El nuevo gobierno toma posesión y declara el estado de emergencia económica en medio de una oleada de protestas

CONTEXTO

USO SIN PRECEDENTES DE LOS PODERES DEL EJECUTIVO PARA RESTRINGIR LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES

El líder de la coalición Libertad Avanza Javier Milei asumió la presidencia de Argentina el 10 de diciembre de 2023. Durante su campaña prometió fuertes recortes en el gasto público, puso en duda el cambio climático, restó importancia a las violaciones sistemáticas de derechos humanos ocurridas durante la última dictadura y se opuso a la despenalización del aborto.

En noviembre de 2023, la actual vicepresidenta de Argentina Victoria Villarruel pidió el sobreseimiento de los procesos judiciales relacionados con los derechos humanos y la clausura del Museo de la Memoria, cuyo emplazamiento acogía la Escuela de Mecánica de la Armada, que sirvió de centro de detención encubierto durante la dictadura que gobernó Argentina entre 1976 y 1983.

Desde que tomó posesión del cargo, Milei ha emprendido varios cambios para poder cumplir sus promesas electorales y llevar a cabo reformas estructurales que probablemente afectarán a las libertades fundamentales. El 12 de diciembre de 2023, el ministro de Finanzas anunció una devaluación de más del 50 % de la moneda nacional, así como la liberalización de los precios y la aplicación de medidas de austeridad.

Reunión pacífica

EL NUEVO PROTOCOLO DE SEGURIDAD RESTRINGE DE FORMA ARBITRARIA LA LIBERTAD DE REUNIÓN PACÍFICA

El 14 de diciembre de 2023, el Ministerio de Seguridad publicó la Resolución 943/2023, un protocolo para el mantenimiento del orden público durante los piquetes. Este protocolo “antipiquetes” otorga a la policía y a las fuerzas federales poderes discrecionales arbitrarios para desmantelar barricadas y dispersar a quienes participen en piquetes sin necesidad de una orden judicial. El artículo 2 de la Resolución establece que cualquier manifestación que implique cortes de calles o carreteras se considerará como un delito flagrante contra la seguridad vial y del transporte. El protocolo también incluye medidas para recabar información que podrían socavar las garantías procesales, la presunción de inocencia y el derecho a la privacidad.

Asimismo, autoriza la dispersión de reuniones, la detención de personas manifestantes y la imposición de sanciones con posterioridad, entre otras restricciones. Si bien reconoce la necesidad de salvaguardar el orden público y el derecho a la libertad de circulación, el protocolo prohíbe el levantamiento de barricadas. Estas medidas van en contra de la finalidad misma de esta libertad e imponen limitaciones indebidas según estándares internacionales de derechos humanos.

Por ejemplo, en la Observación General n.º 37, el Comité de Derechos Humanos asegura que “[…] las reuniones entrañan un uso legítimo de los espacios públicos y de otros lugares, y dado que pueden causar, por su propia naturaleza, cierto grado de perturbación de la normalidad, se deben permitir esos trastornos, a menos que impongan una carga desproporcionada, en cuyo caso las autoridades deben poder justificar detalladamente las restricciones” (CCPR/C/GC/37, párrafo 47).

Más de 1500 personas y 1700 OSC firmaron una petición para que el Estado argentino derogue un protocolo que, en última instancia, busca impedir y reprimir las protestas. El 19 de diciembre de 2023, las organizaciones enviaron sendas comunicaciones a los procedimientos especiales de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en las que denunciaron la situación, asegurando que el protocolo establece directrices para intervenciones policiales y estatales que son incompatibles con las libertades cívicas fundamentales, consagradas en el ordenamiento jurídico nacional e internacional. El 23 de enero de 2024, tres personas expertas de la ONU expresaron su preocupación por la incompatibilidad del protocolo con los estándares internacionales.

El nuevo protocolo también ha suscitado preocupación porque apunta directamente a una de las formas de reunión más comunes en Argentina en los últimos años. Históricamente manifestantes han cortado las calles durante largos periodos para dar a conocer sus reivindicaciones.

EL DNU AMENAZA EL DERECHO DE HUELGA

El 21 de diciembre de 2023, Javier Milei presentó el “mega” Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 70/2023 (DNU), el cual incluye más de setenta reformas legislativas que buscan desregular importantes sectores de la economía, reducir considerablemente los derechos laborales y allanar el camino para la privatización masiva de empresas estatales clave. En el documento se establece un periodo de “emergencia” de dos años que permitirá al Poder Ejecutivo aplicar medidas en dichos ámbitos hasta 2025 (artículo 1). El DNU entrará en vigor automáticamente el 28 de diciembre de 2023, a menos que sea rechazado por el Congreso o considerado inconstitucional por la Corte Suprema.

El decreto limitará el derecho de huelga de las personas trabajadoras al imponer una prestación mínima del 75% para los servicios esenciales y del 50% para los servicios de importancia trascendental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley N.º 25.877. De esta manera, servicios como la radio o la televisión pasarán a ser considerados como trascendentales, por ejemplo. En respuesta, la Federación Internacional de Periodistas expresó su rechazo a dichas reformas legislativas, puesto que afectarían inmediatamente a los derechos de las personas trabajadoras de los medios de comunicación, quienes ya sufren una gran precariedad.

Además, la modificación propuesta del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744 incorpora la presunción de injuria grave cuando las medidas de acción directa afecten a la libertad de las personas trabajadoras no huelguistas, como la obstrucción del acceso a los centros del trabajo, los daños a la propiedad o las retenciones no autorizadas. El análisis jurídico del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización argentina de derechos humanos, concluyó que estas disposiciones podrían considerarse como una causa justa para la rescisión de un contrato laboral, lo que restringiría los derechos de huelga tanto individuales como colectivos.

Varias OSC han iniciado procedimientos legales antes el contencioso-administrativo. Por ejemplo, el 28 de diciembre de 2023, el CELS presentó una denuncia ante un tribunal federal administrativo en la que argumenta que el DNU viola la separación de poderes e infringe los derechos de grupos vulnerables. El 18 de enero de 2024, un juzgado administrativo federal desestimó la denuncia, asegurando que no cumplía los requisitos necesarios.

Asimismo, el 27 de diciembre de 2023, la Confederación General del Trabajo (CGT), el mayor sindicato del país, interpuso un recurso de amparo. El 24 de enero de 2024, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo de Buenos Aires decidió la suspensión parcial y provisional del DNU. Seis días después, un tribunal de apelación declaró inconstitucional el DNU, alegando la ausencia de necesidad y urgencia, tal y como se establece en el artículo 99.3 de la Constitución.

OSC EXPRESA SU PREOCUPACIÓN POR UN PROYECTO DE LEY QUE CRIMINALIZA LAS REUNIONES PACÍFICAS

El 27 de diciembre de 2023, el Gobierno remitió al Congreso el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (proyecto ley ómnibus). Esta iniciativa legislativa propone amplias reformas en el ámbito jurídico, institucional, fiscal y penal que tendrían repercusiones negativas para la población debido a la desregulación y la retirada de servicios esenciales que actualmente proporciona el Estado. El título IV de la ley, que trata sobre la seguridad y la defensa, modificaría el Código Penal y la legislación sobre la libertad de reunión pacífica.

La modificación de otros artículos de Código Penal sancionarían con penas más severas la obstrucción o la interrupción del tráfico y de los servicios públicos. Por ejemplo, la modificación propuesta del artículo 194 del Código Penal dispone: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de uno (1) a tres (3) años y seis (6) meses”.

De esta manera, quienes organicen actividades que provoquen dichas situaciones se enfrentarán a penas de prisión y multas, estén presentes o no. Además, la definición de organizadores se ampliaría e incluiría a toda persona que coordine u ofrezca apoyo material para una manifestación. Las personas organizadoras también serían consideradas responsables solidarias de los daños causados por las personas participantes y podrían imponérseles multas adicionales por el incumplimiento de la normativa, como la interrupción del transporte público o la presencia de menores no acompañados en protestas, entre otros.

También establecería un proceso de notificación obligatorio que exige que las manifestaciones sean notificadas al Ministerio de Seguridad con 48 horas de antelación y que los actos espontáneos se notifiquen lo antes posible. Dicho ministerio tiene potestad para oponerse a la organización de un acto por motivos de seguridad o modificarlo. También es responsable de la gestión de las protestas y puede tratarlas como una amenaza para el orden público o la seguridad, y no como un ejercicio de libertades fundamentales.

De aprobarse, este proyecto de ley impondría sanciones penales desproporcionadas a las personas manifestantes. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señaló que el proyecto de ley incorpora cambios legislativos que convierten a la protesta social en un delito contra el orden público, como ocurre en los regímenes totalitarios, y que busca imponer múltiples restricciones que amplían la posibilidad de criminalizar a manifestantes, referentes y organizaciones sin salvaguardar los derechos de quienes se manifiesten.

MANIFESTACIONES MASIVAS CONTRA EL NUEVO GOBIERNO

Las protestas se han sucedido desde la toma de posesión del presidente Javier Milei y de la presentación de las nuevas medidas de su gobierno en diciembre de 2023 (ver Contexto). La mayoría de ellas se han desarrollado de forma pacífica, pero algunas ha sido reprimidas por las fuerzas de seguridad y se han saldado con detenciones y personas heridas. A continuación detallamos algunos de los acontecimientos más importantes:

• El 20 de diciembre de 2023, miles de personas salieron a las calles para mostrar su oposición al Gobierno de Milei por primera vez. Las personas manifestantes se encontraron con un importante despliegue policial para impedir el corte de calles aledañas al Congreso. A pesar de la tensión en el ambiente, la protesta se desarrolló sin que se produjeran actos violentos. Antes de la movilización, el Gobierno desaconsejó la participación de menores, hizo múltiples advertencias para disuadir a las personas manifestantes de cortar vías y amenazó con retirar las prestaciones sociales a quienes participasen en dichas manifestaciones. También se habilitó un número de teléfono específico con la finalidad de que la propia ciudadanía pudiera denunciar de forma anónima todo tipo de coacción para participar en la protesta. Según fuentes oficiales, se recibieron 9000 llamadas.

• El 21 de diciembre tuvo lugar una protesta pacífica en la ciudad de Córdoba, en el centro del país. La policía empleó gases lacrimógenos y balas de goma para disolver la manifestación. Cinco personas, entre ellas un periodista, resultaron detenidas y fueron acusadas de resistencia a la autoridad y obstrucción de la circulación (ver Libertad de expresión). Una mujer y cuatro policías también acabaron heridos.
• El 27 de diciembre, Buenos Aires acogió la segunda mayor protesta desde la toma de posesión del nuevo presidente. Unas 8000 personas salieron a las calles para expresar su rechazo al DNU. Las personas manifestantes respondieron a la llamada de sindicatos como la CGT y exigieron que los tribunales invalidasen el DNU porque suprimiría derechos laborales. Tras el corte de la avenida Corrientes, una de las principales arterias de la ciudad, la policía capitalina procedió a la detención de siete personas (cinco hombres y dos mujeres), que habrían sido acusadas de resistencia a la autoridad y de atentado contra las fuerzas de seguridad. Associated Press (AP) informó de un enfrentamiento entre la policía y un pequeño grupo de personas manifestantes. “No cuestionamos la legitimidad del presidente, pero queremos uno que respete la división de poderes, que entienda y comprenda que las trabajadoras y los trabajadores necesitan defenderse individual y colectivamente, dentro del marco de la justicia, cuando hay una inconstitucionalidad”, precisó Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina.

• El 5 y el 23 de enero de 2024, cientos de personas se concentraron frente a la Casa Rosada para reclamar medidas frente a la escasez de alimentos en los comedores sociales de Buenos Aires y para denunciar la desidia gubernamental de los programas sociales en las comunidades más empobrecidas de la ciudad. El precio de los alimentos se ha disparado casi un 50% desde la aplicación de las drásticas reformas económicas liberalizadoras de Javier Milei. “Hay un reclamo único que es la falta de comida y la angustia, porque son muchas familias las que se vuelcan a buscar comida en esos espacios de cuidado comunitario y, sin articulación con el Gobierno nacional, es imposible; nosotras no tenemos herramientas suficientes o estructura”, se lamentó Norma Morales, una de las personas manifestantes.

• El 24 de enero de 2024, los sindicatos iniciaron una huelga nacional de doce horas que afectó a los transportes, bancos, hospitales y servicios públicos de la capital para protestar contra las nuevas medidas de austeridad, en especial contra las dos principales reformas de Milei: el proyecto de ley ómnibus y el DNU. El paro nacional, convocado por la CGT, fue el primero desde la toma de posesión del nuevo Gobierno, tan solo 45 días antes. Decenas de miles de personas marcharon por las calles de la capital para mostrar su apoyo a la huelga. “Estamos luchando contra la forma en que la extrema derecha básicamente intenta eliminar nuestros derechos de existencia en todos los niveles, desde la atención médica hasta el trabajo”, aseguró Federica Baeza, una activista LGBTIQ+ y comisaria de arte que participó en la marcha.

Libertad de expresión

VANDALIZAN LAS OFICINAS DE RADIO NACIONAL DE CÓRDOBA

El 8 de noviembre de 2023, un sujeto no identificado rompió un vidrio de la fachada del edificio de Radio Nacional en Córdoba. Las autoridades detuvieron al autor el mismo día. Según el director de la emisora, se trata de un acto de vandalismo y no de un robo, posiblemente alentado por las recientes campañas electorales, reflejo de la escalada de violencia que sufre la sociedad.

AMENAZAN DE MUERTE A UN PERIODISTA

En diciembre de 2023, individuos no identificados enviaron amenazas de muerte a Eduardo Feinmann, periodista de Radio Mitre y LN+. El 21 de diciembre recibió la primera amenaza: “Si seguís hablando no vas a pasar otro día porque te voy a matar a vos y a tu familia”. A este mensaje le siguió otro del mismo tipo el 23 de diciembre, a través de X, en el que le advertían: “Te informo que si seguís hablando a favor de Javier Milei te voy a matar a vos y tu familia. Y lo mismo le va a pasar a Javier Milei”. Las amenazas fueron enviadas por el usuario Chelo Discapacidad, cuya cuenta ya fue bloqueada por infringir las normas de la red social.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó preocupación por las amenazas, se solidarizó con el periodista y su familia, y pidió que se esclarecieran los hechos cuanto antes.

DETIENEN A UN PERIODISTA CUANDO CUBRÍA UNA PROTESTA

El 21 de diciembre de 2023, la policía detuvo al periodista comunitario Rodrigo Savoretti cuando cubría un acto de protesta en la ciudad de Córdoba (ver Reunión pacífica). Fue puesto en libertad al día siguiente. Savoretti trabaja para el colectivo juvenil Enfant Terrible.

AUTORIDADES Y FIGURAS POLÍTICAS LIDERAN LOS ATAQUES CONTRA LA LIBERTAD DE PRENSA

La organización de defensa de la libertad de prensa Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) registró 117 ataques contra la libertad de prensa en 2023. Es la cifra más alta de los últimos cinco años y supone un incremento significativo con respecto al 2022, cuando se documentaron 29 casos menos. Las agresiones y amenazas durante la cobertura de noticias fueron los ataques más frecuentes, seguidas por los actos de difamación y las restricciones al acceso a información pública. Por ejemplo, el 10 de diciembre de 2023, el FOPEA informó que se había prohibido a los periodistas cubrir la jura de los nuevos ministros.

El aumento de los ataques está estrechamente relacionado con el periodo electoral. Los casos de violencia estatal contra la prensa representaron el 45,3% de los incidentes, los cuales fueron perpetrados por cargos públicos de diversas formaciones políticas.