Nicaragua menosprecia los mecanismos internacionales de derechos humanos

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El 18 de octubre de 2022, el Ministerio del Interior ordenó que se retirara la personalidad jurídica a 42 organizaciones de la sociedad civil (OSC) nacionales y que se cancelara el registro operativo de 58 OSC extranjeras, es su mayoría alemanas, españolas y estadounidenses. El 17 de noviembre de 2022 se promulgó una medida similar por la que se canceló la personalidad jurídica de 91 OSC nicaragüenses y siete extranjeras. En ambas ocasiones, el Gobierno alegó que las organizaciones no habían transmitido ciertas informaciones obligatorias. Entre las organizaciones afectadas hay formaciones que trabajan en el ámbito del desarrollo rural, la educación y la sanidad, al igual que varias asociaciones religiosas y profesionales. De acuerdo a las labores de seguimiento de la sociedad civil, más de 2 500 organizaciones han sido despojadas de su personalidad jurídica desde 2018.

El 22 de noviembre de 2022, el sociólogo y escritor Óscar René Vargas, de 77 años, fue detenido en Managua. En el pasado, Vargas asesoró al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido del Gobierno, pero en los últimos años se ha convertido en un crítico acérrimo del régimen de Daniel Ortega. Grupos de la sociedad civil denunciaron que su detención se produjo de forma repentina y sin que se le comunicaran de forma expresa los cargos que se le imputaban. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) explicó que Vargas requiere atención médica especializada, ya que padece una afección cardíaca. Los cargos contra él no se hicieron públicos hasta el 1 de diciembre, cuando fue acusado de los delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, provocación para cometer rebelión y propagación de noticias falsas”. Su audiencia inicial fue fijada para el 9 de diciembre de 2022.

Detenciones durante las elecciones municipales

Las elecciones municipales nicaragüenses se celebraron el 6 de noviembre de 2022 sin la participación de una verdadera oposición. Pocos días después, el Consejo Supremo Electoral anunció que el FSLN había obtenido el 100 % de las alcaldías; un resultado que vino a confirmar el control total del partido sobre los municipios del país. La organización dedicada al monitoreo electoral Urnas Abiertas calificó el proceso de “asalto a la democracia y a la autonomía municipal”. La organización denunció múltiples casos de coacción durante la jornada electoral y documentó 31 detenciones en 7 departamentos entre el 1 y el 7 de noviembre.

Asimismo, la red feminista IM-Defensoras registró ocho casos en los que mujeres defensoras de los derechos humanos o sus familiares fueron detenidos en la semana previa a las elecciones. Hasta el 9 de noviembre de 2022, solo dos de ellos habían sido puestos en libertad. Además, el grupo registró doce casos de hostigamiento a defensoras de los derechos de la mujer y líderes locales. Estos abusos fueron perpetrados principalmente por agentes de policía y, en segundo lugar, por partidarios del Gobierno y empleados públicos.

Los mecanismos internacionales reprenden a Nicaragua

El 25 de noviembre de 2022, el Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU afirmó que el Estado nicaragüense ha ignorado sus obligaciones en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Nicaragua se negó a cooperar durante el examen de su aplicación de la Convención, lo que llevó al CAT a llevarlo a cabo sin la participación de una delegación del Estado nicaragüense. El CAT aprobó sus observaciones finales en noviembre de 2022, en las cuales destacó su especial preocupación por las numerosas informaciones que señalaron que la Policía Nacional, la Dirección de Operaciones Especiales y agentes de civil han empleado la fuerza letal, detenciones arbitrarias y actos de tortura para reprimir a los manifestantes que participaron en las protestas que se han desarrollado a partir de abril de 2018.

El 29 de noviembre de 2022, el Comité contra la Tortura y el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) decidieron tomar medidas sin precedentes ante la negativa de Nicaragua a cooperar con ambos órganos de Naciones Unidas para abordar y prevenir las torturas en el país. Estos organismos publicaron una declaración conjunta y difundieron un informe confidencial sobre la visita del SPT para, de esa manera, revelar la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta coordinada para prevenir las torturas.

“Los Estados tienen que asumir sus responsabilidades en caso de incumplimiento de sus obligaciones relativas a la prevención de la tortura y los malos tratos, incluso cuando no se aporta la información requerida sobre la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Subcomité tras sus visitas de país, como en el caso de Nicaragua tras nuestra visita en 2014”, precisó Suzanne Jabbour, presidenta del Subcomité. “Por lo tanto, creemos que la decisión de hacer público nuestro anterior informe confidencial tendrá un efecto preventivo. También esperamos que pueda ser útil para todos los agentes en el terreno”.

Asimismo, el 29 de noviembre de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado de Nicaragua en desacato permanente de las medidas provisionales adoptadas en los casos del periodista Juan Sebastián Chamorro y otros, y de 45 personas privadas de libertad. La Corte aseguró que Nicaragua remitió 19 comunicaciones en las que rechazó las medidas provisionales para la liberación inmediata de los presos políticos. Añadió que esa negativa y las detenciones de largo duración mantienen a los presos políticos en un estado de “desprotección absoluta”. La Corte anticipó que su presidente presentará un informe sobre la situación ante Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos e instó al Consejo a hacer un seguimiento de los incumplimientos.

Expresión

En un informe presentado ante la 78.ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se puso de relieve la extinción incesante de la libertad de expresión en Nicaragua. Desde agosto de 2022, el Gobierno ha confiscado las oficinas del periódico independiente La Prensa, cortado la señal de CNN, clausurado varias emisoras de radio de la Iglesia Católica e impedido que cientos de organizaciones no gubernamentales desarrollen su labor. La SIP estimó que más de 150 periodistas han abandonado el país por su propia seguridad desde abril de 2018.

También destacó que a fines de septiembre de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Juan Lorenzo Holmann, director de La Prensa, quien se halla detenido, y a su familia, por considerar que existe el riesgo grande e inminente de que se vulneren sus derechos. La CIDH solicitó información al Gobierno sobre las malas condiciones y la falta de atención médica necesaria, oportuna y adecuada para preservar la salud de Holmann.