Manifestantes exigen la liberación de los presos políticos durante la apertura de la Convención Constitucional. Foto: Marcelo Hernández/ Getty Images.

El 15 y el 16 de mayo de 2021, más de seis millones de chilenos eligieron a los 155 miembros de la Convención Constitucional, el órgano encargado de redactar una nueva Constitución para el país. Durante esos días también se eligieron a las autoridades municipales y a los gobernadores regionales. Los candidatos independientes o debutantes vinculados a partidos de izquierda y movimientos sociales se llevaron el 60 % de los votos. El apoyo a la coalición del presidente Piñera se desplomó y solo obtuvo el 24 % de los sufragios.

El 4 de julio de 2021, en la sesión inaugural de la Convención Constitucional, la defensora y profesora mapuche Elisa Loncon fue elegida presidenta de la Convención. En cuanto a la composición de esta asamblea, de todos los delegados 77 son mujeres y 17 representan a los pueblos indígenas. Una amplia coalición de organizaciones indígenas reivindicó y obtuvo que se les reservara cierto número de escaños en la Convención; a pesar de esto, algunos grupos mapuches decidieron no participar.

Los delegados de la Convención dispondrán de un año para concluir su labor.

Asociación

Amenazan a una defensora de los derechos humanos

El 7 de junio de 2021 apareció un grafiti con una amenaza de muerte contra la defensora de los derechos humanos Verónica del Carmen Vilches Olivares en una planta de tratamiento de agua en Cabildo, provincia de Petorca, región de Valparaíso. Vilches preside el comité Agua Potable Rural (APR) de San José de Cabildo y dirige el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA). Este último defiende el derecho al agua en Petorca, donde el acceso de las comunidades locales al líquido vital se ha deteriorado drásticamente en los últimos años. Verónica ha sufrido amenazas y ataques constantes por su labor y por haber denunciado el impacto de la agroindustria en la provincia.

Sindicato de prensa gana demanda contra Radio Bío Bío

El 15 de julio de 2021, un fallo judicial condenó a Radio Bío Bío a pagar una multa por el despido de trabajadores durante una huelga en 2019. En su sentencia, la jueza concluyó que la empresa "afectó concretamente la libertad sindical, debilitando el movimiento sindical y especialmente la huelga legalmente votada en un proceso de negociación colectiva reglado." Además, dicho medio de comunicación tendrá que leer la sentencia durante su programa matutino.

Reunión pacífica

Manifestación contra las expulsiones masivas de personas inmigrantes

El 28 de abril de 2021, varios inmigrantes se manifestaron en el centro de Santiago contra las expulsiones que se llevado a cabo los últimos años. Los manifestantes, organizados por la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile, se habían vestido con trajes blancos, chalecos amarillos y esposas. Durante el acto de protesta los asistentes corearon varias consignas, entre ellas: "No somos delincuentes, somos trabajadores" y "La migración es un derecho."

Solo en 2021 fueron expulsados de Chile más de 300 inmigrantes, en algunos casos sin que dispusieran de tiempo suficiente para recurrir la orden de expulsión. En cuatro años fueron expulsadas 1 401 personas, la mayoría de ellas procedían de Venezuela, país cuya crisis humanitaria ha provocado una emigración masiva. En abril de 2021, la sociedad civil y organizaciones internacionales condenaron una ola de expulsiones que se llevó a cabo mediante procesos presuntamente irregulares. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticó la expulsión de 55 inmigrantes venezolanos, 40 de ellos sin orden judicial. La organización internacional denunció que otras personas inmigrantes detenidas se hallaban a la espera de ser expulsadas y sin acceso a una asistencia jurídica, ni a un proceso justo o a la evaluación de sus necesidades de protección.

Uso excesivo de la fuerza contra manifestantes indígenas; un líder mapuche resulta herido

El defensor del derecho a la tierra de las personas indígenas Alberto Curamil resultó gravemente herido durante una manifestación contra el incendio de la vivienda de una mujer mapuche en Perquenco, Araucanía, el 29 de abril de 2021. Los manifestantes usaron neumáticos en llamas para bloquear una carretera y así mostrar su apoyo la portavoz comunitaria Elena Paine, cuya casa había sido incendiada. Curamil contó que los agentes de policía dispararon contra los manifestantes y luego lo persiguieron y dispararon contra su coche desde un vehículo policial. El defensor relató el suceso:

"Un bote de gas lacrimógeno me reventó la ventanilla trasera y me asfixió, así que tuve que parar. En cuanto saqué la pierna del vehículo sentí un disparo de escopeta en el muslo izquierdo, seguido de un segundo disparo en la espalda. Otro bote de gas lacrimógeno me golpeó en la espalda y me tiró al suelo. Dispararon a menos de tres metros de distancia. Los Carabineros me golpearon mientras me esposaban y me preguntaron quién era. Creo que era su objetivo y lo consiguieron."

Las heridas de Curamil fueron provocadas por perdigones recubiertos de goma, los cuales pueden resultar mortales si se disparan a corta distancia. El sobrino y el hijo del defensor, ambos adolescentes, fueron detenidos y puestos en libertad al día siguiente. Los tres se enfrentan a cargos por desorden público.

Manifestaciones durante la apertura de la Convención Constitucional

Durante la inauguración de la Convención Constitucional en Santiago, varios manifestantes pidieron la liberación de las personas detenidas durante las manifestaciones de 2019 y el fin de la represión policial. Los medios de comunicación informaron de enfrentamientos entre la policía y un grupo de manifestantes que intentó romper el cordón de seguridad frente al antiguo edificio del Congreso, donde se celebraba la ceremonia de apertura. Estos enfrentamientos hicieron que suspendiera la ceremonia de apertura durante más de una hora. Algunos miembros de la Convención denunciaron la represión policial.

Durante su primera semana, la Convención aprobó una declaración en la que pidió que se indulte a las personas detenidas durante las revueltas sociales, así como la liberación de los presos políticos mapuches encarcelados en el marco de un conflicto por tierras en la región de la Araucanía.

Otros sucesos

La organización de derechos humanos Libertades Públicas presentó una demanda en 2020 con la que busca obtener reparación para 22 víctimas de traumatismos oculares durante el estallido social de octubre de 2019. En abril de 2021, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) rechazó los argumentos de la organización, afirmando que la indemnización que solicitaba era desproporcionada y que la policía había actuado de forma correcta. Aunque el CDE reconoció que en algunos casos la actuación de los policías había sido ilegal, argumentó que se trataba de hechos aislados y pidió al juzgado de Santiago que lleva el caso que desestimara la denuncia. El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) notificó que 352 personas perdieron la vista de forma parcial o total debido a la violencia policial durante las manifestaciones multitudinarias.

En este contexto, diputados chilenos de la coalición opositora Frente Amplio presentaron una agenda antirrepresión. Esta proposición legislativa derogaría la legislación que se ha usado para reprimir las manifestaciones, incluida la ley de seguridad del Estado, una normativa autoritaria usada para perseguir a los manifestantes; la ley de control preventivo de identidad, que permite a las autoridades detener y comprobar la identidad de cualquier persona mayor de 14 años sospechosa de participar en actividades ilegales; y el artículo 268 del Código Penal, conocido como «ley antibarricadas», que endurece las sanciones para las manifestaciones que se consideren como actos de desorden público. De estas normas, las dos últimas fueron aprobadas en 2019 durante el Gobierno de Piñera. La propuesta de los legisladores también instauraría un comité participativo especial para discutir las estrategias de seguridad pública integral. Sin embargo, la propuesta se enfrentó a fuertes críticas de los legisladores conservadores y hasta julio de 2021 no habían registrado avances significativos en su trámite parlamentario.

Expresión

El 27 de marzo de 2021, asaltantes no identificados dispararon contra un equipo de televisión que estaba de viaje cerca de Tirúa, en la región del Biobío. El periodista Iván Núñez resultó herido en el hombro y el camarógrafo Esteban Sánchez en el pecho, el brazo, el hombro y en un ojo; Sánchez perdió la visión del ojo derecho. Según informó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), el ataque se produjo mientras Núñez y Sánchez regresaban de una reunión con un portavoz de la organización indígena Coordinadora Arauco-Malleco, la cual se halla inmersa en un conflicto por tierras con empresas forestales multinacionales y agricultores locales. En declaraciones al CPJ, Danilo Ahumada, presidente del Sindicato de Periodistas de Chile, afirmó que no estaba claro quién está detrás del ataque.

El 19 de mayo de 2021, la Corte Suprema de Chile ordenó al medio de comunicación Radio Bío Bío retirar el audio y la transcripción de una llamada telefónica que había publicado en un artículo. Según el CPJ, el tribunal dictaminó que Radio Bío Bío había publicado ilegalmente una conversación grabada entre la jueza Marcela Guerra y el operador político John Campos, y ordenó la retirada de la grabación de la página web del medio y de cualquier otro lugar donde se hubiera publicado. A lo largo de la llamada se puede escuchar a Campos y a Guerra discutir diversos planes para influir en nombramientos judiciales y procedimientos disciplinarios. Tras el fallo, Radio Bío Bío retiró el audio y la transcripción de dicha llamada.

El 7 de julio de 2021, agentes de la Policía de Investigaciones de Chile dispararon balas de goma contra los periodistas Vicente Rojas López y Felipe García, quienes cubrían el cortejo fúnebre de la activista Luisa Toledo Sepúlveda, a su paso frente a la sede de la Policía de Investigaciones en Santiago. García recibió golpes en la cara y le cosieron varios puntos para suturar una herida en la mejilla provocada una bala de goma. Rojas recibió un golpe en el pie, pero no buscó atención médica. En declaraciones al CPJ, ambos periodistas indicaron que llevaban cámaras y sus credenciales de prensa cuando les dispararon.

El periodista Mauricio Weibel y otros reporteros bajo vigilancia

El 29 de marzo de 2021, el Centro de Investigación Periodística (CIPER) difundió un documento que demuestra que la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (DINE) hizo afirmaciones falsas para que se aprobara el seguimiento del periodista Mauricio Weibel. En 2015 Weibel sacó a la luz un caso de corrupción muy sonado dentro del Ejército, conocido como Milicogate, que reveló malversaciones millonarias perpetradas por altos mandos de las fuerzas armadas. La investigación de Weibel condujo al procesamiento de miembros del Ejército, entre ellos, el excomandante en jefe Juan Miguel Fuente-Alba, por fraude fiscal y enriquecimiento ilícito.

Según el documento al que tuvo acceso el CIPER, en 2017 la DINE se sirvió de argumentos falsos para solicitar una autorización a la Corte de Apelaciones de Santiago para poner bajo escucha a Weibel. La DINE afirmó que el número de teléfono pertenecía a un agente extranjero en búsqueda de «antecedentes estratégicos» sobre la institución. A partir de esta solicitud las comunicaciones del periodista estuvieron bajo vigilancia. Además, un funcionario de la DINE admitió haber solicitado información personal sobre Weibel en el sitio web del registro civil chileno; una dirección IP que se uso para esa consulta también se empleó para solicitar información sobre otros cinco reporteros y sus familias. Los cinco reporteros confirmaron que estaban investigando al Ejército en el marco de reportajes o de labores de investigación documental en el momento en el que se habría producido la presunta vigilancia.

Informes sobre Chile

Según ellas labores de seguimiento de la organización de la sociedad civil Observatorio del Derecho a la Comunicación(ODC), entre octubre de 2019 y marzo de 2021 se produjeron 295 violaciones contra la libertad de prensa en Chile, incluyendo agresiones y detenciones. Entre enero y marzo de 2021 se registraron 60 casos, 22 detenciones y 38 agresiones.

El informe anual 2020 del relator especial para la libertad de expresión de la CIDH destacó las barreras existentes para acceder a información pública sobre la gestión de la pandemia de COVID-19 y sobre el número de infectados en Chile. También señaló los obstáculos para el ejercicio del periodismo, la vulnerabilidad de los profesionales de los medios de comunicación frente a la pandemia, los despidos masivos en diversos medios de comunicación públicos y privados, y los cierres en la prensa escrita. El informe de la CIDH también subraya el uso constante de fuerza excesiva contra los manifestantes y los periodistas que cubren las manifestaciones.