Se intensifican los ataques contra la prensa, represión de manifestantes en Choluteca y asesinato de otro líder comunitario en el Bajo Aguán

CONTEXTO

Como informamos previamente en diciembre de 2022, la presidenta Xiomara Castro declaró el estado de excepción en varias regiones del país para hacer frente a la violencia de las pandillas. Desde entonces, este régimen de excepción ha sido prolongado cada 45 días, tiempo durante el cual las garantías constitucionales, incluidas las libertades de asociación y de reunión, han permanecido suspendidas. Además, el estado de excepción habilitó a la policía a llevar a cabo detenciones y redadas sin orden judicial y con la colaboración de la policía militar. Si bien en teoría el estado de excepción debía ser temporal, sigue en vigor y debería expirar en julio de 2024 (Decreto Ejecutivo PCM 13-2024).

En marzo de 2024, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó su preocupación por la militarización de las fuerzas de seguridad, el uso desproporcionado de la fuerza y la prolongada duración del estado de excepción sin justificación y sin la supervisión judicial adecuada. También destacó presuntas violaciones de los derechos humanos durante la imposición del estado de excepción.

La aplicación de un enfoque militar a la seguridad pública y la suspensión de las garantías constitucionales han creado riesgos importantes y dado lugar a graves violaciones de los derechos humanos. El medio digital independiente Contra Corriente informó que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) publicó un informe en el que reveló que, desde diciembre de 2022, ha recibido 2147 quejas contra las fuerzas de seguridad del Estado por robos, abusos de autoridad, incriminaciones con pruebas falsas, amenazas de muerte, tratos inhumanos y crueles, desapariciones forzadas y asesinatos relacionados con el estado de excepción.

Libertad de expresión

Asesinatos de profesionales del periodismo

El 26 de enero, sujetos no identificados asesinaron a tiros al periodista Luis Alfonso Teruel Vega cuando se dirigía a la comunidad de La Ceibita para hacer una mudanza. Los agresores interceptaron su vehículo, lo obligaron a bajarse y le dispararon. Posteriormente, agentes de la Policía Nacional lo trasladaron a la Clínica Materno Infantil, donde falleció. Teruel Vega trabajaba en el canal local Pencaligüe Televisión, en Atima, departamento de Santa Bárbara, al oeste de Honduras. Recientemente, había denunciado varios problemas críticos que padece la comunidad, como la deforestación y la venta de bebidas alcohólicas.

El 22 de marzo de 2024, individuos no identificados asesinaron a tiros al periodista Henry López, colaborador de Suyapa Medios, un portal de noticias de Tegucigalpa propiedad de la Iglesia Católica. Sobre las tres y media de la madrugada, López salió de su domicilio para dirigirse a su lugar de trabajo, fue entonces cuando se percató de que uno de los neumáticos de su vehículo se había desinflado. Mientras lo reparaba, los sujetos se le acercaron y le dispararon cinco veces. Fue trasladado inmediatamente a un hospital, pero falleció poco después de llegar debido a la gravedad de las heridas, convirtiéndose así el segundo periodista asesinado hasta abril de 2024.

Organizaciones de la sociedad civil alertaron de la violencia que sufren los profesionales del periodismo en Honduras. En abril de 2024, Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), denunció que periodistas que informan sobre la deforestación y otras cuestiones medioambientales habían recibido amenazas de muerte.

Los profesionales del periodismo sufren agresiones por denunciar violaciones de los derechos humanos, en particular cuando informan sobre el crimen organizado, asuntos de seguridad pública, casos de corrupción, migración y conflictos agrarios y mineros. En 2024, Reporteros Sin Fronteras (RSF) calificó la situación de la libertad de prensa en Honduras de “muy grave" y situó al país en el puesto 146 de 180 en su clasificación mundial de la libertad de prensa. A pesar haber ascendido 17 puestos con respecto al año anterior, la libertad de prensa en Honduras se sigue deteriorando, al igual que en el país vecino de Nicaragua.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) registró el asesinato de 97 profesionales de la prensa y de los medios de comunicación, de los cuales el 90% permanecen impunes. En 2023, la organización hondureña de defensa de la libertad de prensa Comité por la Libre Expresión (C-Libre) registró el mayor número de casos desde 2018, lo que revela la existencia de un patrón constante de violencia, perpetrada principalmente por agentes no estatales e individuos no identificados.

Reunión pacífica

Autoridades emplean tácticas represivas contra las protestas del pueblo garífuna

El 12 de abril de 2024, la Organización Fraternal Negra de Hondureña (OFRANEH) organizó una marcha pacífica multitudinaria en Tegucigalpa para exigir al Estado la restitución de su territorio, de conformidad con las tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH): Caso Comunidad Garífuna de San Juan y sus miembros vs. Honduras (2023), Caso de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros vs. Honduras (2015) y Caso de la Comunidad Garífuna Punta Piedra y sus miembros vs. Honduras (2015).

Cuando la manifestación llegó a la Casa Presidencial, miembros de la Guardia de Honor Presidencial amenazaron con un arma de fuego a Miriam Miranda, coordinadora de la OFRANEH. También agredieron físicamente a otras PDDH e impidieron que las personas manifestantes accedieran al edificio. Asimismo, integrantes del funcionariado público tomaron fotos de las PDDH durante toda la protesta.

Represión de manifestantes

En Choluteca se registraron enfrentamientos durante una protesta contra la construcción de la nueva estación privada de buses. Del 15 al 17 de abril de 2024, personas manifestantes cortaron una de las principales carreteras que conducen al paso fronterizo con Nicaragua para mostrar su oposición la modificación de las rutas de buses, que de ahora en adelante pasarán por la Gran Terminal del Pacífico, la nueva estación privada de buses a las afueras de la ciudad. Medios de comunicación informaron que comerciantes de la antigua terminal exigieron que se mantenga el tránsito de buses en su zona, ya que de lo contrario ello repercutiría negativamente en su actividad comercial. La ciudadanía también se opuso a la construcción de la infraestructura porque supondría mayores costes para las personas usuarias del transporte público, quienes tendrían que pagar doble pasaje.

El 16 de abril, la policía antimotines disparó gases lacrimógenos para disolver la manifestación. Varias personas, entre ellas agentes de policía, resultaron heridas. Al día siguiente, representantes de 53 líneas de autobuses, de la municipalidad de Choluteca, de la Policía Nacional y del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) acordaron que los buses podrían entrar en la nueva estación del Pacífico y seguir recogiendo pasajeros en el centro de la ciudad. Pese a esto, la ciudadanía siguió manifestándose hasta finales de abril. Las protestas contra el cierre de la Terminal de Buses Municipal de Choluteca volvieron a las calles el 25 de abril. La emisora comunitaria Radio Progreso informó que al día siguiente la Policía Nacional utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para disolver una manifestación pacífica.

El 24 de abril, la organización comunitaria Frente Triunfeño en Defensa por la Vida y la vecindad de El Triunfo cortaron durante dos días la carretera principal que une Choluteca con Guasaule, en la frontera con Nicaragua. Bloquearon el desvío de vehículos hacia la nueva estación privada de buses de Choluteca y reclamaron la construcción del puente de La Pacona, que conectaría a varias comunidades de El Triunfo.

En respuesta, el 26 de abril, unos quinientos agentes de la Policía Nacional abrieron fuego, dispararon gases lacrimógenos y emplearon cañones de agua contra por lo menos doscientos lugareños que protestaban a la altura del desvío de Las Hormingas, en El Triunfo, departamento de Choluteca, al sur de Honduras. Por lo menos diez personas manifestantes y profesionales del periodismo sufrieron heridas de bala. Además, hubo un apagón en la zona. C-Libre documentó el allanamiento del domicilio de manifestantes.

“En los últimos años, la conflictividad social se ha venido agudizando. Algunas semanas se han registrado hasta seis protestas sociales en un mismo día, desde toma de carreteras hasta la toma de edificios estatales, lo que nos indica que Honduras se encuentra en una lucha social constante”, aseguró German Chirinos, concejal de la sociedad civil ante el Sistema Nacional de Protección.

La OACDH expresó su preocupación por los actos violentos contra personas manifestantes durante las protestas del 26 de abril en Choluteca. También pidió a las autoridades hondureñas que investigaran los incidentes sin demora.

El 30 de abril de 2024, cerca de Comayagua, miembros de la comunidad de Concepción de Soluteca bloquearon la carretera que une Tegucigalpa con San Pedro Sula, las principales ciudades del país, para exigir a las autoridades que reparen las vías de su localidad. Seis horas más tarde, la Policía Nacional se enfrentó a las personas manifestantes y un agente abrió fuego. El mismo día, la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad informó que tres agentes de policía resultaron heridos por manifestantes y que un agente fue suspendido por el mal uso de su arma. También señaló la apertura de una investigación exhaustiva del incidente.

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN

ASESINATO DE UN LÍDER SOCIAL EN EL BAJO AGUÁN

El 17 de marzo de 2024, sujetos no identificados armados asesinaron a tiros al líder social Marvin Dubón en Tocoa cuando él y su compañera Elizabeth Gómez se dirigían a su domicilio después de visitar a familiares en el barrio La Confianza. Dubón se desempeñó activamente como vocero de la comunidad y era socio de la Cooperativa Agropecuaria de Campesinos Tranvio en el Bajo Aguán.

InterReligious Task Force on Central America (IRTF) informó que testigos del fatal incidente señalaron la presencia de un líder de un grupo criminal implicado en el desalojo de comunidades campesinas de la región. Pese a esto, la Fiscalía y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) no han investigado el caso de forma diligente, lo que ha suscitado preocupación por una posible colusión entre asesinos, empresas privadas y agentes de la fuerza pública de Tocoa.

DETENCIÓN ARBITRARIA DE UNA DEFENSORA DEL DERECHO A LA TIERRA EN EL PROGRESO

El 30 de abril de 2024, agentes de la Policía Nacional detuvieron arbitrariamente a la defensora del derecho a la tierra Lilian Borjas en un retén policial en Pico Bonito, La Ceiba, Atlántida, al norte de Honduras. Borja es coordinadora de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) de El Progreso y miembro de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras (RNDDH). La RNDDH señaló que la detención de Borjas se produjo en el marco de un proceso judicial contra ella iniciado en 2013 por su activismo en defensa del derecho a la tierra frente a empresas agroindustriales de la región. Fue puesta en libertad al cabo de unas horas.