Partidarios de Pedro Castillo se manifiestan contra la incertidumbre electoral. Lima, 6 de julio de 2021. REUTERS/ Sebastián Castaneda.

Pedro Castillo, del partido de izquierda Perú Libre, juró su cargo y fue investido presidente de Perú el 28 de julio de 2021 tras seis semanas de incertidumbre electoral. La segunda vuelta se celebró el 7 de junio de 2021 y estuvo marcada por la polarización; Castillo obtuvo el 50,2 % de los votos, unos 44 000 más que la candidata conservadora Keiko Fujimori de Fuerza Popular.

Aunque los observadores internacionales afirmaron que las elecciones se desarrollaron sin graves irregularidades y calificaron el proceso electoral de "ejemplo de democracia", las denuncias de fraude electoral de Fujimori condujeron a una prolongada revisión de los resultados. No fue sino hasta el 20 de julio de 2021 que las autoridades electorales peruanas declararon oficialmente a Castillo como presidente electo, frustrando así la tentativa de Fujimori, que buscaba que se anularan miles de votos.

Pedro Castillo es un exmaestro de escuela y líder sindical que se destacó como líder social durante la huelga de maestros de 2017, tal y como ya señalamos en el CIVICUS Monitor en su momento. Cientos de sus partidarios procedentes de varias regiones acamparon durante más de un mes frente al Tribunal Electoral de Lima a la espera de los resultados oficiales. En su primer discurso como presidente electo, Castillo hizo un llamamiento a la unidad: "Pido también el esfuerzo y el sacrificio que compartiremos juntos en esta lucha para construir un pueblo más justo y más soberano".

Asociación

Asesinan a líder asháninka

El 26 de junio de 2021, el dirigente asháninka y defensor del medioambiente Mario López Huanca recibió un disparo en la cabeza mientras caminaba por Shirarine, su comunidad, en el distrito de Puerto Bermúdez, en Oxapampa. Falleció cinco días después a causa de la herida. López era secretario de la organización indígena Ecosira, que agrupa a 69 comunidades indígenas y cogestiona la Reserva Comunal El Sira.

El caso todavía se está investigando, no obstante el medio de comunicación OjoPúblico informó que los comuneros de Shirarine creen que el asesinato es obra de grupos criminales implicados en el narcotráfico y la tala ilegal, los cuales llevan años amenazado la reserva. Según la hermana de López, el defensor del medioambiente había recibido amenazas. La coalición de la sociedad civil Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció que el Estado ha dejado desamparados a las personas defensoras de la Reserva Comunal El Sira. Como ya informamos en el CIVICUS Monitor, en 2019 dos líderes de la Comunidad Nueva Austria del Sira fueron víctimas de una violenta agresión.

Creación de la reserva kakataibo tras décadas de lucha

Como hecho positivo, cabe destacar que los pueblos kakataibo lograron una importante victoria a finales de julio de 2021: la creación de una reserva que protegerá las tierras de los pueblos kakataibo no contactados de la Amazonia peruana. Esta medida llega tras años de espera y de reivindicaciones. Las organizaciones indígenas habían solicitado la creación de la reserva en 1993 con el fin de proteger el territorio de los invasores de tierras y de la tala ilegal. A pesar de esto, la Federación Nativa de Comunidades Kakataibos (FENACOKA) denunció ese mismo mes varias resoluciones del Gobierno Regional de Huánuco que atentan contra los derechos territoriales de las comunidades indígenas kakataibo de Huánuco y Ucayali.

Reunión pacífica

Manifestaciones durante unas elecciones polarizadas

Durante los meses de junio y julio de 2021, Perú fue testigo de reiteradas manifestaciones de partidarios de Pedro Castillo y de Keiko Fujimori, los dos aspirantes a la presidencia, mientras el país se mantenía a la espera de los resultados oficiales de las elecciones, los cuales se vieron retrasados por las denuncias de fraude electoral.

Tras la segunda vuelta, miles de partidarios de Castillo viajaron a Lima, muchos de ellos desde zonas rurales remotas. También fueron miles los partidarios de Fujimori que salieron a manifestarse, hecho que sirvió para apoyar la tesis de la candidata, según la cual las elecciones habían sido amañadas. Los medios de comunicación informaron del clima de tensión que se vivía en la capital debido las manifestaciones rivales del 20 de junio de 2021.

Asimismo, el 26 de junio de 2021, los partidarios de Castillo marcharon hasta la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Lima exigiendo la confirmación de su victoria electoral. Los manifestantes fujimoristas también se concentraron a pocas cuadras de distancia con pancartas en las que denunciaban el fraude electoral y en las que se podía leer "No al comunismo". En el acto pro-Fujimori intervinieron miembros de varios partidos de derecha y centro derecha, así como militares jubilados.

Manifestaciones durante el análisis de proyectos de ley que afectan a los pueblos indígenas y a los derechos medioambientales

Las integrantes de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) se manifestaron el 31 de mayo de 2021 frente al Congreso peruano para exigir la aprobación de un proyecto de ley que reconozca los derechos de la naturaleza como un ser vivo. Las militantes pidieron un cambio de perspectiva ante la emergencia climática. "Ya estamos muy afectados porque el Estado nunca le ha dado a la Madre Naturaleza, a la Pachamama, lo que se merece. Exigimos que se apruebe la ley para respetarla porque, así como nosotros tenemos derechos, nuestra Madre Naturaleza también los tiene", arguyó la defensora del medioambiente Nelly Mejía. Sin embargo, el proyecto de ley quedó paralizado en el Congreso después de un debate.

En julio de 2021, organizaciones indígenas y campesinas llevaron a cabo un plantón frente al Congreso contra un proyecto de ley conocido como la "ley de comités de autodefensa", la cual, según ellos, vulnera su autonomía y conducirá a la militarización de los territorios indígenas. El Defensor del Pueblo también expresó su preocupación por la aprobación de una legislación que reconocería dichos comités. Los legisladores aplazaron la votación del proyecto de ley.

El 14 de julio de 2021, diez organizaciones indígenas y campesinas publicaron una declaración en la que pidieron que se aprobaran leyes para proteger a los pueblos afroperuanos e indígenas u originarios. Aunque celebraron el trabajo de la Comisión Legislativa de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE), también destacaron la poca eficiencia del Congreso, así como la postergación y suspensión de proyectos de ley de gran importancia para estas comunidades.

Expresión

Un periodista recibe una amenaza de muerte tras informar sobre un caso de corrupción

El periodista Carlos Tafur recibió un mensaje de voz con una amenaza de muerte el 29 de marzo de 2021. Tafur presenta Señal Informativa Digital, un programa diario de noticias y de opinión en Radio Estéreo G 96.5. Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), en dicho mensaje se oía a un hombre no identificado decir: "Sigue jodiendo en la radio y vas a ver tu cabeza colgando en la radio… Vas a ver a tu familia también colgada en la radio. Sigue y ya verás".

Tafur habla a menudo de la presunta mala gestión de proyectos de obras públicas y de actos de corrupción perpetrados por funcionarios municipales en Huambos, Longar y Rodríguez de Mendoza, en la región de Amazonas. En las últimas semanas su programa había cubierto varias manifestaciones locales para denunciar la falta de mantenimiento de las carreteras por parte una empresa local que había contratado el municipio. La Federación Internacional de Periodistas y la Asociación Nacional de Periodistas de Perú (ANP) exigieron a las autoridades medidas para garantizar la seguridad de Tafur.

Autoridades intentan apoderarse de documentos de OjoPúblico

El 5 de abril de 2021, la fiscal peruana Yovana Mori García envió trece oficios a OjoPúblico, un portal de noticias de periodismo de investigación independiente, en los que exigió al medio la entrega de documentos relacionados con la investigación de los Papeles de Panamá. Entre esos escritos se encuentran pruebas de lavado de dinero que implican a empresas inmobiliarias, mineras, madereras y agroindustriales, así como a un antiguo candidato presidencial. La fiscal advirtió que solicitaría una orden judicial para acceder a los documentos si el medio no accedía a sus exigencias, una medida que podría incluir la incautación de sus computadoras de escritorio y portátiles.

OjoPúblico respondió que no posee los documentos que ha solicitado la fiscal, ya que forman parte de una base de datos bajo el control y la administración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). El medio de comunicación también explicó que ellos, al igual que otras organizaciones de noticias que contribuyeron a la investigación de los Papeles de Panamá, firmaron acuerdos de confidencialidad que les impiden revelar sus fuentes.

Presionan y agreden a periodistas que cubrieron las elecciones

La polarización del electorado repercutió en las condiciones de trabajo de los periodistas locales y de los corresponsales internacionales. Los reporteros que cubrieron la segunda vuelta y la posterior espera para la confirmación de los resultados se enfrentaron a la presión y la hostilidad empresarial por su cobertura de las manifestaciones y de los ataques. Entre enero de 2021 y hasta la declaración de Pedro Castillo como presidente electo en julio del mismo año, la ANP había registrado 71 agresiones contra periodistas mientras cubrían las elecciones.

El 19 de mayo de 2021, un grupo de personas que se había congregado en Ayacucho para mostrar su apoyo a Pedro Castillo agredió a la reportera Stefanie Medina y al camarógrafo Carlos Brown de América Televisión y Canal N. Según el CPJ, cuando el equipo de reporteros caminaba entre la muchedumbre, varias personas comenzaron a insultar a Medina y a Brown e intentaron arrebatarles sus equipos después de que un orador insinuara que los periodistas aceptan sobornos por su labor. Tras el discurso de Castillo, quien también sugirió que los periodistas habían recibido pagos a cambio de una cobertura sesgada, una mujer dio una patada a Medina en la espalda y un hombre golpeó a Brown en la cabeza con un palo.

Por otra parte, el 8 de junio de 2021, la Asociación de la Prensa Peruana (ANP) denunció que más de una decena de trabajadores de prensa de América Televisión y Canal N fueron obligados a dimitir, al parecer por negarse a ceder a las presiones de sus empleadores para que hicieran una cobertura periodística favorable a Keiko Fujimori. Según LatAm Journalism Review, el principal precedente de esta crisis fue el despido de la periodista colombiana Clara Elvira Ospina, exdirectora de noticias de ambos canales durante nueve años. Ospina fue despedida en mayo de 2021, después de una reunión entre Keiko Fujimori y los editores de los programas de noticias durante la cual ella habría afirmado que ambos canales serían imparciales en su cobertura.

Grupos fujimoristas convocaron a sus partidarios el 11 de junio de 2021 para que participasen en un acto de protesta contra «la prensa mentirosa» frente al domicilio de Gustavo Mohme, director de La República. El 16 de junio de 2021, la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) condenó los actos de acoso y de difamación que sufrieron algunos de sus miembros durante la segunda vuelta electoral.

La organización destacó las campañas de desprestigio contra Jacqueline Fowks, corresponsal de El País, y Paola Ugaz, corresponsal del ABC, quienes han sido acosadas en las redes sociales. Los partidarios de Fujimori criticaron la cobertura electoral de ambas periodistas y las acusaron de favorecer a Castillo. En el caso de Fowks, un mensaje difundido en las redes sociales con su foto incitaba a atacarla: «Esta es la cara de Jacqueline Fowks, por si te la encuentras en la calle y quieres decirle lo que piensas sobre lo que escribe». En un comunicado, la APEP expresó su preocupación por las condiciones de trabajo adversas en las que la información imparcial da lugar a insultos, intolerancia y ataques al honor.

Según OjoPúblico, los partidarios de Fujimori también promovieron una campaña destinada a identificar y difundir los números de teléfono y las direcciones de políticos, actores, militantes, periodistas y otras figuras públicas que habían criticaron a su candidata. Publicaron fotografías de estas personas con el mensaje «Hagamos tengan que irse del país». Como informó OjoPúblico, el grupo de extrema derecha La Resistencia estuvo implicado en la promoción de algunos de estos ataques y campañas de difamación. El 14 de julio de 2021, miembros de La Resistencia agredieron al menos a seis periodistas que cubrían las manifestaciones pro-Fujimori en Lima.

Mejoran la ley de acceso a la información

El Consejo de Ministros aprobó el 9 de junio de 2021 el proyecto de ley para la creación de la Autoridad Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Este proyecto de ley modificará en diversos aspectos la Ley 27806 sobre la transparencia y el acceso a la información pública y la Ley 29733 sobre la protección de datos personales, optimizará la tramitación de las solicitudes de acceso a información pública y corregirá los vacíos legales que han dado lugar a abusos de poder. La nueva autoridad tendrá el estatus de organismo técnico especializado, lo cual aumentará su autonomía y sus recursos presupuestarios. A continuación, el proyecto de ley irá al Congreso para su análisis.

Informes sobre la libertad de expresión en Perú

Según el Informe sobre la Libertad de Prensa 2021, elaborado por el Consejo de la Prensa Peruana para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entre octubre de 2020 y marzo de 2021 tuvo lugar la mayor ola represión de la libertad de expresión en Perú desde el Gobierno de Alberto Fujimori, el cual finalizó en el año 2000. Según este informe, en dicho periodo se produjeron 223 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, las cuales fueron perpetradas principalmente por agentes de seguridad (79), civiles (57) y funcionarios públicos (53). La Policía agredió al menos a 40 periodistas mientras cubrían las manifestaciones contra la destitución del expresidente Martín Vizcarra y contra el breve Gobierno de Manuel Merino.

Otro informe elaborado por el CPJ y el programa TrustLaw de la Fundación Thomson Reuters analizó las repercusiones de las medidas de emergencia contra la pandemia de COVID-19 en la libertad de prensa, la libertad de expresión y el acceso a la información en cinco países latinoamericanos. Aunque las autoridades peruanas consideran el trabajo de los medios de comunicación como un servicio esencial y conceden a los miembros de la prensa salvoconductos para que circulen sin restricciones, las fuerzas del orden no siempre conocen estos documentos. Esta circunstancia dio lugar a que numerosos periodistas fueran acosados o detenidos brevemente por la policía por haber incumplido la cuarentena, incluso cuando llevaban las credenciales necesarias para circular libremente.