Decreto Ley 370, también conocido como ley mordaza. Por ejemplo, en diciembre de 2023, Yudeybis Reinoso expresó en Facebook su frustración por la crisis alimentaria. A raíz de ello, autoridades del ayuntamiento de Mariano la citaron y la amenazaron con multarla, confiscarle su teléfono e incluso con ir a la cárcel si seguía criticando al Gobierno.
Libertad de asociación
Las detenciones arbitrarias y otras formas de represión política continúan y se centran cada vez más en mujeres
El 16 de enero de 2024, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos informó que el 45% de todos los actos represivos registrados en 2023 fueron perpetrados contra mujeres. La organización documentó la existencia de un centenar de presas políticas y señaló que las mujeres sufrieron el 67% de las detenciones arbitrarias y el 52% de los arrestos domiciliarios.
También puso de relieve la presunta tendencia del Gobierno cubano a presionar a personas activistas para que abandonen el país y así evitar ser detenidas de forma arbitraria. Esta situación empujó al exilio a las activistas Zuleidys Pérez, Amelia Calzadilla, Roxana García Lorenzo y Marisol Peña Cobos en 2023.
En el caso de Amelia Calzadilla, los actos de acoso habrían comenzado en 2022, después de que publicara un vídeo en el que cuestionaba las difíciles condiciones de vida de la ciudadanía. El video se hizo viral y, tres días después, Calzadilla fue citada a la sede del Gobierno del Cerro, donde vivía. A pesar de que contaba con el apoyo de madres y activistas cubanas, Calzadilla denunció haber sufrido represalias por sus publicaciones en redes sociales. Al parecer, las autoridades le cortaron la conexión a internet, vigilaron su domicilio y lanzaron una campaña de difamación contra ella en redes sociales. El 8 de noviembre de 2023, Calzadilla abandonó Cuba junto con sus hijos. Al mes siguiente, recibió un mensaje de WhatsApp de la policía política en el que les informaban a ella y a su marido de que tenían prohibido volver a la isla.
Según informaciones publicadas en la prensa, las autoridades acusaron a Calzadilla de “incitar a las mujeres cubanas a manifestarse” en un grupo de WhatsApp. Calzadilla explicó que la invitaron a unirse a un grupo de activistas y madres que deseaban organizar manifestaciones para visibilizar los problemas de salud a los que se enfrentaban sus hijos debido a la difícil situación que vive el país. Aseguró que solo se había comprometido a mantenerse en contacto con quienes habían previsto participar en las protestas. Sin embargo, según el mensaje de la policía, este fue el motivo por el que le prohibieron volver a la isla.
Más de 3000 casos de represión en 2023
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) informó que el Gobierno actual habría llevado a cabo 3830 acciones represivas contra la población civil. Entre las principales violaciones de derechos humanos figuran las detenciones arbitrarias (936) y las retenciones ilegales en viviendas (952), una táctica que el Gobierno estaría utilizando para neutralizar a activistas independientes.
La organización destacó que casi un millar personas se encuentran en prisión por motivos políticos o de conciencia y que se ha consolidado un patrón represivo que define como el “vaciamiento de la oposición y de la sociedad civil”, que consiste en obligar a activistas a abandonar el país, so pena de ingresar en prisión.
Solo en diciembre, el OCDH documentó 438 acciones represivas, de las cuales 62 correspondían a detenciones y 376 a otras formas de abuso. En esta última cifra se incluyen los asedios de domicilios, las violaciones contra presos políticos, las citaciones policiales, las amenazas y la interrupción de los servicios de telecomunicaciones con fines políticos, entre otros.
La organización expresó su preocupación por el deterioro de los derechos humanos provocado por la aplicación de un Código penal más represivo —en vigor desde finales de 2022— y por los persistentes casos de exilio, encarcelamiento, acoso e intimidación a los que se enfrenta la oposición política, las personas activistas y los profesionales del periodismo. El OCDH aseguró que a pesar de la vigilancia que ejerce la comunidad internacional mediante el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de las denuncias de diversos países y organizaciones, 2023 ha sido un año nefasto para los derechos de la población cubana y que hay pocas esperanzas de que el gobierno satisfaga las necesidades más imperiosas del pueblo cubano.
En este contexto, el 27 de diciembre de 2023, Berta Soler, líder del movimiento opositor Damas de Blanco, y su esposo, el expreso político Ángel Moya, denunciaron la detención de ambos y de veinte integrantes del colectivo. En redes sociales, Moya relató que tanto Soler como él fueron “interceptados y arrestados” por las autoridades al salir de la sede de las Damas de Blanco, en el barrio habanero de Lawton, y que ambos fueron trasladados, por separado, a las comisarías de los municipios capitalinos de El Cotorro y Guanabacoa. También denunció que las autoridades detuvieron a miembros del movimiento en Santa Clara y en varias localidades de la provincia de Matanzas.
Reunión pacífica
La fiscalía pide penas de hasta nueve años para manifestantes de Caimanera
En enero de 2024, la Fiscalía de Guantánamo solicitó entre cuatro y nueve años de prisión para seis hombres que fueron detenidos tras una protesta pacífica en Caimanera, en mayo de 2023. Diario de Cuba, un portal de noticias independiente cubano, informó que, según los documentos judiciales a los que tuvo acceso, los manifestantes han sido acusados de desorden público, atentado, resistencia e instigación a delinquir. La Fiscalía pide nueve años de prisión para Daniel Álvarez González, seis para Luis Miguel Alarcón Martínez, Freddy Sarquiz González, Felipe Octavio Correa Martínez y Rodolfo Álvarez González, y cuatro para Yandri Pelier Matos.
Las fuerzas de seguridad del Estado los habrían maltratado simplemente por exigir libertad y reclamar una vida digna. Además, las autoridades consideran como una agravante el hecho de que la manifestación se desarrollara en Caimanera, cerca de la base naval estadounidense de Guantánamo.
Pese a la creciente represión, las protestas aumentaron en un 31,76% en 2023
En 2023, el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) registró 5749 protestas públicas, esto es, 1846 más con respecto a las 3923 documentadas en 2022, lo que representa un aumento del 31,76%. Este incremento refleja la creciente disposición, no solo de los grupos de la oposición y de la sociedad civil, sino de toda la ciudadanía a expresar públicamente sus opiniones y reivindicaciones, a pesar del marco legal restrictivo impuesto por el Gobierno.
Desde las protestas masivas del 11 de julio de 2021, el gobierno cubano ha intensificado la represión mediante varias leyes y decretos que limitan significativamente la libertad de expresión y de reunión, entre ellos los Decretos Ley 349, 370 y 35, el Código Penal en vigor desde diciembre de 2022 y la ya aprobada, aunque aún no vigente Ley de Comunicación Social. Sin embargo, pese a estas restricciones, los actos de protesta no han cesado y muchos de ellos han estado encabezados por mujeres. El OCC también señaló que las plataformas digitales y las redes sociales se han convertido en espacios vitales para la crítica y la disidencia, las cuales han conseguido una amplia difusión gracias a participación de personalidades públicas. Esta resistencia cívica continua subraya la creciente percepción de la población de que permanecer en silencio solo perpetúa los abusos de poder.