Los primeros meses de la presidencia de Pedro Castillo estuvieron marcados por los problemas de gobernabilidad, ejemplificados en los frecuentes desacuerdos entre el Gobierno y el Congreso, dirigido por la oposición. A los pocos días de comenzar el mandato de Castillo, los grupos de derecha protestaron por los nombramientos de su gabinete, en particular por el de Guido Bellido como primer ministro, un político al que acusaron de apoyar al grupo rebelde Sendero Luminoso. A principios de octubre de 2021, Castillo anunció una reorganización de su gabinete tras las presiones de la oposición y las noticias sobre los bajos índices de aprobación.

El Congreso aprobó las nominaciones de los nuevos miembros del gabinete de Gobierno, a quienes se considera como más moderados, a pesar de la oposición del propio partido de Castillo Perú Libre. Incluso con estos cambios, a finales de noviembre los legisladores de la oposición presentaron una moción de censura con el fin de destituir a Castillo por "incapacidad moral" para gobernar. En 2020 se empleó la misma cláusula constitucional polémica para destituir al expresidente Martín Vizcarra. El Gobierno actual se ha esforzado en modificar la Constitución para aclarar que dicha disposición solo sea aplicable en los casos en que una junta médica haya acreditado que el presidente en funciones se halla incapacitado mental o físicamente para ejercer su cargo.

Durante este periodo, Perú también fue testigo de una oleada de protestas en las comunidades afectadas por la minería y de manifestaciones continuas de los pueblos indígenas (ver más abajo).

Asociación

Acoso a personas awajún defensoras del medioambiente

El 10 de agosto de 2021, la policía nacional arrestó a los defensores indígenas Augostina Mayán e Isaías Mayán y los mantuvo detenidos veinticuatro horas. Augostina Mayán fue presidenta de la Organización para el Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC) e Isaías Mayán es vicepresidente de la Federación Indígena Awajún de Alto Comainas y Sawientsa (FIACSA). Ambos líderes awajún del Cenepa, Condorcanqui, han denunciado la minería ilegal en territorios indígenas de la Amazonía peruana.

Las dos personas defensoras del medioambiente fueron denunciadas por el presunto secuestro de tres personas en 2016. Según Servindi, fueron detenidos por no asistir a las audiencias por esos hechos, a pesar de que no se las habían notificado. El 7 de octubre de 2021, la Fiscalía Penal de Condorcanqui retiró los cargos contra las personas defensoras por falta de pruebas y se archivó la causa.

Augostina Mayán también ha recibido amenazas de muerte, sobre todo después de que participara en una acción para desalojar a los mineros ilegales de la comunidad de Nuevo Kanam en enero de 2021. Mayán relató que habitantes de la zona que se dedican a la minería se presentaron en el domicilio de sus padres para amenazarla, lo que provocó que su padre, que tiene la presión alta, se desmayara. Una emisora de radio comunitaria gestionada por la ODECOFROC también fue blanco de ataques en marzo de 2021.

Reunión pacífica

Oleada de manifestaciones contra la minería

Perú vivió una oleada de manifestaciones relacionadas con la minería entre septiembre y noviembre de 2021. Esas movilizaciones estuvieron motivadas por múltiples problemas, como los daños medioambientales causados por la minería; la falta de consultas libres, previas e informadas sobre los proyectos mineros; la pérdida de medios de subsistencia y las repercusiones en la salud ya habituales en el corredor minero del sur de Perú. Las comunidades locales se movilizaron y organizaron cortes de carreteras que afectaron a las actividades de Hudbay Minerals en la mina Constancia, de MMG Ltd en Las Bambas y de Glencore en Antapaccay y Antamina.

El 6 de octubre de 2021, una comunidad indígena de la provincia de Espinar cortó una ruta minera clave para protestar contra el Gobierno y contra la mina de cobre Antapaccay, propiedad de Glencore. Los manifestantes se quejaron por el impacto medioambiental y social de la mina, así como por la falta de compromiso del Gobierno con la población local. Asimismo, las comunidades rurales de la región de Apurímac bloquearon el paso de camiones a la mina de cobre Las Bambas durante diez días en octubre de 2021. El bloqueo se levantó tras un diálogo preliminar entre las autoridades locales y los manifestantes, y con el compromiso de mantener conversaciones formales con el Gobierno y la empresa MMG Ltd en noviembre de 2021. Cabe destacar que en septiembre de 2021 se suspendió otro intento de diálogo.

El 31 de octubre de 2021, Antamina, la mayor mina de cobre del país, bajo el control de Glencore y de BHP, suspendió su actividad tras varios días de cortes de carreteras organizados por manifestantes de la comunidad rural de Aquia. Los manifestantes denunciaron que la mina aún no ha cumplido con su compromiso de apoyar y financiar a las comunidades locales. La empresa alertó sobre la creciente "espiral de protestas" e hizo declaraciones en las que asoció las manifestaciones con la violencia. El Gobierno de Pedro Castillo envió representantes para negociar con los manifestantes y el Ministerio de Energía y Minas anunció que se levantarían los bloqueos el 3 de noviembre de 2021, tras la firma de un acuerdo formal para la organización de conversaciones.

Mirtha Vásquez, presidenta del Consejo de Ministros, pidió a los empresarios que reconocieran la legitimidad de las reivindicaciones de los manifestantes y que se abstuvieran de estigmatizarlos. "Tenemos que entender el hartazgo de la gente que ha sentido la desprotección del Estado y, por otro lado, la invisibilización de sus demandas por parte de las propias empresas", declaró Vásquez. A pesar de los intentos de diálogo, los conflictos mineros continuaron a lo largo de noviembre de 2021.

En este sentido, una investigación de Convoca.pe y CONNECTAS reveló que en los últimos diecisiete años las empresas del sector extractivo involucradas en conflictos socioambientales en Perú firmaron acuerdos de seguridad y protección con la Policía Nacional por más de dieciocho millones de dólares. La gran mayoría de estos acuerdos —158 de 181— se firmaron entre la policía y empresas del sector minero, y veinte se suscribieron o estaban en vigor cuando se produjeron enfrentamientos entre la policía y la población local que se saldaron con muertos y heridos.

Paro Amazónico

El 4 de octubre de 2021, más de doscientos manifestantes indígenas ocuparon la Estación N.º 5 del Oleoducto Norperuano (ONP) en el departamento de Loreto. La manifestación forma parte del Paro Amazónico convocado por la Federación Nativa Awajún Río Apaga (FENARA) y la Plataforma de lucha de los Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera (PAAP).

Sus reivindicaciones quedaron plasmadas en el "Plan Postpetróleo" e incluyen la aprobación de un fideicomiso indígena para financiar la descontaminación de las zonas afectadas por la actividad petrolera, la creación de una comisión de verdad y justicia sobre el impacto de los cincuenta años de operaciones petroleras, y la construcción de infraestructuras adecuadas para garantizar servicios esenciales, como la asistencia médica y la educación en la región. El paro recibió el apoyo de organizaciones indígenas, como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

La movilización indígena continuó a lo largo de todo el mes y seguía en marcha cuarenta y cinco días más tarde; además, se produjeron otros actos de protesta en diferentes instalaciones petroleras de la región. El 17 de noviembre de 2021, la Oficina del Defensor del Pueblo publicó un comunicado para expresar su preocupación por el estancamiento de la situación y la falta de diálogo con los manifestantes. Además, los diálogos iniciales se retrasaron por la reorganización del gabinete de Gobierno en octubre de 2021.

Pueblos indígenas llegaron a la capital con una serie de reivindicaciones

El 18 de octubre de 2021, alrededor de sesenta representantes de los pueblos shipibo, cacataibo y asháninka, entre otros, llegaron a Lima para participar en una serie de plantones y actos de protesta para reivindicar sus derechos territoriales y denunciar la invasión de sus territorios ancestrales por el narcotráfico. Los dirigentes señalaron que grupos ilegales dedicados al tráfico de cocaína han llevado a cabo sus actividades en la frontera entre Huánuco, Ucayali, Junín y Pasco. También expresaron su preocupación por el posible debilitamiento de las políticas de erradicación de cultivos ilegales, una situación que fomentaría la aparición de más cultivos ilegales de hoja de coca. Grupos criminales han aprovechado la incertidumbre sobre la propiedad de las tierras para invadir los territorios indígenas y han amenazado, agredido y secuestrado a las comunidades que las habitan.

El presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) Berlín Diques explicó:

"Seguimos insistiendo que se implemente el protocolo de actuación para las medidas de protección".

El 20 de octubre de 2021, los líderes indígenas se congregaron frente al Ministerio de Justicia para protestar contra una decisión del Gobierno que podría retrasar aún más los procesos de titulación de tierras. Los representantes indígenas se reunieron con el ministro de Justicia y el presidente del Consejo de Ministros. Tras la reunión del 21 de octubre de 2021, Mirtha Vásquez, presidenta del Consejo, se comprometió a crear espacios de diálogo para promover los derechos territoriales y la protección de los defensores del medioambiente.

Familias exigen justicia para las mujeres desaparecidas y las víctimas de feminicidio

El 30 de octubre de 2021, madres y familiares de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio llevaron a cabo su vigilia anual frente al Palacio de Justicia de Lima. Miembros del colectivo Familias Unidas por Justicia: ni una asesinada más mostraron fotos de sus seres queridos y encendieron velas, símbolo de la esperanza que albergan de encontrarlos y de obtener justicia para las víctimas de feminicidios.

Expresión

Casos de acoso judicial

El periodista Carlos Yofré López Sifuentes del portal digital Barranca Noticias fue condenado el 5 de agosto de 2021 a una pena de prisión suspendida de dos años y al pago de multas y de daños y perjuicios por difamación. Su condena es fruto de una denuncia por difamación del expresidente de la Corte Superior de Justicia de Huaura a raíz de una publicación del periodista en la que reveló acusaciones de acoso sexual contra el juez. El magistrado fue destituido posteriormente, después de que un órgano de supervisión analizara dichas acusaciones. Según la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Sifuentes se ha enfrentado a actos de acoso judicial perpetrados por los magistrados de la provincia de Huaura por haber denunciado su supuesta participación en irregularidades. El periodista anunció que recurriría la condena. Sifuentes también se enfrenta a otra causa penal por difamación abierta por un juez local.

Por otro lado, el periodista Beto Gálvez fue denunciado por presuntos actos de maltrato psicológico. Gálvez presenta el programa Uno + Uno, el cual se emite por la radio y las redes sociales. En su programa, el periodista denunció presuntos casos de mala gestión de recursos públicos por parte de Gleysi López Bardales, asesora política del presidente del Gobierno regional de Huánuco. Posteriormente, López Bardales denunció al reportero por dichas acusaciones. Gálvez relató que los agentes de policía se pusieron en contacto con él por mensajes de texto el 3 de octubre de 2021 para comunicarle que había sido citado a declarar por la denuncia y que debía presentarse ante la policía dentro de una hora. También contó que solicitó que se reprogramara la cita para el día siguiente, ya que no se encontraba en la ciudad en ese momento. A pesar de esto, la policía hizo caso omiso de su petición y tramitó la denuncia sin darle la oportunidad de dar su versión de los hechos.

En otro caso, las autoridades peruanas abrieron una investigación penal contra Ernesto Cabral de Ojo Público por haber denunciado presuntos casos de corrupción. Ojo Público informó de la apertura de la investigación contra Cabral el 9 de noviembre de 2021, en un artículo en el que explicaba que varios fiscales buscaban obtener una orden para obligar a Cabral a revelar las fuentes de sus reportajes sobre un escándalo de corrupción que implica al expresidente Ollanta Humala y a su exasesor y empresario Martín Belaunde.

Ataques contra periodistas

El 9 de octubre de 2021 fue agredida Marleny Paredes Charca, periodista del portal de noticias El Objetivo, cuando cubría una reunión de dirigentes de la comunidad de Uros Chulluni en la región de Puno, en el sur de Perú. Al parecer, la reunión había sido convocada para discutir sobre un caso de invasión de tierras dentro de la comunidad. Según el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), el jefe de la patrulla comunitaria local, conocida como los "ronderos", cuestionó la presencia de la periodista en la zona e intentó obligarla a marcharse. El susodicho insultó a la reportera y cuando se negó a marcharse la golpeó en el pecho y luego la azotó con un látigo. Según la ANP, el alcalde de la comunidad se hallaba presente, pero no intervino.

El 14 de octubre de 2021, miembros del grupo de extrema derecha La Resistencia agredieron a un equipo de prensa de Radio Exitosa cuando circulaba por Lima. Según IPYS, los asaltantes vieron que el coche se había detenido en un semáforo y aprovecharon la ocasión para insultar a los comunicadores y aporrear el vehículo. En declaraciones a IPYS, la periodista Karen Santillán relató que "tras proferir toda clase de insultos contra nosotros, intentaron agredirnos golpeando el carro y las lunas en reiteradas ocasiones, pese a que nosotros no respondíamos a sus ataques". Santillán aseguró que lograron identificar a tres de los diez atacantes, quienes son miembros conocidos del grupo de extrema derecha.

Asimismo, el 18 de octubre de 2021, en Lima, miembros de La Resistencia insultaron y amenazaron al periodista René Gastelumendi, reportero del portal EpicentroTv. El suceso se produjo cuando miembros de La Resistencia y de Los Combatientes interrumpieron un acto en una librería al cual había asistido el expresidente Francisco Sagasti para presentar su nuevo libro. Los miembros de ambos grupos de extrema derecha se reunieron fuera de la librería y gritaron insultos a Sagasti por un megáfono. Gastelumendi estaba cubriendo los hechos cuando miembros de los grupos lo reconocieron y amenazaron.

Como ya informamos en el CIVICUS Monitor, el grupo de extrema derecha La Resistencia se dedicó a acosar e intimidar a periodistas durante las campañas electorales presidenciales. En noviembre de 2021, la Fiscalía Provincial de San Isidro abrió una investigación para determinar si el grupo está relacionado con las campañas de difamación contra los periodistas Gustavo Gorriti y Glatzer Tuesta, y contra el abogado Carlos Rivera de la organización de derechos humanos Instituto de Defensa Legal (IDL).

Por otra parte, el 21 de octubre de 2021, el periodista Hugo Gonzales del portal digital Noticierolibre.com denunció que dos ladrones le robaron su computadora portátil y dos teléfonos celulares en Huaraz, región de Ancash, en el norte de Perú. Gonzales se dirigía a su domicilio en un taxi colectivo cuando el conductor cambió repentinamente de rumbo. Enseguida, un pasajero, que el periodista cree que estaba en colusión con el conductor, inmovilizó a González y le arrebató su equipo de trabajo. Gonzales explicó que los dispositivos contenían información importante sobre presuntas irregularidades relacionadas con el Gobierno y que no descartaba la posibilidad de que el robo se debiera a su labor periodística.

Un proyecto de ley polémico podría afectar a la libertad de prensa

El 17 de septiembre de 2021, los legisladores Perú Libre, el partido del Gobierno, presentaron en el Congreso el Proyecto de Ley N.º 269/2021-CR, el cual declara que los medios de comunicación son un servicio público y establece los deberes del Estado en la atribución equitativa de las frecuencias de radio y televisión. Este proyecto de ley estipula que el Estado podría dictar medidas temporales e incluso tomar el control de algunos servicios de comunicación en situaciones de emergencia.

Las organizaciones de la sociedad civil y los grupos de prensa peruanos criticaron la propuesta legislativa por considerarla demasiado ambigua y por los riesgos que conlleva para la libertad de expresión. IPYS considera que el proyecto de ley es inconstitucional e impone a los medios de comunicación una regulación que interferiría con la libertad de expresión y prensa. Según el análisis del Instituto, la legislación que se ha propuesto podría usarse para expropiar medios de comunicación y controlar contenidos. El presidente del Consejo de la Prensa Peruana (CPP) sostuvo que el proyecto de ley es demasiado genérico y que su verdadero objetivo era controlar la información dentro del país.

La Defensoría del Pueblo también reaccionó al proyecto de ley y pidió al Congreso que lo archivara, puesto que la propuesta carece de una base jurídica sólida. En un comunicado, el organismo argumentó que la propuesta atentaría contra la autonomía de los medios de comunicación y podría facilitar al Gobierno tomar medidas arbitrarias contra la libertad de prensa.

Por otro lado, las organizaciones de la sociedad civil y de la prensa publicaron la "Agenda por el derecho a la comunicación", la cual incluye ocho propuestas clave para garantizar el ejercicio de este derecho en Perú. El documento es fruto de una colaboración entre la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la asociación de periodistas ANP, la Red de Comunicadores Indígenas (Redcip) y más de cuarenta medios de comunicación peruanos. En la agenda también se defiende la necesidad de abordar la concentración de los medios de comunicación y de favorecer su diversidad y el acceso a la información. Las organizaciones también pidieron un protocolo para la protección de los profesionales de la comunicación frente a las agresiones y acciones para garantizar el derecho a la comunicación de las comunidades indígenas.