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Nuevo gobierno inflige varios reveses legislativos al espacio cívico

Nuevo gobierno inflige varios reveses legislativos al espacio cívico
Intervención en las Letras de Montevideo en el marco del Mes de la Diversidad de 2020. Foto: Comunicación Desarrollo Social

Reunión pacífica

La Ley de Urgente Consideración limita las huelgas y las manifestaciones

Los parlamentarios uruguayos aprobaron el 8 de julio de 2020 la Ley de Urgente Consideración (LUC) propuesta por el nuevo gobierno del país en un contexto marcado por huelgas y manifestaciones multitudinarias en su contra. Como ya señalamos en el CIVICUS Monitor, este paquete legislativo contiene casi 500 artículos que proponen reformas neoliberales que tendrán repercusiones en la salud pública, la educación, la vivienda, el empleo, la economía y la seguridad.

Esta nueva ley también contiene disposiciones que podrían potencialmente limitar el derecho a la huelga (art. 392), prohíbir las manifestaciones que bloqueen el tráfico o la circulación en espacios públicos (art. 468-470) y autorizar a la policía dispersar dichas manifestaciones. Además, la manera en la que está formulada la nueva legislación amplía los casos en los que sería posible el uso de la fuerza durante vigilancia policial de las manifestaciones (art. 45). La ley también incluye disposiciones que podrían conducir a la criminalización de quienes critiquen a las fuerzas policiales e impone penas de cárcel a personas que "insulten" o "agravien" a la autoridad policial (art. 11).

Antes de la aprobación de la LUC, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por este último artículo y señaló que sobreprotegía la actuación policial. La SIP argumentó esta legislación crea "un nuevo delito de comunicación o una nueva acción penal contraria a los principios constitucionales sobre las libertades de expresión y prensa". La versión modificada del artículo 173-TER del Código Penal establece que "no serán castigados el ejercicio de la libertad de prensa ni la mera protesta", pero mantiene las penas por delitos contra la autoridad policial.

Varias organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, y expertos en los derechos humanos también criticaron la nueva legislación, argumentando que algunas de sus disposiciones afectarían de forma negativa a las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión.

El Frente Amplio, una coalición de partidos políticos progresistas y de izquierda, condenó el proyecto de ley y afirmó que el gobierno había utilizado procedimientos de urgencia "con el único objetivo de imponer de forma súbita un programa de gobierno, modificando decenas de leyes y políticas públicas a través del uso abusivo de un instrumento que no está previsto para ese fin, y evitando así un debate social y político profundo". Tras la aprobación de la LUC, sindicatos como el PIT-CNT dijeron que consultarían a sus miembros sobre la posibilidad de convocar un referéndum contra esta legislación.

Huelga de trabajadores y manifestaciones educativas

El 17 de septiembre de 2020, el sindicato PIT-CNT convocó un paro nacional de 24 horas para denunciar la falta de presupuesto para las políticas sociales y de derechos humanos. Durante el paro el sindicato instaló puntos informativos en al menos veinte barrios y áreas céntricas de Montevideo para informar a la población sobre el paro. El PIT-CNT exigió que el gobierno utilice la inversión pública de manera proactiva con el fin de generar puestos de trabajo en lugar de aplicar recortes presupuestarios. Fernando Pereira, presidente del sindicato, comentó durante una rueda de prensa que "la lucha es permanente", ya que miles de trabajadores se enfrentan una crisis económica y una pobreza creciente en un contexto marcado por la pandemia de COVID-19.

El 14 de agosto de 2020 sindicatos estudiantiles y docentes marcharon para exigir un mayor presupuesto para el sector educativo. La movilización llevó a miles de personas a las calles bajo la consigna "Sin educación pública no hay futuro" en el contexto de controvertidos debates sobre el presupuesto. Representantes estudiantiles manifestaron su oposición a los recortes presupuestarios y a la privatización, y exigieron más becas, así como la renovación y construcción de escuelas.

El sindicato docente Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FeNaPes) organizó una semana de movilizaciones entre el 17 y el 21 de agosto de 2020, mientras se debatía el presupuesto del Estado. En un comunicado, la FeNaPes afirmó:

"Nos movilizamos contra un ajuste que pone en riesgo la calidad de la educación que recibirán nuestros estudiantes. Este recorte redundará en grupos superpoblados, recorte de horas docentes, falta de equipos multidisciplinarios, entre otros retrocesos que afectarán sobre todo a los sectores más vulnerados".

Marcha de la diversidad lleva a miles de personas a las calles

Miles de personas se unieron a la Marcha de la Diversidad de Montevideo el 25 de septiembre de 2020. Los manifestantes portaban mascarillas así como pancartas y banderas LGBTI+. Esta manifestación fue el acto público de mayor envergadura en Uruguay desde la implementación de medidas para combatir la pandemia de COVID-19. Según uno de los coordinadores de la marcha, el principal mensaje que quiso transmitir la comunidad LGBTI+ uruguaya este año fue que "no dará ni un paso atrás, ni aceptará ningún retroceso en sus derechos".

Asociación

Miembros del Frente Amplio fueron agredidos el 12 de agosto de 2020 mientras colocaban carteles electorales en Salto. Según informaciones publicadas en la prensa, el grupo estaba colocando carteles de un candidato en las elecciones locales cuando un transeúnte comenzó a insultarlos y a pisotear los carteles. El mismo agresor volvió más tarde con su hijo de quince años y comenzó una pelea con el grupo. Alberto Acosta fue apuñalado tres veces y tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir cuidados médicos. Una mujer también recibió varios puñetazos y los agresores le rompieron la nariz. El agresor que apuñaló a Acosta fue acusado de lesiones graves agravadas y le fueron impuesto 180 días de prisión preventiva. Su hijo adolescente fue considerado como coautor y fue internado en un centro de menores donde permanecerá 60 días.

Por otro lado, en julio de 2020 la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) denunció que la emisora Equital había despedido a una veintena de profesionales de los medios de comunicación; trabajadores sindicados en su mayoría. Entre los profesionales despedidos se encuentra Roque Delgado, vicepresidente del Sindicato Unificado de Trabajadores de Televisión para Abonados y Afines. La APU condenó la conducta de la empresa televisiva y afirmó que "[les] preocupa la represión sindical: la mayor parte de los despedidos en este caso están afiliados al sindicato y vemos que se trata de descabezar la organización sindical en lugares donde hay muchos trabajadores técnicos para que el sindicato no tenga influencia".

Expresión

El periodista Gabriel Pereyra recibió una amenaza de muerte por teléfono el 17 de junio de 2020. Pereyra trabaja como periodista para el canal de televisión Vtv, la emisora de radio Sarandí y el semanario Búsqueda. Últimamente el reportero había cubierto noticias sobre la seguridad pública, como el narcotráfico, los enfrentamientos entre bandas y los abusos sexuales infantiles. El día en el que lo amenazaron, Pereyra había comparecido por sus publicaciones en redes sociales sobre las amenazas de muerte que había recibido una fiscal de estupefacientes.

Pereyra declaró que "el anónimo que hizo la llamada amenazante, aludió a Guillermo Cano, director del diario El Espectador, asesinado en 1986 por sicarios del narcotraficante colombiano Pablo Escobar". Las investigaciones revelaron que la llamada provino del penal de Libertad, según confirmó el propio Pereyra en su cuenta de Twitter.

La organización de la sociedad civil CAinfo publicó un comunicado en el que expresó su solidaridad con el periodista y condenó el suceso. CAinfo ha monitoreado las amenazas a la libertad de expresión desde 2014 y desde entonces ha registrado más de 150 episodios que afectan al colectivo de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación de Uruguay. En dicho comunicado la organización destacó la necesidad de aprobar un protocolo de seguridad para los periodistas con mecanismos consensuados que garanticen la integridad de las personas amenazadas.

Nueva ley podría favorecer la concentración de los medios de comunicación

El gobierno de Lacalle Pou presentó en abril de 2020 una nueva ley de medios que sucederá a la Ley de Servicios de Comunicación 19.307 de 2014. Según sus críticos, esta propuesta legislativa favorecería una mayor concentración de los medios. La plataforma para la libertad de la prensa Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) afirmó que la nueva ley implicaría un retroceso enorme en materia de derechos, pluralismo y diversidad en los medios.

La CCD destacó que en el momento de su debate la Ley 19.307 fue considerada como ejemplar por organismos internacionales de expertos. La legislación actual está considerada como un avance importante en términos de libertad de expresión, de promoción del pluralismo y de la diversidad, y de protección y promoción de derechos y de la regulación independiente.

Por el contrario, la nueva iniciativa legislativa no incluye toda una serie de entidades definidas en la ley aún vigente que garantizan la independencia de los órganos ejecutores y cuyo objetivo es asegurar la transparencia y la participación social. Este cambio en la legislación también supondría volver a una estado anterior, en el que la asignación de frecuencias de radio y de televisión se efectuaba por decisión exclusiva del poder ejecutivo, sin la participación ni el control de órganos independientes ni de la población.

Sobre el proyecto de ley, el defensor de la libertad de expresión Gustavo Gómez observó: "Del análisis delborrador surge una constante: los empresarios más grandes y de Montevideo serían los más beneficiados con su aprobación". El proyecto está siendo debatido en el Congreso uruguayo.