Nicaragua: cierre de OSC, radios comunitarias y un canal de televisión por cable

La represión y persecución de las organizaciones de la sociedad civil, los grupos religiosos y la prensa independiente no cesan. Los líderes de la Iglesia católica fueron una de las principales víctimas durante los últimos meses. El presidente Daniel Ortega calificó de "terroristas" a los representantes eclesiásticos que intentaron mediar en los diálogos entre el Gobierno y la oposición en 2018. Los líderes religiosos están entre los principales denunciantes de las violaciones de derechos y abusos en Nicaragua, y muchos de ellos han padecido el hostigamiento de las autoridades por ello.

En julio de 2022, el régimen de Ortega se hizo con el control de cinco alcaldías administradas por el partido de oposición Ciudadanos por la Libertad (CxL), a saber: San Sebastián de Yali, El Cua, Murra, El Almendro y Pantasma. Los alcaldes, que habían sido elegidos, fueron sustituidos por simpatizantes del Gobierno. El grupo de la sociedad civil Urnas Abiertas defendió que las tomas fueron ilegales y que la policía ocupó las oficinas y remplazo a las autoridades municipales sin que hubiera una comunicación previa del Consejo Electoral. El partido de oposición, prohibido en 2021, había ganado esos cabildos en las elecciones locales de 2017. Está previsto que se celebren nuevas elecciones locales en noviembre de 2022.

Asociación

Human Rights Watch (HRW) explicó que desde 2018 el Gobierno ha cancelado el registro de más de 950 organizaciones. La mayoría de los cierres de OSC se llevaron a cabo en los últimos meses, de hecho, desde el 6 de junio de 2022 se ha cancelado la personería jurídica de 770 organizaciones. El 30 de junio de 2022, la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica de cien grupos, alegando que habían incumplido los requisitos en materia de rendición de cuentas, si bien no reveló ninguna información sobre cada caso. Entre esos grupos había organizaciones dedicadas al desarrollo urbano y municipal, asociaciones empresariales y profesionales, grupos defensores de los derechos de niños y jóvenes, así como organizaciones ecologistas y feministas.

El 4 de julio de 2022, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) alertó a la comunidad internacional y otros sectores de que las autoridades nicaragüenses han cancelado la personería jurídica de ochenta organizaciones feministas desde 2018. Asimismo, entre principios de junio y julio de 2022, se revocó la personería jurídica de veintitrés organizaciones de mujeres. Las autoridades siguen usando leyes represivas para desmantelar la sociedad civil independiente. IM-Defensoras denunció que las instituciones responsables han llevado a cabo estas cancelaciones mediante procedimientos arbitrarios y han erigido obstáculos para el registro o directamente se han negado a admitir la documentación requerida por ley, a pesar de los esfuerzos de los grupos de la sociedad civil para presentarla en tiempo y forma. La revocación de la personería jurídica de estas organizaciones suele ir acompañada del desmantelamiento de sus oficinas, la confiscación de sus bienes y, en algunos casos, de la criminalización, el hostigamiento y otros ataques contra sus miembros.

El 6 de julio de 2022, las autoridades expulsaron del país a dieciocho Misioneras de la Caridad, una organización benéfica perteneciente a la orden de la madre Teresa de Calcuta. La organización llevaba trabajado cuarenta años en el país cuando se canceló su personería jurídica. De igual manera, el 8 de julio de 2022, las autoridades allanaron las oficinas del grupo feminista La Corriente, cuya personería jurídica había sido cancelada en mayo de 2022. En declaraciones al medio digital OpenDemocracy, María Teresa Blandón, socióloga, feminista destacada y coordinadora del grupo, puntualizó:

"Esta política busca arrasar con cualquier forma de organización que no esté bajo el control del Estado. A pesar de que no tenemos una perspectiva partidista, nos han declarado enemigo político mortal."

En una carta dirigida al Gobierno nicaragüense, expertos de la ONU aseguraron que la cancelación de la personería jurídica de cientos de asociaciones dibuja un claro patrón de represión del espacio cívico. "Esta situación tendrá consecuencias aún más devastadoras para las personas y grupos en situación de marginalización que dependen de estos servicios para su supervivencia, como las comunidades rurales e indígenas, niños y niñas, jóvenes, mujeres y solicitantes de asilo", anticiparon los expertos. También instaron al Gobierno nicaragüense a revocar estas restricciones draconianas.

Personas defensoras de los derechos humanos en riesgo

Yubrank Suazo, uno de los líderes de las protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega en 2018, fue condenado el 27 de julio de 2022 a diez años de prisión por los presuntos delitos de "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional" y "difusión de noticias falsas". Como ya señalamos desde el CIVICUS Monitor, Suazo fue detenido en mayo de 2022.

El 31 de julio de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió medidas cautelares a la defensora de los derechos humanos y líder de la oposición Rusia Evelyn Pinto Centeno. Permanece detenida en condiciones inadecuadas y se le ha negado la atención médica que necesita, lo que ha agravado sus dolencias. En marzo de 2022, esta defensora de los derechos humanos de 63 años fue condenada a ocho años de prisión por presuntos delitos de "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional" y ciberdelitos. También se la inhabilitó para el ejercicio de cargos públicos en Nicaragua.

Expresión

La Prensa en el exilio

El 6 de julio de 2017, la policía de Managua detuvo a dos conductores que trabajaban para el periódico independiente La Prensa y también allanó el domicilio de un reportero y de un fotoperiodista que trabajaban para ese medio. Si bien las autoridades no revelaron oficialmente el motivo de la detención de los conductores, cabe destacar que los cuatro empleados formaban parte de un equipo de prensa que había cubierto la expulsión de las monjas de la organización benéfica Misioneras de la Caridad por parte de las autoridades.

El 21 de julio de 2022, La Prensa anunció que trasladaría su redacción fuera de Nicaragua y que sus periodistas trabajarían desde el exilio. Según el periódico, a la detención de los dos conductores le siguieron redadas en los domicilios de varios empleados y la incautación de equipos. Periodistas, fotógrafos y otros trabajadores del medio huyeron del país, algunos de ellos de forma irregular, ya que en los últimos tiempos las autoridades se han negado a renovar los documentos de viaje de los periodistas independientes. La Prensa también denunció que, tras el exilio de sus trabajadores, agentes de policía siguieron acosando a sus familias.

Por otro lado, en julio de 2022, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH también condenó la escalada de represión contra los periodistas y los medios de comunicación en Nicaragua. La RELE urgió al Gobierno a cesar la persecución, la intimidación y el hostigamiento contra la prensa independiente que informa sobre asuntos de interés público, incluida la crisis de los derechos humanos.

Cierre de emisoras de radio y televisión

El 2 de agosto de 2022, los periodistas independientes nicaragüenses denunciaron la última oleada de censura y represión de los medios de comunicación cuando TELCOR, el regulador de las telecomunicaciones, procedió al cierre de varias emisoras de radio y canales de televisión.

El 1 de agosto de 2022, TELCOR ordenó el cierre de ocho emisoras de radio pertenecientes a la Iglesia católica que operaban en el norte de Nicaragua. El obispo Rolando Álvarez indicó que la policía había ocupado la casa parroquial de Sebaco, en Matagalpa, desde donde transmitía una de las emisoras. Según informaciones publicadas por la prensa, decenas de feligreses locales se presentaron en la capilla después de que el sacerdote informará de la redada en las redes sociales e intentaron impedir que la policía se apoderara del equipo de radio de la iglesia. La policía lanzó gases lacrimógenos y bombas de humo a los feligreses y detuvo a tres personas.

El 4 de agosto de 2022, las autoridades confinaron al obispo Rolando Álvarez, cinco sacerdotes, un seminarista y un camarógrafo de un canal de televisión religioso de la diócesis de Matagalpa. El 18 de agosto de 2022, la policía llevó a cabo una redada en la diócesis de Matagalpa y detuvo a un camarógrafo y a los eclesiásticos. Posteriormente, las autoridades declararon que el obispo Álvarez se encontraba bajo arresto domiciliario en Managua y que el resto de los detenidos fueron trasladados a un centro de detención en la capital. Antes de la redada, las autoridades nicaragüenses habían acusado al obispo de "organizar grupos violentos" e incitarlos a "cometer actos de odio contra la población".

A principios de agosto, TELCOR también cerró Radio Vos, una emisora comunitaria feminista, y RB3, un canal de televisión por cable de Río Blanco, Matagalpa. En un comunicado, Radio Vos relató que la policía y TELCOR inspeccionaron sus oficinas el 2 de agosto de 2022, tras lo cual la entidad reguladora le notificó la cancelación de su licencia. Por su parte, RB3 cesó sus emisiones ese mismo día. TELCOR alegó que RB3 carecía de una licencia de funcionamiento en vigor; sin embargo, su propietario aseveró que nunca había recibido ninguna advertencia del regulador por el incumplimiento de alguno de los requisitos para llevar a cabo sus actividades.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) hizo saber que once emisoras de radio y cuatro canales televisión habían sido clausurados en las últimas semanas. La mayoría de esos medios estaban afiliados a la Iglesia católica. Según la SIP, estas acciones "forman parte de una campaña que pretende eliminar todo vestigio de prensa independiente y constituyen un nuevo ataque a la libertad de culto y pensamiento en esa nación". Jorge Canahuati, presidente de la SIP, comentó:

"De un solo golpe, el Gobierno de Nicaragua creó un nuevo desierto informativo en el interior del país, donde las estaciones clausuradas prestaban un valioso servicio comunitario a miles de personas. Es obvio que se pretende acabar con todo vestigio de prensa independiente".

Deniegan la entrada al país a una periodista guatemalteca y la deportan

Alicia Velásquez Nimatuj, doctora, periodista y antropóloga guatemalteca maya k'iche, fue detenida en el aeropuerto de Managua el 24 de julio de 2022 a su llegada desde Guatemala. Se le incautaron sus documentos sin explicación alguna y los funcionarios de inmigración le dijeron que nunca debería haber viajado. Tras varias horas, fue deportada y sus documentos solo le fueron devueltos una vez hubo llegado a Guatemala. Nimatuj relató que los agentes nunca la interrogaron ni le explicaron por qué se le negó la entrada a Nicaragua.