Spain
2022-03-08
El 15 de febrero de 2022, el Congreso reanudó los debates sobre la polémica Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana también conocida como ley mordaza. En su estado actual, la reforma eliminará o modificará algunas de las disposiciones más polémicas de la legislación, como la imposición de multas de hasta 600 euros por la convocatoria de manifestaciones espontáneas o la captura y publicación no autorizada de imágenes o vídeos de la policía por parte de particulares. Poco después de que se anunciara de la reforma, decenas de miles de agentes de policía y sus partidarios, entre los que se encuentran partidos de derechas como el Partido Popular (PP), Vox y Ciudadanos, salieron a las calles. Por el contrario, las organizaciones de la sociedad civil consideran que la reforma no va lo suficientemente lejos. Desde la plataforma No Somos Delito, una amplia coalición de más de cien asociaciones y movimientos sociales, denuncian que se mantienen intactos los elementos más lesivos de la ley de protección de la seguridad ciudadana. En concreto, la reforma no aborda las expulsiones de inmigrantes y refugiados desde territorio español. Además, no prohíbe las practicas policiales con sesgos racistas, ni cuestiona la presunción de veracidad de los agentes de policía, lo cual les permite actuar con relativa impunidad. El proyecto de reforma tampoco aborda el derecho a la libertad de información. Pese a que la disposición ha sufrido una modificación leve, se seguirá sancionando el acto de tomar fotos o grabar vídeos de agentes que estén de servicio en los casos que «entrañen cierto peligro», una consideración que se deja a criterio de la policía.
A finales de enero de 2022 comenzó a bajar el número de casos de COVID-19 correspondientes a la sexta ola. Aunque la tasa de hospitalización fue menor que en las olas anteriores, la presión sobre el sistema sanitario español es considerable y, a 24 de enero de 2022, el 24 % de las camas de UCI disponibles estaban ocupadas por pacientes con COVID-19.
Revisión de la ley mordaza
El 15 de febrero de 2022, el Congreso reanudó los debates sobre la polémica Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana también conocida como ley mordaza. Esta legislación fue aprobada en 2015, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, y ha recibido críticas de periodistas, expertos de la ONU y grupos de derechos humanos por restringir la libertad de reunión de forma injustificada. A pesar de que el PSOE lleva prometiendo que derogaría la ley desde que llegó al poder en 2018, en noviembre de 2021, el Gobierno de coalición finalmente anunció que la reformaría. Ione Belarra, líder de Podemos, socio minoritario de coalición de Gobierno, afirmó que dicha ley es «el mayor golpe a las libertades civiles y políticas» desde la vuelta a la democracia. En su estado actual, la reforma eliminará o modificará algunas de las disposiciones más polémicas de la legislación, como la imposición de multas de hasta 600 euros por la convocatoria de manifestaciones espontáneas o la captura y publicación no autorizada de imágenes o vídeos de la policía por parte de particulares.
Poco después de que se anunciara de la reforma, decenas de miles de agentes de policía y sus partidarios, entre los que se encuentran partidos de derechas como el Partido Popular (PP), Vox y Ciudadanos, salieron a las calles. Los miembros de la policía se oponen a la reforma porque, según ellos, limitará su capacidad para lidiar con delincuentes violentos de manera eficaz. A pesar de que el año pasado el Tribunal Constitucional español declaró inconstitucional la disposición de la ley actual que prohíbe la grabación no autorizada de la policía, los agentes insisten en que es necesaria para su protección. Además, las autoridades siguen usando esa restricción para multar a periodistas y medios de comunicación, como ocurrió en enero de 2022, cuando multaron con 601 euros a la fotoperiodista Mireia Comas y le ordenaron borrar una foto que había tomado de un control policial cerca de Barcelona.
Por el contrario, las organizaciones de la sociedad civil consideran que la reforma no va lo suficientemente lejos. Desde la plataforma No Somos Delito, una amplia coalición de más de cien asociaciones y movimientos sociales, denuncian que se mantienen intactos los elementos más lesivos de la ley de protección de la seguridad ciudadana. En concreto, la reforma no aborda las expulsiones de inmigrantes y refugiados desde territorio español. Además, no prohíbe las practicas policiales con sesgos racistas, ni cuestiona la presunción de veracidad de los agentes de policía, lo cual les permite actuar con relativa impunidad. El proyecto de reforma tampoco aborda el derecho a la libertad de información. Pese a que la disposición ha sufrido una modificación leve, se seguirá sancionando el acto de tomar fotos o grabar vídeos de agentes que estén de servicio en los casos que «entrañen cierto peligro», una consideración que se deja a criterio de la policía.
Patricia Goicoechea, directora de Rights International Spain, precisó:
«Es una buena noticia que se haya reactivado el proceso de reforma de la ley mordaza. Sin embargo, las enmiendas propuestas por la mayoría de los grupos parlamentarios no abordan algunos de los aspectos más restrictivos, por ejemplo, la amplísima figura del «organizador» de una manifestación y las responsabilidades que conlleva o las sanciones que acarrea el uso no autorizado de imágenes de agentes policiales en acto de servicio, que deberían ser eliminadas de la ley».
En una carta publicada el 11 de febrero de 2022, la comisaria para los derechos humanos del Consejo de Europa Dunja Milatovic también expresó su descontento con la reforma propuesta y formuló una petición al Parlamento español:
«[…] garantizar que la revisión de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015 se utilice como una oportunidad para ajustarla plenamente a las normas europeas e internacionales en materia de derechos humanos, en particular en lo que respecta a las disposiciones que afectan a los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, al derecho a solicitar asilo y a la prohibición de las devoluciones».
En ocasiones anteriores, las reuniones para reformar la ley de seguridad ciudadana se habían pospuesto debido a la pandemia de COVID-19. A pesar de que el Congreso reanudó los debates en febrero de 2022, es poco probable que el nuevo texto se apruebe antes de la primavera, como se había previsto en un principio. El Gobierno de coalición tendrá que hilar muy fino en las próximas semanas, ya que la reforma ha desencadenado la furia de la derecha y la izquierda la considera insuficiente. Izquierda Republicana de Cataluña (ERC, por sus siglas en catalán), el grupo más numeroso de los potenciales respaldos del Ejecutivo, está negociando con el Gobierno la imposición de un mayor control sobre las prácticas policiales. Entre otras cosas, el ERC defiende la prohibición del uso de balas de goma y el endurecimiento de las penas en los casos de faltas profesionales. Mientras tanto, los partidos minoritarios amenazan con retirar su apoyo si el Gobierno no pone fin a las «identificaciones policiales arbitrarias», las cuales pueden dar lugar a controles policiales con sesgo racistas y expulsiones en caliente. En cuanto a este último punto, el Gobierno anunció que tiene previsto abordarlo en una futura reforma sobre la inmigración. Aun así, Podemos parece más abierto a trabajar con el ala progresista del Gobierno en estos temas, sobre todo cuando ve que los partidos de extrema derecha PP, Vox y Ciudadanos votarán sin duda en contra de la reforma.
Acoso a periodistas
A lo largo de los últimos meses, Mapping Media Freedom ha registrado varios casos de acoso judicial y en Internet a periodistas españoles:
Llevamos más de 10 días en @LUH_noticias sufriendo un DDoS. Y desde ayer también están siendo atacadas las compañeras de @ElSaltoDiario @lamarea_com @kaosenlarednet @nodo50. Los ciberataques son el nuevo mecanismo de los poderosos para acabar con la libertad de expresión. (Sigo)
— Dina Bousselham (@DinaBousselham) November 20, 2021