Manifestaciones exigen respuesta a la violencia persistente contra líderes sociales

Asociación

Tal y como habíamos señalado anteriormente en el CIVICUS Monitor, en Colombia el contexto sigue siendo hostil para las personas defensoras de los derechos humanos y para los y las líderes sociales. Durante las primeras semanas de 2019, al menos dieciocho líderes fueron asesinados y nuestro último análisis muestra que la espiral de violencia no se ha detenido. En junio de 2019, la organización de derechos humanos Washington Office on Latin America (WOLA) declaró que había recibido setenta informes sobre el asesinato de líderes sociales en 2019. A finales de junio, WOLA se negó a publicar el número de casos registrados debido a la gran diferencia entre las cifras publicadas por diferentes organizaciones. Según el comunicado de WOLA:

"La realidad es que las zonas que históricamente han sufrido de una elevada conflictividad están recayendo en la violencia, mientras que los líderes sociales que están reconstruyendo las comunidades devastadas por la guerra y aplicando los acuerdos de paz se están llevando la peor parte."

A continuación encontrará un resumen de los casos señalados desde el 21 de junio de 2019, tras el recuento de WOLA y según el cual al menos setenta líderes sociales habían sido asesinados en Colombia este año, hasta finales de julio de 2019:

El 21 de junio de 2019, la líder social afrocolombiana María del Pilar Hurtado fue asesinada delante de su hijo de nueve años en el municipio de Tierralta, Córdoba, en la región del Cauca. Los informes mencionan que el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas (AGC) había distribuido panfletos amenazando a María del Pilar y a otras activistas de la comunidad. María tuvo que huir hace tres años tras haber denunciado las "casas de pique" paramilitares en Puerto Tejada. En un video desgarrador se ve al hijo de María, de nueve años, romper a llorar junto al cuerpo de su madre tras haber presenciado su asesinato. La grabación se volvió viral en las redes sociales colombianas y desencadenó la indignación nacional, así como manifestaciones generalizadas.

El 23 de junio de 2019, el líder indígena Carlos Biscué fue asesinado en el Resguardo Indígena Huellas, en el Cauca. Varios hombres armados llegaron a una fiesta organizada en honor de Biscué en el pueblo de El Pilamo de López Adentro y abrieron fuego. Según las primeras informaciones facilitadas por HRD Memorial, se cree que un grupo paramilitar sería el responsable del acto.

El 3 de julio de 2019, la líder social Tatiana Paola Posso Espitia fue asesinada por hombres armados no identificados al salir de su casa para ir a trabajar a El Copey, en el departamento de Cesar. La líder social era una aspirante a miembro del Consejo Comunitario y había dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos en su barrio.

El 20 de julio de 2019, Yamile Guerra, abogada especialista en el derecho a la tierra y defensora de los derechos humanos, fue emboscada y asesinada en el departamento de Santander. Según WOLA, Guerra había trabajado como secretaria general de la Defensoría del Pueblo de Bogotá y había participado en los esfuerzos legales para recuperar tierras que le habían sido arrebatadas a su padre en Zapamanga. Se sospecha que su activismo en conflictos por tierras sería el motivo detrás de su asesinato.

El 26 de junio de 2019, José Arled Muñoz fue asesinado a tiros y a plena luz del día por un hombre no identificado en Tuluá, Valle del Cauca. Muñoz era miembro de la Mesa Municipal de Víctimas del Valle del Cauca, entidad dedicada a la defensa de las víctimas de la violencia en Colombia. También fue miembro activo de la organización para la defensa de los derechos de los afrodescendientes Afro Unidos del Pacífico. Según la coalición local Red por la vida y los derechos humanos del Cauca, veinticuatro líderes fueron asesinados entre principios de año y el 14 de agosto de 2019 en el departamento del Cauca.

Grupos étnicos corren un mayor riesgo en Colombia

Los distintos grupos étnicos de Colombia siguen siendo blanco de amenazas constantes y se ven sometidos a restricciones de circulación y a desplazamientos forzosos por parte de grupos armados ilegales. Por ejemplo, en abril de 2019, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció que las comunidades Eyásake, Pichindé y Dos Bocas no podían acceder a víveres debido a las restricciones de circulación impuestas por los grupos ilegales. Esta situación provocó que los niños de dichas comunidades empezasen a morir de malnutrición. También en abril de 2019, la ONIC declaró que la comunidad indígena de Cedral, Chocó, se vio atrapada en el fuego cruzado entre dos grupos que se disputaban un territorio atravesado por varias rutas del narcotráfico. Según la organización, miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) utilizaron a los civiles como escudos humanos contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El 13 de julio de 2019, a los miembros del Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de La Toma, departamento del Cauca, se les informó que debían abandonar su territorio en un plazo de setenta y dos horas debido a su "desobediencia" y a su "oposición al desarrollo". El ultimátum lo envió el grupo clandestino Águilas Negras por mensaje de texto. Se trata del último de una serie de actos de persecución y de hostigamiento contra líderes afrocolombianos calificados de "objetivos militares" por los atacantes. En mayo de 2019, personas defensoras de los derechos humanos afrocolombianos, entre ellos el premio "Nobel del Medioambiente" (Premio Goldman), Francia Márquez, fueron atacados por hombres armados en la región septentrional del Cauca. 

Reunión pacífica

El 26 de julio de 2019 miles de manifestantes se reunieron en toda Colombia para protestar por la alarmante violencia contra líderes sociales en el país y para exigirle al gobierno que actúe y proteja a líderes comunitarios, a las personas defensoras de los derechos humanos y a las personas defensoras del medioambiente. Las marchas se sucedieron en más de cincuenta ciudades del país en las cuales los manifestantes llevaban pancartas con mensajes como "Sin líderes, no habrá paz" y "Paren el derramamiento de sangre". Como señalamos anteriormente en la sección Asociación de esta actualización, la movilización para las manifestaciones comenzó después de que la activista María del Pilar Hurtado fuera asesinada a tiros delante de su hijo en la región del Cauca. Un video que recoge la reacción angustiada de su hijo fue ampliamente difundido y muchos manifestantes exhibieron la fotografía de Hurtado.

El presidente colombiano Ivan Duque asistió a una marcha en Cartagena. Si bien su gobierno afirma que la tasa de asesinatos de líderes sociales ha disminuido en un 32% en el último año, la OSC Human Rights Watch declaró que el gobierno ha minimizado la crisis ya que muchos asesinatos aún se están investigando. El número exacto de líderes asesinados desde la firma del acuerdo de paz colombiano en 2016 es muy controvertido. El grupo de reflexión sobre paz y desarrollo INDEPAZ (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz) estima que 627 líderes sociales y personasdefensoras de los derechos humanos han sido asesinados, mientras que la Fiscalía General de Colombia reconoce 292 asesinatos. Muchas de las personas asesinadas defendieron los derechos medioambientales y a la tierra, y se enfrentaron a los intereses del crimen organizado, incluyendo el tráfico de drogas y la minería ilegal.

Expresión

Periodista y defensor de los derechos humanos asesinado en Samaniego, Nariño

El 11 de junio de 2019, dos sicarios a bordo de una motocicleta asesinaron al periodista José Libardo Montenegro en la localidad de Samaniego, departamento de Nariño. Montenegro trabajaba en la emisora Samaniego Estéreo, una radio comunitaria que forma parte de la iniciativa Radios para la Paz. El periodista condujo varios programas sobre noticias locales y asuntos culturales.

La Fundación Colombiana para la Libertad de Prensa (FLIP) informó que el día en el que fue asesinado, Montenegro había entrevistado a un periodista local sobre un evento en Samaniego dedicado a la promoción de la paz y de los derechos humanos en un contexto marcado por el aumento de la violencia en la región. Sus compañeros de Montenegro y las autoridades locales declararon a la FLIP que no tenían conocimiento de que el periodista hubiera recibido amenazas. Sin embargo, activistas locales pro derechos humanos, periodistas y otras personas cercanas a Montenegro creen que su asesinato puede estar relacionado con la reciente cobertura y comentarios radiofónicos sobre la violencia alimentada por las drogas en Samaniego. Según la FLIP, los agentes de la policía local han puesto en tela de duda que Montenegro fuera realmente periodista, postura que la OSC ha condenado y ha afirmado que no hay razones para cuestionar su trabajo.

Aunque se desconoce el motivo del asesinato, periodistas locales han transmitido al Committee to Protect Journalists (Comité para Proteger a los Periodistas - CPJ) que temen que ellos también puedan convertirse en objetivos. A principios de julio de 2019, el CPJ se unió a una delegación que incluyó a la FLIP y a dos funcionarios de derechos humanos de la ONU para un viaje de dos días a Samaniego con el objetivo de indagar sobre el caso y sobre cualquier posible relación entre su trabajo y su asesinato. Sin embargo, los esfuerzos de la delegación para abordar el caso con la fiscalía no tuvieron éxito.

Acoso y amenazas a periodistas

En mayo de 2019, el fotoperiodista independiente, Federico Ríos, y el jefe de la oficina andina del New York Times, Nicholas Casey, abandonaron Colombia debido al acoso en línea alentado por tres legisladores. Casey se enfrentó a una reacción violenta por un artículo suyo publicado en el New York Times el 18 de mayo de 2019 en el que alegaba que el jefe del ejército colombiano había ordenado a las tropas duplicar el número de criminales y militantes asesinados. El mismo día, la fotografía de Federico Ríos fue difundida en Twitter por la senadora María Fernanda Cabal del partido Centro Democrático en la cual se le había identificado erróneamente como Casey. Cabal acusó al periodista de viajar con el grupo guerrillero paramilitar Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) e insinuó que le habían pagado por escribir contra el ejército colombiano. Su publicación fue retuiteada más de 3 200 veces y le siguieron más mensajes de otros políticos y usuarios de Twitter.

Se confirmó que la persona fotografiada en la parte trasera de una motocicleta conducida por un rebelde de las FARC era Ríos y no Casey. El CPJ informó que Ríos les había dicho que la foto que circulada por Twitter fue tomada durante un reportaje en un campamento de las FARC. El 19 de mayo de 2019, ambos periodistas decidieron abandonar el país. En declaraciones al portal de noticias El Tiempo, Casey aseguró que "este tipo de acusación es falsa y grave dada la falta de seguridad que Cabal sabe que encontramos en este país como periodistas".

El director de programas del CPJ, Carlos Martínez de la Serna, comentó sobre el caso: "La irresponsable conducta de varios legisladores colombianos que realizaron acusaciones falsas e incendiarias tiene efectos reales en el día a día de los periodistas, especialmente en el de los periodistas locales como Federico Ríos".

En otro acontecimiento, los días 1 y 4 de agosto de 2019, cinco periodistas recibieron amenazas de muerte en sus teléfonos celulares. Los mensajes estban firmados por el Comando Conjunto Occidental Sexto Frente FARC EP. Miguel Ángel Palta, reportero del programa de noticias 90 Minutos; Fransua Martínez, de Blu Radio; Eduardo Manzano, de Noticias Caracol; y dos camarógrafos del mismo programa, Arlex Piedrahita y Alexander Cárdenas, fueron objeto de las amenazas. Los mensajes afirmaban que se consideraba a los periodistas como "objetivos militares". Según un comunicado publicado por Reporters Without Borders, la Fundación para la Libertad de Prensa y la Federación Colombiana de Periodistas los cinco habían cubierto recientemente las iniciativas de los gobiernos locales destinadas a frenar el aumento de cultivos ilícitos. El 7 de agosto de 2019, la policía local publicó un mensaje condenando las amenazas y afirmando que se estaba llevando a cabo una investigación y que se habían adoptado medidas de protección.

El caso de una periodista va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Como novedad positiva, el 16 de julio de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de la periodista y defensora de los derechos humanos Jineth Bedoya Lima contra el Estado colombiano. Tal y como habíamos informado anteriormente en el CIVICUS Monitor, el caso ha permanecido en litigio durante veinte años. En 2000, Bedoya fue secuestrada, torturada y violada por un grupo paramilitar mientras investigaba la muerte de veintiséis presos en una cárcel de Bogotá.

Este año el gobierno colombiano encarceló a tres paramilitares involucrados en la causa, pero la CIDH ha considerado que aún se puede hacer más para acabar con la impunidad en este caso. En un comunicado de prensa, la Comisión afirmó que "había llegado a la conclusión de que la periodista corría un riesgo real e inminente de sufrir un ataque o agresión, considerando que había sido víctima de constantes amenazas y ataques contra su vida y su integridad personal, de los cuales se informó a las autoridades del Estado en varias ocasiones. Aunque el Estado era consciente de este riesgo, no adoptó las medidas que razonablemente podrían haberse adoptado para impedir las violaciones de su derecho a la vida, a la integridad y a la libertad personal, así como su derecho a la libertad de expresión".

Varias organizaciones han declarado a la red para la libertad de prensa IFEX que este podría ser un caso histórico para el establecimiento de normas que obliguen a los Estados a garantizar los derechos, proporcionar protección y poner fin a la impunidad de tales delitos. En una conferencia de prensa que se celebró tras el anuncio de la CIDH, Bedoya sostuvo:

"Durante los últimos diecinueve años me he dedicado a tratar de seguir adelante con mi vida ejerciendo mi profesión de periodista en condiciones que violan todos los estándares de libertad de expresión, por tener que hacerlo escoltada y en un carro blindado. Rodeada de las mas flagrante impunidad y revictimización por parte del Estado colombiano y expuesta aún a constantes amenazas como consecuencia del activismo que asumí en defensa de las mujeres víctimas de la violencia de género".