El Estado continua su represión de la sociedad civil

Libertad de asociación

El 21 de abril de 2023, el Centro para los Defensores y la Justicia anunció que había registrado 226 ataques contra personas defensoras de los derechos humanos en Venezuela. Esta cifra incluye actos de acoso y de estigmatización, agresiones y detenciones arbitrarias. Además, el Centro señaló que las autoridades venezolanas han continuado con las campañas de desprestigio contra organizaciones de la sociedad civil. También manifestó su preocupación por dos iniciativas legislativas presentadas por el Gobierno venezolano que podrían restringir el funcionamiento regular de la sociedad civil, a saber: el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales y Afines, y el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional.

El 4 de abril de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares de protección a siete dirigentes sindicales de la Coalición Sindical Nacional de Trabajadores. Desde 2022, los beneficiarios de estas medidas han liderado la convocatoria de protestas contra las políticas de la Oficina Nacional de Presupuesto que han degradado las condiciones laborales. Los siete dirigentes sindicales son Annaliese Josiel Toledo Castillo, Carlos Eduardo Salazar Ojeda, Elsa Isabel Castillo González, José Paulino Patines Guanique, Leída Rosa Brito de Lobo, Petra Margot Monasterios y Rafael Octavio Arreaza Padilla. Todos ellos han afrontado amenazas y actos de acoso y vigilancia perpetrados por el Estado.

Reunión pacífica

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 489 protestas en abril de 2023, esto es, una media de dieciséis al día. Esta cifra representa un descenso del 36 % con respecto al mismo periodo de 2020. A pesar de esto, el Estado sigue reprimiendo las manifestaciones pacíficas. En abril, el Observatorio documentó cuatro protestas que fueron reprimidas por las autoridades.

Libertad de expresión

En abril de 2023, la Sociedad Interamericana de Prensa denunció que el Gobierno de Nicolás Maduro sigue restringiendo la libertad de prensa y de expresión. Entre octubre de 2022 y abril de 2023, se cerraron ochenta emisoras de radio. Además, la organización también hizo saber que el regulador estatal de las comunicaciones bloqueó varios portales de noticias, lo que elevó el número de páginas inaccesibles a unas sesenta.

El 3 de mayo de 2023, Espacio Público dio a conocer su informe sobre la libertad de expresión e información en Venezuela. La organización registró 227 casos en los que se vulneraron estos derecho en 2022, lo que supuso un descenso del 7 % con respecto al número de casos que se denunciaron en 2021. No obstante, estos derechos siguen vulnerándose: 114 ataques estuvieron dirigidos contra medios de comunicación y 75 contra sus trabajadores. El 60 % de las víctimas fueron hombres y el 40 % mujeres. Según el informe, los principales responsables de las violaciones de estos derechos fueron las instituciones estatales: la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, la Comisión Nacional de Comunicación y la Corporación Eléctrica Nacional.

El 12 de mayo de 2023, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por el cese del programa radial de opinión Mesa de Análisis, después de que el periodista y abogado Leonaldi Meza entrevistara a la precandidata presidencial de la oposición Delsa Solórzano, e informara sobre un escándalo que implica al gerente de PDVSA Gas Comunal de Barinas Carlos López y al gobernador Sergio Garrido. Espacio Público y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH condenaron la cancelación del programa de radio y señalaron que este tipo de acciones violan el derecho a la libertad de expresión y restringen la pluralidad de opiniones.