El 20 de enero de 2023, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala inauguró el periodo electoral mediante la apertura de la convocatoria para la recepción de candidaturas. El 25 de junio de 2023 se celebrarán las elecciones generales en las que se elegirá al presidente y vicepresidente, los diputados del Congreso, los miembros del Parlamento Centroamericano, alcaldes y concejos municipales.
Human Rights Watch y la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) expresaron una serie de preocupaciones sobre el proceso electoral guatemalteco y destacaron que la votación se llevará a cabo en un contexto marcado por el “deterioro del Estado de derecho, en el cual las instituciones que están a cargo de monitorear las elecciones tienen poca independencia o credibilidad”. Los grupos pidieron a la comunidad internacional que siguiera de cerca el proceso electoral, y exigieron que celebren unas elecciones libres y justas.
A pesar de esto, el 15 de febrero de 2023, las autoridades judiciales impidieron que un destacado candidato de la oposición se presentara a la elección presidencial. El Tribunal Supremo Electoral rechazó la candidatura presidencial encabezada por la defensora de los derechos humanos Thelma Cabrera, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), al negarse a validar la candidatura de su compañero de lista Jordán Rodas, exprocurador de los derechos humanos. La institución justificó su decisión alegando que existía una denuncia pendiente por una incidencia contable en la época que Rodas dirigía la Procuraduría de los Derechos Humanos. Cabrera y Rodas anunciaron que apelarían a la Corte de Constitucionalidad.
Asociación
🇬🇹#Guatemala: UN Human Rights Chief @volker_turk deeply concerned at increasing persecution of judicial officials fighting corruption & impunity for rights violations. He calls on authorities to strengthen justice system's independence & uphold #RuleOfLaw: https://t.co/pINcd1O3ka pic.twitter.com/P4SeO9zbwm
— UN Human Rights (@UNHumanRights) January 18, 2023
El 16 de diciembre de 2022, un tribunal de Ciudad de Guatemala condenó a la exfiscal Virginia Laparra a cuatro años de prisión por “abusos de poder de forma continuada”. El tribunal también le impuso una multa y le prohibió trabajar como abogada u ocupar cargos públicos durante cuatro años. Laparra, quien trabajó para la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), fue nombrada presa de conciencia por Amnistía Internacional. La organización arguyó que Parra fue privada de libertad de forma injustificada y que su procesamiento carece de fundamento y se debe únicamente a su labor destacada como fiscal anticorrupción. Tras la condenación de Parra, la organización pidió su liberación incondicional e inmediata.
El 16 de enero de 2023, Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), acusó de abuso de poder al jurista colombiano Iván Velásquez, quien dirigió iniciativas anticorrupción de la ONU en Guatemala. Actualmente Velásquez es ministro de Defensa de Colombia, pero antes dirigió la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) desde 2013 hasta 2019. Los fiscales guatemaltecos aseguraron que estaban investigando a Velásquez por presuntos “actos ilegales, arbitrarios y abusivos”. Estas acusaciones provocaron tensiones diplomáticas con Colombia, cuyo presidente, Gustavo Petro, defendió a Velásquez y cuestionó la buena fe de Curruchiche.
El 18 de enero de 2023, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Volker Türk expresó su profunda preocupación por los actos reiterados de intimidación, acoso y represalia contra los miembros del aparato judicial y otras personas que colaboran en la lucha contra la corrupción o contra la impunidad por violaciones de derechos humanos. También señaló que el 16 de enero de 2023 se emitieron órdenes de captura contra tres miembros del sistema judicial, entre ellos la exfiscal general Thelma Aldana. El alto comisionado Volker Türk se lamentó:
Dada la historia de Guatemala, resulta dramático que ahora se persiga a quienes luchan para que se rindan cuentas por violaciones graves de derechos humanos.
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Expresión
En ocasión del 3er año de gobierno de Alejandro Giammattei, la Comisión de Libertad de Prensa de la APG denuncia las reiteradas acciones del poder público para censurar, criminalizar y atacar a los periodistas y medios de comunicación críticos del actual régimen autoritario. pic.twitter.com/jNiJhQiC8y
— Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) (@APG_1947) January 14, 2023
En enero de 2023, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó una actualización del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa. La organización explicó que, tras analizar datos recogidos entre agosto de 2021 y agosto de 2022, Guatemala descendiendo dos puestos en la clasificación y entró en la categoría de países con “altas restricciones” debido a los graves ataques que está sufriendo la prensa. Entre los 22 países de la región que fueron evaluados, Guatemala se encuentra en el puesto 19. La SIP destacó la “estrategia de criminalización y miedo” que están aplicando las autoridades para silenciar la labor de la prensa. Entre las principales violaciones y restricciones a las que se enfrenta la prensa guatemalteca destacan la difamación, la estigmatización, las campañas de desprestigio, la intimidación, la vigilancia y el acoso judicial.
El 14 de enero de 2023, con motivo del tercer año de la presidencia de Alejandro Giammattei, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) advirtió de las acciones reiteradas para censurar, criminalizar y atacar a periodistas y medios de comunicación críticos con el Gobierno. En 2022, la APG registró 117 restricciones y violaciones de la libertad de prensa, entre ellos, 12 casos de acoso judicial y 36 de obstrucción a la labor de la prensa. La organización también explicó que por lo menos dos periodistas tuvieron que exiliarse debido a la persecución que padecieron. A lo largo del Gobierno de Giammattei, la APG ha registrado 404 agresiones a la prensa, de las cuales 3 durante las primeras 2 semanas de 2023.