Protestas y represión en Jujuy

La población argentina acudió a las urnas el 13 de agosto de 2023, día en que se celebraron las primarias presidenciales, más conocidas como las elecciones PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), para decidir qué candidaturas podrán presentarse a los comicios presidenciales del 22 de octubre de 2023. La candidatura de Javier Milei y de su partido La Libertad Avanza causó gran sorpresa, ya que ambos se hicieron con el 30% de los votos, superando así a la candidata de extrema derecha Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, quien quedó en segundo lugar con el 28% de los sufragios. Sergio Massa de Unión por la Patria quedó tercero.

Milei se ha definido a sí mismo como libertario y contrario al aborto, y ha afirmado que el calentamiento global es una “mentira socialista”. También asegura que el alumnado del sistema educativo público y gratuito de Argentina es “rehén de un sistema de adoctrinamiento estatal”. Entre otras propuestas, ha defendido la dolarización de la economía y ha prometido cerrar el banco central del país.

Pocos días antes de las PASO, Argentina se vio sacudida por los asesinatos de Morena Domínguez, de 11 años, durante un robo, y del fotoperiodista Facundo Molares, en un altercado con la policía de Buenos Aires (ver Reunión pacífica).

Reunión pacífica

Protestas y represión en Jujuy

El 15 de junio de 2023, se aprobó en Jujuy una propuesta de reforma constitucional presentada por el gobernador Gerardo Morales. La iniciativa fue elaborada mediante un proceso legislativo que se llevó a cabo sin la participación de la ciudadanía y sin consulta pública.

Uno de los aspectos más cuestionados por las personas manifestantes fue la inclusión de un artículo que restringe la protesta social. Dicho artículo establece la “prohibición de cortes de calles y cortes de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la provincia”. La propuesta también acelera los desalojos forzosos en caso de confiscación de tierras, lo que, según los grupos que se oponen a la reforma, busca menoscabar los derechos de las comunidades indígenas, “especialmente en un contexto marcado por el aumento de las disputas por la propiedad de tierras en las que las [empresas] multinacionales presentes en la provincia desean extraer litio”.

Tras su aprobación, hubo manifestaciones contra la reforma en varias localidades de la provincia en paralelo a las manifestaciones por mejoras salariales para el profesorado. La sociedad civil denunció que la policía respondió con una fuerza excesiva que provocó heridas a cientos de manifestantes.

A raíz de estos incidentes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un comunicado en el que hizo un llamado al Estado argentino:

Además, la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) reveló haber recibido denuncias sobre el “uso indebido de la fuerza por parte de agentes policiales, […] detenciones y judicialización de manifestantes, líderes indígenas, una legisladora provincial y periodistas, así como sobre la obstrucción de la labor de personas defensoras de derechos humanos”.

Amnistía Internacional publicó un informe preliminar sobre sus conclusiones tras una visita en la región. La organización constató el “uso innecesario y excesivo de la fuerza, incluido el empleo de gases lacrimógenos y balas de goma en protestas” por parte de las autoridades, así como casos en los que la policía “disparó balas de goma directamente a la cabeza de las personas que se manifestaban”. La organización también recogió “múltiples relatos de detenciones a personas por el solo hecho de participar en las manifestaciones, lo que configura una medida arbitraria de privación de la libertad”.

Acoso a activistas

En este contexto fue detenido el 13 de julio e imputado por un delito de sedición el abogado jujeño Alberto Nallar, representante de las comunidades indígenas de Caspalá y de otras localidades.

El 14 de julio, las organizaciones de la sociedad civil Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) presentaron una solicitud de medidas cautelares ante la CIDH. La medida busca proteger la libertad y la integridad de un grupo de personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos en Jujuy. Entre ellas se encuentran integrantes de ANDHES, CEDEMS, HIJOS Jujuy y representantes indígenas de las redes Puna y Quebrada, así como profesionales de la abogacía.

Días antes, se habían emitido órdenes de detención colectivas contra más de cuarenta personas. Las organizaciones manifestaron que las medidas fueron solicitadas por la Fiscalía y que, pese a ser arbitrarias, desproporcionadas e injustificadas, no fueron revisadas por los juzgados de garantías. Organizaciones e integrantes de las comunidades denunciaron actos de vigilancia, controles policiales y búsquedas injustificadas.

El 25 de julio, centenares de representantes de las comunidades indígenas de Jujuy se desplazaron hasta Buenos Aires para participar en el llamado Tercer Malón por la Paz, una manifestación contra la reforma exprés de la Constitución provincial de Jujuy aprobada a finales de junio. El 2 de agosto, tras recorrer más de 1500 kilómetros a pie y en vehículos durante una semana, la delegación marchó por las calles de Buenos Aires para exigir que la Corte Suprema declare inconstitucional la reforma y que el Congreso “tome las medidas para la intervención federal de la provincia de Jujuy”. La palabra malón hace referencia a una marcha de pueblos autóctonos del norte de argentina que tuvo lugar por primera vez en 1946, con el fin de presentar una serie de demandas ante el Gobierno nacional en Buenos Aires. El segundo malón fue setenta años más tarde, en 2006. Esta era la tercera vez que el Malón por la Paz atravesaba el país.

47 aniversario de la Noche del Apagón

El 20 de julio, estudiantes, sindicatos, fuerzas políticas y organizaciones de los derechos humanos se movilizaron en todo el país para conmemorar el 47 aniversario de la Noche del Apagón. Quienes participaron buscaban recordar las más de 400 detenciones y 33 desapariciones cometidas por la última dictadura militar entre el 20 y el 27 de julio de 1976, y expresar su solidaridad con la lucha de las comunidades indígenas por sus territorios en Jujuy. También hubo movilizaciones en Jujuy y Rosario, al igual que en otras localidades.

Fallece un periodista en las protestas previas a las PASO

Las elecciones primarias a la presidencia se vieron empañadas por sucesos violentos. Ante esta situación, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández expresó su preocupación por la celebración de las elecciones.

El 10 de agosto, militantes de izquierda marcharon hacia el Obelisco para mostrar su oposición a las primarias. Facundo Molares Schoenfeld, fotoperiodista y exmiembro de las extintas FARC, sufrió una parada cardiaca tras ser inmovilizado contra el suelo por la policía. Pese a los esfuerzos para reanimarlo, Morales no sobrevivió y falleció en un hospital. Actualmente se está llevando a cabo una autopsia independiente para determinar la causa exacta de su muerte.

El 11 de agosto, miles de personas se concentraron en torno al Obelisco de Buenos Aires para pedir justicia por la muerte de Molares. Durante la manifestación, un pequeño grupo de personas enmascaradas lanzó un cóctel molotov contra una comisaría de policía y arrojó piedras a las fuerzas del orden. El resto de manifestantes se desmarcó de las acciones del grupo, a quienes calificó de “infiltrados”, y los aisló.

Movilizaciones y marchas

Argentina ha sido testigo de un periodo de grandes movilizaciones y protestas en el que la ciudadanía salió a las calles en todo el país, movida por motivos diversos. Estas son algunas de las más importantes:

El 18 de agosto, en San Juan, la ciudadanía expresó su descontento por las medidas económicas y sus consecuencias tras las PASO, entre ellas la devaluación de 22% ordenada por el ministro de Economía, Sergio Massa. Más tarde, su equipo económico confirmó que la medida fue aplicada a petición del FMI. En San Juan, minoristas aumentaron los precios y las ferreterías locales manifestaron su reticencia a vender debido a la subida constante de los precios. Las farmacias redujeron su ritmo de ventas por la incertidumbre en torno al coste de los medicamentos a corto plazo. A esto se le añadió el aumento del precio de la gasolina, que subió un 13% de media.

El 24 de agosto, el Frente de Lucha Piquetero organizó una manifestación nacional para pedir ayuda destinada a los comedores populares, la ampliación de los programas sociales y la asignación de recursos para dar continuidad a proyectos autogestionados. Durante la concentración, el movimiento hizo hincapié en que agentes del Gobierno aseguraron que se ayudaría a los millones de trabajadores en apuros, perjudicados por la crisis social, pero también denunció que aún no se había tomado ninguna decisión sobre la ampliación del programa ni sobre las fechas para la distribución de alimentos. La formación también anunció que se encuentra en “estado de movilización y asamblea” y reiteró las reivindicaciones sociales que defiende el movimiento “ante la crisis social, que se profundiza con unos ajustes y una represión que pretenden hacer pasar por orden directa del Fondo Monetario Internacional”.

El 20 de septiembre, hubo manifestaciones y cortes de calles en distintos puntos de la capital. Integrantes de Corriente Clasista y Combativa (CCC) marcharon alrededor del Obelisco para exigir la apertura del programa Potenciar Trabajo y un monto fijo de 75 000 ARS (215 USD) para todos los programas sociales, y para defender los derechos de quienes se han jubilado o perciben pensiones. Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) protestó frente al Ministerio de Economía. En la estación Retiro Belgrano Norte, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) protagonizaron una concentración para reclamar procesos de titularización y una mayor estabilidad laboral en el sector socioeducativo.

El 28 de septiembre, miles de personas se manifestaron en Buenos Aires en defensa del aborto legal, que, según las manifestantes, “corre peligro” si Javier Milei gana las elecciones presidenciales. La mayoría de las manifestantes, entre las que había activistas de movimientos feministas y dirigentes sindicales, llevaban prendas, banderas y pañuelos verdes, símbolos de la lucha por la legalización del aborto, así como pancartas con lemas contra “la derecha”.

Libertad de expresión

Propuestas legislativas amenazan la libertad de expresión

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) advirtió de que el proceso de reforma de la Constitución de La Rioja podría acarrear restricciones para la libertad de expresión y la libertad de prensa. Al inicio de las conversaciones sobre la reforma constitucional, el gobernador Ricardo Quintela anunció que la enmienda regularía la prensa independiente. En su opinión, la Convención Constituyente debe centrarse en “la libertad de expresión y la gobernanza”. La prensa informó que Quintela dijo a los integrantes de la convención: “Queremos debatir sobre la libertad de expresión y la gobernanza”. A continuación, pidió a los medios que sean “conscientes de su papel en la formación de la opinión pública y en el debate constructivo, sabiendo las graves consecuencias de transmitir mensajes sesgados, malintencionados o injuriantes, al sembrar odio y noticias falsas”.

Meses atrás, el propio Quintela ya había criticado a varios medios de comunicación nacionales, a quienes acusó de difundir “información podrida”, que no se puede “verificar”, y por esta razón llamó a buscar recursos para “bloquearlos” en las provincias del norte del país y para crear una red de canales de televisión propios.

Además de lamentar las declaraciones de Quintela, la Adepa advirtió de los graves riesgos que corre el sistema democrático y republicano del país si se incluyen dichas restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa en la reforma constitucional riojana.

Proyecto de ley contra las noticias falsas en Salta

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) está profundamente preocupada por el nuevo proyecto de ley aprobado por la cámara baja de Salta, que impone multas y penas de detención para quienes difundan noticias falsas en el espacio digital. La disposición más grave figura en el artículo 50, que establece multas y penas de detención de hasta veinticinco para quien “creare o difundiere noticias falsas, sabiendo que lo son, dentro del espectro digital, con el fin de infundir pánico, desacreditar a personas o autoridades oficiales o generar desórdenes o tumultos”. La Adepa sostuvo que las prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos imprecisos y ambiguos, incluido el de “noticias falsas”, son incompatibles con los estándares internacionales sobre las restricciones a la libertad de expresión y no deberían ser incluidas en ninguna legislación.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también expresó su preocupación por la iniciativa legislativa del Gobierno de Salta y de La Rioja. Michael Greenspon, presidente de la SIP, también manifestó su preocupación: “Lamento que en un país con tanta historia y jurisprudencia sobre la libertad de expresión, en el que la Constitución nacional salvaguarda la libertad de prensa, regresen fantasmas del pasado para tratar de maniatar a los medios de comunicación y amordazar la libertad de expresión de los ciudadanos”.

Greenspon recordó las declaraciones de Chapultepec y de Salta, esta última fue adoptada precisamente en la provincia que impulsó la polémica reforma constitucional. Ambos documentos consagran los principios que deben regir la libertad de prensa y en ellos se hace un llamamiento a los gobiernos a abstenerse de crear leyes o normativas que menoscaben el derecho natural a la libertad de expresión.

Amenazas, intimidaciones y ataques a periodistas

El 15 de septiembre, el periodista Pablo Duggan fue víctima de una agresión y amenazas cuando almorzaba con su familia en un restaurante de Tigre, provincia de Buenos Aires. Dugan relató que el agresor lo amenazó de muerte y relacionó el ataque con su labor profesional. El atacante fue identificado y detenido por la policía provincial.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su preocupación por la campaña de difamación contra el periodista mendocino del Mendoza Post y de Radio Nihuil Ricardo Montacuto. Advirtió que esas prácticas de desinformación pueden conducir no sólo a la autocensura, sino también repercutir en la calidad de la información que recibe la ciudadanía.

El 21 de septiembre, el periodista Marco Bustamente Benavente y el camarógrafo de Crónica HD Rolando Bazán fueron agredidos en circunstancias que aún no se han esclarecido. Ambos se encontraban en la ciudad bonaerense de Cañuelas y recorrían la ruta 3 para preparar un reportaje sobre el estado de las vías y los camiones. Fue en ese momento cuando dos hombres comenzaron a insultarlos al grito de “no me filmés”. Los individuos dañaron el equipo de trabajo de ambos y los amenazaron: “Váyanse de acá porque les vamos a pasar por encima con el camión”.

El 25 de julio, un desconocido comenzó a amenazar al periodista de C5N Diego Brancatelli, a quien dijo que lo iba a matar. Más tarde, intensificó sus actos de acoso y amenazó con matar al hijo del periodista. Brancatelli denunció los hechos y el 19 de septiembre, tras una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) de San Isidro, el agresor fue detenido y puesto a disposición judicial.

El FOPEA denunció las agresiones y la campaña de difamación contra los periodistas tucumanos Mariana Romero, Leonor López González, Ivana Jorge, José Inesta y César Juárez. Los periodistas de Canal 10 y la exconductora del informativo de Supercanal han sido acosados con denuncias de carácter personal y privado presentadas por Gustavo Morales, un abogado del foro local.

El periodista Danilo Fernández, director del portal NotiMach de Machagai, provincia de Chaco, fue víctima de los insultos proferidos por Juan Manuel García, alcalde de esa localidad, quien también lo amenazó con tomar acciones legales contra él. Los hechos sucedieron después de que el periodista informara sobre la presunta organización de saqueos a partir de informaciones transmitidas por una fuente que pidió permanecer en el anonimato.

Valeria Villalba, periodista de Radio Televisión Neuquén, fue citada por Pablo Vignaroli, fiscal de Delitos Económicos y Actuaciones Generales del Poder Judicial de la provincia, después de que ella difundiera un comentario que apuntaba a un presunto caso de protección en una causa por abuso por la que estaba siendo investigado un funcionario del Poder Judicial. Si bien la periodista no dio nombres, cuarenta minutos después de comentar el asunto en directo le notificaron, sin explicación alguna, que debía presentarse en la Fiscalía de Neuquén. Villalba acudió a la cita acompañada de altos cargos de la empresa para la que trabaja y ratificó sus declaraciones. No le hicieron más preguntas ni formularon objeciones ni cargos.

El FOPEA expresó su solidaridad con el periodista mendocino de MDZ Jorge Caloiro, después de que la agencia de noticias NOVA publicara, sin citar fuentes ni dar detalles, un artículo sobre presuntas acciones judiciales que se estarían preparando contra él. Caloiro cubre la causa penal en curso contra el juez federal con competencia electoral Walter Bento, ante tribunales de Mendoza por asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de dinero.