Nicaragua: continúa la ofensiva legal restrictiva

El 21 de diciembre de 2020 la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una ley que podría impedir que candidatos de la oposición participen en las próximas elecciones presidenciales previstas para noviembre de 2021. Esta legislación prohíbe que las personas designadas como "traidores a la patria" pueda postularse para cargos públicos y define dicho calificativo de forma ambigua. Así, en virtud de esta ley, son considerados "traidores" quienes "menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación", quienes "demanden o exalten la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua" o quienes "lesionen los intereses supremos de la Nación". Sin embargo, esta ley no ofrece ninguna información sobre cómo se determinará que alguien es un "traidor".

Human Rights Watch explicó que esta ley es incompatible con el derecho regional e internacional en materia de derechos humanos. José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización, comentó:

"Con esta ley, hay muy pocas esperanzas, si es que alguna, de que se celebren elecciones libres y justas en Nicaragua".

El 18 de enero de 2021 la Asamblea Nacional aprobó otra ley que podría usarse para atacar a adversarios políticos. En esta ocasión los legisladores aprobaron una enmienda constitucional que autoriza la imposición de penas de cadena perpetua por "delitos de odio". También se reformará el Código Penal del país con el fin de regular la aplicación de la ley. Antes de la modificación la Constitución de Nicaragua fijaba en treinta años la pena máxima. Si bien los legisladores de la bancada gubernamental argumentan que la legislación está dirigida a los autores de homicidios o de delitos sexuales, los grupos de la oposición expresaron su preocupación por la posibilidad de que la enmienda también pudiera usarse para atacar a adversarios políticos. De hecho, en el pasado el presidente Daniel Ortega y otros miembros del gobierno han acusado a opositores de cometer "delitos de odio".

Persecución política de defensores de derechos y de disidentes

Detención ilegal contra abogados de CPDH. https://t.co/zq4MA8a948 pic.twitter.com/F3PVEaYUE6

— Comisión Permanente de Derechos Humanos (@CPDHNicaragua) December 21, 2020

El 21 de diciembre de 2020 la policía detuvo a tres miembros de la organización de la sociedad civil Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH). La detención se produjo cuando el abogado y defensor de los derechos humanos Pablo Cuevas visitaba a expresos políticos que presuntamente habían sido víctimas de acoso policial. Cuevas y otros dos empleados de la CPDH fueron liberados pocas horas después. Durante un rueda de prensa Cuevas relató que la policía examinó su teléfono celular y borró algunos de sus contactos, así como demás información.

Por otro lado, el 18 de enero de 2021 familiares de Benjamín Ernesto Gutiérrez Collado junto con Yolanda González Escobar denunciaron la persecución política en Nicaragua. Gutiérrez, quien fuera otrora aliado del Frente Sandinista, es hoy considerado como disidente, mientras que González ha participado en varias manifestaciones antigubernamentales. Según la hija de Benjamín Gutiérrez, el 13 de enero de 2021 la policía detuvo a su padre con gran violencia y lo acusaron de tráfico de estupefacientes y de posesión ilegal de armas. Dos días después, la policía irrumpió en el domicilio de Yolanda González y la detuvo temporalmente, acusándola de estar asociada con Gutiérrez. Los agentes también se habrían llevado dinero y efectos personales durante el registro de la vivienda.

Reunión pacífica

🔴Ahora👉Un joven protesta pacíficamente por el sector de la UCA, el valiente opositor quemó la bandera roja y negra del sandinismo, mientras portaba la bandera azul y blanco. La Policía llegó inmediatamente para quitarle la bandera de Nicaragua. @reporteni @traficoni pic.twitter.com/ivBh5C51U8

— CANAL UNO - NICARAGUA (@canaluno1Nic) December 21, 2020

El 21 de diciembre de 2020 fue detenido en Managua el jóven Sergio Beteta tras llevar a cabo una manifestación unipersonal frente a la Universidad Centroamericana. Durante el acto de protesta Beteta quemó una bandera del Frente Sandinista y desplegó una bandera nicaragüense. El joven manifestante transmitió su acción por Internet y exigió la liberación de los presos políticos. El 24 de diciembre de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por el caso y afirmó que la familia y los abogados de Beteta carecían de información sobre su paradero. A principios de enero de 2021 el abogado de Beteta explicó que su cliente había sido acusado de posesión ilegal de drogas y armas; acusaciones falsas según el letrado. El 18 de enero de 2021 se celebró la audiencia inicial durante la cual la jueza rechazó desestimar las acusaciones debido a la detención ilegal de Beteta.

Expresión

Mi residencia en León fue allanada e irrumpieron por la fuerza con unidades de la policía de Fidel Dominguez, antimotines bajo la infamia de que buscan drogas. Responsabilizo al gobierno por la integridad de mi familia. @TifaniRoberts @CIDH @mbachelet @ACNURamericas @cefeche pic.twitter.com/9Cs5Qn0txA

— Anibal Toruño (@AnibalToruno) January 4, 2021

El 4 de enero de 2021 la organización de prensa Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) denunció el acoso policial que padece el periodista y director de Radio Darío Aníbal Toruño Jirón en León. Según la organización, al menos diez agente de policía irrumpieron en el domicilio de Toruño, al parecer sin mandato judicial. En Twitter Toruño relató que los agentes afirmaron estar realizando un registro en búsqueda de drogas. En su declaración, la PCIN denunció que este operativo busca estigmatizar al periodista al asociarlo con actividades delictivas. En los días siguientes Toruño denunció que agentes de policía continuaron vigilando Radio Darío y que volvieron a irrumpir en su vivienda el 7 de enero de 2020.

A finales de diciembre de 2020 la PCIN informó haber recibido 66 denuncias por violaciones de la libertad de prensa perpetradas entre el 15 de julio y el 15 de diciembre de 2020. Según los datos recopilados, la policía, los grupos paramilitares y los partidarios del gobierno fueron los principales responsables de dichas infracciones. La organización destacó el aumento de los casos de periodistas acusados de delitos comunes y de faltas como parte de una estrategia para desacreditarlos.

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