Última actualización: 16 de febrero de 2023: la nueva Lista de Vigilancia de CIVICUS Monitor pone de manifiesto la existencia de serias preocupaciones sobre el ejercicio de las libertades cívicas en Camboya, Irán, Sudán, Perú y Zimbabue. La Lista de Vigilancia busca llamar la atención sobre los países donde se ha producido un deterioro grave y rápido del respeto por el espacio cívico, según la evaluación de los resultados de la investigación de CIVICUS Monitor, nuestros socios de investigación y consultas con activistas sobre el terreno.

En las próximas semanas y meses, CIVICUS Monitor seguirá de cerca los acontecimientos en cada uno de estos países como parte de los esfuerzos necesarios para garantizar que se ejerza una mayor presión sobre los gobiernos. CIVICUS hace un llamado a estos gobiernos para que hagan todo lo que esté a su alcance para poner fin de inmediato a las medidas represivas en curso y garantizar que los perpetradores rindan cuentas por sus actos.

A continuación encontrará una descripción de las violaciones del espacio cívico que se producen en cada país. Si desea hacernos llegar información sobre el espacio cívico de cualquiera de estos países, por favor, escribanos a monitor@civicus.org.

Peru

Calificación de su espacio cívico: Obstruido

El intento del expresidente, Pedro Castillo, de disolver el Congreso y su posterior rápida destitución el 7 de diciembre de 2022 llevó a Perú a un nuevo capítulo de crisis política. Desde su destitución y arresto, se han producido graves violaciones de las libertades cívicas, lo que ha provocado protestas con llamados a elecciones generales anticipadas y una reforma institucional.

Entre el 8 de diciembre de 2022 y el 27 de enero de 2023, al menos 57 personas, entre ellas seis menores, murieron durante los disturbios. Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), al menos 46 de estas personas fueron asesinadas en ejecuciones extrajudiciales durante la represión de las protestas. La Defensoría del Pueblo dio parte de 1.658 personas lesionadas en protestas durante este período.

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) también han registrado muchas otras violaciones, incluidos arrestos arbitrarios, redadas, el uso de municiones prohibidas por parte de las fuerzas del orden, el uso desproporcionado de gases lacrimógenos y casos en los que los agentes dispararon botes de gas lacrimógeno a quemarropa directamente a los manifestantes.

Docenas de periodistas que cubrían las manifestaciones también informaron haber sufrido ataques. Entre el estallido de las protestas y el 10 de enero de 2023, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) registró al menos 72 casos de violaciones al trabajo de los medios y agresiones a periodistas. La mayoría de estos ataques fueron perpetrados por la policía y el ejército. Las OSC y los defensores de los derechos humanos (DDH) que monitorean los abusos durante la crisis se han enfrentado al hostigamiento y ataques de grupos extremistas vinculados con la extrema derecha.

Las medidas de emergencia, que suspendieron la libertad de reunión pacífica y permitieron el despliegue de las fuerzas armadas para hacer frente a los disturbios, se extendieron en varios departamentos hasta mediados de febrero. Si bien las autoridades consideran adelantar las elecciones generales para fines de 2023, la crisis continúa y muchos han prometido seguir con las protestas, que ahora también exigen justicia para los muertos y heridos en los disturbios.

Camboya

Calificación de su espacio cívico: Represivo

Durante la última década, el primer ministro, Hun Sen, ha supervisado un asalto sistemático a las libertades fundamentales en Camboya. Las leyes represivas se utilizan habitualmente para restringir las libertades cívicas, socavar y debilitar a la sociedad civil y criminalizar a los activistas. Al menos 50 presos políticos están en la cárcel.

En noviembre de 2022, la defensora de los derechos humanos y líder sindical,Chhim Sithar, fue detenida por la policía de inmigración en el Aeropuerto Internacional de Phnom Penh y enviada a prisión preventiva, sin opción a libertad bajo fianza, por haber presuntamente violado las condiciones de su fianza. Su sindicato, Labor Rights Supported Union of Khmer Employees of Naga World, se ha enfrentado a acciones de hostigamiento y arrestos por las protestas que han tenido lugar durante más de un año.

También continúa habiendo restricciones a la libertad de prensa con estaciones de radio y periódicos silenciados, salas de redacción depuradas y periodistas enjuiciados. A los reporteros de dos medios de comunicación, VOD y VOA, se les negó el acceso a la conferencia de prensa del primer ministro, Hun Sen,tras la Cumbre de la ASEAN en noviembre de 2022.

Los activistas camboyanos siguen enfrentándose a la represión. En los últimos años, se han utilizado sistemáticamente cargos, vagamente definidos como “incitación”, para hostigarlos y condenarlos. En enero de 2023, las autoridades ordenaron que se eliminara de una página de redes sociales un video musical de un rapero que relata la represión mortal del gobierno en una protesta de trabajadores de 2014. La policía de delitos cibernéticos también interrogó sobre dicho video a varios activistas.

Hun Sen también intensificó la represión contra la oposición en el período previo a las elecciones generales de julio de 2023. Además de presentar cargos contra sus líderes, Hun Sen ha amenazado con disolver al partido opositor,CandlelightParty, y confiscar sus propiedades. En diciembre de 2022, 36 líderes de partidos de la oposición y activistas vinculados al proscrito Partido de Rescate Nacional de Camboya (CNRP, por sus siglas en inglés) fueron condenados por cargos falsos. Este fue el cuarto veredicto de cinco juicios masivos que se iniciaron contra un total de 158 líderes y simpatizantes del ex CNRP desde noviembre de 2020.

Zimbabue

Calificación de su espacio cívico: Represivo

Zimbabue se mantiene en la Lista de Vigilancia de CIVICUS Monitor mientras continúan los ataques al espacio cívico antes de las elecciones programadas para 2023.

El proyecto de ley de enmienda de las Organizaciones Voluntarias Privadas (PVO, por sus siglas en inglés), que someterá a las OSC a restricciones más estrictas, está esperando la aprobación presidencial después de que fuera aprobado por el parlamento y el senado, a pesar de la reacción violenta y las protestas de la sociedad civil. El proyecto de ley representa una de las mayores amenazas a la libertad de asociación en Zimbabue y es un intento por parte de las autoridades de atacar a los grupos de la sociedad civil que a menudo han expresado su preocupación por la violencia relacionada con las elecciones. El 22 de enero de 2023, las autoridades de Zimbabue anunciaron que habían revocado el registro de 291 organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil por “incumplimiento de las disposiciones de la Ley de Organizaciones Voluntarias Privadas”, lo que cuestiona la capacidad de la sociedad civil para participar en el seguimiento del proceso electoral de 2023.

En consonancia con el ataque continuado a las OSC, en noviembre de 2022, el gabinete aprobó el Proyecto de Ley de Reforma del Derecho Penal (Codificación y Reforma) de 2022, que se conocerá como Ley Patriótica. La ley propuesta busca crear el delito de “dañar deliberadamente la soberanía y el interés nacional de Zimbabue” y esencialmente criminalizará el cabildeo de gobiernos extranjeros para extender o implementar sanciones contra Zimbabue o sus funcionarios. Este hecho preocupante, que ha sido interpretado por algunos como un intento malicioso de amordazar el trabajo de las OSC, conlleva graves consecuencias para aquellos a quienes se considere culpables, incluido un castigo de revocación de la ciudadanía. El proyecto de ley está esperando la aprobación del Senado del país y del presidente,Emmerson Mnangagwa.

Además, desde el anterior resumen de la Lista de Vigilancia sobre Zimbabue, los miembros de la oposición y sus simpatizantes continúan enfrentando ataques sistemáticos por parte de los simpatizantes del partido gobernante. Los ciudadanos que celebran reuniones, incluidas las reuniones no políticas, también se enfrentan a detenciones arbitrarias a medida que el gobierno reprime por completo la libertad de reunión.

Irán

Calificación de su espacio cívico: Cerrado

Una ola de protestas, que comenzó en septiembre de 2022 como una acción colectiva contra las leyes del país que obligan a cubrirse la cabeza, y que se expandió rápidamente para articular quejas más amplias y demandas de cambios políticos y sociales fundamentales, se ha enfrentado con una represión despiadada caracterizada por el uso de la fuerza letal, arrestos masivos, detenciones y procesamientos, así como la represión digital. La respuesta de mano dura hacia las protestas por parte de las autoridades, que estallaron en Irán tras la muerte de una mujer kurda iraní, MahsaAmini, que murió bajo custodia policial el 16 de septiembre de 2022 después de haber sido arrestada por la policía moral de Irán por violar las estrictas normas de vestimenta del país, no muestra signos de disminuir mientras que los manifestantes, activistas y periodistas continúan enfrentándose a las terribles consecuencias por atreverse a ejercer sus derechos.

Según el Centro de Derechos Humanos de Irán, las autoridades han abatido a más de 500 manifestantes desde que comenzaron las protestas en septiembre de 2022. Además, más de 15.000 manifestantes han sido arrestados y miles detenidos en prisiones superpobladas y privados de sus derechos al debido proceso. Las autoridades iraníes solicitaron la pena de muerte para al menos 21 personas en juicios falsos diseñados para intimidar a quienes participaban en el levantamiento popular, y el 5 de enero de 2023 ya habían ejecutado a dos hombres en relación a las protestas. La liberación de los manifestantes detenidos se ha visto empañada por sospechas muertes de varios detenidos recientemente liberados, que las autoridades iraníes han calificado de “suicidios” a pesar de que hay pruebas significativas que indican lo contrario.

El gobierno también ha redoblado la represión brutal de las protestas al interrumpir el acceso a Internet y a las redes sociales, y se ha embarcado en una agenda de phishing dirigida, utilizando tácticas de ingeniería social para acceder a información confidencial de los manifestantes, DDH y miembros del personal de las OSC.

Sudán

Calificación de su espacio cívico: Represivo

Se han documentado crecientes ataques a las libertades cívicas en Sudán, con manifestantes a favor de la democracia y mujeres defensoras de los derechos humanos atacados repetidamente desde el golpe de estado de octubre de 2021.

En diciembre de 2022, los militares y los partidos políticos firmaron un acuerdo de dos años, trazando un marco para una transición hacia las elecciones liderada por civiles. Sin embargo, los comités de resistencia a favor de la democracia han rechazado el acuerdo porque aún no se han incluido las medidas de justicia de transición y la reforma del sector de la seguridad. Esto provocó nuevas protestas en diciembre de 2022 y enero de 2023, que tuvieron como respuesta la fuerza excesiva. Por ejemplo, el 17 de enero de 2023, la Asociación de Médicos de Sudán (SDA, por sus siglas en inglés) informó que al menos 112 manifestantes resultaron heridos y que algunos manifestantes requirieron hospitalización tras seratacados con gases lacrimógenos y piedras por las fuerzas de seguridad. Además, 60 personas fueron detenidas durante las protestas. Hasta el momento, miles han resultado heridas, con 119 manifestantes asesinados desde octubre de 2021.

Las defensoras de los derechos humanos y las mujeres manifestantes han sido el blanco de una violencia brutal. En un caso específico, el 17 de noviembre de 2022, las fuerzas de seguridad arrojaron a una manifestante de 24 años desde un puente en el centro de Jartum, lo que le provocó graves lesiones en la columna. Además, asaltaron las oficinas de Alharisat, uno de los grupos de mujeres destacados.

Asimismo, son varias las asociaciones se han enfrentado a restricciones. El registro de la Sociedad de Protección de los Consumidores de Sudán (SCPS, por sussiglas en inglés) fue cancelado, mientras que el Colegio de Abogados de Sudán también ha sido objeto de ataques, después de que la policía y miembros del Sindicato de Abogados del antiguo régimen tomaran temporalmente y atacaran sus instalaciones.