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Asesinan a tres líderes indígenas

En un mes fueron asesinados tres líderes indígenas en la Amazonía peruana. El 14 de febrero de 2021, el defensor indígena cacataibo Yenes Ríos Bonsano, de la comunidad de Puerto Nuevo, fue hallado muerto con heridas de bala. El 26 de febrero de 2021, el líder de cacataibo Herasmo García Grau, de la comunidad Sinchi Roca, también fue hallado muerto con signos de tortura. Ambos defensores eran miembros de patrullas indígenas y de grupos de gestión forestal. Las comunidades Sinchi Roca y Puerto Nuevo se encuentran entre las ocho comunidades de la región que han sido objeto de amenazas de invasores de tierras y de grupos criminales vinculados al narcotráfico. El jefe de investigaciones criminales de la policía peruana afirmó que la policía está investigando si el asesinato de estos defensores se produjo a modo de venganza por sus esfuerzos para la erradicación de la coca.

El 7 de marzo de 2021, la Federación Nativa de Comunidades Cacataibo (FENACOKA) publicó un comunicado en el que atribuyó la responsabilidad de estas muertes al Estado peruano y solicitó a las autoridades declarar el estado de emergencia en los territorios indígenas ubicados en Huánuco y Ucayali. FENACOKA recordó que dos defensores indígenas fueron asesinados en 2020 en la misma región. Berlín Diques, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), comentó:

"Nos indigna lo que está pasando. Los indígenas estamos muriendo. Pese a las alertas y advertencias no solo por estos asesinatos recientes, sino también por los anteriores que permanecen impunes. Hacemos un llamado para que se tomen acciones inmediatas. Sabemos que es el narcotráfico, eso no lo descartamos".

El 12 de marzo de 2021 fue hallada muerta cerca de su domicilio Estela Casanto Mauricio, una mujer asháninka fundadora de la comunidad Shankivironi del valle de Perené. Según Servindi, los agresores la sacaron de su casa y la golpearon. Anteriormente ya había recibido amenazas de una persona no indígena que se había interesado en sus tierras.

Asimismo, en febrero de 2021 el Observatorio de la Organización Mundial contra la Tortura, la Federación Internacional por los Derechos Humanos y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos publicaron un nuevo informe sobre Perú. Bajo el título "Socavando derechos", la publicación destaca que entre 2011 y enero de 2021 fueron asesinados 220 defensores de los derechos humanos en el país y otros 960 fueron criminalizados.

Criminalización de las personas defensoras del medioambiente

A principios de 2021 fueron acosados varias personas defensoras del medioambiente y de los derechos humanos del departamento norteño de Lambayeque. La tensión en la región habría aumentado desde diciembre de 2020, cuando un consejo regional aprobó los estudios de viabilidad preliminares para la construcción de una presa hidroeléctrica dentro del Área de conservación privada Chaparrí. Defensores del medioambiente que velan por la protección de este área protegida, como el grupo ecologista Frente de Defensa Salvemos Chaparrí, así como miembros de la comunidad campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape y de la Asociación para la Conservación de la Naturaleza y Turismo Sostenible Chaparrí han organizado manifestaciones y se han opuesto al proyecto.

El 16 de enero de 2021 cuatro miembros de la Unidad del Medioambiente de la Policía Nacional de Perú (PNP) intentaron detener al defensor de los derechos humanos Wilson Bautista Sánchez. Los agentes acusaron a Bautista de delitos de minería y tala ilegal, pero al parecer carecían de una orden para su detención. El hermano del defensor grabó parte de los hechos. Según los medios de comunicación, Bautista recibió golpes en el estómago, el pecho y la espalda durante la intervención de la PNP. Finalmente los agentes lo abandonaron en el suelo herido, pero no lo detuvieron.

Según un informe de Frontline Defenders, tras el intento de detención y las agresiones que sufrió Bautista, él y otros miembros del Frente de Defensa Salvemos Chaparrí fueron blanco de una campaña de difamación y de estigmatización en medios de comunicación locales y en redes sociales. El 6 de febrero de 2021 alrededor de una docena de agentes de la PNP participaron en un operativo en la comunidad Muchik Santa Catalina de Chongoyape. Las autoridades afirmaron que dicho operativo buscaba verificar la comisión de presuntos delitos contra el medioambiente. Al menos treinta personas fueron amenazadas con ser detenidas. Los agentes también habrían amenazado con emprender acciones legales contra el presidente de dicha comunidad.

Como ya informamos en el CIVICUS Monitor, otros defensores de Chaparrí también sufrieron actos de criminalización similares. En declaraciones a los medios de comunicación, Javier Ruiz, portavoz del Frente de Defensa Salvemos Chaparrí, recordó que desde 2018 siete defensores del medioambiente han sido procesados por presuntos delitos contra el medioambiente.

Reunión pacífica

Represión del paro de trabajadores agrícolas acaba con varios manifestantes muertos

A finales de 2020 los trabajadores agrícolas se manifestaron en todo Perú para exigir mejores salarios y para presionar a las autoridades para que cumplan sus promesas y garanticen los derechos y las condiciones laborales del sector. Los trabajadores agrícolas del departamento de Ica comenzaron un paro y bloquearon carreteras a partir del 30 de noviembre de 2020, y pronto se les unieron los trabajadores de La Libertad. Además de mejoras salariales, los manifestantes exigieron que se reformase la ley de promoción agraria del país, la cual cuenta con varias décadas de antigüedad.

El 3 de diciembre de 2020, durante las manifestaciones en La Libertad, fue asesinado a tiros Jorge Muñoz, un trabajador agrícola de 19 años. Los medios de comunicación señalaron que el joven recibió un disparo de la policía mientras reprimía a los manifestantes. Al menos 44 personas resultaron heridas durante los enfrentamientos. El 6 de diciembre de 2020, un hombre de 23 años murió en un accidente de motocicleta. Al parecer su fallecimiento se produjo después de que los cortes de carreteras impidieran que una ambulancia llegara hasta el lugar donde se encontraba.

Los trabajadores volvieron a bloquear las carreteras a lo largo de la costa peruana el 20 de diciembre de 2020, ya que los legisladores no aprobaron una nueva ley para la promoción agraria. Durante los siguientes días del paro la policía usó gases lacrimógenos para reprimir a los manifestantes. Dos jóvenes manifestantes murieron víctimas de varios disparos durante los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. Una tercera persona perdió la vida en una carretera bloqueada mientras intentaba llegar a un centro médico. La Defensoría del Pueblo peruano condenó las presuntas acciones violentas de los manifestantes e informó que 53 personas, 14 civiles y 39 policías, resultaron heridas durante las manifestaciones.

Los legisladores peruanos aprobaron una nueva ley de promoción agraria el 29 de diciembre de 2020. Francisco Sagasti, presidente de Perú, prometió tomar medidas enérgicas contra la violencia policial y declaró que las autoridades "sancionarán a los agentes de policía que violen la prohibición del uso de armas de fuego". Más tarde los medios de comunicación informaron que un agente de policía fue detenido en enero de 2021 por usar armas de fuego contra los manifestantes en La Libertad.

Huelga nacional de trabajadores de la salud

El 13 de enero de 2021 miles de médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud se sumaron a un paro nacional indefinido convocado por la Federación Médica Peruana (FMP). Los huelguistas exigieron un mayor presupuesto para la salud pública y mejores condiciones laborales para todos los trabajadores de la salud que se hallan en la primera línea de la batalla contra la pandemia de COVID‑19. Al menos cuatro médicos iniciaron una huelga de hambre el 20 de enero de 2021 contra las malas condiciones laborales.

El 27 de enero de 2021 representantes de diferentes sindicatos de trabajadores de la salud realizaron una sentada frente al Ministerio de Economía y Finanzas en Lima. Los manifestantes exigieron reunirse con el ministro para solicitar una respuesta para un proyecto de ley presentado en enero de 2021 sobre aumentos salariales del personal sanitario. El Consejo de Ministros anunció el 17 de febrero de 2021 una serie de medidas para atender algunas de las reivindicaciones de los profesionales.

Expresión

Según la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), en 2020 se produjeron 239 agresiones contra periodistas y medios de comunicación. La cifra superó el récord registrado en 2007, cuando se documentaron 212 agresiones.

La ANP destacó la complejidad del año 2020 en Perú: el país vivió varias campañas electorales, la pandemia de COVID-19, una crisis política y manifestaciones multitudinarias. En este contexto, las agresiones físicas y verbales constituyeron el principal tipo de ataque al que se enfrentaron los periodistas, con 76 casos; seguidas por las amenazas y acoso, con 53 casos; y por los obstáculos al acceso a la información, con 32 casos. Entre las violaciones más frecuentes también se halla la intimidación judicial, con 29 casos; los discursos estigmatizantes, con 16 casos; y los ciberataques, con 12 casos. Los agentes de seguridad del Estado fueron los principales responsables y, de hecho, fueron identificados en 65 de estos casos.

Amenazan al periodista que destapó el "vacunagate"

El periodista Carlos Paredes denunció en febrero de 2021 que él y su familia recibieron múltiples amenazas de muerte relacionadas con su próximo libro sobre el expresidente Martín Vizcarra. Su investigación reveló que varios funcionarios del Gobierno se habían vacunado de forma irregular contra la COVID-19 durante el mandato de Vizcarra. La agitación que provocó este escándalo en todo el país condujo a la dimisión de varias autoridades en los primeros meses de 2021. Según el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), las amenazas que recibió Paredes se hicieron mediante llamadas desde teléfonos celulares. El correo electrónico del periodista también fue pirateado y condujo a la filtración de una versión preliminar de su libro "El perfil del lagarto". Claudia Toro, otra periodista que investigó el escándalo de las vacunas, también fue blanco de ataques informáticos.

Acoso judicial de periodistas

El 25 de febrero de 2021, el candidato a diputado Víctor Hugo Quijada presentó una querella penal por difamación contra las periodistas Graciela Tiburcio y Luciana Távara, después de que publicaran un artículo alegando que Quijada había acosado sexualmente a varias jóvenes. El artículo, publicado en el portal de noticias Wayka, dio a conocer las dos denuncias policiales que se habían formalizado contra Quijada por acoso sexual y chantaje. Según la investigación de las periodistas, al menos otras cinco jóvenes denunciaron haber sido acosadas en Internet por el candidato cuando todavía eran adolescentes. Tiburcio y Távara entrevistaron a las presuntas víctimas y publicaron capturas de pantalla de los mensajes de texto que supuestamente les envió Quijada, quien negó estas acusaciones.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) tuvo acceso a la querella de Quijada, quien alega que las periodistas y tres de las presuntas víctimas causaron "un daño irreparable a su honor y buen nombre". De ser declaradas culpables, las reporteras podrían enfrentarse a una pena de hasta tres años de prisión. Quijada también solicitó una indemnización de unos 150 000 USD en concepto de daños, así como el congelamiento de las cuentas bancarias de las periodistas. La coordinadora del programa del CPJ en Centroamérica y Sudamérica Natalie Southwick comentó al respecto:

"La querella penal que Víctor Hugo Quijada ha presentado contra las periodistas de Wayka Graciela Tiburcio y Luciana Távara por la cobertura periodística de denuncias de acoso sexual claramente se propone silenciar e intimidar a la prensa, y su naturaleza punitiva no tiene cabida en una democracia. Es fundamental que el Estado peruano derogue las disposiciones penales sobre la difamación y se adecue a la creciente normativa internacional en materia de libertad de prensa".

Por otro lado, el 14 de enero de 2021 un tribunal penal peruano condenó al periodista Erick Iván Osores Patiño a una pena de prisión suspendida de un año por difamación. En declaraciones al CPJ, el reportero deportivo de América Televisión y Canal N explicó que su condena se debe a los comentarios que hizo sobre un ejecutivo de un equipo de fútbol en enero de 2018.

Por otra parte, el político César Acuña presentó una denuncia por la infracción de derechos de propiedad intelectual por parte del periodista Christopher Acosta con el fin de detener la venta de su libro "Plata como cancha: secretos, impunidad y fortuna de César Acuña". Acuña es uno de los fundadores del partido político Alianza para el Progreso y ha tenido una larga carrera política durante la cual se ha desempeñado como alcalde de Trujillo, gobernador de La Libertad y miembro del Congreso. El libro de Acosta incluye denuncias de casos de compra votos, apropiación indebida de fondos públicos y plagio que habría cometido Acuña a lo largo de su carrera.

En su denuncia del 12 de marzo de 2021, Acuña habría afirmado que registró la frase "plata como cancha", la cual aparece en el título del libro. La editorial Penguin Random House Perú publicó un comunicado en el que argumentó que dicha frase no estaba registrada bajo las normas de propiedad intelectual del país para publicaciones, las cuales incluyen libros y revistas. El CPJ calificó la denuncia de "frívola" y defendió que los políticos no deberían utilizar el sistema judicial para impedir la crítica periodística.