Manifestantes reclaman medidas para frenar la inflación y reducir el precio de los combustibles y los alimentos, julio de 2022. REUTERS/ Erick Marciscano.

Reunión pacífica

En julio de 2022, Panamá vivió las mayores protestas de las últimas décadas: miles de personas se manifestaron para exigir que el Gobierno tome medidas contra el aumento del coste de la vida y del precio de los combustibles y los alimentos. El 19 de mayo de 2022, la coalición de sindicatos y movimientos sociales Alianza Pueblo Unido por la Vida entregó una lista de 32 demandas al Gobierno. Entre otros puntos, el documento incluía medidas para hacer frente a la subida de precios, el ajuste de salarios y pensiones, el aumento del presupuesto educativo, inversiones en infraestructuras y políticas a favor de los derechos de los pueblos indígenas.

A principios de julio, los sindicatos panameños de docentes anunciaron que comenzarían un paro nacional debido a la ausencia de respuesta del Gobierno a estas demandas. A lo largo de ese mes, sindicatos y movimientos sociales organizaron marchas, huelgas y cortes de carreteras. En la provincia de Veraguas, epicentro de las manifestaciones, las protestas estuvieron encabezadas por las veintidós organizaciones de la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (ANADEPO). La organización nacional indígena Coonapip también se sumó a las manifestaciones e incorporó sus propias reivindicaciones. El grupo exigió que se reconozcan los derechos a la tierra de sus miembros y medidas para expulsar a los colonos de los territorios indígenas.

El 11 de julio de 2022, el presidente Laurentino Cortizo anunció la reducción del precio de los combustibles y la limitación de los precios de diez productos básicos. A pesar de esto, las protestas continuaron, ya que los manifestantes reclamaban medidas adicionales para responder a sus demandas.

Medios de comunicación señalaron que la policía se sirvió de gases lacrimógenos y perdigones para disolver las manifestaciones. Por ejemplo, el 20 de julio de 2022, en Veraguas, un joven manifestante resultó herido en un ojo por un perdigón. En Pacora, una localidad de la provincia de Panamá, agricultores se enfrentaron a los manifestantes indígenas y campesinos que habían bloqueado la carretera Panamericana.

Después de tres semanas de protestas, la policía reveló que había detenido a 102 personas durante las manifestaciones, de las cuales 80 tuvieron que comparecer por obstrucción del tránsito y alteración de la convivencia pacífica. Se abrieron doce causas judiciales contra varios manifestantes por presuntas agresiones y otras siete por actos de vandalismo o robo. La policía declaró que dieciséis agentes resultaron heridos mientras vigilaban las protestas y que varios vehículos policiales fueron robados o vandalizados.

Se estableció una mesa de diálogo entre los movimientos sociales y el Gobierno, y se llegó a una serie de acuerdos sobre las demandas relacionadas con el coste de la vida y las inversiones en educación. Los docentes volvieron a las aulas el 2 de agosto de 2022, después de que los sindicatos levantaran el paro. Las negociaciones continuaron ya que varias demandas quedaron pendientes.

Expresión

En junio de 2022, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) multó con 1 000 USD al medio digital La Verdad y a la periodista Amanda Alvarado por violar la legislación en materia de protección de datos personales. El motivo de la sanción fue la publicación de un artículo en junio de 2021 que incluía la imagen de un certificado de matrimonio, el cual había sido facilitado de forma voluntaria al medio de comunicación por una de las partes implicadas. En un primer momento, la ANTAI consideró que el medio de comunicación tenía que haber solicitado el consentimiento "inequívoco e informado" de todas las partes. Sin embargo, la indignación que suscitó la decisión entre los expertos en materia de libertad de expresión condujo a la revisión de la sanción.

El Fórum de Periodistas y el Consejo Nacional de Periodismo (CNP) aseguraron que dicha sanción establece un precedente peligroso para el ejercicio libre e independiente del periodismo, ya que implica que cualquier persona puede pedir que se sancione a medios de comunicación o particulares que publiquen su nombre o la imagen de un documento en el que aparece su nombre sin su autorización. En este sentido, ambas organizaciones arguyeron que se podría multar a los medios de comunicación que publiquen cualquier noticia de interés público con apoyo documental. Finalmente, la ANTAI suspendió la multa en julio de 2022.

Violaciones contra la libertad de prensa en el marco de protestas

El 27 de julio de 2022, el Colegio Nacional de Periodistas (CONAPE) denunció que manifestantes habían discriminado, acosado, insultado y agredido a los periodistas que cubrían las protestas en la provincia de Veraguas. Algunos manifestantes intentaron tomar a los periodistas como rehenes y reporteros denunciaron que los amenazaron con agredirlos. La organización hizo un llamamiento a los sindicatos, organizaciones y grupos sociales para que contribuyan a que se respete a los reporteros y su labor periodística.