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Nuevos fallos del Tribunal Constitucional amenazan con limitar la libertad de expresión

Nuevos fallos del Tribunal Constitucional amenazan con limitar la libertad de expresión

Durante este periodo se organizaron varias manifestaciones relacionadas con los derechos laborales debido al impacto de la pandemia de COVID-19 en diversos sectores, como la hostelería y la restauración, entre otros. Por otro lado, dos fallos de Tribunal Constitucional suscitaron gran preocupación por su interpretación restrictiva del derecho a la libertad de expresión. Asimismo, un tribunal español condenó a CTXT, un medio de comunicación digital, por vulnerar el derecho al honor de un famoso actor con la publicación de un artículo en 2016. Dicho tribunal llegó a prohibir al medio digital la publicación de cualquier información adicional relacionada con la noticia que dio lugar a la demanda judicial, aumentando así la preocupación sobre el derecho a la libertad de información.

Contexto

Tal y como ya informamos, el 29 de octubre de 2020 el gobierno español prolongó el estado de alarma hasta mayo de 2021 con el fin de combatir la pandemia de COVID-19. La situación en el país sigue siendo crítica y el número diario de nuevos casos notificados ha aumentado desde mediados de diciembre de 2020.

Reunión pacífica

El 11 de diciembre de 2020 el movimiento Alerta Roja, que representa a artistas e intérpretes en diecinueve ciudades, organizó varias manifestaciones contra las terribles consecuencias de la COVID-19 en el sector. Para visibilizar «la agonía que sufre el sector» se organizó una manifestación creativa y con distancia de seguridad durante la cual se simuló un cortejo fúnebre y algunas personas cargaron ataúdes.

Manifestación en Palma

El 12 de enero de 2021 cuatro mil personas se manifestaron en Palma, la ciudad más grande de las Islas Baleares, contra las restricciones impuestas para combatir la COVID-19. La mayoría de los manifestantes eran trabajadores de la hostelería y de la restauración, los cuales se han visto fuertemente afectados por las medidas adoptadas para frenar la pandemia. No se señalaron detenciones o casos de brutalidad policial contra los manifestantes durante la manifestación. Sin embargo, a los organizadores de la concentración se les impondrá una multa por incumplir la normativa contra la COVID-19, ya que el gobierno balear había prohibió la manifestación por motivos de salud pública.

Independentistas catalanes vuelven a prisión

En julio de 2020 el gobierno catalán otorgó el régimen penitenciario de tercer grado a varios líderes independentistas encarcelados de Cataluña. El tercer grado penitenciario es considerado como un régimen menos estricto ya que, entre otras concesiones, permite a los presos abandonar la cárcel durante varias horas al día y pasar los fines de semana en sus domicilios. A pesar de esto, el Tribunal Supremo español revocó esta decisión en diciembre de 2020 calificando de «prematuro» el cambio a un régimen flexible.

Amnistía Internacional España condenó la decisión del Tribunal Supremo de revertir el régimen penitenciario de Jordi Sànchez y de Jordi Cuixart, dos líderes independentistas condenados por sedición en noviembre de 2019. Esteban Beltrán, director de la organización de derechos humanos, destacó que la detención de Sànchez y Cuixart «constituye una restricción indebida de sus derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión». Las organizaciones también defendieron la reforma del Código Penal español:

«Amnistía Internacional también ha pedido al Congreso que avance sin demora en la reforma del Código Penal para asegurar que la definición del tipo penal de sedición no criminaliza indebidamente el ejercicio de las libertades de expresión y de reunión pacífica, ni impone penas desproporcionadas a actos de desobediencia civil pacífica».

El 14 de enero de 2021 los centros penitenciarios catalanes de Lledoners, Puig de les Basses y Wad-Ras presentaron una propuesta para volver a otorgar el tercer grado penitenciario a los líderes independentistas encarcelados. No obstante, para que esta propuesta sea efectiva el Departamento de Justicia de la Generalitat deberá ratificarla en un plazo de dos meses.

Libertad de expresión

Fallos del Tribunal Constitucional suscitan preocupación

El 15 de diciembre de 2020 el Tribunal Constitucional de España resolvió que «los ultrajes a la bandera de España no están amparados por la libertad de expresión» y, por tanto, se consideran delito. El fallo del tribunal intervino en el marco del recurso de amparo de Pablo Fragoso, un representante sindical multado en 2014 por presuntamente usar lenguaje ultrajante mientras quemaba la bandera española durante una manifestación. En respuesta a la decisión del Tribunal Constitucional, su abogado Gonzalo Boye tuiteó: «[...] habrá que ver qué dicen en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos».

A pesar del resultado cabe destacar que la decisión sobre el caso de Fragoso no fue unánime, puesto que el fallo del Tribunal fue aprobado con seis votos a favor y cinco en contra. Patricia Goicoechea, subdirectora de Rights International España, en declaraciones a CIVICUS Monitor expresó:

«Resulta preocupante que seis miembros del Tribunal Constitucional español consideren legítimo ignorar deliberadamente la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que defiendan una interpretación restrictiva del ámbito de la libertad de expresión».

Dos días después, el 17 de diciembre de 2020, el Tribunal Constitucional condenó a seis meses de prisión a un hombre que en 2017 interrumpió una ceremonia religiosa y gritó consignas a favor del aborto. En esta ocasión el Tribunal también resolvió que dicha acción no estaba amparada por la libertad de expresión. Ahora bien, el fallo no fue unánime. Cándido Conde-Pumpido, uno de los jueces del Tribunal Constitucional que votó en contra del fallo del Tribunal, razonó que en la acción en cuestión «no se incitó al odio religioso», ni se utilizó «ninguna expresión ofensiva o hiriente», y que lo que se pretendía era protestar contra la postura de la Iglesia sobre el aborto.

Por otro lado, a principios de enero de 2021 un tribunal español condenó a CTXT, un medio de comunicación digital, por violar el derecho al honor de un actor famoso al publicar en 2016 un artículo sobre la creación de una empresa para gestionar la gala anual de premios de la Academia de Cine. Según la jueza Ana Mercedes Merino Melara, a pesar de que la noticia referida contenía información veraz y de fuentes fiables, fue redactada «de [una] manera insidiosa» que vulneró el honor del actor. Joaquín Urías, profesor de derecho constitucional, expresó su preocupación por la censura preventiva y por las severas restricciones a la libertad de información:

«La publicación de información debidamente contrastada y relevante para la sociedad es una acción que goza de protección constitucional».

El profesor Urías consideró el fallo del Tribunal particularmente problemático porque atenta contra el derecho a la libertad de información, debido a que ahora CTXT tiene prohibido publicar cualquier información adicional relacionada con la noticia que dio lugar a la demanda judicial.

Peaceful Assembly

The right to freedom of peaceful assembly is enshrined in Article 21 of the Spanish Constitution which explicitly states that the exercise of this right does not require authorisation, but that the authorities should be notified in advance of assemblies taking place in public areas.

The right to freedom of peaceful assembly is enshrined in Article 21 of the Spanish Constitution which explicitly states that the exercise of this right does not require authorisation, but that the authorities should be notified in advance of assemblies taking place in public areas. The Organic Act No. 9/1983, establish a prior notification period of 10 days, and 24-hour notification only in exceptional circumstances. However, the legislation does not explicitly allow spontaneous demonstrations. Other, more recent legal instruments unduly restrict the right. The Basic Law for the Protection of Public Security, which entered into force in March 2015, imposes time and place limitations and penalises spontaneous demonstrations. The law also introduces new offences and includes disproportionate penalties including fines of up to €600,000 for not declaring gatherings at facilities that provide basic community services. Previously, in 2013, the Ministry of the Interior issued a circular that restricts gatherings within 300 metres of the houses of public officials and politicians. Since 2011, the number of protests has substantially increased in Spain due to a declining economy and regressive social measures. During those protests, the media and civil society organisations reported cases where excessive force and arrests were used by the police to quell demonstrations. Allegations were also made that police had ill-treated protestors while they were in detention.