MATAN A TIROS A UN PERIODISTA

El 30 de abril de 2023, se celebraron las elecciones nacionales y departamentales para elegir al presidente y al vicepresidente de la República, así como a senadores, diputados, gobernadores y otras autoridades. La dupla formada por Santiago Peña y Pedro Alliana ganó las elecciones y ambos asumirán su cargo el 15 de agosto de 2023. Los dos pertenecen al Partido Colorado, la formación conservadora que gobierna actualmente el país y que ha dominado el panorama político durante más de setenta años.

Los partidarios del candidato derechista “Payo” Cubas, que quedó tercero, alegaron fraude y llamaron a la población a salir a las calles a protestar; una movilización que se saldó con enfrentamientos con la policía delante del Tribunal Superior de Justicia Electoral. La prensa informó que la policía acordonó la sede del tribunal y disparó balas de goma contra quienes que estaban lanzando piedras. Los manifestantes también incendiaron neumáticos con los que bloquearon vías y destruyeron vallas publicitarias con la efigie del presidente electo Santiago Peña. Más de setenta personas fueron detenidas.

El “Payo” Cubas alentó a las manifestaciones desde redes sociales y prometió desplazarse desde Ciudad del Este hasta Asunción. El candidato presidencial hizo un llamamiento a los ciudadanos para que actúen contra el supuesto fraude electoral e impidan que los funcionarios electos tomen posesión de sus cargos en agosto.

Libertad de asociación

Desalojan a varias comunidades

La organización de la sociedad civil paraguaya BASE-IS denunció que, durante los primeros meses de 2023, por lo menos seis comunidades indígenas y campesinas fueron objeto de amenazas, desalojos y ataques perpetrados por civiles armados y agentes estatales que defienden los intereses del sector agroindustrial.

El 21 de enero de 2023, unas cincuenta familias de la comunidad Cristo Rey de Guayaibi, San Pedro, fueron agredidas por civiles armados contratados por sojeros brasileños de la región de Itakyry, Alto Paraná, cuando la comunidad campesina iba a trasladarse a las tierras que posee el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) en esa zona. La comunidad de Cristo Rey ya había sido desalojada por la fuerza en tres ocasiones y este traslado pretendía poner fin a ese tipo de situaciones.

Por otro lado, agentes estatales desalojaron por la fuerza a la comunidad de Mbocayaty, departamento de San Pedro; las familias denunciaron la destrucción de sus viviendas, enseres y cultivos.

También se denunció el desalojo forzoso de la comunidad de Ysaty, departamento de Alto Paraná; la policía y guardias armados destruyeron viviendas, cultivos y el templo de la comunidad.

En ese mismo departamento, colonos brasileños llevan años amenazando con desalojar a la comunidad indígena de Cerrito con el fin de apoderarse de sus tierras para cultivar soja. Por último, en la comunidad Y'apo Cuatro del pueblo ava guaraní, asentada en Corpus Christi, departamento de Canindeyú, se registró la presencia de policías de civil fuertemente armados, lo que generó alarma entre la población.

En uno de los capítulos del informe titulado Derechos Humanos Paraguay 2022, publicado por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), la organización aborda la cuestión de la violencia estatal contra campesinos e indígenas y explica que los desalojos forzosos siguen afectando a miles de ellos.

Reunión pacífica

Unas 8 000 miembros de organizaciones campesinas e indígenas marcharon por las calles de Asunción el 30 de marzo de 2023, en el marco de la 29.ª Marcha Campesina convocada por la Federación Nacional Campesina (FNC). Es la segunda vez que la FNC desfila junto a organizaciones indígenas.

Los manifestantes reivindicaron el derecho a acceder a la tierra, al trabajo, la soberanía, la sanidad y la educación. También exigieron el fin de la persecución, las acusaciones ilegales y los desalojos de comunidades campesinas e indígenas.

En Paraguay, la distribución de la tierra es muy desigual: el 85 % de las tierras están en manos del 2 % de la población. Según un informe de la Comisión Verdad y Justicia de Paraguay, deberían haberse redistribuido ocho millones de hectáreas, pero en su lugar fueron a parar a las manos de terratenientes o de personas que no cumplen los requisitos que establece la reforma agraria.

Libertad de expresión

El 14 de febrero de 2023, un agresor no identificado disparó al periodista Alexander Álvarez en Pedro Juan Caballero, una ciudad cercana a la frontera con Brasil. Álvarez falleció dos días después en un hospital.

Álvarez producía un noticiero matutino para la emisora local privada Radio Urundey y presentaba un programa musical vespertino. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) señaló que Álvarez no era un reportero de investigación y que no cubría temas delicados. Aún no se ha determinado el móvil del homicidio.

En un comunicado conjunto, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y sus organizaciones miembros, el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) y la Sociedad de Comunicadores del Paraguay (SCP), condenaron el asesinato. También hicieron saber que Álvarez es el segundo periodista asesinado en menos de seis meses en Pedro Juan Caballero. Como ya informamos en el CIVICUS Monitor, otro periodista fue asesinado en la misma ciudad en septiembre de 2022.

Por ese entonces, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos señaló que la ciudad de Pedro Juan Caballero es una de las más peligrosas del país para los periodistas debido a las redes criminales que operan en la zona.

Un tribunal multa a periodistas por difamación

El 18 de noviembre de 2022, un juez impuso una multa a Natalia Zuccolillo, directora del diario ABC Color, y al periodista Juan Carlos Lezcano en el marco de una causa por difamación presentada por la extitular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) Marta González Ayala.

En concreto, Zuccolillo fue condenada pagar 87,4 millones de guaraníes (12 202 dólares) y una multa adicional de 400 millones de guaraníes (unos 55 844 dólares) a la exfuncionaria estatal. Lezcano, autor del artículo publicado el 27 de marzo de 2019, fue multado con 6 millones de guaraníes (unos 837 dólares).

En el artículo publicado por ABC Color, se informaba sobre el proceso de contratación de un servicio especializado para el sistema de gestión tributaria llamado Marangatú. También se argüía que el contrato fue adjudicado al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), del que González era la directora. En su declaración, González argumentó que la publicación de ABC Color atentaba “contra su honor y prestigio como persona que desempeñó el cargo de viceministra de la Secretaría de Estado de Tributos”.

Codehupy y sus organizaciones miembros expresaron su preocupación por la amenaza que supone la sentencia para la libertad de expresión, la cual podría producir un efecto disuasorio en el periodismo de investigación, sobre todo en lo referente a presuntos casos corrupción que implicasen a funcionarios y que son, por lo tanto, asuntos de gran interés público.