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Un asesinato homófobo provoca manifestaciones en todo el país

Un asesinato homófobo provoca manifestaciones en todo el país

El brutal asesinato de Samuel Luiz, un joven gay, en La Coruña, Galicia, suscitó actos de protesta en todo el país. En Madrid se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y la policía, y estos últimos hicieron un uso excesivo de la fuerza contra los primeros, tal y como lo demuestran diversas imágenes difundidas en Twitter en las que se ve a agentes aporrear a los manifestantes. Se han han dictado varias sentencias. En un caso con trascendencia internacional, el Tribunal Constitucional dictaminó el 14 de julio de 2021 que el confinamiento que impuso el Gobierno entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020 fue ilegal. El 2 de julio de 2021, el Tribunal Supremo confirmó la condena del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a Isabel Serra a diecinueve meses de prisión por presuntamente haber insultado y arrojado objetos a agentes de policía durante una manifestación contra un desahucio en el barrio de Lavapiés en 2014. El 18 de agosto de 2021 el Tribunal Supremo rechazó la implantación de un certificado digital covid para poder acceder a restaurantes, bares, museos y otros lugares públicos.

Contexto

La quinta ola golpeó España en julio de 2021 y provocó decenas de miles de nuevos casos de COVID-19 cada semana. Sin embargo, gracias a las vacunas la tasa de mortalidad fue mucho menor. A pesar del aumento del número de casos, el parlamento español aprobó un decreto del Gobierno que puso fin al uso obligatorio de mascarillas en el exterior. Hasta el 17 de agosto, muchas autoridades siguieron aplicando medidas estrictas, como toques de queda nocturnos y el control de los desplazamientos. No obstante, para imponer restricciones a la circulación deben contar con el beneplácito de los tribunales locales. En uno de estos casos, el 23 de agosto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rechazó la petición del Gobierno catalán para ampliar el toque de queda nocturno, argumentando que la medida sería «innecesaria y desproporcionada».

Reunión pacífica

Declaran ilegal el confinamiento de 2020

En un caso con trascendencia internacional, el Tribunal Constitucional dictaminó el 14 de julio de 2021 que el confinamiento que impuso el Gobierno entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020 fue ilegal. Cabe destacar que el confinamiento español fue uno de los más estrictos del mundo, ya que nadie podía salir de su domicilio, salvo por motivos imperiosos, como comprar alimentos y medicinas o ir a trabajar. Por una estrecha mayoría de seis contra cinco, el tribunal resolvió que en lugar de limitar los derechos fundamentales, el Gobierno los había suspendido por completo y que el estado de alarma decretado por Pedro Sánchez no bastaba para la aplicación de tales restricciones. Para esto habría sido necesario declarar el estado de excepción, que primero ha de ser aprobado por el Congreso de los Diputados. El Tribunal declaró inconstitucional el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, el cual había dado luz verde a la «limitación de la libertad de circulación de las personas». Con este fallo el alto tribunal resolvió el recurso del partido de extrema derecha Vox contra el decreto. Además, se trata de la primera gran victoria del partido en el Tribunal Constitucional. Esta sentencia podría anular muchas multas del millón doscientas mil que se impusieron durante los tres meses de confinamiento

Confirman la condena de Isabel Serra

El 2 de julio de 2021, el Tribunal Supremo confirmó la condena del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a Isabel Serra a diecinueve meses de prisión por presuntamente haber insultado y arrojado objetos a agentes de policía durante una manifestación contra un desahucio en el barrio de Lavapiés en 2014. Serra, militante y exmiembro del grupo parlamentario de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, ha negado estas acusaciones. Eirene de Prada, abogada de la ONG Rights International Spain, sostiene que el Tribunal Supremo aceptó íntegramente la versión descrita en el atestado policial e ignoró el material gráfico en el que se aprecia un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante el acto de protesta y que habría aportado una perspectiva diferente. En España abundan las denuncias por casos de brutalidad policial, como los que se produjeron durante las manifestaciones independentistas catalanas de octubre de 2017 y que se saldaron con casi un millar de heridos. Debido a esta condena, Serra no podrá presentarse a nuevas elecciones. Serra anunció que recurriría la decisión ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Tribunal Supremo rechaza el pasaporte covid digital

A diferencia de lo que sucede en otros países europeos, en España el Tribunal Supremo rechazó el 18 de agosto de 2021 la implantación de un certificado digital covid para poder acceder a restaurantes, bares, museos y otros lugares públicos. Los jueces argumentaron que no existe una «justificación sustantiva» para exigir a los ciudadanos la presentación de un pasaporte sanitario para entrar en bares y locales nocturnos; una medida que «incide de forma restrictiva en elementos básicos de la libertad de circulación y del derecho de reunión». Antes del fallo del Supremo, los tribunales autonómicos de Andalucía, Canarias, Galicia y Cantabria ya habían dictado sentencias similares, anunciando que no haría falta mostrar un certificado de vacunación para acceder a discotecas, bares, restaurantes y otros locales similares.

En otro suceso relacionado con la pandemia, 16 de agosto de 2021 hubo manifestaciones contra el uso de mascarillas y otras restricciones en Madrid. Los manifestantes enarbolaron pancartas en las que se podía leer: «El virus no existe», «Las mascarillas matan» y «No tenemos miedo». Un periodista fue objeto de amenazas durante esta manifestación (ver más abajo).

Un asesinato homófobo provoca manifestaciones en toda España

El brutal asesinato de Samuel Luiz, un joven gay, en La Coruña, Galicia, suscitó actos de protesta en todo el país. Su asesinato, días después de la celebración anual del Orgullo, conmocionó a la comunidad LGBTQI+, provocó indignación e hizo que los internautas denunciaran en las redes sociales las agresiones cotidianas a las que se enfrentan las personas LGBTQI+. En Madrid se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y la policía, y estos últimos hicieron un uso excesivo de la fuerza contra los primeros, tal y como lo demuestran diversas imágenes difundidas en Twitter en las que se ve a agentes aporrear a los manifestantes. El portavoz de Más Madrid, partido político con representación en la asamblea autonómica, pidió explicaciones a la Policía por el uso desproporcionado de la fuerza. En Madrid, un joven declaró que un agente de policía le gritó insultos homófobos y agredió físicamente a su pareja después de que abandonaron las celebraciones del Orgullo.

Libertad de expresión

Insultan a reporteros de televisión

El 28 de julio de 2021, Sonia López, reportera de Antena 3, fue objeto de insultos mientras cubría una manifestación contra el uso de mascarillas en Madrid. Unos días antes, Antonio Campos, periodista del programa Madrid Directo de Telemadrid, sufrió agresiones similares durante una manifestación contra la vacunación de menores en Madrid. Según la organización para la defensa de los medios de comunicación Reporteros sin Fronteras (RSF), en toda Europa cada vez es mayor el número de periodistas víctimas de acoso durante las manifestaciones.

«Los periodistas no han de ser los chivos expiatorios de los desacuerdos de los manifestantes con sus Gobiernos. Es inaceptable que se les someta a ataques, amenazas y trabas mientras cubren acontecimientos como observadores independientes. Pedimos que se proteja de forma eficaz a los periodistas durante las manifestaciones y que se investiguen a fondo las agresiones físicas. El derecho a informar debe prevalecer», Pavol Szalai, jefe de la oficina de la Unión Europea y los Balcanes de RSF.

Juez autoriza las manifestaciones a favor de los presos de ETA

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno rechazó prohibir las manifestaciones a favor de los presos de ETA, banda terrorista que luchó por la independencia de País Vasco en la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, alegando que las muestras de apoyo a estos reclusos están protegidas por el derecho a la libertad de expresión. Al mismo tiempo, Moreno pidió a las fuerzas de seguridad que vigilen la marcha de tres días que tendrá lugar en octubre para que intervengan si se producen delitos de enaltecimiento del terrorismo o de humillación a las víctimas. Una asociación que apoya a las víctimas del terrorismo había presentado un escrito en el que pedía que se prohibiera una de esta manifestaciones. En estos momentos hay 187 presos etarras en España.

Peaceful Assembly

The right to freedom of peaceful assembly is enshrined in Article 21 of the Spanish Constitution which explicitly states that the exercise of this right does not require authorisation, but that the authorities should be notified in advance of assemblies taking place in public areas.

The right to freedom of peaceful assembly is enshrined in Article 21 of the Spanish Constitution which explicitly states that the exercise of this right does not require authorisation, but that the authorities should be notified in advance of assemblies taking place in public areas. The Organic Act No. 9/1983, establish a prior notification period of 10 days, and 24-hour notification only in exceptional circumstances. However, the legislation does not explicitly allow spontaneous demonstrations. Other, more recent legal instruments unduly restrict the right. The Basic Law for the Protection of Public Security, which entered into force in March 2015, imposes time and place limitations and penalises spontaneous demonstrations. The law also introduces new offences and includes disproportionate penalties including fines of up to €600,000 for not declaring gatherings at facilities that provide basic community services. Previously, in 2013, the Ministry of the Interior issued a circular that restricts gatherings within 300 metres of the houses of public officials and politicians. Since 2011, the number of protests has substantially increased in Spain due to a declining economy and regressive social measures. During those protests, the media and civil society organisations reported cases where excessive force and arrests were used by the police to quell demonstrations. Allegations were also made that police had ill-treated protestors while they were in detention.