Nicaragua: continúan las clausuras de medios de comunicación

Expresión

Continúan los cierres de medios de comunicación

Las autoridades nicaragüenses han seguido censurando a medios de comunicación, cancelando sus licencias y ordenando la suspensión de sus actividades. Según Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), Telcor, el regulador de las telecomunicaciones, ordenó la suspensión de por lo menos diecisiete medios de comunicación en agosto de 2022, entre ellos, numerosas emisoras de radio y canales de televisión del norte del país pertenecientes a la iglesia católica o gestionados por ella.

Por ejemplo, el 12 de agosto de 2022, Telcor ordenó la suspensión de Radio Darío, una emisora independiente de noticias y opinión de la ciudad de León, en el noroeste del país. Asimismo, dos emisoras pertenecientes a Aníbal Toruño se vieron obligadas a cerrar días después.

El 21 de septiembre de 2022, el Gobierno nicaragüense excluyó a CNN en Español de todos los paquetes de televisión por cable. El medio publicó un comunicado en el que afirmó que el Gobierno no había explicado el motivo de la medida ni respondido a sus solicitudes de información. El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa Jorge Canahuati comentó: "El régimen continúa con su proceso de aislamiento, esta vez mediante ataques a medios internacionales, después de haber acabado con el periodismo independiente nicaragüense".

El relator especial para la libertad de expresión del CIDH Pedro Vaca también condenó la decisión arbitraria de las autoridades y aseguró que la censura en había llegado a un "punto crítico" en Nicaragua. También destacó que la suspensión de medios de comunicación estuvo precedida de una campaña de censura constante mediante detenciones, el despojo de recursos, persecuciones, exilios, asedios policiales, la persecución de las fuentes y la retirada de frecuencias. Este contexto autoritario se ve agravado por la propaganda oficial y las presiones para su difusión. Sin embargo, el relator especial subrayó la resiliencia de los periodistas nicaragüenses, quienes continúan con su labor, a pesar del tremendo coste personal que ello implica.

Aprobación de una ley restrictiva

El 13 de octubre de 2022, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una enmienda a la ley de la Cinemateca Nacional (Ley 909 de 2015) para facilitar una mayor supervisión de las producciones audiovisuales y cinematográficas del país. Mediante estas reformas, la Cinemateca estatal, anteriormente a cargo del Instituto Nicaragüense de Cultura, se convirtió en un organismo autónomo bajo la supervisión de la Presidencia. También se reforzaron las funciones reguladoras del organismo, ya que la enmienda establece que la Cinemateca podrá prohibir el desarrollo, la exhibición o la comercialización de producciones. La legislación también establece la creación de un registro de personas y organizaciones nacionales y extranjeras que trabajen en el sector audiovisual y cinematográfico nicaragüense.

Según la Agencia EFE, la presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional explicó que la Cinemateca Nacional se encargará de autorizar la preproducción, producción, realización, exhibición y distribución de proyectos audiovisuales. Un grupo de cineastas independientes rechazó las modificaciones y denunció que subvierten el papel de la Cinemateca Nacional, cuya función es la promoción y la difusión de las artes audiovisuales y de obras cinematográficas.

Asociación

En un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos el 13 de septiembre de 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señaló un deterioro continuo de los derechos humanos en Nicaragua. El organismo reveló que ha seguido documentando actos de hostigamiento, especialmente contra personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, clérigos y opositores políticos o percibidos como tales. La organización destacó las denuncias reiteradas de malos tratos a presos políticos y las restricciones crecientes a la libertad de expresión y de asociación mediante la clausura de medios de comunicación y de organizaciones de la sociedad civil.

Según los datos de la OACDH, solo en 2022 se ha cancelado la personalidad jurídica de 1 512 organizaciones de derechos humanos, de asistencia al desarrollo y profesionales, incluidas asociaciones médicas y entidades asociadas a la Iglesia Católica, entre otras. También se ha restringido la autonomía de las universidades y la libertad de cátedra. La OACDH subrayó que todas estas restricciones, junto con condiciones de vida adversas, han provocado un aumento considerable de la cantidad de personas que abandonan el país. El número de refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses ascendió a 200 000 personas, de las cuales tres cuartas partes se encuentran en Costa Rica.

Detenciones arbitrarias y presos políticos

El 5 de septiembre de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) instaron a la liberación inmediata de los presos políticos en Nicaragua. Las organizaciones afirmaron haber recibido quejas sobre las condiciones de detención de los presos políticos, entre ellas, denuncias sobre la falta de acceso a asistencia sanitaria, el agravamiento de enfermedades, una alimentación insuficiente y de mala calidad, y la aplicación arbitraria de medidas de aislamiento o castigo. La CIDH y la REDESCA exigieron a las autoridades nicaragüenses tomar medidas adecuadas para garantizar la salud, la vida y la integridad de todas las personas detenidas. También les pidieron que liberen a todas las personas detenidas de forma arbitraria en el marco de la crisis sociopolítica.

A principios de septiembre de 2022, en medio de las críticas por la falta de información sobre las condiciones de detención los presos políticos, las autoridades celebraron "audiencias informativas", esto es, sesiones privadas durante las cuales 27 presos políticos detenidos en El Chipote comparecieron ante un tribunal de apelación. Según la CIDH y la REDESCA, estas audiencias carecen de fundamento legal y se llevaron a cabo sin notificación previa y en ausencia de representación legal. Además, medios de comunicación progubernamentales publicaron fotografías de los detenidos, a quienes calificaron de "delincuentes presos, golpistas, terroristas y traidores a la patria". Medios de comunicación independientes arguyeron que dichas imágenes mostraban el deterioro físico y la pérdida de peso de los presos políticos.

Por otra parte, en septiembre y octubre de 2022, los nicaragüenses en el exilio comenzaron a denunciar que las autoridades habían intensificado el acoso judicial contra sus familiares que aún permanecen en el país. Por ejemplo, la esposa, la hija y el yerno del economista nicaragüense en el exilio Javier Álvarez fueron detenidos e imputados en septiembre de 2022. Álvarez reveló que las autoridades le habían ofrecido liberar a sus familiares si se entregaba. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) explicó que, en su mayoría, los familiares de los líderes exiliados han sido acusados de "conspiración para cometer menoscabo contra la integridad nacional y propagación de noticias falsas", cargos que suelen usarse para condenar a presos políticos.