Guatemala: crece la preocupación por el retroceso democrático tras la detención del presidente y del director financiero de elPeriódico

Expresión

El 29 de julio de 2022, la policía detuvo al periodista José Rubén Zamora, presidente y fundador del diario elPeriódico, en el marco de una investigación por presuntos delitos de chantaje, lavado de dinero y tráfico de influencias. Las autoridades allanaron las oficinas del diario y obligaron a unos treinta empleados a abandonar el edificio, mientras que a otros les confiscaron los teléfonos y tuvieron que permanecer en el lugar toda la noche. La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) condenó las acciones del Gobierno y afirmó que el objetivo del allanamiento era "censurar la edición impresa de elPeriódico para ese sábado". El periódico ha informado sobre varias denuncias de casos de corrupción en el seno del Gobierno de Giammattei e incluso en la fiscalía. El domicilio de Zamora también fue registrado y se congelaron las cuentas bancarias de elPeriódico.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había concedido medidas cautelares a Zamora debido a otros ataques que había padecido tanto él como su familia. Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, solicitó a las autoridades que "se garantice el respeto de los derechos y las garantías judiciales".

El 30 de julio de 2022, periodistas y otros simpatizantes protestaron frente a los tribunales de Ciudad de Guatemala contra la detención de Zamora. La detención también suscitó las críticas de la sociedad civil y de las organizaciones de prensa, quienes afirmaron que la persecución que sufren Zamora y elPeriódico constituye un acto de represalia por su cobertura informativa y sus críticas al Gobierno. El periodista fue imputado y puesto en prisión preventiva el 9 de agosto de 2022. El juez ordenó a los fiscales presentar las pruebas del caso antes del 9 de noviembre y fijó para el 8 de diciembre la próxima audiencia del proceso.

El 19 de agosto de 2022, la policía guatemalteca detuvo a Flora Silva, directora financiera de elPeriódico, tras una redada en su domicilio. Silva fue detenida en el marco del proceso penal contra Zamora. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) indicó que fue trasladada a un hospital ese mismo día debido a que tenía la presión arterial alta y que permaneció allí hasta el 23 de agosto, cuando la transfirieron a la prisión Mariscal Zavala, donde permanecerá hasta que se celebre la audiencia preliminar de su causa.

La nueva ley sobre ciberdelitos suscita preocupación

El 4 de agosto de 2022, el Congreso de Guatemala aprobó el Decreto 39-2022 para la adopción de la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia. Esta legislación tipifica los delitos perpetrados mediante sistemas informáticos o tecnologías de la información y establece medidas para salvaguardar los datos personales y prevenir los ciberataques. Sus críticos afirmaron que las definiciones que figuran en el texto tienen carencias importantes que dejan un margen a la interpretación y que podrían emplearse para restringir la libertad de expresión. Por ejemplo, esta ley podría usarse para censurar imágenes satíricas, como los memes, o para penalizar el intercambio de información de interés público sobre funcionarios públicos.

Juan Pappier, investigador de Human Rights Watch, comentó que dicha legislación contiene disposiciones vagas que podrían emplearse para incoar procesos penales abusivos. "En un país donde la justicia se ha instrumentalizado para perseguir a periodistas, fiscales y jueces independientes, esta norma puede usarse para acosar a críticos", advirtió Pappier. Las asociaciones de periodistas también expresaron su preocupación por la ley y afirmaron que algunos de los artículos podrían emplearse para criminalizar la labor periodística, lo que podría repercutir, por ejemplo, en las investigaciones a partir de filtraciones de datos, que a menudo han expuesto prácticas corruptas.

El 12 de agosto de 2022, un grupo de la oposición presentó una serie de objeciones a la legislación, arguyendo que ciertos aspectos de la ley deben discutirse en el Congreso antes de que la iniciativa se envíe al Ejecutivo para que la sancione.

Informe sobre Guatemala

En julio de 2022, la APG publicó un informe en el que analizó la libertad de expresión en el país durante el primer semestre de 2022. La organización registró 66 casos de violencia contra la prensa y de restricción de la labor periodística. De las agresiones físicas que se documentaron durante el primer semestre de 2022, siete fueron perpetradas por agentes de seguridad y treinta por otras autoridades. Se registraron casos de intimidación, criminalización, acoso judicial y estigmatización.

Por ejemplo, se dio un caso de restricción del acceso a la información en el que grupos de reflexión pidieron datos oficiales desglosados sobre la violencia, pero la policía rechazó su solicitud argumentando que dicha información era confidencial. Según Prensa Libre, en los últimos veinte años, este tipo de información siempre se ha hecho pública. La APG también destacó que desde el inicio de su mandato, y con el fin de responder a problemas de seguridad, Giammattei ha limitado ciertos derechos de forma reiterada mediante la aplicación de la Ley de Orden Público.

Asociación

El 28 de julio de 2022, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) publicó su informe anual sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. En 2021, la organización documentó 1 002 agresiones a defensores de los derechos humanos, de las cuales 348 fueron a mujeres, 535 a hombres y 119 a organizaciones. También hubo once casos de asesinato y tres de intentos de asesinato.

En el informe, UDEFEGUA también señala que en los primeros dos años del Gobierno de Alejandro Giammattei (enero de 2020-enero de 2022) se produjeron 2 057 ataques contra personas, organizaciones y comunidades defensoras de los derechos humanos. Estas cifras suponen un aumento sustancial de la violencia con respecto al Gobierno anterior. Durante los cuatro años del Gobierno de Jimmy Morales, la organización registró un total de 1 642 agresiones a defensores de los derechos humanos.

Concluye el mandato del procurador de los derechos humanos

El 20 de agosto de 2022 finalizó el mandato Jordán Rodas Andrade al frente de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Jorge Santos, coordinador de UDEFEGUA, explicó que Rodas ha ampliado la competencia de la Procuraduría mediante la defensa de la libertad de expresión y de los defensores de los derechos humanos, y la apertura de oficinas para la investigación de desapariciones, especialmente cuando se sospecha la participación de las fuerzas de seguridad. Santos expresó su preocupación por la independencia del organismo en el futuro. A lo largo de su mandato, Rodas defendió abiertamente los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQIA+, y se comprometió con la lucha contra la corrupción, lo que lo llevó a enfrentarse a figuras políticas y convertirse en blanco de actos de acoso.

Reunión pacífica

Los manifestantes tomaron las calles de Guatemala a principios de agosto de 2022 para protestar contra la corrupción, el aumento del coste de los combustibles y de la canasta básica, y la detención de periodistas y defensores de los derechos humanos. El 9 de agosto, movimientos sociales y organizaciones indígenas bloquearon varias carreteras. El 11 de agosto, cientos de personas se sumaron a las marchas en diferentes zonas de Ciudad de Guatemala y enarbolaron pancartas en las que se podía leer "Vamos a la calle, no nos callarán" o "Paremos la dictadura".

Por otro lado, el 9 de agosto de 2022, el Congreso celebró el primer debate de la Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala, también conocida como la iniciativa 6076. Expertos afirmaron que el proyecto de ley vulnera varios principios jurídicos relativos al uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado, autoriza el uso de la fuerza sin una justificación clara durante las manifestaciones y establece que los agentes procesados por abusos en el ejercicio de sus funciones contarán con un asesoramiento jurídico gratuito y que se les concederán medidas sustitutivas a las penas de prisión. Varios parlamentarios se manifestaron contra la iniciativa por considerarla antidemocrática e inconstitucional. A pesar de esto, la tramitación del proyecto de ley continuó durante un segundo debate.

El 17 de agosto de 2022, cuando debía celebrarse el segundo debate del proyecto de ley, líderes indígenas de Totonicapán condenaron la iniciativa 6076 durante un acto en el Congreso. Exigieron que se engavetara el proyecto de ley, argumentando que, de no ser así, avalaría la represión violenta de los manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad. El debate fue suspendido y el 23 de agosto la junta directiva del Congreso anunció que el proyecto había sido archivado.