Reunión pacífica

Desde el 28 de abril de 2021 las fuerzas del orden colombianas han reprimido brutalmente las manifestaciones nacionales que desencadenó un proyecto de reforma fiscal. Las movilizaciones se han sucedido durante casi tres semanas y las manifestaciones han ido creciendo a medida que aumentaba el número de quejas y de exigencias en materia de justicia social.

El 15 de abril de 2021, el Gobierno del presidente Iván Duque propuso un proyecto de ley para hacer frente al déficit público, para mejorar la financiación de los programas sociales y para contener la deuda pública mediante un aumento de los ingresos fiscales. Esta controvertida reforma ampliaría la base imponible y aumentaría los impuestos a las pensiones y a los productos básicos, lo que afectaría en gran medida a las clases medias y bajas. La indignación que suscitó el proyecto de ley se vio agravada por un contexto de malestar social fruto de la creciente pobreza y desigualdad. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la pandemia agravó la pobreza en el país y llegó a afectar al 42,5 % de la población en 2020. La respuesta del Gobierno frente al coronavirus y la falta de aplicación del Acuerdo de Paz aumentaron el descontento general.

Miles de personas se unieron a las manifestaciones que habían convocado los principales sindicatos de Colombia el 28 de abril de 2021 en el marco del paro nacional y en respuesta al proyecto de ley. En los días sucesivos, las manifestaciones en varias ciudades del país estuvieron marcadas por una fuerte represión. Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en Colombia denunciaron graves violaciones de los derechos humanos, como el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, la represión violenta de las manifestaciones, el asesinato y la desaparición de manifestantes, los abusos sexuales y las detenciones arbitrarias.

Para supervisar las manifestaciones se desplegó tanto a la policía como al ejército, mientras que el Gobierno adoptó un discurso que estigmatizaba a quienes salían a las calles al calificarlos de "vándalos" y que justificaba el uso excesivo de la fuerza durante los primeros días de movilización, alegando que grupos armados ilegales habían orquestado las manifestaciones. A pesar de que el presidente Duque anunció la retirada de la propuesta de reforma tributaria el 2 de mayo de 2021, las manifestaciones continuaron en varias ciudades, como Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Manizales y Cali. En parte las manifestaciones continuaron debido a la represión policial y a la falta de voluntad del Gobierno para atender exigencias legítimas.

En Cali, epicentro nacional de las manifestaciones, la policía abrió fuego contra los manifestantes el 3 de mayo de 2021. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) afirmó que la policía agredió, amenazó y disparó a los grupos de derechos humanos que acompañaban a una misión de verificación en la ciudad. El observatorio de Internet NetBlocks confirmó la interrupción del servicio de Internet en Cali el 5 de mayo de 2021. Según el regulador colombiano competente, dicho corte se produjo principalmente debido a daños en las infraestructuras. Mientras tanto, los manifestantes denunciaron que las redes sociales habían eliminado ciertos contenidos sobre las manifestaciones y que habían bloqueado los intentos para informar en directo desde las manifestaciones.

El 7 de mayo de 2021, 650 organizaciones de la sociedad civil publicaron una declaración en la que pidieron una investigación exhaustiva de los abusos perpetrados contra los derechos humanos y la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH):

"Solicitamos al Estado que cese de manera inmediata el uso arbitrario y excesivo de la fuerza para evitar mayores vulneraciones de los derechos humanos de la población. Asimismo, teniendo en cuenta el importante rol que la comunidad internacional puede tener ante esta situación, hacemos un llamado a la CIDH para que solicite la anuencia del Estado para visitar el país e instalar un mecanismo independiente de expertas y expertos que colabore en la investigación de lo ocurrido".

Según informó la organización supervisora de los derechos humanos Temblores, entre el 28 de abril y el 17 de mayo de 2021 se registraron 43 asesinatos de manifestantes, presuntamente a manos de las fuerzas del orden, 384 casos de violencia física, 1 139 de detenciones arbitrarias, 33 de lesiones oculares y 18 de violencia sexual. La organización también contabilizó más de 450 casos de uso excesivo de la fuerza durante la dispersión de manifestaciones y 146 casos en los que la policía usó armas de fuego. Al menos un agente de policía perdió la vida.

Amnistía Internacional documentó el uso de armas letales por parte de las fuerzas de seguridad colombianas, así como el uso indiscriminado de gases lacrimógenos, cañones de agua y otras armas subletales contra los manifestantes. A 9 de mayo de 2021, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) había documentado 122 agresiones contra los trabajadores de los medios de comunicación que cubrían las manifestaciones.

Según información publicada en la prensa, la gran mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas durante los primeros días del paro, si bien se produjeron actos de saqueo y de vandalismo en Cali, Bogotá y en otras ciudades. A pesar de esto, los disturbios aumentaron a la par que la represión de las manifestaciones. Al menos quince Comandos de Atención Inmediata fueron objeto de actos de vandalismo e incendiados al inicio de la segunda semana de manifestaciones. De hecho, uno de estos centros fue incendiado con diez policías en su interior. En Cali, donde los manifestantes ocuparon varias calles, la sociedad civil y los medios de comunicación también denunciaron sucesos en los que personas armadas vestidas de civil intimidaron y atacaron a los manifestantes. Civiles armados habrían agredido a miembros del colectivo indígena Minga en Cali el 9 de mayo de 2021. Varios miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) resultaron heridos durante este ataque.

El 15 de mayo de 2021, el Ministro de Defensa acusó a cuatro jóvenes líderes sociales de Popayán de perpetrar "acciones terroristas" en el marco de los disturbios relacionados con las manifestaciones. Las organizaciones de derechos humanos condenaron las acusaciones y cuestionaron el interés del Gobierno por los presuntos enemigos internos. Un investigador del grupo de la sociedad civil Fundación CORE precisó: "Los desmanes que se han dado, por más duros que hayan sido, no son terrorismo. El uso de esa palabra deslegitima completamente las causas de la marcha y justifica la acción de la policía".

El 16 de mayo de 2021, más de 300 centros de investigación, instituciones académicas, profesores universitarios y estudiantes firmaron una carta en la que pidieron una desescalada de la violencia y el fortalecimiento de los espacios locales de democracia para hacer frente a la crisis.

Asociación

Más de cincuenta líderes sociales y activistas asesinados en cuatro meses

Las organizaciones de la sociedad civil siguieron denunciando la violencia extrema que sufren los líderes sociales y las personas defensoras de los derechos humanos en Colombia. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó que entre el 1 de enero y finales de abril de 2021 fueron asesinados 57 líderes sociales y personas defensoras.

Los casos registrados desde febrero de 2021 incluyen el asesinato de líderes jóvenes, como el dirigente comunitario campesino Yordan Eduardo Guetio, los indígenas awá Miguel García Paí, Álvaro Pascal García y Orlando Manuel Chimá, este último iba a ingresar en la Guardia Indígena del Resguardo Indígena Los Almendros. Los líderes comunitarios y los representantes políticos también fueron objeto de ataques, como Jesús Salazar Valencia, Wilson López, Albeiro Hoyos, Luis Hermídes Álvarez y su hijo José Éver Álvarez. Entre los asesinados también se encontraba el líder sindical Carlos Alberto Vidal y el gerente de un hospital Luis Octavio Gutiérrez, quien había denunciado actos de corrupción en Antioquia.

Las comunidades y los líderes indígenas estuvieron especialmente expuestos al peligro durante los primeros meses de 2021; de hecho, varios líderes fueron asesinados en diversas localidades de todo el país, como en Chocó, Nariño, Antioquia, Sucre, Cauca y La Guajira. En varios casos los presuntos agresores pertenecían a grupos armados. En Putumayo, por ejemplo, la líder kamentzá María Bernanda Juajibioy y su nieto fueron asesinados después de que las organizaciones locales denunciaran la falta de garantías para las comunidades afroindígenas y para los trabajadores rurales. El médico tradicional indígena Alejandro Manugama Cheché fue asesinado en Chocó tras denunciar la presencia de grupos armados en el territorio tahami del Alto Andágueda. En abril de 2021, fue asesinada en Cauca Sandra Liliana Peña, gobernadora del Resguardo Indígena La Laguna Siberia, territorio sath tama kiwe. Defensora indígena y del medioambiente, Peña había trabajado en la erradicación de los cultivos de coca en la región.

Expresión

Ataques contra periodistas

El fotoperiodista independiente Luis Carlos Ayala fue víctima de un ataque el 20 de abril de 2021 en Cali. Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), un atacante en una motocicleta gritó el nombre del fotoperiodista y acto seguido comenzó a dispararle. Ayala logró escabullirse y solo sufrió heridas superficiales. En declaraciones al CPJ, el fotoperiodista relató que recientemente había pasado seis meses trabajando en un proyecto periodístico independiente sobre grupos indígenas y afrocolombianos que defienden sus tierras de los intereses empresariales y de los grupos del narcotráfico en el departamento de Cauca. A pesar de esto, afirmó no haber recibido ninguna amenaza por su labor.

El 6 de mayo de 2021, la policía antidisturbios agredió a tres periodistas del medio digital Loco Sapiens mientras cubrían un evento cultural en apoyo a las manifestaciones antigubernamentales en la zona rural de Sibaté, cerca de Bogotá. Tal y como informó la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), los agentes de policía del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud durante el acto y dispararon directamente a los reporteros con pistolas de perdigones. En un video que grabaron los periodistas se ve a los agentes dispararles a pesar de los reporteros gritaban que trabajaban para la prensa. Según la FLIP, los reporteros también llevaban tarjetas de prensa y cascos en los que se podía leer "Prensa". Dos periodistas resultaron heridos.

Como señalamos en la sección Reunión pacífica de esta actualización, entre el 28 de abril y el 9 de mayo de 2021 la FLIP documentó 122 ataques a la prensa en el contexto de las manifestaciones a nivel nacional. Estas agresiones implicaron a 141 periodistas y a varios medios de comunicación y aún continúan. Alrededor de seis policías agredieron al periodista Kevin Acosta el 12 de mayo de 2021. Al parecer Acosta los estaba grabando mientras golpeaban a un manifestante en Popayán. Acosta, que trabaja para el medio digital Red Alterna, denunció que los agentes intentaron quitarle su teléfono celular y evitar que transmitiera en directo. Ese mismo día, manifestantes encapuchados agredieron a otros dos periodistas que cubrían las manifestaciones en Popayán después de que hubieran grabado a un grupo de manifestantes mientras lanzaban piedras contra la fachada de la alcaldía.

Evolución de las causas judiciales

El 15 de marzo de 2021, los representantes colombianos se retiraron de una audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de la periodista colombiana Jineth Bedoya. Este proceso judicial busca dilucidar la responsabilidad del Estado en el secuestro, la violación y la tortura de Bedoya en el año 2000, cuando intentaba entrevistar a un miembro de un grupo paramilitar. El equipo jurídico del Gobierno abandonó la audiencia tras solicitar la recusación de cinco de los seis jueces que se ocupan del caso, alegando una presunta parcialidad y "falta de objetividad". La Corte suspendió la audiencia. Las organizaciones que representan a la periodista denunciaron la actitud del Estado en este proceso y afirmaron que dicha postura demuestra la desidia que existe hacia las víctimas de la violencia sexual en el conflicto armado en Colombia y la falta de espacios dignos para el acceso a la justicia. En un comunicado afirmaron:

"Esta actuación forma parte de una estrategia que busca deslegitimar a la CIDH y supone un nuevo obstáculo en el proceso, que sigue castigando a Jineth Bedoya por hacer oír su voz. Este es un nuevo intento que busca silenciarla".

Por otra parte, el 24 de marzo de 2021, la Corte Suprema ratificó el fallo de un tribunal de apelación que había condenado a la periodista Vicky Dávila Hoyos y al medio de comunicación RCN por difamación. En una sentencia de octubre de 2020, Dávila y RCN fueron condenados a pagar más de 43 000 dólares por daños y perjuicios a la familia de un coronel de la policía que fue destituido de su cargo después de que la periodista informara sobre las acusaciones de corrupción. En un comunicado, la FLIP condenó el fallo y defendió que "vulnera la libertad de prensa y constituye un precedente peligroso de cara al fenómeno de acoso judicial creciente en Colombia".

A otro periodista se le notificó una querella por difamación en abril de 2021. El empresario Guillermo Acevedo acusó de difamación a Jeremy McDermott, de nacionalidad británica y codirector y representante legal de la organización informativa InSight Crime, con sede en Medellín. Esta querella tiene su origen en la serie de seis partes de InSight Crime titulada El narcotraficante invisible: tras las huellas de Memo Fantasma, publicada en marzo de 2020. En dichos artículos, McDermott afirma que Acevedo era un antiguo narcotraficante y líder de un ejército paramilitar ya desaparecido.

La coordinadora del programa del CPJ en Centroamérica y Sudamérica Natalie Southwick comentó al respecto:

"El sistema judicial colombiano no debe usarse como instrumento para tomar represalias contra periodistas de investigación, pero el hecho de que las disposiciones penales sobre la difamación sigan vigentes permite que este ciclo continúe".