El estado del espacio cívico sigue empeorando bajo el estado de excepción

CONTEXTO

Desde el inicio de su primer mandato en 2019, el presidente Nayib Bukele ha encabezado una represión implacable de los grupos del crimen organizado. También ha tomado medidas drásticas contra sus críticos y ha adoptado leyes que restringen las libertades fundamentales de la ciudadanía con el fin de consolidar su poder. En diciembre de 2023, Amnistía Internacional publicó un informe en el que destacó el aumento constante de los riesgos a los que se enfrenta la sociedad civil en su conjunto: “Los patrones observados sugieren que la reducción del espacio cívico y las consecuentes violaciones a los derechos humanos resultan de acciones deliberadas y coordinadas por las principales autoridades estatales, con el propósito de silenciar las voces críticas y de gestionar el descontento social a través de tácticas represivas”.

Fue en este contexto que se celebraron las elecciones presidenciales el 4 de febrero de 2024 y las municipales el 3 de marzo de 2024 . Según los expertos, Nayib Bukele espera obtener un amplio apoyo electoral que le garantice un segundo mandato de cinco años y un mayor control de la Asamblea Legislativa a través del partido Nuevas Ideas. En su último informe anual, Human Rights Watch denunció que “el presidente Nayib Bukele y sus aliados en la Asamblea Legislativa han socavado sistemáticamente el sistema de frenos y contrapesos democráticos”.

Libertad de expresión

ACOSO A FOTOPERIODISTAS

El 28 de enero de 2024, agentes del sector público a cargo del Programa Presidencial de Apoyo Alimentario amenazaron y retuvieron por la fuerza a la fotoperiodista Jéssica Orellana cuando tomaba fotos de unas cajas de víveres en la calle en Santo Tomás, en San Salvador. Según la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), el personal le exigió que borrara las fotografías que había hecho y, cuando Orellana se negó, le informó que no podía abandonar el lugar. La fotoperiodista relató que intentó marcharse para evitar un enfrentamiento, pero un funcionario público agarró la correa de su cámara, impidiéndole marcharse. Otro empleado público amenazó con demandarla si publicaba fotos en las que apareciera su cara.

INTIMIDAN A UNA PERIODISTA

El 5 de enero de 2024, Darwin Regalado, alcalde de El Refugio, en Ahuachapán, y miembro de Nuevas Ideas, el partido del Gobierno, intimidó a una periodista que investigaba supuestas irregularidades en la municipalidad. La periodista estaba entrevistando a Wilfredo Barrientos, concejal y exalcalde, tras una sesión del consejo municipal, cuando Regalado pasó dos veces frente a ella a bordo de una camioneta privada, conducida por el síndico municipal, desde donde tomó fotos de la periodista y del establecimiento en el que se encontraba. Cuando la periodista le preguntó por qué lo había hecho, Regalado respondió: “Porque irrumpió en la alcaldía”, en referencia a las fotos que le había hecho momentos antes. Poco después, fueron publicadas en la cuenta de Facebook de Regalado cuatro fotografías con la cara de la periodista en primer plano. Las imágenes estaban acompañadas de un pie de foto en el que se la acusaba de recibir dinero a cambio de escribir artículos contra el alcalde y de agredir al responsable de información de la alcaldía, con quien la periodista ni siquiera tuvo contacto. La publicación fue borrada a los pocos minutos.

LA VIOLENCIA DIGITAL SE CEBA CON LOS PROFESIONALES DEL PERIODISMO

La violencia digital es una de las principales amenazas a las que se enfrenta la prensa salvadoreña. En su informe sobre la violencia digital basada en el género contra mujeres periodistas en El Salvador, la APES señaló que, entre octubre de 2023 y el 10 de enero de 2024, se registraron por lo menos 655 casos de insultos a mujeres y 3402 a hombres, con una media de unos 40 insultos diarios tan sólo en X (Twitter).

Los ataques digitales contra las mujeres periodistas buscan desacreditar su labor y suelen tener componentes misóginos, lesbófobos y de violencia sexual. YouTube se ha convertido en la plataforma que aglutina el mayor número de ataques contra periodistas, seguida de Facebook. También se ha producido un aumento notable de estos ataques en TikTok. El aumento considerable de los ataques durante los diez primeros días de enero hace presagiar una multiplicación de estos actos de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

Reunión pacífica

MANIFESTACIONES PACÍFICAS CONTRA LAS DETENCIONES ARBITRARIAS

El 18 de noviembre de 2023, unas trescientas personas salieron a las calles para denunciar las detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos perpetradas bajo el estado de excepción vigente en el país. La protesta fue convocada por el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) y el Movimiento Izquierda Salvadoreña. Las personas manifestantes se congregaron en el Monumento a la Constitución de la capital e intentaron marchar hacia el hotel donde se alojaban las concursantes del certamen de belleza Miss Universo. Sin embargo, no pudieron llegar hasta su destino, ya que militares y policías antidisturbios bloquearon las vías adyacentes y les impidieron avanzar. Hasta octubre de 2023, las organizaciones de derechos humanos habían registrado 327 desapariciones forzadas.

El 22 de enero de 2024, cientos de personas participaron en una marcha contra las condiciones inhumanas en las que viven las personas privadas de libertad que no tienen vínculos con el crimen organizado. El cortejo llegó hasta la Asamblea Nacional, donde las personas que se manifestaban presentaron una proposición no de ley para la protección del derecho a la salud en las prisiones.

CONCENTRACIÓN CONTRA EL GOBIERNO DE NAYIB BUKELE

El 15 de enero de 2024, unas quinientas personas marcharon por las calles de la capital en conmemoración del 32 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz de 1992 que pusieron fin a la guerra civil salvadoreña. También protestaron contra la reelección del presidente Nayib Bukele, alegando que viola la Constitución, y condenaron las detenciones arbitrarias en virtud del estado de excepción.

DOCENTES DENUNCIAN EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REVISIÓN SALARIAL Y RECIBEN AMENAZAS TRAS UNA PROTESTA

El 26 de enero de 2024, decenas de enseñantes salieron a las calles para exigir al Ministerio de Educación que respete el calendario de revisión salarial, de conformidad con el artículo 33 de la Ley de Carrera Magisterial, que prevé una revalorización de las remuneraciones cada tres años. A pesar de las reiteradas peticiones del cuerpo docente y de que la ley preveía una revisión salarial en 2023, el Ministerio no la ha aplicado; el último reajuste se hizo en 2019. El cortejo recorrió las calles desde la Catedral Metropolitana de San Salvador hasta la sede del Ministerio. La manifestación se desarrolló de forma pacífica.

El 29 de enero, Daniel Rodríguez, secretario general del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO), dijo haber recibido denuncias sobre presuntas amenazas a docentes que participaron en la protesta.

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN

ORDEN DE DETENCIÓN PROVISIONAL CONTRA PDDH

El 22 de diciembre de 2023, un juez de instrucción de San Francisco Gotera, capital del departamento de Morazán, emitió órdenes de captura contra el defensor de los derechos humanos Rubén Ignacio Zamora Rivas y ocho exdiputados de la Asamblea Legislativa; sin embargo, la orden fue revocada el 31 de enero de 2024.

Zamora Rivas es uno de los principales críticos del Gobierno de Bukele y lleva décadas reclamando justicia por la masacre de El Mozote. Human Rights Watch informó que los exasembleistas fueron acusados de “obstrucción a la justicia” —un delito que conlleva una pena de prisión de entre seis meses y seis años— por facilitar presuntamente la aprobación de la ley de amnistía en 1993. Dicha norma impidió que las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos obtuvieran justicia y compensaciones por los abusos perpetrados durante el conflicto armado que sacudió al país entre 1980 y 1992, incluida la masacre de El Mozote, uno de los mayores asesinatos en masa de la historia contemporánea latinoamericana. Dicha ley fue anulada por la Corte Suprema de El Salvador en 2016.

Las organizaciones de la sociedad civil han pedido al Gobierno salvadoreño que desestime inmediatamente los cargos y cese la persecución política contra Zamora Rivas y otros críticos del Gobierno.

LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN BAJO PRESIÓN

La organización de derechos humanos Cristosal señaló que desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, nunca antes el contexto había sido tan adverso para las personas defensoras de los derechos humanos como en los últimos cuatro años. Tras analizar las experiencias de 71 OSC, la organización identificó una serie de violaciones sistemáticas, como las barreras administrativas para la inscripción y el funcionamiento de las OSC, los actos de acoso digital y las amenazas de cierre. Estas violaciones fueron perpetradas principalmente por miembros del funcionariado público.

La Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos publicaron un informe al respecto en diciembre de 2023, en el que se documentaron 1040 ataques contra mujeres defensoras de los derechos humanos entre 2021 y 2022, de estos, el 59% se produjeron en marzo, mes en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer. Estos datos evidencian la existencia de una represión sistemática contra quienes defienden los derechos de las mujeres en El Salvador.