Mujeres celebran la aprobación del proyecto de ley que despenaliza el aborto, 28 de septiembre de 2021. Marcelo Hernández/ Getty Images.

Políticos de la oposición iniciaron un proceso de destitución contra el presidente chileno Sebastián Piñera por posibles irregularidades en la venta de una empresa minera, después de que se conocieran nuevos detalles sobre la operación gracias a documentos filtrados en el marco de los Papeles de Pandora. El Ministerio Público de Chile anunció que abrirá una investigación por posibles actos de corrupción e infracciones tributarias durante la venta.

Reunión pacífica

Asesinan a una defensora de los derechos humanos durante una manifestación mapuche

El 10 de octubre de 2021, la estudiante y defensora de los derechos indígenas Denisse Cortés Saavedra sufrió heridas graves durante la Marcha por la Resistencia Mapuche en Santiago y falleció ese mismo día en un hospital. Según informaciones publicadas en la prensa, Cortés Saavedra resultó herida al comienzo de los enfrentamientos, cuando la policía empleó gases lacrimógenos y cañones de agua para reprimir la manifestación. Según un informe policial, Cortés Saavedra resultó herida por un proyectil que había lanzado un manifestante; sin embargo, su familia refutó esta versión de los hechos y pidió una investigación.

Organizaciones de la sociedad civil afirmaron que Cortés Saavedra acudió a la manifestación en calidad de observadora en materia de derechos humanos, para grabar las detenciones de manifestantes y para supervisar la actuación de Carabineros. En este sentido, se documentó un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes por parte de las fuerzas del orden, incluido el empleo de cañones de agua y de gases lacrimógenos para dispersarlos. Diecisiete personas fueron detenidas y otras diez resultaron heridas durante el acto de protesta.

Manifestaciones contra la inmigración

El 25 de septiembre de 2021, en la ciudad norteña de Iquique, unas tres mil personas se manifestaron contra la inmigración. Algunos de ellos portaban pancartas en las que se podía leer "No más inmigración ilegal" y "Chile es una república que se respeta." Los manifestantes exigieron a las autoridades que tomaran medidas para frenar la entrada de inmigrantes por la frontera norte. Durante el acto de protesta, un grupo de manifestantes violentos quemó las pertenencias de algunos inmigrantes venezolanos que habían montado un pequeño campamento.

Tanto la manifestación como el posterior ataque al campamento fueron catalogados como actos xenófobos y organizaciones de los derechos humanos y expertos internacionales expresaron su repulsa por estos hechos. El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes Felipe González calificó de "humillación inadmisible" el ataque incendiario y afirmó que "el discurso xenófobo, que asimila la migración a la delincuencia y que por desgracia, se ha vuelto cada vez más frecuente en Chile, alimenta este tipo de barbarie." La oficina de las Naciones Unidas en Chile instó a las autoridades y a la población a actuar respetando los derechos humanos y el derecho humanitario internacional. UNICEF y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitaron al Gobierno la implementación de un plan migratorio que garantice los derechos de inmigrantes y refugiados.

Iquique ha sido la principal puerta de entrada para los inmigrantes que cruzan la frontera norte de Chile. Según informaciones publicadas en la prensa, la mayoría de los inmigrantes de la provincia provienen de Venezuela y Haití y carecen de documentos; muchos se instalan temporalmente en parques y espacios públicos de Iquique a la espera de que se regularice su situación. La manifestación de finales de septiembre se produjo un día después de que la policía desalojara un campamento de inmigrantes instalado en una plaza de la ciudad desde hace un año.

Tras la repercusión de estas protestas, el 2 de octubre de 2021 se celebraron más marchas, tanto a favor como en contra de la inmigración. En Santiago, una concentración contra la inmigración terminó con violentos enfrentamientos entre manifestantes antiinmigración, contramanifestantes y fuerzas de seguridad. Durante la marcha, convocada por un grupo de extrema derecha, los participantes cantaron el himno nacional, enarbolaron banderas del país y portaron pancartas con mensajes nacionalistas. La policía intervino después de que un grupo de contramanifestantes encapuchados lanzara petardos contra los participantes de la marcha. Doce personas fueron detenidas y seis manifestantes y un agente de policía resultaron heridos.

En Antofagasta se celebraron manifestaciones en apoyo a los inmigrantes bajo el lema "Nadie es ilegal, migrar es vivir." El 3 de octubre de 2021, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes convocó una marcha en Santiago para exigir que se garanticen los derechos humanos de las comunidades de inmigrantes y refugiados.

Celebraciones por la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de ley para el aborto legal

El 28 de septiembre de 2021, miles de mujeres salieron a las calles en el marco del Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y para mostrar su apoyo al proyecto de ley de despenalización del aborto que se discutía en la Cámara de Diputadas y Diputados ese mismo día. En Santiago, minutos antes de la votación, más de un centenar de mujeres rodearon el edificio donde se redacta la nueva constitución chilena. Las manifestantes portaban pancartas y pañuelos verdes, y corearon diversas consignas, entre ellas "¡Aborto libre y seguro!" y "¡Será ley!".

Dicho proyecto de ley modificaría el Código Penal con el fin de despenalizar el aborto voluntario durante las primeras catorce semanas de gestación. El proyecto de ley fue aprobado con setenta y cinco votos a favor, sesenta y ocho en contra y dos abstenciones. Antes de convertirse en ley, este proyecto legislativo tendrá que volver a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género del Congreso. A continuación, se celebrará un debate y una votación en la Cámara Baja, y después se enviará al Senado. La Coordinadora Feminista 8M saludó la aprobación del proyecto de ley, pero afirmó que, si bien no es la legislación que esperaban, ya que pedían que se garantice el acceso a abortos seguros y legales, es un paso positivo hacia la legalización.

Manifestantes siguen exigiendo la liberación de los detenidos durante las revueltas de octubre de 2019

El 29 de julio de 2021, cientos de personas se congregaron en el centro de Santiago y otros puntos de la ciudad para exigir la liberación de los manifestantes detenidos en el marco de las manifestaciones multitudinarias que se sucedieron a partir de octubre de 2019. La Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos y otras organizaciones de la sociedad civil convocaron la manifestación para exigir "la aprobación inmediata" de un indulto general para quienes aún se encuentran detenidos. Los manifestantes se desplazaron por la Alameda hasta llegar a la estación de metro Los Héroes, donde se produjeron enfrentamientos con la policía nacional.

El 29 de agosto de 2021, la población volvió a marchar por la calles de Santiago para exigir verdad y justicia, y para instar a los senadores a avanzar en el debate de un posible indulto para aquellos a quienes consideran presos políticos de las revueltas de 2019. Como ya informamos en el CIVICUS Monitor, durante su primera semana, la Convención aprobó una declaración en la que pidió un indulto para los detenidos durante las revueltas sociales.

Expresión

Organizaciones sociales rechazan el proyecto de ley para regular las plataformas digitales

El 1 de septiembre de 2021, cinco senadores presentaron un proyecto de ley que regulará las plataformas digitales. La Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso será la encargada de analizar esta propuesta polémica.

Las organizaciones de la sociedad civil expresaron sus objeciones al proyecto de ley, arguyeron que atenta contra la libertad de expresión y recomendaron su suspensión. Estos grupos criticaron diversos aspecto del proyecto de ley, entre otros, la ausencia de una definición precisa de lo que es una plataforma digital, la falta de coordinación con la normativa existente sobre derechos digitales, el uso de mecanismos inadecuados para regular la información falsa y el establecimiento de conceptos, como «el derecho a la rectificación y al olvido» y «consumidor digital», todo esto sin aclarar del todo cómo se aplicará.

Entre las organizaciones que rechazan el proyecto de ley se encuentran los grupos de derechos digitales Internet Society Chile, la Fundación Datos Protegidos y Derechos Digitales, el Centro de Estudios de Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el Observatorio del Derecho a la Comunicación (OBSERVACOM), la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades y el Colegio de Periodistas de Chile.

En cuanto al fenómeno de las noticias falsas, estas formaciones denunciaron que el proyecto de ley "ignora la experiencia internacional acumulada", la cual ha demostrado la dificultad y la incertidumbre jurídica para determinar qué se puede considerar información manifiestamente falsa. Además, esta propuesta legislativa "crearía incentivos perversos" para que las plataformas digitales eliminen contenidos.

Según Derechos Digitales, esta iniciativa legislativa se llevó a cabo de manera apresurada y diversos actores que trabajan en la regulación de contenidos en Internet y en el ámbito de los derechos digitales quedaron excluidos del debate. En lugar de ayudar a frenar los posibles abusos de las plataformas digitales, este proyecto de ley podría ocasionar un daño inmenso a los derechos fundamentales en Chile. La organización precisó:

"Este proyecto atropella otros esfuerzos, como la larga lucha para establecer una adecuada protección de datos personales (que se debate hace una década en nuestro país) y es incompatible con el trabajo que académicos, activistas de derechos humanos y expertos internacionales llevamos desarrollando por al menos una década."

Los grupos de la sociedad civil pidieron la suspensión del proyecto de ley y un debate abierto, amplio y participativo sobre la regulación de las plataformas digitales con la participación de la sociedad civil, de organizaciones académicas y de otros especialistas.

Políticos de la oposición iniciaron un proceso de destitución contra el presidente chileno Sebastián Piñera por posibles irregularidades en la venta de una empresa minera, después de que se conocieran nuevos detalles sobre la operación gracias a documentos filtrados. También hubo manifestaciones organizadas por comunidades mapuches y por grupos antiinmigración, proinmigración y en defensa de los derechos reproductivos. Además, un nuevo proyecto de ley sobre plataformas digitales podrían tener graves repercusiones en la libertad de expresión.