Manifestantes corean consignas frente al Palacio de Justicia mientras el Tribunal Constitucional debate la despenalización del aborto. 3 de febrero de 2022, Guillermo Legaria Schweizer/ Getty Images.

Asociación

Según datos del Observatorio de Derechos Humanos, Conflicto y Paz del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), 64 líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos fueron asesinadas entre principios de 2022 y el 19 de abril de ese mismo año. De estos casos, 31 se produjeron en marzo y abril. Buena parte de las víctimas eran líderes comunitarios o personas defensoras indígenas del derecho a la tierra. El 18 de abril de 2022, en tan solo un día, fueron asesinados tres líderes en Arauca y Antioquia en distintos ataques.

La violencia extrema llevó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Colombia a publicar un comunicado en el que expresó su profunda preocupación por el aumento de la violencia en varias regiones del país desde principios de 2022. La Oficina destacó las repercusiones de esta situación sobre las personas defensoras de los derechos humanos, los líderes comunitarios, las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes. En este contexto, la OACNUDH instó a que se refuercen todas las medidas de protección pertinente, tanto individuales como colectivas, para garantizar la vida y la integridad de las personas defensoras de los derechos humanos, sobre todo en las zonas rurales y en los municipios más afectados por la violencia.

Además, los enfrentamientos entre grupos armados en la frontera con Venezuela provocaron un aumento dramático de la violencia durante los primeros meses de 2022 y forzaron a miles de habitantes a huir. Según Human Rights Watch, entre principios de año y el 11 de marzo de 2022, más de 3 800 pobladores fueron desplazados dentro del departamento de Arauca. Nueve comunidades indígenas y un grupo de desmovilizados de las FARC denunciaron que sus miembros permanecen en "confinamiento", ya no se atreven a salir de sus comunidades por temor a sufrir abusos por parte de grupos armados.

Defensores en peligro en Magdalena Medio

Durante el periodo que aquí se analiza, varias personas defensoras del medioambiente de la región del Magdalena Medio recibieron amenazas y fueron víctimas de acoso.

En febrero de 2022, los nombres de los miembros del grupo ecologista Alianza Colombia Libre de Fracking aparecieron en un panfleto firmado por un grupo armado en el que les advertían que los asesinarían si no abandonaban sus actividades militantes. En ese documento figuraban los nombres de más de una veintena de militantes de la región. Tras las amenazas y los ataques, varios jóvenes defensores del medioambiente tuvieron que huir de sus ciudades e incluso del país. La defensora del medioambiente Linda Oneida Suárez, miembro del movimiento Resistencia a la minería y al extractivismo, recibió tres amenazas de muerte en febrero de 2022.

La violencia contra los militantes antifracking se intensificó después de que cientos de lugareños se reunieran en Puerto Wilches para protestar contra los proyectos de fracking de Ecopetrol en la región. Al menos una persona resultó agredida y se estigmatizó a los manifestantes tras la concentración.

Asimismo, el 22 de febrero de 2022 fueron asesinados Teófilo Acuña y Jorge Tafur, dos líderes sociales históricos de Magdalena Medio. Ambos habían denunciado haber recibido amenazas de muerte. Los grupos de derechos humanos explicaron que Acuña y Tafur lideraron procesos importantes en defensa del campesinado y de sus medios de subsistencia, así como para proteger el territorio y los recursos naturales de las actividades extractivas y la apropiación de tierras.

Obstruyen la labor de la Comisión de la Verdad

La Comisión de la Verdad publicó un comunicado en el que alertó de que el 18 de febrero de 2022 se produjo un robo en el domicilio de uno de sus investigadores. Dos días antes del allanamiento, el investigador y un comisionado habían comenzado una entrevista con un narcotraficante que, al parecer, había accedido a hablar sobre los vínculos entre los grupos criminales armados y la fuerza pública. Tras empezar la entrevista, la policía la interrumpió allegando presuntos problemas de seguridad.

Durante el asalto a la vivienda fueron sustraídos un ordenador y varias grabadoras que usaba el investigador. No obstante, la Comisión disponía de copias de la información robada. La Comisión denunció el ataque y solicitó que se ofrezcan garantías en materia de seguridad para que la entrevista con el líder del clan del Golfo pudiera concluirse sin intimidaciones.

Reunión pacífica

Grupos de defensa de los derechos de la mujer celebraron la resolución sobre el aborto

En un fallo histórico, el 21 de febrero de 2022, la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto durante las primeras 24 semanas de embarazo. La decisión se produjo en respuesta a una petición de Causa Justa, una coalición de organizaciones feministas que solicitó la supresión del Código Penal de las sanciones previstas en caso de aborto. En cuanto se conoció el fallo, manifestantes a favor del acceso al aborto vestidas de verde —el color del movimiento proabortista— celebraron frente a la Corte en el centro de Bogotá. Los militantes antiabortistas también se manifestaron mientras se decidía el fallo.

Represión de las comunidades indígenas embera

El 7 de abril de 2022, la policía antidisturbios (ESMAD) reprimió a las personas indígenas embera que venían ocupando un parque en Bogotá. Los miembros de las comunidades indígenas embera, algunos de los cuales huyeron de sus territorios debido al conflicto armado, llevaban meses acampando en el Parque Nacional para reivindicar sus derechos a la alimentación, la salud y la vivienda. La CNN informó que la intervención policial se produjo un día después de que manifestantes indígenas bloquearan una avenida cercana para exigir justicia para un adolescente embera atropellado por un taxi.

Durante la represión, los agentes del ESMAD dispararon gases lacrimógenos y granadas aturdidoras contra los manifestantes indígenas, entre los cuales había mujeres embarazadas y niños. En declaraciones a la CNN, un portavoz de la plataforma Grita de la organización de derechos humanos Temblores aseguró que la actuación policial fue desproporcionada y que los agentes llegaron a lanzar más de diez granadas aturdidoras en menos de un minuto. La policía afirmó que la operación se debió a que los manifestantes amenazaron, intimidaron y exigieron dinero a los conductores durante el acto de protesta. Tras la intervención de la policía, algunas personas habrían reaccionado lanzando piedras y destrozando automóviles. Una veintena de indígenas y seis policías resultaron heridos.

Informe detalla la represión en Cali durante el paro nacional de 2021

En 2021, cuando miles de personas se sumaron al paro nacional, los agentes de seguridad de varias ciudades reprimieron con dureza las protestas. En febrero de 2022, SITU Research y Amnistía Internacional publicaron una reconstrucción de los hechos en la que detallaron cómo las fuerzas de seguridad colombianas agredieron a manifestantes pacíficos en el barrio de Siloé de Cali, el 3 de mayo de 2021. Tres jóvenes fueron asesinados durante la represión. La reconstrucción, realizada a partir de más de doscientas piezas audiovisuales, demostró que la policía no se enfrentó a ninguna amenaza inminente de violencia y que el uso de armas letales no estuvo justificado. Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, declaró:

"Nuestra meticulosa reconstrucción digital de los hechos de Siloé revela cómo las fuerzas de seguridad colombianas atacaron de forma intencionada a las personas que se manifestaban pacíficamente con el fin de castigarlos, herirlos y asesinarlos".

Por otro lado, el 4 de abril de 2022, la Fiscalía colombiana presentó un escrito de acusación contra un coronel, un teniente y un patrullero de la Policía Nacional por su presunta responsabilidad en los homicidios que se perpetraron en Cali durante las protestas de 2021. Tres han sido imputados como responsables de varios homicidios y de lesiones personales. El teniente estaba a cargo de un Grupo de Operaciones Especiales cuyos miembros dispararon contra manifestantes y transeúntes en dos ocasiones distintas: primero el 30 de abril y luego el 3 de mayo de 2021.

Expresión

Hombres armados atacan al guardaespaldas de un periodista

El 22 de febrero de 2022, dos individuos armados agredieron al guardaespaldas del periodista de investigación Julián Martínez mientras este último hacía una entrevista. Según informaciones del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), los asaltantes se acercaron al vehículo del reportero cuando estaba aparcado en la calle, frente a un apartamento en Bogotá, e intentaron abrir la puerta por la fuerza. A continuación, encañonaron al guardaespaldas, que se hallaba en el asiento del conductor. En ese momento, el guardaespaldas que la Unidad Nacional de Protección asignó a Martínez estaba armado y disparó contra los sujetos, quienes lograron escapar en un taxi que los esperaba.

Martínez, que trabaja para el portal de noticias independiente La Nueva Prensa, a menudo investiga las denuncias de casos corrupción gubernamental y de espionaje ilegal. Había recibido amenazas anteriormente y en abril de 2021 fue inscrito en el mecanismo de protección colombiano. Actualmente, Martínez investiga presuntos vínculos entre políticos colombianos y narcotraficantes. En declaraciones al CPJ, el periodista afirmó que cree que los pistoleros intentaron asustarlo o matarlo; sin embargo, la policía precisó que no descartaba la posibilidad de que se tratase de intento de robo.

Ataques, detenciones y otros sucesos

En febrero de 2022, la alcaldía de Yopal, ubicada en el municipio de Casanares, lanzó una campaña de comunicación para "invitar" a los medios de comunicación a no hablar mal de la gestión del Gobierno local. La campaña "Fuera malas lenguas" incluye un vídeo en el que el alcalde afirma que "se aceptan las críticas constructivas", pero que "cualquiera no puede salir a destruir el trabajo que se está haciendo para reconstruir la ciudad" porque no simpatiza con las autoridades. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) afirmó que la operación desacredita la labor periodística y fomenta la hostilidad hacia la prensa, y pidió a las autoridades locales que la retiraran de inmediato.

El 8 de marzo de 2022, durante la marcha medellinense del Día Internacional de la Mujer, la policía metropolitana detuvo a Jennifer Mejía, periodista de Le Cuento y Pacifista. Estaba grabando la detención de un manifestante cuando un policía la agarró por el brazo y la detuvo. Mejía portaba un chaleco de prensa y su carnet, y se identificó como periodista. También relató que la policía no le dijo a dónde la llevaban ni por qué la habían detenido.

Durante dicha marcha, siete manifestantes acosaron y agredieron a la periodista Manuela Granda de Telemedellín y al camarógrafo Nelson Usquiano. En declaraciones a los medios de comunicación, Granda sostuvo que algunas manifestantes se enfadaron por la presencia de Usquiano durante la protesta y afirmaron que los medios de comunicación deberían haber enviado a mujeres comunicadoras para cubrir la marcha. La reportera explicó que siete mujeres encapuchadas los acorralaron contra una pared, les gritaron y después golpearon a Usquiano. Cuando ambos intentaron marcharse, las manifestantes lanzaron una lata que alcanzó a Granda en la cabeza y tuvo que recibir atención médica por la lesión.

El 21 de marzo de 2022, en Bogotá, un carro fúnebre siguió durante varios kilómetros el vehículo de Cecilia Orozco, directora de Noticias Uno. Aquella noche, Orozco había salido de la oficina del medio de comunicación junto con un equipo de seguridad. Iba de camino a su domicilio cuando un carro fúnebre empezó a seguir a su vehículo. La FLIP señaló que la policía interrogó al conductor, quien afirmó haber sido contratado por una funeraria para recoger un cadáver y para que siguiera al vehículo de Orozco. La FLIP aseguró que esta acción buscaba intimidar a Orozco y a su equipo, y pidió al mecanismo de protección colombiano que reevaluara las medidas de seguridad de la periodista.

El 11 de abril de 2022, el candidato presidencial Enrique Gómez escribió en Twitter: "Hay una actitud hipócrita; varios medios han asumido las banderas del narcotráfico en demérito de las poblaciones más vulnerables del país". En referencia a las noticias sobre presuntas irregularidades en las que estarían involucrados varios militares, Gómez aseveró que "el contexto con el que presentan las noticias es claramente parcial". La FLIP condenó esas declaraciones estigmatizadoras y arguyó que las afirmaciones infundadas que vinculan a la prensa con actividades delictivas buscan deslegitimar la labor de los periodistas.