Aumenta la represión policial en el segundo aniversario de las movilizaciones multitudinarias

El 18 de abril de 2020 se cumplieron dos años desde que las protestas socioeconómicas nacionales y su brutal represión provocaron una crisis política y de derechos humanos duradera en Nicaragua. Durante esta crisis, al menos 328 personas fueron asesinadas, alrededor de 2000 resultaron heridas y más de 700 fueron detenidas. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) durante estos dos años más de 100 000 nicaragüenses han solicitado asilo en el extranjero para escapar de la persecución y de los abusos contra los derechos humanos. Por estas fechas se señaló una mayor represión de la oposición política, tal y como detallamos en la sección "Asociación" de esta actualización.

Por otro lado, la prensa y organizaciones de los derechos humanos cuestionan la información sobre la pandemia de COVID-19 publicada por el gobierno nicaragüense. La agencia de noticias Reuters señaló que las salas de los hospitales nicaragüenses están llenas de pacientes con problemas respiratorios, mientras que las cifras oficiales contabilizaban menos de 30 casos hasta el 18 de mayo de 2020. Organizaciones nacionales e internacionales han denunciado que el país ha ignorado las recomendaciones de los expertos en salud, no ha proporcionado información clara sobre la situación y que las autoridades estatales han promovido reuniones multitudinarias que han puesto en riesgo a la población. Algunos profesionales de la salud habrían sido despedidos por criticar la respuesta del país, tal y como detallamos en la sección "Expresión" de esta actualización.

Asociación

Dos años de crisis

Las organizaciones nicaragüenses de derechos humanos denunciaron un aumento de la represión policial durante el fin de semana del 18 al 19 de abril de 2020, cuando el país conmemoraba el segundo aniversario de las protestas por los derechos socioeconómicos de abril de 2018. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó haber recibido en estas fechas informaciones sobre 138 casos de acoso o vigilancia, 10 casos de allanamientos domiciliarios, 11 casos de amenazas directas, 16 casos de agresiones y 39 casos de detenciones arbitrarias por parte de la policía y de fuerzas parapoliciales.

El 18 de abril de 2020 el opositor Félix Lacayo fue asesinado en San Carlos, Río San Juan. El Movimiento Campesino de Nicaragua denunció el asesinato, afirmando que Lacayo era bien conocido en el municipio por su oposición al gobierno y que los habitantes de la zona sospechan que podría tratarse de un asesinato extrajudicial.

Desde el 15 de abril de 2020 miembros de la organización de la sociedad civil Asociación Madres de Abril (AMA) han sufrido crecientes violaciones de sus derechos. Varias miembros de la organización fueron víctimas de acoso policial, asedios, ataques contra sus viviendas y de la violación de su derecho a la libertad de movimiento mientras deploraban el asesinato de sus familiares. La AMA fue una de las principales entidades que surgieron durante la crisis política nicaragüense, cuando las madres y los familiares de las personas asesinadas se organizaron para exigir la verdad, justicia y reparación por los crímenes de lesa humanidad. La red regional de derechos humanos IM-Defensoras condenó estos ataques e hizo un llamado a la comunidad internacional para que reconozca y apoye la búsqueda de justicia de estas madres y para que vigile la escalada represiva actual, dos años después del inicio de la crisis.

Represión en la isla de Ometepe

Personas defensoras de los derechos humanos han denunciado el aumento de la represión policial en Esquipulas, isla de Ometepe, desde el 19 de abril de 2020. Según medios de comunicación locales, la tensión en la región surgió tras la intervención de la policía después de que un grupo de jóvenes izaran en las calles una bandera azul y blanca, considerada como un símbolo del movimiento opositor del país. La policía publicó una declaración alegando que el grupo se hallaba en estado de ebriedad y que había lanzado piedras contra varias casas del vecindario. La represión continuó el 20 de abril de 2020: las fuerzas policiales se enfrentaron a los residentes locales y habrían disparado, lanzado gases lacrimógenos y asaltando varias viviendas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que el 21 de abril de 2020 nueve personas fueron detenidas y al menos dos habitantes de la comunidad resultaron heridos de bala y otro por golpes. Tres policías también resultaron heridos. El 2 de mayo de 2020 Freddy Navas del Movimiento Campesino de Nicaragua publicó un video denunciando la continua militarización de la isla así como el acoso y la intimidación contra los lugareños en estas fechas.

Presos políticos durante la pandemia de COVID-19

A lo largo de la pandemia de COVID-19 las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la situación de las personas privadas de libertad del sistema penitenciario nicaragüense. Como ya señalamos en el CIVICUS Monitor, expresos políticos han denunciado malos tratos, la falta de atención médica y medicamentos, así como las malas condiciones de encarcelamiento mientras estuvieron detenidos. El 16 de abril de 2020 Amnistía Internacional exhortó a las autoridades nicaragüenses a garantizar la higiene y la atención médica a la población carcelaria del país, ya que las organizaciones locales denunciaron la falta de información y de protocolos para el sistema penitenciario frente a la pandemia.

El 14 de mayo de 2020 Frontline Defenders publicó un comunicado en el que afirmaba que veintiocho personas defensoras de los derechos humanos encarceladas en Nicaragua han mostrado síntomas de COVID-19 y que no han recibido atención médica. Como en el caso de las activistas María Esperanza y Celia Cerda Cruz, quienes no habrían recibido la atención médica adecuada habida cuenta de su estado de salud. Según la CIDH, al menos dos presos políticos presentarían síntomas graves de COVID-19.

El 14 de mayo de 2020 el gobierno de Nicaragua liberó a 2815 personas detenidas que permanecerán bajo arresto domiciliario. Sin embargo, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) declaró que entre los liberados no había presos políticos.

Expresión

Despiden a profesionales sanitarios por cuestionar la respuesta gubernamental contra la COVID-19

La CIDH expresó su preocupación por los despidos arbitrarios del personal médico y sanitario por brindar información y criticar la respuesta del gobierno contra la pandemia de COVID-19. Según la organización, seis profesionales han sido despedidos por proporcionar información de interés público. La CIDH afirmó que estos despidos injustificados ponen en peligro o vulneran los derechos de los despedidos y de sus familias, y que son perjudiciales para los intereses públicos y para el derecho al acceso a la información.

La oncóloga Luz Talavera, una de las profesionales sanitarias afectadas, indicó a CNN que cree que su despido se produjo debido a su postura crítica con el gobierno y a su participación en las marchas opositoras de abril de 2018. La doctora Talavera declaró haber sido acosada por sus opiniones políticas desde 2018. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) también publicó un comunicado denunciando el despido arbitrario de Miguel Ángel Orozco, director del Centro de Investigaciones de Estudio de la Salud (CIES), y de otros tres profesionales de su equipo. El doctor Orozco habría criticado la respuesta gubernamental frente a la pandemia en varias entrevistas concedidas a medios de comunicación locales.

A principios de mayo de 2020 más de 500 profesionales sanitarios suscribieron una declaración en la que solicitaban al gobierno de Juan Ortega que tome medidas inmediatas contra la COVID-19. Exigen equipos médicos adecuados, medidas para prevenir la propagación del virus e información clara sobre la situación en el país.