El 7 de mayo de 2023, los chilenos acudieron a las urnas para elegir a los miembros del Consejo Constitucional que redactará una nueva carta magna, la cual remplazará a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. El primer intento se llevó a cabo mediante un proceso abierto e inclusivo que produjo un texto constitucional ambicioso y progresista, que más tarde fue rechazado por una amplia mayoría en el referéndum de septiembre de 2022.
El nuevo Consejo Constitucional dispondrá de cinco meses para elaborar un texto a partir del proyecto presentado por la comisión de expertos nombrada por el Congreso. El Consejo podrá aprobar, modificar o incorporar nuevas normas con los votos de tres quintas partes de los miembros. El pueblo chileno tendrá la última palabra el 17 de diciembre de 2023: si ratifica el texto propuesto, Chile adoptará una nueva Constitución, pero si la rechaza, seguirá vigente la antigua carta magna.
Reunión pacífica
El 12 de abril de 2023, unos trescientos estudiantes marcharon por las calles de Santiago contra la ley Nain-Retamal, que otorga nuevos poderes al cuerpo de Carabineros.
Durante la manifestación, los estudiantes se enfrentaron a carabineros, que usaron cañones de agua para dispersarlos.
El 6 de abril, el Congreso aprobó la ley Nain-Retamal en el marco de un paquete legislativo sobre la seguridad pública. Esta iniciativa legislativa es fruto de la fusión de los proyectos de ley Nain y Retamal, que buscan aumentar las penas por delitos perpetrados contra las fuerzas de seguridad como los Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y los miembros de la Gendarmería, además de establecer la legítima defensa privilegiada para estos funcionarios cuando se encuentren en el ejercicio de sus funciones. Ambos proyectos llevan el nombre de dos carabineros que murieron en el cumplimiento de su deber.
Enfrentamiento entre estudiantes y policías
El 9 de marzo de 2023, al inicio del nuevo año académico, cientos de estudiantes salieron a las calles del centro de Santiago para protestar por la situación de la educación al grito de “Abajo la educación comercial” y “En esta vuelta a las clases, retomemos la lucha estudiantil”.
Durante la manifestación, se produjeron enfrentamientos con los Carabineros, quienes emplearon gases lacrimógenos y cañones de agua, mientas que los manifestantes erigieron barricadas y lanzaron cócteles molotov.
Según Deutsche Welle, un estudiante afirmó: “No todos los alumnos de Chile pueden estudiar con dignidad. Las infraestructuras se caen a pedazos y si esto pasa en Santiago, imagínese en las regiones. Este año tenemos que volver a movilizarnos con la misma energía de siempre”.
A finales de 2022, el Gobierno chileno anunció un plan para la reactivación de la educación por valor de 250 000 millones de pesos que se destinará a las necesidades más acuciantes.
El Estado tendrá que pagar 630 millones de pesos a una víctima del estallido social de 2019
La Corte de Apelaciones de San Miguel, un municipio de la Región Metropolitana, ordenó al Tesoro Nacional pagar a la senadora Fabiola Campillai y a su familia 630 millones de pesos chilenos (más de 780 000 USD).
Tanto ella como su hermana fueron víctimas de actos de brutalidad policial durante el estallido social de 2019. El 29 de noviembre de 2019, Campillai se dirigía a su trabajo para cubrir un turno de noche cuando fue alcanzada en la cara por una bomba de gas lacrimógeno que había disparado un agente de policía. El impacto la dejó ciega de forma permanente y también le hizo perder el sentido del gusto y del olfato. Su hermana, que la acompañaba a su trabajo, se enfrentó a la policía y también recibió disparos que le quemaron la ropa. A pesar de esto, los agentes se negaron a prestar ayuda a ambas hermanas.
Un medio de comunicación hizo saber que la Corte disponía de pruebas suficientes para demostrar que la policía violó los protocolos sobre el uso de las carabinas de gas e incumplió su deber de socorrer a la víctima.
Campillai presentó una demanda contra el Estado en julio de 2022.
Represión contra estudiantes que protestan en la capital y exigen derogar la ley Naín-Retamal
— El Ciudadano (@El_Ciudadano) April 12, 2023
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Libertad de expresión
La libertad de prensa se deteriora
Chile descendió un puesto en la última clasificación de la libertad de prensa que publica Reporteros Sin Fronteras (RSF) cada año y pasó a situarse en el puesto 83 de 180. Nunca antes el país se había encontrado en una posición tan baja. Chile ocupó el puesto 82 en 2022, el 54 en 2021 y 31 en 2016.
En su informe de 2023, RSF destacó que “aunque la libertad de prensa está garantizada en la Constitución chilena y en el ordenamiento jurídico, no siempre se respeta en la práctica. El periodismo de investigación pierde terreno y las agresiones a periodistas se multiplican. Los procesos judiciales contra medios y periodistas se han convertido en una estrategia recurrente para silenciar al periodismo”.
La CIDH condena a Chile por violaciones de la libertad de expresión
El 28 de febrero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó un fallo sobre la responsabilidad del Estado en la violación de la libertad de expresión y de las garantías judiciales del defensor del medioambiente y abogado Carlos Baraona Gray, quien recurrió al sistema interamericano de derechos humanos tras ser condenado por injurias graves. Baraona alegó que se vulneró su derecho a expresarse libremente y a criticar la gestión de una autoridad pública desde un punto de vista político.
La causa judicial inicial remonta a 2004, cuando Baraona hizo declaraciones públicas a diversos medios de comunicación sobre el entonces senador Sergio Páez, a quien acusó de ejercer presiones a favor de la tala ilegal de alerces en la Región de Los Lagos. El exparlamentario presentó una querella por delitos de calumnia e injurias graves. El Juzgado de Garantía de Puerto Montt falló a favor del exfuncionario y condenó al abogado a trescientos días de reclusión menor en su grado mínimo, al pago de una multa y a la suspensión del ejercicio de cargos públicos durante el período que dure la condena.
Tras revisar el caso, la CIDH concluyó que “Chile es responsable de la violación del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, del principio de legalidad y de la protección judicial establecidos […] en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El Estado deberá pagar una indemnización de 60 000 USD, más las costas judiciales, y poner en marcha programas de educación y formación para los funcionarios respecto al acceso a la información sobre cuestiones medioambientales.
Observacom informó que el Estado de Chile figura en un total de dieciocho sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En un tercio de ellas, la Corte dictaminó que se había vulnerado la libertad de expresión, como en casos La Última Tentación de Cristo, Palamara Iribarne, Claude Reyes y otros, Norín Catrimán y otros, Urrutia Laubreaux y Baraona Bray.
Multan al periodista chileno Víctor Herrero por difamación
El 22 de mayo de 2023, un juzgado de garantía de Santiago condenó a Herrero, director del portal independiente de noticias Interferencia, por un delito de injurias y le impuso el pago de las costas del juicio y una multa de 693 000 pesos (870 USD).
El tribunal condenó a Herrero por difamar a Christian Beltrán en un artículo que escribió junto con otro reportero en agosto de 2022 sobre la destitución de Beltrán del cargo de jefe de inteligencia policial de la región meridional de la Macrozona Sur, presuntamente por su implicación en la tala ilegal.
Tras la publicación del escrito, el cuerpo de Carabineros negó que el traslado de Beltrán tuviera relación con la tala ilegal. Los abogados de Beltrán presentaron una querella por difamación contra Herrero en la que alegaron que el artículo había causado un “daño grave” a la reputación de su representado y solicitaron una pena de entre 541 días y tres años de reclusión.
Intentan robar e incendiar las oficinas del portal Resumen
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) informó que, el 20 de marzo de 2023, individuos no identificados penetraron en las oficinas del portal de noticias Resumen, en la ciudad sureña de Concepción. A continuación, sustrajeron material de limpieza y de oficina, abrieron sobres y archivos, y provocaron un incendio que no llegó a propagarse.
Según Felipe Valenzuela, director de Resumen, en julio de 2022, sujetos no identificados robaron una cámara, un estabilizador de imagen y otros equipos que se hallaban en sus oficinas. Los intrusos también provocaron un incendio en esa ocasión. También añadió que Resumen informa a menudo sobre casos de corrupción política en Concepción y sus alrededores, y que el portal ha sufrido dos ataques en ocho meses. Además, algunos de sus periodistas son acosados por la vía judicial.
Desaparecen las penas de cárcel para las emisoras comunitarias no autorizadas
El 6 de junio, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de ley que modifica las penas para los casos de radiodifusión no autorizada. El proyecto de ley mantiene las multas por la explotación ilegal de servicios y equipos de radiodifusión, pero elimina las penas de cárcel y de decomiso de equipos o instalaciones. Los cambios tienen en cuenta las exigencias históricas del sector y buscan adecuar la legislación a las normas internacionales.
No obstante, se multará a las radios comunitarias en abierto que carezcan de autorización, pero quedan excluidas de toda sanción “las emisoras situadas en zonas aisladas que exploten frecuencias locales o comunitarias”.
Según Observacom, el Ministerio Secretaría General de Gobierno de Chile declaró a finales de 2022 que se estaba avanzando en la modificación del artículo 36B con el fin de despenalizar las sanciones a los radiodifusores, tal y como viene exigiendo desde hace mucho tiempo el sector comunitario. Tanto el Gobierno como el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) impulsaron el examen de la iniciativa.
#Chile 🇨🇱 “Chilean journalist Víctor Herrero fined in criminal defamation case” via @pressfreedom https://t.co/FLJGotIkk3
— IFEX (@IFEX) May 30, 2023