El Proyecto de Ley de Cooperación Internacional amenaza con reducir aún más el espacio cívico

Asociación

El Proyecto de Ley de Cooperación Internacional suscita preocupación

En mayo de 2022, el nuevo Proyecto de Ley de Cooperación Internacional que se estaba debatiendo en la Asamblea Nacional suscitó preocupación entre organizaciones de la sociedad civil. De ser aprobado, este proyecto de ley derogará la legislación vigente en este ámbito y la sustituirá por una legislación más restrictiva que excluirá los derechos humanos de las modalidades de cooperación internacional.

La nueva ley exige la creación de un registro para las OSC y las obliga a proporcionar información detallada sobre sus actividades y fuentes de financiación. Además, se instaurará un fondo para gestionar los recursos de cooperación internacional que "reciban [las organizaciones] de otros Gobiernos, de organismos internacionales, de fuentes cooperantes e instituciones públicas y privadas, ya sean nacionales o extranjeras". El proyecto de ley también autorizará la suspensión, prohibición y disolución de organizaciones que promuevan directa o indirectamente "medidas coercitivas unilaterales" contra Venezuela.

Más de quinientas organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil firmaron una declaración en la que rechazaron el Proyecto de Ley que, en sus palabras, tendrá consecuencias devastadoras para las poblaciones vulnerables. Estas formaciones advirtieron que esta reinterpretación de la cooperación internacional podría emplearse para reducir aún más el espacio cívico mediante la restricción del funcionamiento y de la financiación de las organizaciones.

El 8 de junio de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al poder legislativo venezolano a abstenerse de aprobar dicho proyecto de ley, argumentando que su aplicación daría lugar a restricciones arbitrarias a la labor de las organizaciones de derechos humanos. La CIDH afirmó que las formulaciones ambiguas del proyecto de ley podrían suscitar una interpretación subjetiva por parte de las autoridades y conducir a cancelaciones arbitrarias de la personalidad jurídica de las organizaciones.

Defensores de los derechos humanos enjuiciados

El 16 de mayo de 2022 se notificó a los defensores venezolanos de los derechos humanos Marino Alvarado y Alfredo Infante que el gobernador del estado de Carabobo Rafael Lacava los había demandado por difamación. La demanda se basa en la difusión, a principios de 2022, de un informe en el que se revelaron casos de violencia policial en Carabobo. Dicho documento fue publicado por Provea y el Centro Gumilla, dos organizaciones en las que trabajan cada uno de defensores respectivamente. En el informe titulado "Lupa por la Vida", se documentaron 132 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por los cuerpos de seguridad de Carabobo y de las cuales fueron víctimas 221 personas a lo largo de 2021. Durante la presentación del informe, tanto Alvarado como Infante recomendaron que se investigue la cadena de mando responsable de esas presuntas violaciones de los derechos humanos en dicha localidad.

Expresión

El 5 de mayo de 2022, un miembro del PSUV se abalanzó sobre la periodista Leonor Argüelles mientras grababa una intervención en un debate público. El suceso se produjo durante un debate en la Cámara Municipal de Maracaibo sobre un premio local para comunicadores. El concejal José Sierra se arrojó sobre Argüelles después de que esta última expusiese su punto de vista, a la vez que le gritaba que se calle. Los funcionarios del municipio reaccionaron e impidieron que Sierra agrediera físicamente a Argüelles. El incidente llevó a la Cámara a suspender el debate.

El 20 de mayo de 2022, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) clausuró la emisora de radio Topacio 101.9 FM, ubicada en Cruz Peredes, estado de Barinas. Esta emisora de radio era el único medio de comunicación de Cruz Paredes y, al parecer, era a menudo la única medio de comunicación y entretenimiento de los habitantes de la zona debido a los fallos de las telecomunicaciones en ese municipio. Según la organización de la sociedad civil Espacio Público, en ocasiones los moradores dependían de la emisora para enviar mensajes a sus familiares que habitan en otros municipios. Los agentes de Conatel también intentaron incautarse de los equipos de la emisora, pero la redada fue suspendida cuando los vecinos protestaron por el cierre de la emisora.

En junio de 2022, las fuerzas de seguridad detuvieron a dos personas después de que las hubiesen criticado en las redes sociales. El 4 de junio de 2022, Yohn Alejandro Noguera fue detenido en su domicilio en Aragua de Barcelona, Anzoátegui, tras publicar mensajes en WhatsApp en los que cuestionó la actuación de la municipalidad y de los cuerpos de seguridad. Noguera había publicado un estado en el que afirmó que la Guardia Nacional Bolivariana estaba clausurando negocios locales. Fue acusado de "vilipendiar e insultar" a las fuerzas de seguridad y a las instituciones del Estado y, posteriormente, fue imputado por incitación al odio. Por otro lado, el 22 de junio de 2022, Luis Colina fue detenido en Apure por la publicación de un vídeo en TikTok en el que criticó a la Policía. Fue acusado de incitación al odio y las autoridades se incautaron de su teléfono celular.

Asimismo, el 11 de junio de 2022, la abogada y militante María Oropeza fue detenida y amenazada por grabar un video de policías que participaban en una riña en Guanare, estado de Portuguesa. Un agente se acercó a ella y le exigió que le entregase su teléfono celular. Al negarse, le arrebataron el dispositivo y la llevaron a las oficinas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Oropeza relató que los agentes la amenazaron y la obligaron a borrar la grabación del suceso antes de dejarla en libertad.