Venezuela: la draconiana ley de ONG amenaza a las organizaciones de la sociedad civil

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos Volker Turk hizo una visita oficial a Venezuela del 26 al 28 de enero de 2023 y se reunió con el presidente Nicolás Maduro y varios responsables gubernamentales, así como con miembros de la sociedad civil, personas defensoras de los derechos humanos, víctimas de violaciones de derechos humanos y representantes de organizaciones de víctimas.

Al término de su visita, Turk anunció que había constatado una “fragmentación y división de una sociedad venezolana” que ansía y necesita “tender puentes para superar esas divisiones”. También señaló que en sus conversaciones con las autoridades abordó temas relacionados con el espacio cívico y las incitó “a tomar la iniciativa en el fomento de relaciones de confianza con las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil, escucharlas, incluirlas de manera significativa en el diálogo y a responder a su difícil situación, en particular, la de las víctimas”.

Sin embargo, pocos días antes de la visita, los legisladores venezolanos comenzaron a debatir un proyecto de ley draconiano cuyas disposiciones restringirían la labor de la sociedad civil y facilitarían su criminalización. En esta actualización analizaremos esa iniciativa y otros acontecimientos.

Asociación

El 24 de enero de 2023, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera lectura un proyecto de ley sobre ONG, el cual podría usarse para controlar, restringir y, potencialmente, criminalizar y clausurar organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el país. El proyecto de ley fue presentado por Diosdado Cabello, legislador y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) —el partido del Gobierno—, quien semanas antes había acusado a algunas OSC de conspirar contra el país.

El Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG posibilitaría un control estricto de la sociedad civil por parte del Gobierno e impondría requisitos adicionales y onerosos para la creación y el mantenimiento de las organizaciones. Por ejemplo, las formaciones tendrían que entregar listas con los nombres de sus miembros, trabajadores y donantes, y un registro de sus bienes y movimientos financieros. El incumplimiento de las nuevas obligaciones podría desembocar en el cierre de las organizaciones y dar lugar a acciones penales contra sus representantes.

El experto de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela Francisco Cox declaró:

“Esta propuesta legislativa impondrá a las ONG, existentes y futuras, requisitos formales tan onerosos que, en la práctica, otorgará al Estado un poder cuasipermanente para erradicarlas. La ley busca claramente obstruir, en lugar de facilitar, el ejercicio del derecho de asociación”.

Esta legislación también prohibiría que las organizaciones lleven a cabo “actividades políticas” y reciban financiación para “organizaciones políticas”, pero no define claramente a qué se refiere. El artículo 7 del proyecto de ley establece que las organizaciones no gubernamentales se limitarán a trabajar en los ámbitos indicados de forma explícita en sus estatutos, en particular en actividades humanitarias, sociales, culturales, educativas y de ayuda. Toda ampliación o modificación de su ámbito de trabajo estaría sometida a aprobación. También suscita preocupación el hecho de que esta legislación otorgaría al Ejecutivo la capacidad de implementar mecanismos de control para supervisar y castigar a las organizaciones cuyas “desviaciones” comprometan la “soberanía nacional” (artículo 13).

Estas disposiciones son especialmente preocupantes a la luz del uso que hacen países como Nicaragua de una legislación similar para clausurar cientos de organizaciones de la sociedad civil y detener a líderes de la oposición, periodistas y personas defensoras de los derechos humanos bajo acusaciones falsas. En un análisis detallado, el grupo de la sociedad civil Acceso a la Justicia aseguró que el proyecto de ley es “de naturaleza persecutoria y pone en peligro los derechos de asociación y participación en los asuntos públicos”. La coalición de la sociedad civil Foro por la Vida también condenó la iniciativa, que calificó de “atentado contra los principios democráticos”, y afirmó que pretende cerrar el espacio cívico y criminalizar la solidaridad.

Tras una fase de consulta, la Asamblea Nacional celebrará una segunda lectura del proyecto de ley.

Reunión pacífica

En Venezuela, el 2023 comenzó con una oleada de protestas por derechos laborales encabezadas por trabajadores del sector público y sindicatos a favor de salarios dignos. Los manifestantes denunciaron sus malas condiciones de trabajo y la hiperinflación, y exigieron salarios mínimos acordes al precio de la canasta básica alimentaria. Muchas de las protestas fueron convocadas por profesores y otros profesionales de la educación, a los que se unieron trabajadores de diversos sectores.

El 23 de enero de 2023, por ejemplo, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 41 actos de protesta en 21 de los 23 estados venezolanos. Durante ese mes, el OVCS también documentó casos de manifestantes a los que las fuerzas de seguridad les impidieron participar en marchas.

Expresión

Cierres de emisoras de radio

La organización de la sociedad civil Espacio Público documentó el cierre de 80 emisoras de radio por parte del Gobierno venezolano en 2022. La mayoría de ellas eran pequeñas empresas privadas o comunitarias que, según las autoridades, no cumplían todos los requisitos establecidos por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para conservar su permiso de funcionamiento. Por ejemplo, a finales de año, el 12 de diciembre de 2022, Conatel ordenó el cese de las retransmisiones de radio Sonora 107.7 FM. La emisora tenía su sede en Araure, estado de Portuguesa, y llevaba más de veinte años en antena. La clausura habría privado de empleo a más de veinticinco personas.

En 2022, Espacio Público documentó 227 violaciones de la libertad de expresión y de prensa en Venezuela. La censura fue la infracción más frecuente, seguida de las restricciones burocráticas y la intimidación.

Ciberacoso

En diciembre de 2022, la escritora Carolina Jaimes Branger fue acosada en redes sociales desde una cuenta anónima tras publicar dos artículos, uno sobre las manifestaciones en Irán y otro sobre las declaraciones de un empresario. En un comentario de Instagram, un usuario advirtió a Branger: “Pagarás y pagarás. Te esperamos en los tribunales. Prepárate”.

Asimismo, a finales de diciembre de 2022, el periodista José Gregorio Rojas recibió mensajes hostiles de un agente de policía en la red social Kwai. Rojas cree que esos mensajes eran una respuesta a un artículo que escribió sobre el aumento de la violencia en el estado de Mérida en el que se mencionaban actitudes violentas por parte de miembros de las fuerzas de seguridad.

Intimidan al personal de El Nacional

En enero de 2023, varios miembros del periódico El Nacional fueron citados con relación a una denuncia penal contra el medio. Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), esas citaciones están relacionadas con un artículo publicado el 10 de enero de 2023 en el que se afirmaba que Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro, estaba relacionado con dos ciudadanos venezolanos sancionados en 2020 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta implicación en explotaciones auríferas ilegales.

El 25 de enero de 2023, agentes de la unidad de investigaciones de la policía trasladaron a José Gregorio Meza, director de noticias de El Nacional, y a Virginia Nuñez, directora de recursos humanos, hasta la sede del Ministerio Público para interrogarlos. Meza relató que los agentes le preguntaron qué funciones ejercía en el periódico y le dijeron que estaba siendo investigado por delitos tipificados en la ley contra el odio, una legislación que se ha empleado a menudo para criminalizar la disidencia. Los agentes también le habrían advertido que se había dictado una orden de detención contra él, pero que todavía no se había ejecutado.

Las autoridades también enviaron citaciones al presidente y director del medio Miguel Enrique Otero y a los reporteros Carola Briceño, Hilda Lugo y Ramón Hernández. Los cuatro viven en el extranjero. Otero aseveró que el Gobierno busca intimidar a El Nacional amenazándolo con la apertura de una investigación penal.