CIVICUS

MonitorTracking civic space

Spain

Live rating: Narrowed

Last updated on 21.08.2020 at 09:49

The Civic Space Developments

view Civic Space Developments
Líderes independentistas catalanes bajo vigilancia y llamamientos para revisar la ley de mordaza

Líderes independentistas catalanes bajo vigilancia y llamamientos para revisar la ley de mordaza

Se sospecha que activistas independentistas catalanes han sido objetivos de servicios gubernamentales que utilizan programas informáticos espías. Estos programas solo se venderían a gobiernos con el fin de vigilar a criminales y terroristas. El gobierno español ha rechazado todas las acusaciones de espionaje a sus ciudadanos. En el quinto aniversario de la ley mordaza numerosas ONG y grupos de derechos humanos han pedido que se la revise. Esta ley ha sido muy criticada por restringir la libertad de reunión pacífica y la libertad de expresión. De hecho, esta ley ha sido empleada para imponer una cantidad récord de multas durante la cuarentena. Los profesionales de los medios de comunicación han criticado al gobierno español por el filtrado de preguntas durante sus comparecencias telemáticas y por dejar preguntas sin respuesta. Los periodistas siguen sufriendo los ataques de la extrema derecha, incluidos los de Vox.


Libertad de asociación

Se sospecha que activistas independentistas catalanes han sido objetivos de servicios gubernamentales que utilizan programas informáticos espías. Estos programas solo se venderían a gobiernos con el fin de vigilar a criminales y terroristas.

Se calcula que 1 400 usuarios de WhatsApp fueron atacados por un programa informático de vigilancia llamado «Pegasus» durante la primavera de 2019. Este programa es vendido a organismos gubernamentales por la empresa israelí NSO Group Technologies. La aplicación de mensajería sospecha que se han visto afectadas más de cien usuarios pertenecientes al sector de la sociedad civil, incluidos periodistas y activistas de los derechos humanos. WhatsApp se querelló contra el NSO Group en los EE. UU., entre cuyos clientes se encuentran los gobiernos de Arabia Saudita y México. Sin embargo, solo ahora se descubre que este programa informático espía también ha sido utilizado por un Estado europeo.

Según una investigación conjunta de The Guardian y El País, al menos cinco miembros del movimiento independentista catalán, entre ellos el presidente del parlamento catalán, Roger Torrent, fueron objeto de un «posible caso de espionaje político interno».

En una entrevista concedida a The Guardian, Torrent declaró que él cree que el Estado español está detrás de estos intentos de piratería informática.

«Parece incorrecto que se espíe a los políticos en una democracia con un estado de derecho... También me parece inmoral que se gaste una enorme cantidad de dinero público en la compra de programas informáticos que pueden usarse para la persecución de disidentes políticos».

El gobierno español ha rechazado todas las acusaciones de espionaje a sus ciudadanos. Sin embargo, ha habido llamamientos para que se abra una investigación parlamentaria y dos de las presuntas víctimas de espionaje anunciaron que emprenderán acciones legales contra Félix Sanz Roldán, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) cuando se produjeron los supuestos casos de piratería informática.

Reunión pacífica

Llamamientos para que se revise la «ley mordaza» en su quinto aniversario

Han pasado cinco años desde que la controvertida Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como la «ley mordaza», fuera aprobada por el Partido Popular (PP) en 2015. Desde su aprobación, esta ley ha sido criticada por obstaculizar la libertad de reunión pacífica y la libertad de expresión, ya que impone restricciones al derecho a reunirse pacíficamente y al derecho de los periodistas a cubrir manifestaciones.

En el quinto aniversario de la ley mordaza numerosas ONG y grupos de derechos humanos han pedido que se la revise. Amnistía Internacional España junto con otras organizaciones, incluida Rights International Spain (RIS) , han publicado un manifiesto en el que se urge al gobierno español a reformar la Ley de Seguridad Ciudadana. El manifiesto ya ha sido firmado por 270 organizaciones independientes. En el documento se afirma que:

«Cada año que ha pasado con la ley mordaza en vigor hemos recordado la necesidad urgente de reformarla para tener en su lugar una nueva legislación en línea con los estándares internacionales de los derechos humanos. [...] Nos aseguraremos de una vez por todas de que este quinto cumpleaños de la ley mordaza será de verdad el último».

A pesar de que el primer ministro Pedro Sánchez reformó la Ley de Seguridad Ciudadana en 2018, entre marzo y junio de 2020 se impuso una cantidad récord de multas durante la cuarentena en virtud de esta ley. Dentro de los primeros 75 días de la cuarentena para combatir la COVID-19, se impuso un total de 1 089 917 multas por un monto de hasta 30 000 € por violación de la cuarentena.

Si bien el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado la intención del gobierno de derogar la ley mordaza, también afirmó que «ciertas disposiciones tendrán que incluirse en la próxima ley», en referencia al artículo 36.6 que establece multas hasta 30 000 € por desobediencia a un agente del orden.

Patricia Goicoechea, subdirectora de Rights International Spain (RIS), en unas declaraciones a CIVICUS Monitor expresó:

«Durante los últimos cinco años los parlamentarios han estado pensando en cómo reformar la ley mordaza. Ha llegado el momento de que tomen una decisión definitiva. Esta ley nunca debería haberse aprobado. El RIS lleva cinco años diciéndolo. Ahora urge adecuar la ley a los estándares internacionales, eliminando las disposiciones que violan los derechos fundamentales y verificando que todas sus disposiciones respetan plenamente la seguridad jurídica y el principio de legalidad».

Derecho a manifestarse durante la pandemia a debate

Las manifestaciones anuales del 1 de mayo han despertado una mayor preocupación por el estado de la libertad de reunión en España. Bajo el estado de alarma, que se declaró el 14 de marzo de 2020 y que se prolongó hasta el 21 de junio de 2020, las autoridades españolas aplicaron de manera dispar la normativa en materia de reunión pacífica. A pesar de que la Delegación del Gobierno prohibió las encuentros multitudinarios, el Tribunal Supremo de Justicia de Aragón (TSJA) autorizó una « caravana-manifestación» en Zaragoza el Día del Trabajador. Sin embargo, el Tribunal Supremo prohibió una manifestación sindical similar el 1 de mayo en Vigo.

Este último caso fue llevado hasta el Tribunal Constitucional , quien argumentó que si bien el estado de alarma no permite la suspensión total de ningún derecho fundamental, sí permite ciertas limitaciones y restricciones. Además, la Fiscalía publicó un informe sobre este mismo asunto. Dicho documento se hizo eco del fallo del Tribunal Constitucional y en él la Fiscalía argumenta que el derecho a la vida prevalece sobre la libertad de reunión en el contexto de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, Pedro Crespo, fiscal de Sala delegado de lo Contencioso-Administrativo y autor del informe, enfatizó que el estado de alarma «no constituye una justificación jurídica apta y suficiente» para prohibir manifestaciones. El informe destaca que ni el decreto por el que se acordó el estado de alarma ni sus «sucesivas disposiciones de prórroga hacen mención alguna a la suspensión, restricción o limitación del derecho fundamental de reunión y manifestación» reconocido por el artículo 21 de la Constitución.

Por otro lado, el partido de extrema derecha Vox organizó una serie de caravanas en varias ciudades españolas, incluida la capital, Madrid. También se produjeron manifestaciones espontáneas en el distrito de Salamanca —un barrio conservador de la capital— para expresar el descontento con la gestión gubernamental de la pandemia de COVID-19. Según los partidarios de Vox, las manifestaciones fueron anuladas por motivos políticos. Sin embargo, un sindicato de policía tuiteó un video de un evento en Madrid. En dicha publicación el sindicato explica que la celebración de fiestas callejeras sin distanciamiento físico y en contra de las medidas sanitarias de prevención provocaron la intervención de las fuerzas del orden.

Manifestaciones de Black Lives Matter

El 7 de junio de 2020, miles de personas se reunieron en Madrid y Barcelona para participar en una manifestación de Black Lives Matter siguiendo la estela de las manifestaciones multitudinarias contra el racismo en los EE. UU. que se sucedieron tras la muerte de George Floyd —un hombre negro— a manos de un policía de Minneapolis. La manifestación de Madrid fue convocadapor la Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente en España (CNAAE) y se desarrolló con una fuerte presencia policial. Si bien el gobierno había autorizado una manifestación de doscientos participantes, la gran cantidad de personas que acudió a las manifestaciones contra el racismo hizo imposible que se respetara la distancia física.

Manifestación de los sanitarios

Durante mayo y junio de 2020 los trabajadores sanitarios protestaron por la falta de equipos de protección individual (EPI), por sus condiciones de trabajo y por su seguridad laboral. El 29 de junio de 2020 el personal sanitario organizó en la plaza de Puerta del Sol (Madrid) una manifestación con distancia física, con mascarillas y pancartas en las que se podía leer: «¿Quién cuidará de las personas que te cuidan?».

Libertad de expresión

Durante el estado de alarma se prohibió la presencia física de periodistas en las ruedas de prensa. Aunque se trata de un medida que se ha aplicado en muchos otros países para evitar la propagación de la COVID-19, los profesionales de los medios de comunicación han criticado al gobierno español por el filtrado de preguntas durante sus comparecencias telemáticas.

A pesar de las ruedas de prensa televisadas diarias, las preguntas de los periodistas a las autoridades estatales a menudo quedan sin respuesta. Los periodistas deben enviar sus preguntas a un grupo de WhatsApp —con más de 220 participantes— de entre las cuales solo unas pocas serán elegidas para ser respondidas por el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver.

Muchos han acusado al gobierno de Sánchez de falta de transparencia en la gestión de las ruedas de prensa. Nemesio Rodríguez, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) dijo a El País:

«El sistema no nos gusta. La rendición de cuentas a la que están obligados los gobiernos pierde la necesaria transparencia si los periodistas no pueden preguntar y repreguntar en directo».

Los periodistas pudieron finalmente plantear sus preguntas sin intermediarios el 6 de abril, tras numerosas críticas por parte de profesionales y depués de la publicación de una carta abierta titulada «La libertad de preguntar» que recogiera 400 firmas.

Por otro lado, Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicó un artículo en el que instó a las plataformas digitales a proteger a los periodistas del acoso cuando cubran noticias relacionadas con la COVID-19. El artículo se centra especialmente en España, donde el partido de extrema derecha VOX «ha intensificado su hostigamiento en internet contra periodistas críticos», según RSF.

«Es muy alarmante ver a los políticos fomentar el odio contra los periodistas en internet solo porque no están cubriendo la crisis de la COVID-19 como a ellos les gustaría. Las campañas de odio en internet resultantes representan una seria amenaza para la seguridad de los periodistas y para las propias democracias. Esta pandemia sin precedentes es una oportunidad única para resolver un problema sistémico en las plataformas digitales. Más allá de la crisis de la COVID-19, las plataformas deben comprometerse a una mayor transparencia en la forma en la que moderan el contenido y en lo que hacen para combatir el acoso a los periodistas». Christophe Deloire, secretario general de RSF.

Asimismo, varios periodistas fueron agredidos y acosados durante las manifestaciones contra la gestión del gobierno de Sánchez de la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, Gabriel López, periodista de TVE, no pudo realizar un reportaje debido a los gritos y bocinazos deliberados de los simpatizantes de Vox. Los manifestantes también agredieron verbalmente a López y a su cámara, los insultaron y les gritaron: «maricones, comunistas, hay que decir la verdad».

Durante la manifestación de Madrid se produjo otro suceso: un fotógrafo del diario La Razón también fue agredido por varias personas. Los hechos fueron denunciados ante la policía. En una manifestación de extrema derecha en Ceuta —cuyo ayuntamiento está controlado por el derechista Partido Popular—, los periodistas señalaron haber sido objeto de insultos racistas e islamófobos.

Además, Vox ha estado boicoteando ciertos medios de comunicación al prohibirles el acceso a sus eventos.

RSF ha solicitado a Vox en reiteradas ocasiones que cese sus ataques contra la prensa. Alfonso Armada, director de RSF España afirmó:

Es un acto de máximo cinismo, típico de los grupos extremistas, dicen que condenan los ataques contra la prensa y culpan al «enemigo», cuando es el odio a los medios de comunicación, avivado constantemente por Vox, lo que está detrás de esta violencia. […] Vox no necesita asumir públicamente su responsabilidad. Nosotros lo hacemos por ellos».

Peaceful Assembly

The right to freedom of peaceful assembly is enshrined in Article 21 of the Spanish Constitution which explicitly states that the exercise of this right does not require authorisation, but that the authorities should be notified in advance of assemblies taking place in public areas.

The right to freedom of peaceful assembly is enshrined in Article 21 of the Spanish Constitution which explicitly states that the exercise of this right does not require authorisation, but that the authorities should be notified in advance of assemblies taking place in public areas. The Organic Act No. 9/1983, establish a prior notification period of 10 days, and 24-hour notification only in exceptional circumstances. However, the legislation does not explicitly allow spontaneous demonstrations. Other, more recent legal instruments unduly restrict the right. The Basic Law for the Protection of Public Security, which entered into force in March 2015, imposes time and place limitations and penalises spontaneous demonstrations. The law also introduces new offences and includes disproportionate penalties including fines of up to €600,000 for not declaring gatherings at facilities that provide basic community services. Previously, in 2013, the Ministry of the Interior issued a circular that restricts gatherings within 300 metres of the houses of public officials and politicians. Since 2011, the number of protests has substantially increased in Spain due to a declining economy and regressive social measures. During those protests, the media and civil society organisations reported cases where excessive force and arrests were used by the police to quell demonstrations. Allegations were also made that police had ill-treated protestors while they were in detention.