Reunión pacífica
🇸🇻 [#AHORA] Culmina la marcha #OrgulloSV2022 en #ElSalvador con las demandas:
— Agencia Presentes (@PresentesLatam) June 25, 2022
🔴 Aprobación de la #LeyDeIdentidad
🔴 Eliminar discursos de odio de funcionarios del gobierno.
🔴 Justicia para todos los crímenes cometidos por odio. pic.twitter.com/OPT4lHRkKS
El 25 de junio de 2022, miles de personas participaron en la Marcha del Orgullo LGBTQIA+ en San Salvador. Una de las principales reivindicaciones del evento fue la aprobación de una ley de identidad de género que establezca un mecanismo institucional para el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas trans. En 2021, en colaboración con grupos de la sociedad civil, varios legisladores presentaron un proyecto de ley en este sentido; sin embargo, a julio de 2022, la Comisión de Mujeres e Igualdad de Género de la Asamblea Nacional seguía sin haberlo revisado.
En declaraciones al portal de noticias Infobae, Erick Iván Ortiz, portavoz de la Federación Salvadoreña LGBTI, relató que las fuerzas de seguridad del Estado no escoltaron a los participantes, a pesar de la preocupación que han suscitado las agresiones, la homofobia y la violencia en el país. Ortiz aseguró que esta falta de protección refleja el comportamiento del Gobierno, quien suele dejar fuera de la agenda oficial las demandas relacionadas con los derechos de las personas LGBTQIA+.
Asociación
Denunciamos públicamente las amenazas y ataques de muerte, que esta recibiendo nuestra Secretaria General @BiankaR_odrguez por parte de estructuras criminales, reafirmamos nuestro acompañamiento y apoyo en estos momentos a nuestra compañera. ¡La lucha continua!
— Federación Salvadoreña LGBTI (@feslgbti) June 30, 2022
El 30 de junio de 2022, la organización de la sociedad civil Federación Salvadoreña LGBTI alertó de que su secretaria general Bianka Rodríguez había sido acosada y había recibido amenazas de muerte provenientes de presuntos grupos criminales. Rodríguez es una militante transgénero y en marzo de 2022 se convirtió en la primera persona de El Salvador en lograr la rectificación de sus documentos de identidad para que reflejen su nuevo nombre y su identidad de género. En Twitter, la militante contó que había dejado de responder a llamadas de números desconocidos por razones de seguridad.
Asimismo, organizaciones de la sociedad civil advirtieron que el defensor de los derechos humanos Juan Carlos Hernández fue detenido arbitrariamente por la policía nacional el 13 de julio de 2022 mientras se dirigía a su domicilio. La Red Salvadoreña de Defensoras de los DD. HH. señaló que Hernández ya había denunciado haber sido acosado por la policía y que miembros del cuerpo tendrían fotos suyas en su posesión. Hernández es miembro del colectivo defensor de los derechos de las personas LGBTIQ+ Cultura Trans sv.
Expresión
📢#Alerta Alcaldía de Tecoluca intenta desacreditar labor de radio Tehuacán y @GatoEncerradoSV ⬇️https://t.co/Rj1UPhxGDX @PVacaV @FIP_AL @RSF_esp @VDSorg @arpassv pic.twitter.com/7DV0ajQnhy
— APES (@apeselsalvador) July 13, 2022
El 12 de julio de 2022, la alcaldía de Tecoluca, San Vicente, amenazó con emprender acciones legales contra la radio comunitaria Tehuacán y la revista GatoEncerrado. La prensa había informado que el alcalde de Tecoluca había engañado a los residentes locales cuando anunció una inversión que supuestamente crearía cientos de puestos de trabajo en la ciudad, pero no reveló detalles relevantes al respecto. La alcaldía publicó un comunicado en el que calificó al GatoEncerrado, Factum y El Faro de medios de comunicación "opositores" y acusó a Radio Tehuacán de prestarse a un "circo mediático con fines políticos". En dicho documento se desacreditó la labor de estos medios, alegando que difunden información errónea.
En declaraciones a la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Radio Tehuacán afirmó haber intentado contactar con el alcalde en varias ocasiones para entrevistarlo, pero nunca obtuvo respuesta. La APES pidió a los funcionarios públicos que respetaran el trabajo de los periodistas. La asociación también recordó que los funcionarios públicos deben rendir cuentas y que, si se estiman agraviados, pueden hacer uso del derecho a rectificación y respuesta.