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Expertos destacan el fuerte declive de la libertad de expresión en El Salvador

Manifestación en San Salvador por el Día Internacional de la Mujer, 7 de marzo de 2021. Foto: Camilo Freedman/ APHOTOGRAFIA/Getty Images.

Expresión

El 17 de marzo de 2021 la periodista Wendy Hernández denunció los comentarios de un juez durante la primera audiencia de un caso contra un hombre que la habría acosado durante una entrevista. La denuncia hace referencia a un suceso de febrero de 2021, cuando un miembro de un partido político hizo comentarios con connotación sexual a Hernández mientras ella buscaba conocer su opinión sobre la gestión de los resultados electorales. Según los medios de comunicación, el juez afirmó que Hernández "debería haber estar acostumbrada a este tipo de situaciones debido a su trabajo como periodista". A pesar de los comentarios degradantes, el tribunal remitió el caso para su investigación.

Por otro lado, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) expresó su preocupación por el aumento de las agresiones contra periodistas en todo el país y contra las mujeres periodistas en particular. Según la organización, las mujeres periodistas son más vulnerables al acoso en Internet, a menudo acompañado de mensajes de carácter sexual o personal. En marzo de 2021, por ejemplo, la APES publicó información sobre una campaña de desprestigio promovida por partidarios del Gobierno contra la reportera Karen Moreno de Gato Encerrado.

Angélica Cárcamo, presidenta de la APES, también se ha enfrentado a repetidos ataques de los partidarios del Gobierno por haber denunciado las restricciones a la libertad de expresión. En abril de 2021, el secretario de prensa de la Presidencia utilizó Twitter para deslegitimar el trabajo de Cárcamo después de que ella difundiera la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021 de Reporteros sin Fronteras (RSF), en la cual se destaca el retroceso de la libertad de expresión en El Salvador.

La nueva clasificación de RSF muestra que el país ha descendido ocho puestos entre 2020 y 2021, pasando así del puesto 74.º al 82.º. De hecho, el Salvador es uno de los tres países que más ha descendido dentro de dicha clasificación. El país destacó por su falta de transparencia en cuanto a la gestión de la pandemia y RSF afirmó que la cobertura periodística de la crisis estuvo plagada de obstáculos: la policía se incautó de material periodístico, se prohibió el acceso a espacios públicos, hubo falta de transparencia en el acceso a la información pública, los funcionarios presidenciales se negaron a responder preguntas sobre la pandemia durante las ruedas de prensa e incluso se prohibió entrevistar a representantes del Estado sobre el asunto.

En un suceso similar durante un evento de la Sociedad Interamericana de Prensa, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Pedro Vaca señaló que El Salvador ha experimentado uno de los deterioros más preocupantes de la libertad de expresión de la región. Vaca explicó que en El Salvador se están "empezado a oír discursos según los cuales los periodistas en realidad no hacen periodismo, sino que tienen intereses ocultos. Se trata de una siembra oficial de rumores que tiende a desacreditar el periodismo".

Reunión pacífica

El domingo 7 de marzo de 2021 más de 5 000 mujeres se sumaron a una marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. Las manifestantes llevaban mascarillas y enarbolaron banderas moradas mientras reclamaban la igualdad de derechos, el fin de la violencia de género y la despenalización del aborto. Según la prensa, la policía intentó detener a una activista por pintar las paredes del Palacio Nacional con consignas feministas, pero las manifestantes reaccionaron e impidieron su detención. Las periodistas y comunicadoras también se manifestaron con el fin de denunciar la violencia contra las mujeres que trabajan en el sector y para pedir una cobertura informativa sin sexismo.

Grupos feministas organizaron nuevas manifestaciones a finales de marzo de 2021 para exigir justicia para una mujer salvadoreña asesinada a manos de un policía durante una detención en Tulum (México). Las organizaciones de la sociedad civil de la región publicaron una declaración en la que pidieron a México que garantice la investigación, la justicia y la reparación en todos los casos de violaciones de derechos humanos que afecten a refugiados y migrantes.

Asociación

El 7 de abril de 2021 IM-Defensoras condenó los ataques del presidente Nayib Bukele y de otros cargos públicos contra la coalición de la sociedad civil Alianza Ciudadana, la cual ha hecho campaña a favor de la aprobación de un proyecto de ley que facilitaría el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). La CICIES fue creada en 2019 mediante un acuerdo con la Organización de Estados Americano con el objetivo de prevenir, investigar y sancionar la corrupción. El proyecto de ley sobre las organizaciones de la sociedad civil ofrecería una mayor autonomía a la Comisión y reforzaría sus poderes para investigar. Según IM-Defensoras, ante esta situación los miembros del partido de Bukele no solo trataron de deslegitimar el trabajo de los miembros de la coalición, sino que también amenazaron con impulsar una legislación que restringiría el trabajo de la sociedad civil. Bukele también prometió vetar la legislación sobre la CICIES en caso de que los legisladores la aprobaran.

Por otra parte, el 15 de abril de 2021 IM-Defensoras afirmó que en El Salvador han aumentado los ataques contra las defensoras de los derechos humanos en las redes sociales y en las aplicaciones de mensajería. La red feminista precisó que los defensores han sido objeto de amenazas, de actos de acoso en Internet y víctimas del robo de información personal y de su posterior difusión en redes como WhatsApp, Facebook, Twitter o Instagram. En algunos casos dichos ataques contaron con el respaldo de cargos públicos. IM-Defensoras pidió a la Defensoría del Pueblo que investigue estos ataques y a la Asamblea Legislativa salvadoreña que apruebe una ley sobre la protección de los defensores de los derechos humanos.

En abril de 2021 Amnistía Internacional presento su informe anual. En dicho documento también se destacó la creciente estigmatización de las personas defensoras de los derechos humanos, de las organizaciones de la sociedad civil y de los y las periodistas. La OSC internacional afirmó que a lo largo del año el presidente Bukele hizo declaraciones públicas en las que estigmatizó a los grupos de la sociedad civil y a quienes aspiran a una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno. Tras la aplicación de las medidas para frenar la COVID-19 también aumentaron las denuncias de ataques contra organizaciones locales y contra defensoras de los derechos humanos, así como el número de declaraciones gubernamentales que ponían en peligro a los defensores.