Enfrentamientos durante la marcha del Día del Trabajo; el Gobierno aprueba el plan para la implementación del Acuerdo de Escazú

Contexto

En marzo de 2024, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas analizó la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en Chile, expresó su preocupación por la restricción de libertades cívicas y formuló recomendaciones en sus Observaciones Finales (CCPR/C/CHL/CO/7); estas son algunas de ellas:

• El Estado debe garantizar que la legislación nacional y los procedimientos operativos que rigen el uso de la fuerza y de armas de fuego y menos letales cumplen las normas de Naciones Unidas, y a la vez exigir responsabilidades a todas las fuerzas de seguridad, incluidos los altos cargos, por las violaciones de los derechos humanos.
• Deben reforzarse las medidas para prevenir la impunidad y ha de garantizarse que las víctimas puedan acceder a la justicia y a las medidas de reparación. Las investigaciones sobre el uso excesivo de la fuerza deben ser exhaustivas e imparciales y contar con recursos financieros suficientes. Todos los agentes del orden han de recibir una formación adecuada sobre los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
• El Estado debe recopilar y publicar datos desglosados sobre la violencia policial y revisar la Ley núm. 21.560 para que se ajuste a las normas internacionales en materia de derechos humanos.
• El Estado debe derogar el Decreto Supremo núm. 1.086 sobre reuniones públicas y asegurar que las reformas legislativas se adecuen a las disposiciones del artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Observación General núm. 37 de 2020 del Comité, priorizando la protección de la libertad de reunión pacífica de la ciudadanía.

En abril de 2024, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas evaluó la situación de los derechos humanos en Chile en el marco del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU). Este dispositivo permite a la organización examinar el historial de todos los Estados miembros en materia de derechos humanos. Estas son algunas de las recomendaciones que recibió el país con respecto a las libertades del espacio cívico:

• Velar por que se investiguen con prontitud e imparcialidad todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza durante las protestas de 2019, por que se indemnice debidamente a las víctimas y por que se procese a los autores.
• Reforzar los mecanismos de rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad y tramitar sin demora todos los casos pendientes por violaciones de los derechos humanos.
• Adaptar la legislación antiterrorista chilena a las normas internacionales para evitar la criminalización de los pueblos indígenas.
• Adoptar protocolos para la protección de los profesionales del periodismo, de las personas defensoras de los derechos humanos y de sus libertades.

Reunión pacífica

Detienen a manifestantes durante una protesta por el cierre de una siderúrgica en Huachipato

El 4 de abril, el cuerpo de Carabineros detuvo a cinco personas durante una protesta del personal de la Compañía Siderúrgica Huachipato para pedir que se tomen medidas que eviten el cierre de la principal acerera del país, en quiebra por la competencia de las importaciones de acero procedente de China.

Carabineros informó que las personas manifestantes erigieron barricadas que bloquearon la entrada principal de la sede de la empresa, ubicada en Talcahuano, quinientos kilómetros al sur de Santiago. Héctor Medina, presidente del sindicato N1, confirmó el incidente y aseguró que Carabineros las detuvo porque perturbaban el ingreso a la planta.

La compañía suspendió indefinidamente sus actividades el 19 de marzo de 2024, alegando dificultades financieras durante la última década y la ausencia de medidas suficientes contra las prácticas de competencia desleal chinas.

Protesta el Día del Trabajo

El 1 de mayo, miles de personas trabajadoras marcharon por el centro de Santiago para reivindicar salarios justos, pensiones dignas y mejores condiciones laborales. La manifestación estuvo encabezada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el mayor sindicato de Chile, que reclamó un aumento del salario mínimo y la reforma de las pensiones, pendiente desde hace tiempo.

A pesar de que Chile cuenta con uno de los salarios mínimos más altos de América Latina, sigue estando por debajo de los estándares de los países de la OCDE. David Acuña, presidente de la CUT, hizo hincapié en la necesidad de una mayor equidad salarial y criticó la falta de avances en la reforma del sistema pensiones, el cual ha privado a muchas personas jubiladas de recursos suficientes. La marcha también sirvió para denunciar la precarización de las condiciones laborales y reclamar el reconocimiento de las personas cuidadoras como personas trabajadoras. El presidente Gabriel Boric defendió la nueva ley sobre la reducción de la semana laboral, que pasa de 45 a 40 horas y cuya implementación será progresiva hasta su adopción completa en 2029. El mandatario afirmó que no se debe vivir para trabajar, sino trabajar para vivir.

Si bien la mayoría de las manifestaciones se desarrollaron de forma pacífica, se produjeron enfrentamientos aislados entre individuos encapuchados y la policía a lo largo de la avenida Alameda, en las intersecciones con las calles Cumming, Brasil y República. Carabineros informó de desórdenes en Estación Central y del intento de saqueo de una pizzería que sus agentes consiguieron evitar. Varias estaciones de metro fueron cerradas temporalmente debido a los disturbios, pero el servicio se reanudó más tarde ese mismo día.

Carabineros confirmó la detención de dieciséis personas, de las cuales cinco fueron detenidas por portar artefactos incendiarios, tres por desorden público y dos por robo con intimidación y tenencia de un arma de fuego. También hubo detenciones por robo, estupefacientes y usurpación de identidad.

Peñalolén: una protesta por la situación de la vivienda se salda con la detención de siete mujeres y una menor de edad

El 29 de mayo, unas trescientas personas que habitan en Lo Hermida salieron a protestar por la falta de viviendas asequibles debido al aumento de los alquileres en la capital. Se reunieron en una rotonda, bajo un puente del que se colgaron con arneses ocho mujeres y una adolescente de quince años. Una de ellas se desmayó y tuvo que ser rescatada. Todas fueron detenidas por Carabineros.

El presidente del Movimiento Autónomo de Vivienda Juan Vera explicó que con esta protesta buscaba denunciar el plan regulador de la alcaldesa de Peñalolén Carolina Leitao, ya las personas manifestantes consideran que “favorece solamente a las inmobiliarias”.

Mujeres huilliches salen a protestar en Chiloé

El 10 de junio, mujeres huilliches de la comunidad mapuche Kasike Pairo de Apeche se encadenaron a las columnas de la Delegación Presidencial Provincial, en Chiloé, en protesta por las amenazas constantes contra sus vidas y por la inacción de las autoridades. Las manifestantes buscaba llamar la atención sobre la larga lucha de la comunidad contra la violencia y la falta de protección de sus derechos ancestrales a la tierra por parte de las autoridades.

Desde 2006, la comunidad se ha enfrentado a reiterados actos de violencia, incluidas amenazas de muerte e intentos de secuestro, por su oposición a la tala ilegal que amenaza su territorio ancestral en la isla de Chiloé. A pesar de que se han presentado más de sesenta denuncias, las investigaciones han sido archivadas y las medidas de protección no han logrado garantizar la seguridad de la comunidad.

Esta situación es el resultado de conflicto histórico más amplio por la usurpación de tierras y la desposesión de las mujeres huilliches de sus derechos ancestrales. En este contexto, cabe destacar el caso de Idalba Nauta Pairo, una anciana de la comunidad que fue expulsada por la fuerza de sus tierras hace más de veinte años. Ella junto con otras mujeres fueron desalojadas de sus viviendas por la fuerza, sus casas fueron quemadas y sus animales muertos. También han sido excluidas de los procesos de titulación de tierras, presuntamente con la complicidad de instituciones públicas, a pesar de que tienen derechos ancestrales sobre sus tierras.

Las mujeres acusan a las autoridades locales de actos de violencia institucional y han denunciado los malos tratos y la indiferencia del delegado provincial presidencial Marcelo Malagueño, quien se negó a reunirse con ellas durante la protesta. También aseguran que el alcalde de Queilén se burló de sus símbolos y de sus apellidos.

Las mujeres pidieron la intervención del presidente Gabriel Boric para que se protejan sus vidas, se reconozcan sus derechos sobre sus tierras y se devuelva a Idalba Nauta Pairo sus tierras ancestrales. El líder comunitario Manuel Rauque instó a que se tomen medidas de inmediato para evitar que las mujeres huilliches de Chiloé sufran más agravios.

La violencia perturba la Marcha del Orgullo de Santiago

El 28 de junio, más de 30.000 personas se manifestaron en Santiago con motivo del 25 aniversario de la despenalización de la homosexualidad en Chile. Organizado por la Fundación Iguales y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), el acto puso de relieve los problemas a los que se enfrenta actualmente la comunidad LGBTQI+, como la discriminación, la violencia y la exclusión.

Rolando Jiménez, presidente del Movilh, subrayó la necesidad de reformar ley Zamudio para reforzar la protección contra la discriminación. A pesar de los avances legislativos, las personas LGBTQI+ siguen siendo víctimas de violencia y exclusión. Las organizaciones de la sociedad civil pidieron leyes más robustas contra la discriminación y que se redoblen los esfuerzos contra el acoso escolar, que afecta de manera desproporcionada a la juventud LGBTQI+.

Durante la marcha, la policía detuvo a cinco personas: dos por altercados y tres que tenían órdenes de detención. Si bien el acto se desarrolló mayoritariamente de forma pacífica, fue perturbado por hombres encapuchados que atacaron a las personas participantes, lanzaron piedras, dañaron bienes y agredieron a activistas.

Libertad de asociación

El Gobierno aprueba el Plan Nacional de Implementación del Acuerdo de Escazú

El 15 de abril de 2024, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó el Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú (PIPE). Dos meses después, el 28 de junio, el Ministerio de Medio Ambiente aprobó la Resolución núm. 2.256 Exenta para la aplicación del Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú en Chile 2024-2030.

El plan detalla cincuenta y seis medidas concretas para mejorar el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos medioambientales. También prioriza la protección de las personas defensoras de los derechos humanos en cuestiones medioambientales. El plan fue elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con diversas instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, y en su concepción también participó la ciudadanía desde un principio. Se asienta sobre cinco pilares fundamentales: el acceso a la información medioambiental, la participación pública, la formación, el acceso a la justicia y la protección de las personas defensoras de los derechos humanos medioambientales.

En el documento también se reconocen los riesgos a los que se enfrentan las personas defensoras del medioambiente y se proponen medidas para aumentar su protección, entre ellas la formación de los cargos públicos y la evaluación de las necesidades en materia de protección. Además, el Ministerio de Justicia presentó el Protocolo de Defensores de los Derechos Humanos para crear entornos más seguros para quienes defienden los derechos humanos en asuntos medioambientales.

Oficialmente, el PIPE también promoverá la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas, las mujeres y la infancia, en los procesos de toma de decisiones sobre cuestiones medioambientales. Esta iniciativa se ajusta a los principios fundamentales del Acuerdo de Escazú, cuyo objetivo es garantizar una gobernanza inclusiva y transparente para lidiar con los problemas medioambientales, a la vez que se protegen los derechos humanos.

Libertad de expresión

Una periodista es víctima de acoso y persecución judicial

El 22 de abril de 2024, en Santiago, la periodista Josefa Barraza compareció en la primera audiencia de un proceso judicial iniciado a raíz de una querella por difamación presentada por la exdiputada Andrea Molina. Women Press Freedom informó que la causa se deriva de la cobertura periodística de Barraza sobre el rol de Molina en la corporación municipal de La Reina. En 2017, una investigación reveló que Molina fue una de los más de cuarenta diputados que solicitaron informes plagiados a sus asesores legislativos.

En virtud de la legislación penal sobre la difamación, Barraza podría enfrentarse a una pena de uno a tres años de prisión. Su caso plantea importantes cuestiones sobre el equilibrio entre la protección de la reputación y la salvaguarda de la libertad de prensa, sobre todo en un momento en que Santiago se dispone a acoger la conferencia del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Un mes después, el 28 de mayo, Radio Biobío publicó un reportaje en el que figuraba una serie de mensajes de WhatsApp que contribuyeron a que el actual líder de la Coordinadora Arauco Malleco Héctor Llaitul fuera condenado 23 años de prisión. También aparecían comunicaciones entre Llaitul y profesionales del periodismo, entre ellos la directora de El Ciudadano, Josefa Barraza, quien ha sido blanco de amenazas y de actos de ciberacoso a raíz de la publicación de un reportaje en un medio de comunicación nacional.

En respuesta, El Ciudadano publicó un editorial en el que acusó a la fiscalía y a Radio Biobío de ser parciales y de violar el secreto profesional periodístico. En el editorial, el diario destacó su preocupación por la filtración de documentos confidenciales de la investigación por parte del Ministerio Público en los que se nombraba a varios profesionales del periodismo, entre ellos Barraza, que se habían puesto en contacto con Llaitul en el marco de su labor profesional.

Las organizaciones de defensa de la libertad de prensa también expresaron su preocupación por la descontextualización del reportaje y la violación del secreto periodístico. En el reportaje de Radio Biobío se reveló información sensible sobre una investigación reservada que compromete la intimidad de los profesionales de la información que desempeñaban una labor legítima. Las organizaciones pidieron a la Fiscalía que investiguen las amenazas y solicitaron medidas de protección para los profesionales del periodismo, de conformidad con las disposiciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. “Defender y proteger la libertad de prensa, así como la vida de las y los periodistas, es un deber del Estado, de los medios de comunicación y de la sociedad en su conjunto”, reivindicaron las organizaciones.

Declaraciones de un candidato a la alcaldía suscitan preocupación por la libertad de prensa

El 11 de junio, el candidato a la alcaldía de Santiago Mario Desbordes desacreditó la investigación del periodista Mauricio Webel Barahona y del Centro de Investigación Periodística (CIPER), a quienes acusó de “cometer un delito” por publicar documentos presuntamente clasificados que revelaban actos de corrupción en el seno del Ejército chileno. Desbordes también afirmó que el CIPER estaba implicado en una “operación política” contra él.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenó los hechos y expresó su preocupación por las declaraciones de Desbordes, ya que alientan a la hostilidad contra la prensa y suponen una amenaza para el libre ejercicio del periodismo. “Declaraciones como estas […] van en contra de acuerdos internacionales que deben ser respetados por el Estado y por quienes buscan ser sus representantes”, exhortó RSF.

Agentes estatales implicados en más de la mitad de las violaciones contra la prensa en 2023

En 2023, el Observatorio de Derechos de la Comunicación (ODC) documentó numerosas violaciones de los derechos humanos de los profesionales del periodismo en un contexto marcado por una polarización política creciente. Desde 2019, la organización ha registrado más de 400 ataques contra la prensa, con 112 violaciones solo en 2023. Los actores estatales estuvieron implicados en el 56 % de ellos.

Entre los principales motivos de preocupación figura la violencia contra los profesionales del periodismo independientes que cubren protestas, las detenciones arbitrarias por parte de la policía y el uso indebido de la legislación sobre la difamación para reprimir el periodismo de investigación. En 2023, el director del periódico digital Resumen Felipe Soto fue condenado a sesenta y un días de prisión por haber denunciado irregularidades en un municipio. Como ya informamos, los actores no estatales también han contribuido a la violencia, como en el caso del cámara al que le dispararon durante el 50 aniversario del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende.

La violencia de género contra las mujeres periodistas también sigue siendo un motivo de preocupación. El ODC documentó amenazas de carácter sexual contra la directora de El Ciudadano cuando llevaba a cabo una investigación. Además, se ha producido un aumento de los ataques digitales contra personas LGBTQI+.

El ODC hizo un llamamiento al Estado chileno para que adapte su marco jurídico a las normas internacionales, evite el uso indebido de las leyes sobre la difamación y revise urgentemente los protocolos policiales. Actualmente se debate en el Congreso un proyecto de ley para la protección de los profesionales del periodismo.

Otros sucesos

La Declaración de Santiago +30 sella el compromiso mundial con la libertad de expresión

El 2 de mayo de 2024, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, organizaciones defensoras de la libertad de prensa nacionales e internacionales se dieron cita en Santiago, donde firmaron la Declaración de Santiago +30. En el documento, las organizaciones abordan los nuevos desafíos políticos, sociales y tecnológicos a los que se enfrenta el periodismo en todo el mundo. También hicieron un llamamiento a los Estados, las organizaciones intergubernamentales, las empresas tecnológicas, los medios de comunicación y los profesionales del periodismo para que aúnen esfuerzos con el fin de consolidar la libertad de expresión como un derecho humano fundamental y piedra angular de las sociedades democráticas e informadas.

Entre los firmantes figura la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), World Association of News Publishers (WAN-IFRA), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y asociaciones nacionales de medios de comunicación de nueve países latinoamericanos y europeos, entre ellos España, Portugal, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, México, Perú y Ecuador.

Estas organizaciones están reexaminando la Declaración de Santiago de 1994, redactada bajo los auspicios de la UNESCO, con el fin de reafirmar su compromiso con una prensa libre, un debate público vigoroso y el fortalecimiento de las sociedades democráticas en Iberoamérica y el Caribe.