Morena presenta un proyecto de ley que restringe la labor de la sociedad civil

Asociación

La Cámara de Diputados estudia un proyecto de ley que restringiría la labor de los grupos de la sociedad civil al prohibir que las organizaciones intenten influir en la redacción o en la modificación de leyes mediante el cabildeo o litigios estratégicos, si reciben financiación del extranjero. Los legisladores de Morena, el partido gobernante, presentaron el proyecto a finales de febrero de 2022, el cual, una vez aprobado, autorizará al Gobierno a privar del estatus de organización sin fines de lucro a aquellos grupos de la sociedad civil que violen la prohibición. Esta propuesta legislativa modificaría el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), que ya obliga a las organizaciones a informar sobre las donaciones procedentes del extranjero.

En el pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado a los Estados Unidos de financiar organizaciones con el fin de influir en las políticas del país, como el grupo de derechos humanos Article 19, por ejemplo. El mandatario hizo esos comentarios tras la publicación de un informe de Article 19 a principios de 2021 en el que se detallaron las agresiones a periodistas y las violaciones del derecho a la libertad de expresión en México. López Obrador ha reiterado con frecuencia estas acusaciones sin presentar prueba alguna y ha estigmatizado la labor de los grupos de la sociedad civil que trabajan en temas delicados. Además, el 23 de marzo de 2022, durante una rueda de prensa, calificó a algunos grupos anticorrupción de "organizaciones golpistas" y afirmó que estaban financiados por los Estados Unidos.

Amnistía Internacional pidió el archivo del proyecto de ley. Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de la organización internacional, comentó:

"Durante décadas, las organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un papel fundamental en la promoción de los derechos humanos en México, presionando al Congreso para que se produzcan cambios legislativos e impugnando las leyes abusivas en los tribunales. El proyecto de ley propuesto refleja una preocupante tendencia política en la que las narrativas tóxicas demonizan a las ONG con la intención de silenciar los puntos de vista críticos e inhibir la capacidad de las personas defensoras de derechos humanos para escudriñar las instituciones del Estado".

Por otro lado, a finales de febrero de 2022, los empleados de una planta de montaje en Matamoros votaron para que el SNITIS, un sindicato independiente, los representara, remplazando así al sindicato tradicional que, según los empleados, no ha contribuido a mejorar los salarios. La planta de Tridonex había sido objeto de una denuncia laboral en el marco del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, después de que los trabajadores que luchaban por incorporarse al SNITIS fueran acosados y despedidos presuntamente. Según el fundador del nuevo sindicato, unos seiscientos trabajadores de la planta fueron despedidos en represalia por su apoyo al sindicato independiente.

Expresión

Continúan los asesinatos de periodistas

El 15 de marzo de 2022, agresores no identificados dispararon y asesinaron al cofundador y editor de la web de noticias Monitor Michoacán Armando Linares López mientras se hallaba en su domicilio en Zitácuaro. Según informaciones publicadas en la prensa, el periodista recibió por lo menos ocho disparos y murió antes de que pudieran trasladarlo a un hospital. Linares se convierte así el segundo trabajador del Monitor Michoacán asesinado en 2022. Tal y como informamos en el Monitor CIVICUS, el 31 de enero de 2022, el operador de cámara y editor de vídeo Roberto Toledo fue asesinado a tiros en un ataque similar. En su momento, Lineares había lamentado el asesinato de su compañero y había evocado las múltiples amenazas que había recibido Monitor Michoacán, un medio centrado en las noticias sobre la delincuencia y presuntos actos de corrupción en la región. En declaraciones al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), un funcionario del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas afirmó que Linares había comenzado los trámites para su inscripción en un programa de protección federal.

El 4 de marzo de 2022, el reportero de sucesos Juan Carlos Muñiz fue asesinado a tiros mientras conducía su vehículo en Fresnillo, Zacatecas. Muñiz colaboró en Testigo Minero, un portal digital que cubre noticias locales, bajo los seudónimos Rigoberto y El TX, en referencia a su otro trabajo como taxista. En un comunicado, la Fiscalía del Estado de Zacatecas anunció que había abierto una investigación sobre el asesinato y que estaba aplicando los protocolos especiales que se suelen utilizar para los ataques a la prensa, pero no dio detalles sobre el móvil del ataque ni identificó a ningún sospechoso.

El 10 de febrero de 2022 fue asesinado a tiros Heber López, director del portal informativo NoticiasWeb, en Salina Cruz, Oaxaca. El vocero de la Fiscalía del Estado de Oaxaca hizo saber al CPJ que agentes de la policía municipal persiguieron y detuvieron a dos presuntos tiradores poco después del ataque. Un amigo de López aseguró que él nunca le había hablado de las amenazas que había recibido, pero que no dudaba de que su asesinato estuviera relacionado con su trabajo.

Asimismo, el 9 de febrero de 2022, las autoridades anunciaron la detención de tres sospechosos que presuntamente habrían asesinado a la periodista Lourdes Maldonado. Como informamos en el Monitor CIVICUS, a Maldonado le dispararon frente a su vivienda en Tijuana, el 23 de enero de 2022. Tres años antes, durante una conferencia de prensa con el presidente, Maldonado había evocado los asesinatos de periodistas y había afirmado que temía por su vida.

Acoso judicial y difamación

Durante el periodo que aquí se analiza, varios periodistas radicados en Yucatán fueron acosados en diversos incidentes. Roberto López Méndez, director del portal NoticiasProhibidasMX; Betty Vera, periodista independiente y directora del medio digital Noticias y más Motul con Bety Vera, y Félix Bigman, director y fundador del medio digital La Noticia Ciudadana, La Voz del Pueblo, han padecido al acoso de diferentes funcionarios estatales. López Méndez y Vera se enfrentan a denuncias por presuntos casos de difamación. Cabe destacar que el trabajo de los tres periodistas implica investigar y publicar información sobre funcionarios locales.

Por otro lado, los grupos defensores de la prensa pidieron al presidente López Obrador que cese de denigrar a los periodistas y los medios de comunicación. En febrero de 2022, el presidente publicó información privada sobre el periodista Carlos Loret de Mola y, posteriormente, lo calificó a él y a otros que publican artículos críticos de "matones, mercenarios y vendidos". La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió al presidente que "suspenda de inmediato las agresiones e insultos, ya que ese tipo de ataques desde la cima del poder incentivan la violencia contra la prensa". A principios de este año, los periodistas que reclaman justicia para sus compañeros pidieron al presidente López Obrador que tome medidas para acabar con la violencia contra los reporteros.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP Carlos Jornet comentó la actitud del presidente mexicano:

"La escalada de ataques personales a medios y periodistas que cuestionan su gestión en el Gobierno y difunden información que considera negativa para su administración supone una invitación a ejercer más violencia y es contraria a la tolerancia que debe prevalecer en una democracia".

Reunión pacífica

El 12 de marzo de 2022, una caravana de mujeres se manifestó en Ciudad Juárez para exigir justicia e información sobre la localización de los cuerpos de miles de mujeres y niñas desaparecidas en las últimas décadas. En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, las participantes de la caravana "Cruces por la justicia, ni una más" se vistieron de morado y negro, y mostraron su apoyo a las madres de las víctimas de feminicidio con pancartas en las que se podía leer consignas como "somos noticia, pero no pararemos hasta ser historia". "Esta caravana tiene el objetivo de evidenciar la violencia de esta ciudad y que las mujeres no están solas", explicó una de las líderes del movimiento. Una semana antes, durante protestas de gran envergadura en Ciudad de México, las manifestantes pidieron al presidente y al Gobierno que se esforzará más en proteger a las mujeres.

El 11 de marzo de 2022, unos doscientos migrantes se manifestaron durante una visita del presidente López Obrador a Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala. Con crucifijos y pancartas a cuestas, los manifestantes partieron de un parque y marcharon hasta un puesto del ejército donde el presidente estaba dando una conferencia de prensa; una vez allí, los manifestantes corearon "justicia" y "paso libre", y sus reivindicaciones resonaron en el interior del edificio. "Nos dicen que esperemos uno, dos o tres meses", lamentó un migrante. "Reclamamos derechos porque hay personas a las que incluso se les ha retirado el visado".

En un suceso similar, el 22 de febrero de 2022, la Guardia Nacional y la policía militarizada reprimieron la manifestación de un centenar de migrantes atrapados en Tapachula que reclamaban mejores condiciones y permisos para poder continuar su viaje a través de México rumbo a la frontera con Estados Unidos. Los manifestantes, procedentes en su mayoría de Haití y África, llevaban organizando manifestaciones desde hacía un mes.

El 14 de febrero de 2022, miembros del Consejo Indígena de Michoacán (CSIM) se manifestaron en Morelia en el marco de un acto de protesta que terminó con el derribo de estatuas que, según el grupo, simbolizaban la subordinación, la esclavitud y el genocidio de los pueblos indígenas. Los militantes se sirvieron de cuerdas y mazos para derribar el monumento conocido como Los Constructores, que representa a un fraile español de la época colonial que obliga a indígenas purépechas a acarrear y cortar bloques de piedra. Los purépechas se han opuesto a la exhibición de estas estatuas desde hace décadas y han solicitado su retirada en repetidas ocasiones. Veinticuatro personas fueron detenidas por el derribo de la estatua, entre ellas, dos estudiantes. Poco después, el CSIM bloqueó el acceso a seis carreteras regionales en signo de protesta por las detenciones.