República Dominicana: grupos de derechos humanos se manifiestan contra el nuevo código penal

Miles de personas marcharon por las calles de Santo Domingo el 23 de mayo de 2021 para exigir la despenalización del aborto cuando la vida de la madre esté en peligro y casos de embarazos inviables, de violación o incesto. Como ya informamos en el CIVICUS Monitor, en marzo de 2021 los grupos feministas y las personas defensoras de los derechos reproductivos intensificaron su campaña para que se modifique la punitiva ley sobre la interrupción del embarazo. Las defensoras de los derechos de la mujer permanecieron acampadas durante más de dos meses frente al Palacio Nacional para mostrar su apoyo a las tres causales del aborto legal.

Durante la manifestación de mayo de 2021, las manifestantes pidieron la modificación del proyecto para el nuevo Código Penal, entonces en discusión en la Cámara de Diputados, el cual autorizará la interrupción del embarazo solo cuando la vida de la madre esté en peligro. La misma Cámara rechazó el 30 de junio de 2021 una propuesta para que se reconocieran otras dos causales para el aborto legal, tal y como revindicaban las colectivas feministas. El proyecto para el nuevo Código Penal que aprobaron los diputados establece penas de prisión de hasta dos años para quienes se hagan abortos ilegales y sanciones penales más duras para el personal médico que los practique.

En reacción a la aprobación del proyecto de Código Penal, la directora para las Américas de Amnistía Internacional Erika Guevara Rosas comentó:

"Con este voto, la mayoría de las personas diputadas de República Dominicana han demostrado que la vida y la salud de las mujeres y niñas en el país no forman parte de sus prioridades legislativas. Expresamos nuestra solidaridad con las mujeres y niñas que siguen exigiendo a voces que las autoridades tomen en serio sus vidas y su salud. La lucha por sus derechos no se detendrá."

El texto del nuevo Código Penal se encuentra ahora en el Senado para su debate. Los grupos feministas y LGBTQIA+ continuaron con sus actos de protesta contra la legislación y organizaron manifestaciones frente al Congreso en julio y agosto de 2021.

Grupos LGBTQIA+ se manifiestan contra el Código Penal

🇩🇴🏳️🌈 Los LGBT de la República Dominicana desde hoy dejamos el miedo y por tal razón marchamos al Congreso Nacional por un Código Penal que castigue la discriminación por orientación sexual e identidad de género. #LGBT pic.twitter.com/EL71NIkqt9

— Voluntariado GLBT Dominicano (@VoluntariadoGLB) July 12, 2021

El 2 de julio de 2021, miembros de grupos LGBTQIA+ se manifestaron frente al Congreso Nacional para protestar por la falta de protección en el proyecto del nuevo Código Penal. La Cámara de Diputados aprobó una modificación del proyecto de ley original que excluye la orientación sexual y el género de los supuestos para tipificación de un delito de discriminación. La orientación sexual de las víctimas también quedo excluida de los factores agravantes en los casos de homicidio, torturas y otros delitos de barbarie. Durante la manifestación, un portavoz leyó una declaración que rezaba:

"El nuevo Código Penal, que excluye la discriminación por orientación sexual, además de invisibilizarnos, fomenta aún más la discriminación, ya que otorga total permiso para hacerlo sin un régimen de consecuencias."

El 11 de julio de 2021 tuvo lugar otra marcha en la que participaron personas defensoras de la comunidad LGBTQIA+ con el fin de mostrar su oposición a la aprobación del nuevo Código en el Senado, donde está siendo analizado. En julio de 2021, las organizaciones de la sociedad civil también solicitaron una acción de amparo preventivo al Tribunal Superior Administrativo contra el proyecto de Código Penal por la omisión de los dos supuestos antes mencionados.

Nacionalistas se oponen a la construcción de un canal de riego en un río fronterizo con Haití

En junio y julio de 2021, miembros de los grupos ultranacionalistas Antigua Orden Dominicana y No Tenemos Miedo RD protestaron contra la construcción de un canal de riego en el río Masacre y exigieron la suspensión de la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana, creada en 1996 para promover la cooperación entre ambos países. Miembros de estos grupos se manifestaron el 3 de junio de 2021 en Dajabón, en la región por la que discurre el río. El 4 de julio de 2021 tuvo lugar un acto de protesta similar en Santo Domingo durante el cual los manifestantes exigieron la destitución del ministro de Asuntos Exteriores Roberto Álvarez.

Las autoridades gubernamentales de Haití y República Dominicana han afirmado que el canal de riego que está construyendo el Gobierno haitiano no desviará aguas del cauce fluvial del Masacre. Expertos también presentaron informes que confirmaron que el proyecto no provocará daños en el ecosistema agrícola local. A pesar de todo esto, la polémica en torno al proyecto llevó al presidente dominicano Luis Abinader a solicitar públicamente la suspensión de la obra en junio de 2021.

Las relaciones entre ambos países siempre han sido difíciles y esto provocado problemas para la cooperación transfronteriza. República Dominicana anunció en febrero de 2021 la construcción una valla a lo largo de su frontera con Haití para frenar la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y el movimiento de artículos robados. El 7 de julio de 2021, tras el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, República Dominicana cerró brevemente su frontera con el país vecino y reforzó la vigilancia en la zona.

Asociación

Dominicanos de ascendencia haitiana reivindican su nacionalidad

Integrantes del movimiento reconocido fueron recibidos en el día de hoy en el #PalacioNacional por el personal del Viceministerio de Atención Ciudadana, para abordar las debilidades en la aplicación de la ley 169-14.#Reconocido pic.twitter.com/4CAH6IXX0s

— reconoci.do (@reconoci_do) June 24, 2021

Autoridades gubernamentales recibieron el 25 de junio de 2021 a dominicanos de ascendencia haitiana que militan por el reconocimiento de su derecho a la nacionalidad dominicana. Durante dicho encuentro discutieron diversos aspectos de la aplicación de la Ley 169/14 o de Naturalización Especial. Dichos militantes pertenecen a Reconoci.do, un movimiento que defiende los derechos de los dominicanos privados de nacionalidad debido a su ascendencia haitiana y al estatus migratorio de sus padres.

La crisis de apatridia del país estalló en 2013, cuando una sentencia del máximo tribunal de la República Dominicana privó de la nacionalidad a todas las personas nacidas después de 1929 de padres extranjeros indocumentados. En la práctica, esto afectó desproporcionadamente a miles de dominicanos de ascendencia haitiana, una minoría significativa que históricamente se ha enfrentado una profunda exclusión y racismo. Quienes carecen de documentos no pueden matricularse en una escuela, solicitar un empleo formal, ni acceder a la sanidad o al sistema judicial.

La Ley 169/14 o de Naturalización Especial fue promulgada en 2014 e introdujo procedimientos de registro para los afectados por la sentencia, pero no se ha aplicado de forma adecuada. Según Reconoci.do, esta ley se ha convertido en un instrumento de segregación que perpetúa la vulnerabilidad y la violación de los derechos humanos. El movimiento afirmó que 8 755 personas habían presentado solicitudes para la concesión de la nacionalidad, pero aún no habían recibido respuesta. En 2020 la Agencia de la ONU para los Refugiados afirmó que todavía quedaban miles de personas sin nacionalidad en República Dominicana.

Durante su reunión con las autoridades del Viceministerio de Tecnología, Transparencia y Atención Ciudadana, los miembros de Reconoci.do entregaron cartas de jóvenes dominicanos afectados por la crisis de apatridia dirigidas al presidente Abinader. Los militantes reclaman la creación de políticas públicas que promuevan el desarrollo integral de todos los dominicanos y que ofrezcan una reparación a las personas cuyas vidas se vieron afectadas por la retirada de su nacionalidad.

Reunión pacífica

Continúan las manifestaciones feministas