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El nombramiento de una nueva fiscal general presagia tiempos difíciles para la sociedad civil y la prensa en Guatemala

La fiscal general de Guatemala María Consuelo Porras durante un encuentro con la prensa el 6 de abril de 2022. REUTERS/ Sandra Sebastián.

El 16 de mayo de 2022, el presidente Alejandro Giammattei anunció que Consuelo Porras, la fiscal general actual, seguirá ocupando el cargo durante los próximos cuatro años. La sociedad civil ha venido criticando a Porras desde que asumió el cargo en 2018, ya que desde entonces ha desmantelado las iniciativas contra la corrupción y ha perseguido a las personas involucradas en ellas mediante un uso abusivo de sus poderes.

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) publicó un comunicado en el que rechazó su nombramiento, afirmando que Porras ha manipulado las leyes guatemaltecas para criminalizar las críticas, perseguir a los periodistas, llevar a cabo redadas injustificadas en sus domicilios y violar el secreto de las fuentes periodísticas de los medios de comunicación.

La decisión gubernamental también suscitó la alarma de grupos de la sociedad civil. Edie Cux, directora legal de Acción Ciudadana, la sección guatemalteca de Transparencia Internacional, afirmó que dicho nombramiento "ha desencadenado una crisis no solo dentro del sistema judicial, sino también una crisis general a nivel nacional".

Asociación

Agreden y toman como rehén a una defensora de los derechos humanos

El 16 de mayo de 2022, la líder maya q'eqchi Adela Choc Cuz y su hija fueron víctimas de un ataque en Chichipate, una localidad de El Estor, Izabal. Choc Cuz es parte de Resistencia Antiminera y del Consejo de Autoridades Indígenas Maya Q'eqchi. Varios miembros de Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (COCODE) prendieron fuego a la vivienda de Choc Cuz. Los atacantes tomaron a ella y su hija como rehenes y las retuvieron durante más de dieciocho horas sin darles agua ni comida la mayor parte del tiempo. Los agresores también las ataron y golpearon, y amenazaron a Choc Cuz, a quien acusaron de practicar "brujería". Medios de comunicación informaron que grupos religiosos podrían haber instigado esta agresión.

Ambas mujeres permanecieron cautivas hasta el 17 de mayo, cuando intervinieron la policía y los miembros de la Procuraduría de los Derechos Humanos tras tras varias alertas. Choc Cuz denunció los hechos ante el Ministerio Público. Debido a la gran violencia de la agresión, la defensora perdió su vivienda y se vio obligada a abandonar su comunidad.

Continúa la persecución de los operadores de justicia


El 8 de junio de 2022, Claudia Paz y Paz, quien fuera fiscal general de Guatemala durante el periodo 2010-2014 y actual directora regional del programa para Centroamérica y México de la OSC Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), fue acusada de presuntos delitos de "torturas, abuso de autoridad y usurpación de atribuciones". Elena Sut Ren, fiscal de la Agencia para Casos Especiales del Conflicto Armado Interno de la Fiscalía de Derechos Humanos, también fue acusada en el marco de esa causa.

Los cargos están relacionados con la investigación que llevaron a cabo Paz y Paz y Sut Rende sobre violaciones graves de los derechos humanos durante el conflicto armado en Guatemala. Estas acusaciones se sustentan en la causa penal que abrió la fiscal Sut Ren contra ocho militares retirados acusados de "desaparición forzada" a partir de una instrucción general emitida por la exfiscal general. Las autoridades alegan que dicha instrucción violó los principios de legalidad e irretroactividad. La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) condenó este encausamiento y afirmó que demostraba una ignorancia total de las normas regionales e internacionales en materia de derechos humanos.

Reunión pacífica

El 16 de junio de 2022, los moradores de la comunidad de Las Palmas, Siquinalá, departamento de Escuintla, bloquearon el acceso a un basurero para protestar por el vertido continuo de residuos que lleva a cabo la municipalidad. Los vecinos afirman que el vertedero contamina las fuentes de agua de la comunidad. Según Prensa Libre, a pesar de que la vía ya había sido despejada, agentes de policía detuvieron un autobús en el que se marchaban algunos manifestantes y les lanzaron gases lacrimógenos, al parecer, porque un grupo de mujeres de la comunidad los había insultado. Seis personas fueron detenidas: cinco mujeres y un periodista que cubría la manifestación. Si bien los cargos contra este último fueron desestimados, las mujeres fueron puestas bajo arresto domiciliario y se las acusa de haber agredido a los agentes.

El 21 de junio de 2021, la policía antidisturbios disolvió una protesta de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) contra el nuevo rector de la institución. Los manifestantes habían bloqueado parte de una de las avenidas principales de Ciudad de Guatemala, cerca del hotel donde el rector se reunía con el Consejo Superior Universitario. Los agentes de policía emplearon gases lacrimógenos y algunos manifestantes habrían respondido lanzando piedras. En videos que se difundieron por redes sociales se puede ver a agentes de policía mientras aporrean a estudiantes. Los agentes rodearon y detuvieron al estudiante Michael Alexander Castillo Félix. La Procuraduría de los Derechos Humanos publicó un comunicado en el que expresó su preocupación por la represión policial de la manifestación y las agresiones a los periodistas mientras cubrían los hechos. El organismo pidió que se abriera una investigación sobre el posible uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes de seguridad.

Expresión

Agentes de seguridad agreden a periodistas

Agentes antidisturbios agredieron al fotoperiodista Carlos Hernández Ovalle mientras cubría las protestas de los estudiantes de la USAC el 21 de junio de 2022. Ovalle relató que estaba documentando la detención de un estudiante cuando un agente lo agredió con una macana. También recalcó que estaba plenamente identificado como prensa, portaba su carné profesional y llevaba una camiseta con los logotipos del periódico donde trabaja. La lente de su cámara se rompió durante el incidente. En videos de la protesta se aprecia cómo los agentes antidisturbios intentaron impedir que la prensa documentara la detención del estudiante, utilizando sus escudos para cortar el paso a los periodistas.

La APG expresó su preocupación por este caso que, según ellos, sería el tercero de agresión policial contra un periodista en menos de una semana. El 16 de junio de 2022, en Escuintla, agentes de policías agredieron y detuvieron al periodista Robinson Ortega mientras documentaba abusos policiales durante una protesta en el municipio de Siquinalá. Ortega tuvo que recibir atención médica por las lesiones que sufrió durante la agresión. Posteriormente fue puesto en libertad después de que un juez desestimara los cargos contra él. La APG denunció que, también en junio de 2021, agentes policías habían intentado detener a un camarógrafo de Albavisión mientras cubría un accidente de tráfico en Chinautla.